1000 resultados para Servicios públicos - Aspectos jurídicos


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Las estrategias tendientes a la diversificación de los mercados de exportación e internacionalización de la economía por parte del gobierno colombiano y sus políticas gubernamentales han incluido la firma de una serie de Tratados de Libre Comercio, entre ellos el TLC de última generación firmado con El Estado de Israel. Estos tratados además de abordar temas tradicionales de comercio, tratan nuevos capítulos en inversiones y servicios. Así mismo se analizan las principales políticas por parte del gobierno de Israel para la competitividad en términos empresariales y sociales. Más adelante se consideran aspectos generales de la economía colombiana y se analiza la relación comercial bilateral entre el Estado de Israel y la República de Colombia para entender su comportamiento histórico y el ambiente actual. Finalmente se hace un énfasis en el sector agrícola de Israel y sus aspectos que lo han dirigido al éxito, una observación corta del sector en Colombia y luego aspectos adicionales para a facilitación del comercio con Israel. El estudio va dirigido a empresarios, compañías o entes públicos a nivel local e internacional que vean en el sector agrícola colombiano una oportunidad de desarrollo, aprovechando los beneficios de comercio y conocimiento, con el objetivo de mejorar la competitividad y productividad del sector en Colombia. Se utilizan metodologías tanto cuantitativas como cualitativas para la investigación y análisis de caso tomando la información correspondiente de fuentes verídicas e independientes para así poder reseñar y describir las oportunidades y retos del sector agrícola.

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El presente estudio es de tipo analítico, cohorte retrospectiva, tiene como objeto estudiar un modelo de prestación de servicios de salud bajo el concepto de red integrada, conformada por las clínicas privadas de segundo y tercer nivel de complejidad del municipio de Sogamoso (Boyacá). Se analizó el período comprendido entre los años 2012 a 2014, donde se puede evidenciar la implementación y puesta en marcha del modelo. En el mes de agosto del año 2012, la estrategia de asociatividad la adelantaron las tres instituciones de manera libre y autónoma, utilizando como guía la metodología propuesta por la Cepal en el año 2010; las diferencias entre esta metodología y el modelo utilizado se deben a las particularidades de las clínicas y del contexto en el que se desarrolló. Este modelo de atención surgió de la necesidad de prestar los servicios de salud ofertados por las clínicas, acorde con su capacidad instalada, al total de la población de la Nueva EPS en Sogamoso, que en ese momento coyuntural no se estaba cumpliendo en el municipio, y ninguna de las instituciones tenía la infraestructura individual para atender a toda su población. El resultado de la asociación de las tres clínicas se logró gracias a un grado de confianza previo entre los directivos de las instituciones y posterior a varias reuniones, en las que se tomó la determinación de trabajar con el modelo de Unión Temporal, ya que no son una persona jurídica diferente a las que la conforman Se demuestra el impacto de este modelo asociativo de cada una de las organizaciones que la componen evaluando cuatro ámbitos como la capacidad de aprendizaje, capacidad de gestión estratégica, economía de escala y poder de negociación y externalidades. Para la recolección de la información se utilizaron las bases de datos de las instituciones hospitalarias con la información de los indicadores de oportunidad, así como el incremento de la facturación y del recaudo antes y después de la formación de la Unión Temporal; adicionalmente se realizaron encuestas a los directores de las clínicas como fuente de información para desarrollo de nuevos productos, reducción de costos, ampliación de la oferta hospitalaria, establecimientos de alianza, puesta en marcha de servicios comunes y apertura de nuevos mercados. Sumado a lo anterior, se realizó una encuesta adicional a los usuarios del nuevo producto desarrollado. Como resultado de este estudio se encuentra beneficio en todos los ámbitos evaluados para las instituciones que interactúan bajo este modelo y se espera que obtengan los mismos beneficios que los demás actores participantes en él, como las EAPB, los cuales no hacen parte del presente estudio. En Colombia no se observa la existencia de un modelo similar en sistema de salud, a pesar del leve intento de la Ley 1438 del 2011 por iniciar la conformación de redes; por esta razón se puede decir que este estudio marca un derrotero para que las organizaciones de salud tengan un modelo de articulación ante la falta de desarrollos de esquemas de red y por tratarse de un modelo con ausencia de reglamentación.

