1000 resultados para DERECHO Y POLÍTICA - COLOMBIA


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El proyecto estudia el impacto del Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Estados Unidos, está enfocado en el sector agropecuario y el efecto que éste pueda tener cuando los productos terminen su proceso de desgravación. La investigación fue descriptiva, documental y correlacional. El TLC fue firmado por Colombia con el fin de beneficiar a los productores y consumidores, reduciendo precios e incrementando la oferta de productos para el consumo interno. Otro argumento usado por Colombia es que un acuerdo de comercio bilateral incrementa los niveles de empleo e ingreso. Sin embargo, las diferencias de administración y estructura del sector agropecuario de los dos países son inmensas, y esto representa una desventaja y riesgo potencial para Colombia en términos de competitividad y desarrollo.

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INTRODUCCIÓN La presente Monografía pretende describir la participación de la Cooperación Internacional en los programas de Inserción Laboral Juvenil en América Latina, se hará una focalización especifica en el Programa Entra 21 creado por la International Youth Fundation y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual fue implementado para dar apoyo a 17 países de América Latina con el fin de aportar a la inserción laboral de más de 18 mil jóvenes. Los objetivos del presente trabajo son en primer lugar describir la situación laboral y educativa de los jóvenes y su inserción laboral en Colombia y Chile; posteriormente se hará una descripción de la importancia de los Programas de Cooperación internacional en la inserción laboral juvenil en Colombia y Chile, se realizara una descripción de la estrategia y el impacto del programa Entra 21 en Colombia y Chile periodo 2001 -2007, así mismo se realizará un análisis en base en la teoría sobre Desarrollo a Escala Humana por Manfred Max Neef tomando sus principales apartados y postulaciones para fines de esta investigación.

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El proyecto busca mostrar oportunidades para las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) colombianas de posibles proveedores de materias primas de calidad, resaltando los productos más solicitados y de mejor calidad provenientes de los países que conforman el Triángulo del Norte, aprovechando las preferencias de importación gracias al Tratado de Libre Comercio que existe entre Colombia y el TN. Dentro de este estudio se expondrá el perfil de importación de cada Departamento colombiano de productos provenientes de los países del Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se expondrá el proceso de negociación del TLC entre Colombia y el Triángulo del Norte, la importancia y el potencial de este mercado para la realización de negocios. En la segunda se analizará la evolución de las importaciones de cada Departamento colombiano de productos provenientes de cada país integrante del Triángulo del Norte, con la información extraída de la base de datos WISER TRADE. En esta se muestran de manera detallada los productos importados provenientes del Triángulo del Norte, así como los principales proveedores de estos bienes para cada Departamento. En la tercera se presentan los beneficios de importar artículos procedentes del Triángulo del Norte y un modelo detallado de cómo realizar negocios con ellos, proyecto de importaciones, entidades que ayudan a facilitar el proceso de importaciones y cargos arancelarios. Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones para cualquier agente interesado en importar desde el Triángulo del Norte a Colombia.

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El reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales (DESC), es el segundo hito en materia de derechos humanos en el contexto internacional, después de la proclamación de los derechos civiles y políticos. Esta secuencia en el reconocimiento de los derechos humanos, ha llevado a clasificar los civiles y políticos como derechos de primera generación, y los DESC como de segunda generación. El reconocimiento de los DESC se materializa en su inclusión en los textos constitucionales de un buen número de países, o de su reconocimiento implícito aún sin estar incluido como un mandato constitucional

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Algunos cambios recientes en la política agrícola en Colombia se han orientado hacia la implementación de medidas de apoyo directo a los productores, con el fin de proteger su ingreso y fomentar una mayor competitividad del sector. No obstante, estimaciones acerca del impacto esperado de este tipo de instrumentos, medido en té rminos de cambios en el valor agregado, indican que este es reducido. Como quiera que la política emplea diferentes instrumentos para el logro de sus objetivos, surge la pregunta de cuál es el grado de dependencia que los resultados esperados presentan respecto a la forma como los recursos son asignados a dichos instrumentos. Este estudio utiliza un modelo de equilibrio general computable para explorar este problema, para un conjunto de tres de los principales instrumentos de política utilizados en la actualidad, en un contexto de corto plazo. Los resultados indican que, en presencia de rigideces de corto plazo y, en particular, de inmovilidad del capital entre actividades productivas, todos los instrumentos de política llevan a la obtención de resultados modestos y que, en un escenario de mediano y largo plazo, el comportamiento de la inversión parece ser crítico para la obtención de impactos más significativos y para el logro de los objetivos de política buscados.

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La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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El presente libro, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y territorial, y en los sectores central y descentralizado. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y la jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el lenguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desempeñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública.

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Bajo la denominación de , la presente obra colectiva presenta las ponencias expuestas por los participantes en el Seminario que con el mismo nombre organizó la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario para conmemorar el décimo aniversario de la Maestría de Derecho Administrativo. El seminario tuvo como objetivos ofrecer una retrospectiva de la evolución histórica del derecho administrativo nacional y comparado con los ejes de internacionalización. Protección de los derechos y actuación administrativa y jurisdiccional: presentar una visión reflexiva acerca de los cambios ocurridos en los contenidos del derecho administrativo determinado por las transformaciones del Estado social y democrático de derecho; y mostrar las tendencias contemporáneas de construcción del derecho administrativo como