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Este documento presenta una amplia revisión de la evolución de la política agrícola durante los noventa, con un particular énfasis en lo relacionado al Acuerdo de la Organización Mundial de Libre Comercio sobre la Agricultura. La política sectorial se caracteriza a través de programas, organizaciones y arreglos institucionales tanto verticales como horizontales

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El documento hace una revisión de las principales fuentes de protección social que hay en Colombia y las características de los sistemas de protección de otros países. Se encuentra que gran parte de lo que se conoce como gasto social se destina al tema pensional y que los resultados de los fondos de solidaridad son muy pequeños frente a la autoprotección de los hogares. Se propone tener en cuenta los esfuerzos individuales y privados que hay en Colombia al diseñar un sistema de protección social, pues de lo contrario se estarían desincentivando estos esfuerzos.

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El propósito de este libro es explicar los fundamentos históricos, jurídicos, políticos y económicos que permiten al Estado colombiano incidir en el sector solidario, con base en los principios de igualdad Y libertad y en el marco del Estado social de derecho, que exige su activismo a través de algunos modelos e instrumentos de intervención económica. Para ello, se ha adoptado una taxonomía emergente que aglutina sus componentes en dos subsectores, a partir de una identidad y una racionalidad propias que los diferencia de los demás empresas capitalistas, estos son: el de las organizaciones de economía solidaria (OES) y el de las organizaciones solidarias de desarrollo (OSD). Esta visión holística posibilita aportar ciertos elementos críticos que cuestionan el comportamiento de los actores públicos, cuyo papel está definido por mandato constitucional, y el de las organizaciones, que al proceder de manera disfuncional obstaculizan el progreso económico y social del país.

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Este libro estudia la región suroccidental del Cauca - Colombia, una zona que es cultural y lingüísticamente heterogénea, conocida por su historia de movilización indígena y el carácter pluralista de su política étnica. La autora entreteje las historias de vida de activistas individuales con un análisis de la trayectoria del Consejo Regional Indígena de Cauca y otras organizaciones de este tipo. Presenta nuevas interpretaciones del movimiento y de las relaciones interculturales que lo definen, desde las diversas perspectivas de activistas regionales indígenas, intelectuales urbanos no indígenas que colaboran con estas organizaciones, antropólogos, maestros, chamanes y políticos.

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El presente estudio de caso parte analizando el proceso de ocupación y despojo de la tierra en el Caquetá, con el objetivo de mostrar las formas de usurpación histórica legales e ilegales, que han dado paso a la consolidación de una estructura de poder desigual y violento. Sobre este escenario inequitativo y violento se pone de manifiesto como la puesta en marcha de la política minero-energética es el resultado de un proceso de negociación entre empresas y gobernantes, que tiene por objetivo vaciar los territorios para recrear nuevos espacios sobre los cuales sea posible reproducir la dinámica de acumulación capitalista, ahondando de paso, las desigualdades, la marginación de la población campesina y la violencia en los territorios en donde se posa dicha estrategia. Este análisis se enmarca, principalmente, en la perspectiva de Saskia Sassen sobre el Estado Corporativo y la perspectiva de David Harvey sobre las nuevas formas del capitalismo.

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Se realizó un estudio cualitativo exploratorio con estudiantes de carreras de Ciencias de la Salud con el objetivo de comprender las representaciones sociales que tienen acerca de la Medicina Complementaria y Alternativa (MCA) para el cáncer. Se desarrollaron grupos focales y la información obtenida fue analizada a través del Análisis Temático e interpretada con base en la Teoría de las Representaciones Sociales. Se encontraron diversas representaciones sociales asociadas con la definición, los objetivos, los tratamientos, la eficacia, las fuentes de información y el origen de la MCA. En conclusión se evidenció una alta tendencia a la aceptación y a la manifestación de una actitud positiva, aunque ambivalente frente a la MCA, además de un desconocimiento por la diferenciación conceptual entre este tipo de Medicina y la Medicina Popular. La cultura y las creencias sociales predominan en las representaciones sociales que tienen los estudiantes de la MCA para el cáncer, pese a su formación académica.

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En los ??ltimos a??os estamos asistiendo desde los servicios en la red de drogodependencias a fen??menos que nos plantean nuevos interrogantes. La marginidad de los sujetos se agrava por el actual momento tecnol??gico que vivimos y los efectos de segregaci??n que ??ste produce en los sectores m??s desfavorecidos. Para entender estas nuevas necesidades se propone un recorrido que incluye, no s??lo algunos de los aspectos de las drogodependencias, sino unas reflexiones sobre las nociones de inadaptaci??n social y de sujeto social.

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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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La Organización Mundial del Comercio es una organización internacional que cumple una doble función. Como lo sugiere su nombre, busca la apertura en materia comercial sirviendo como foro a los Estados, para que estos puedan negociar la eliminación de barreras técnicas y económicas para el comercio. Cuenta también con un Órgano de Solución de Diferencias, fruto de un proceso de casi cinco décadas de ensayos, errores y reformas que son de vital importancia para que los Estados, sin importar su tamaño o la asimetría en temas de desarrollo, puedan participar del comercio mundial en condiciones de igualdad relativa1. Se habla de igualdad relativa y no absoluta, porque la OMC comprende que los países en vías de desarrollo necesitan tiempo, asesoría y recibir inicialmente un trato diferenciado en razón de su condición, para poder entrar a hacer parte de la cadena de comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio se basa en la creencia firme de que el comercio internacional abierto conlleva al desarrollo, dado que incentiva la inversión extranjera directa y la expansión de las oportunidades comerciales de los productores y empresarios locales.

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Detectar qué intervenciones, respecto a la infancia, adolescencia, juventud, adultos y vejez, son susceptibles de ser atendidas por el educador y educadora social de los Equipos Básicos de Atención Social Primaria y necesitar de apoyo formativo. Averiguar en qué intervenciones relaciona con problemáticas con mujeres, personas desempleadas, personas con discapacidades, personas de diferentes culturas y personas toxicómanas, atendidas por los Equipos Básicos de Atención Social Primaria, los educadores y educadoras sociales demandan más formación. Conseguir resultados que indiquen si en las intervenciones de los educadores y educadoras sociales en los ámbitos individual, familiar, grupal y comunitario, existen aspectos significativos a tener en cuenta en los procesos de formación. Descubrir si los resultados obtenidos en las intervenciones de los educadores y educadoras sociales por colectivos, problemáticas y ámbitos investigados en los objetivos primero, segundo y tercero, arrojan datos significativos respecto a los sectores de población contemplados en la investigación. Contrastar si existen diferencias significativas entre la formación demandada por los educadores y educadoras sociales diplomados y los habilitados. Detectar en qué capacidades necesitan de un mayor apoyo formativo, los educadores y educadoras sociales de los Equipos Básicos de Atención Social Primaria en las Unidades Básicas de Atención Social Primaria en el empeño de su profesión. 102 educadores y educadoras sociales de los Equipos Básicos de Atención Social Primaria de las Unidades Básicas de Atención Social Primaria de Cataluña. La tesis está estructurada en base a dos grandes partes. En la primera parte se desarrollan los capítulos que conforman el cuerpo teórico de la investigación: la perspectiva histórica, la educación permanente y educación de personas adultas, la formación continua, el marco jurídico competencial del sistema catalán de servicios sociales o la formación continua de los educadores. En la segunda parte se incluye todo el proceso de investigación, es decir, la investigación misma y sus conclusiones sobre la formación continua de los educadores y educadoras sociales de los Equipos Básicos de Atención Social Primaria en las Unidades Básicas de Atención Social Primaria. Los objetivos que se pretendían con seguir con la investigación a través de los datos obtenidos en las encuestas y las entrevistas, conforman la contribución que, a través de orientaciones, referidas a contenidos formativos, es susceptible de ser tenida en cuenta en la mejora y optimización de la formación continuada de los educadores y educadoras sociales de Atención Social Primaria, y más concretamente de los que trabajan en los Equipos Básicos de Atención Social Primaria, colectivo cuya dedicación profesional está adscrita a una Unidad Básica de Atención Social Primaria. La formación que reciben los educadores y educadoras sociales, aunque sea específica en los contenidos, es generalista en cuanto a su orientación, ya que es compartida con todos los profesionales de atención primaria. Ello supone que dichos profesionales deben entresacar de los mensajes y contenidos de los cursos, sus aspectos más educativos, para que puedan orientar alguna práctica a su quehacer diario. Sugiere que alguna actividad formativa fuera expresamente dirigida a este colectivo y a la orientación de los aspectos educativos de sus intervenciones.

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Definir y caracterizar el Sistema Catalán de Servicios Sociales, teniendo en cuenta que este sistema se tiene que contextualizar en relación con el desarrollo de los diversos mecanismos de protección y promoción social que configuran el actual Estado del Bienestar. Ofrecer una aproximación conceptual y epistemológica en la teoría general de la evaluación. Identificar los principales temas de debate y/o de reflexión que se asocian con la evaluación, independientemente de su campo específico de aplicación, reflexionando principalmente sobre los aspectos éticos e ideológicos asociados a toda actividad evaluativa y haciendo referencia a los factores que tienen una incidencia más directa en la evaluación de estos servicios y programas. Generar tres diseños de evaluación de acuerdo con los principios teóricos expuestos. 95 personas de Cataluña cualificadas por sus conocimientos y por su vinculación a diferentes sectores sociales, y que podrían enriquecer con sus opiniones y aportaciones el desarrollo del sistema catalán de servicios sociales. La estructura del trabajo consta de cuatro partes diferenciadas. Las dos primeras tienen carácter teórico-conceptual, mientras que la tercera consiste en la aplicación de este marco teórico-conceptual en el diseño de tres diseños de evaluación aplicados en el campo de los servicios y programas sociales; la cuarta y última parte presenta las conclusiones de la tesis y esboza unas propuestas en la evaluación de servicios y programas sociales. Escalas de valoración. Los tres diseños de evaluación aplicados en los servicios y programas sociales desarrollados constatan la dependencia pública de la evaluación de servicios y programas sociales, ya que en muchos casos el encargo de evaluación proviene de las administraciones públicas y, representan un trabajo en equipo de carácter interdisciplinario, si bien no tienen carácter experimental sino aplicado, ya que responden a un interés exclusivamente académico, sino que responden a demandas institucionales reales. Propone un modelo de evaluación democrático, social y participativo que tenga en cuenta todos los colectivos implicados en el proceso de evaluación y no únicamente los clientes (entidad o institución que formula el encargo) y los mismos evaluadores. En el campo de los servicios y programas sociales se entiende que es especialmente importante incorporar los profesionales y los técnicos vinculados al servicio o programa evaluado. Es también importante tener en cuenta los usuarios, aunque estos pueden representar algunas limitaciones a causa del mismo carácter del servicio o programa evaluado, aunque esta limitación no tiene que afectar tanto a su participación, como la filtración y la objetivización de esta participación por parte de los profesionales que integran el equipo evaluador.

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Reflexionar alrededor del tema de la educación para la convivencia, a partir del estudio de los problemas de convivencia y las estrategias de intervención hacia los mismos que se dan habitualmente en los centros educativos de ESO. Bibliografía y revisión de varios convenios y acuerdos supragovernamentales para el análisis teórico. Para el estudio de casos se seleccionaron centros públicos de la demarcación de Tarragona por su heterogeneidad y representatividad, de los cuales participó un 10 por ciento de del profesorado de cada centro. De los 307 cuestionarios entregados sólo se retornaron 130 bien contestados, así que se volvió a analizar la representatividad de la muestra. El programa de habilidades de resolución positiva de conflictos se realizó con 12 grupos de ESO (cuatro de primero, cuatro de segundo, dos de tercero y dos de cuarto), de los cuales se recogieron los datos aportados por los profesores. En una segunda fase se define una segunda muestra que se reduce a 6 grupos que planean diversidad de niveles de conflictividad y estilos diferentes de tutores (dos grupos de primero, dos de segundo, uno de tercero y uno de cuarto), para correlacionar los datos de los alumnos con los de los profesores. En el estudio longitudinal, a lo largo de tres cursos, participan 6 chicos/as con diversos problemas de convivencia que cursan la ESO en el mismo centro. Se parte de un análisis teórico de cómo se describen los problemas de convivencia desde diferentes enfoques psicopedagógicos, sociológicos y jurídicos del siglo XX, y también cómo se plantea la intervención frente a estos problemas desde estos enfoques para llegar a recoger y proponer diferentes estrategias educativas para mejorarlas en el contexto de la ESO. Basados en las aportaciones teóricas de esta primera parte, también se realizan un estudio de casos y un programa para desarrollar habilidades de resolución positiva de conflictos. En el estudio de casos se analizan las percepciones de una muestra de profesores sobre los problemas de convivencia en los centros y las estrategias educativas que se utilizan para dar respuesta a los mismos. De esta manera se intenta contrastar las propuestas teóricas con las actuaciones del contexto cercano. Otro apartado recoge el estudio longitudinal, donde a lo largo de tres cursos se han analizado diferentes indicadores de diversos ámbitos (personal, familiar, escolar y social) relacionados con la aparición y evolución de las situaciones problemáticas. Así mismo se han podido establecer relaciones significativas entre dichos indicadores para llegar a diseñar una intervención educativa que facilite una mejora de los problemas de convivencia para casos similares. Hay que señalar también la experimentación de un conjunto de actividades-tipo, que se han llamado 'Programa de habilidades de resolución positiva de conflictos', para trabajar las habilidades emocionales, cognitivas y sociales y realizar un posterior análisis de su aplicación. Saturación y triangulación de los datos. Los problemas más frecuentes con los que se encuentran los profesores en la ESO son las interrupciones durante las sesiones de clase, y en segundo y tercer lugar, los conflictos entre alumnos y los conflictos alumno-profesor. Los problemas más graves que se dan en la mitad de los casos son los de aquellos alumnos que transgreden repetidamente las normas de convivencia en diferentes momentos de la vida escolar, y una cuarta parte tienen que ver con alumnos que establecen relaciones agresivas o destructivas con los compañeros. Estos problemas se dan en los chicos respecto a las chicas en un porcentaje del 94 por ciento. En su valoración, los profesores han considerado que las habilidades específicas relacionadas con la resolución de conflictos están bien adquiridas mediante la aplicación de las actividades del programa, así como se ha observado una mejora en la resolución de conflictos, en la actitud en la resolución y en buscar el contraste de diferentes puntos de vista, pero, que la resolución concreta de conflictos o la prevención de los mismos ha mejorado poco, es decir, que la práctica de la resolución de conflictos no ha sido generalizada a las conductas habituales. Por otro lado, en bastantes grupos (8 de 12) se ha observado una mejora en el clima grupal después de la aplicación del programa. La valoración que han realizado los alumnos ha sido positiva en un porcentaje mayoritario y en todos los grupos. El 58 por ciento de los profesores consideran que las actividades del programa ayudan a cambiar algunos esquemas de los alumnos con problemas de convivencia, debido a la influencia del grupo de iguales; de los restantes, el 33 por ciento no saben si la aplicación del programa ayuda, considerando que les ha hecho reflexionar pero que el aprendizaje se ha quedado en el plano teórico. El éxito de las estrategias educativas no radica tanto en la estrategia en sí como en la actitud de quien las aplica. En el estudio de un caso con problemas de convivencia es conveniente analizar los siguientes aspectos individuales: los rasgos de personalidad, el estadio de evolución moral y el nivel de satisfacción de las necesidades básicas, ya que la falta o poco desarrollo de alguno de estos contenidos individuales puede explicar la aparición o agravamiento de los problemas de convivencia del sujeto, así que por tanto también han de tenerse en cuenta al diseñar una intervención. El bajo rendimiento escolar es uno de los indicadores significativos del ámbito escolar. Parece que señala la existencia de unas bajas expectativas de conseguir un rendimiento académico futuro suficiente, y este hecho provoca un sentimiento de frustración y desadaptación que dificulta el cambio hacia las conductas ajustadas. Es fundamental describir los problemas de convivencia reconociendo la diversidad de causas y de factores, potenciar la colaboración entre los responsables o especialistas de la intervención, conocer enfoques distintos de intervención, diseñar planes de prevención desarrollando las habilidades sociales de convivencia democrática y potenciar la investigación y reflexión sobre la propia práctica y formarse en la adquisición de estrategias de estudio e intervención de los problemas de convivencia. Educar en valores para la convivencia es posible. El profesor debería creer que aquello que uno hace puede motivar el aprendizaje de nuevas maneras de pensar, sentir y actuar en los alumnos. Es decir, que haría falta cree que la propia intervención educativa puede fomentar la construcción de una persona sensible, reflexiva y respetuosa consigo misma y con los demás.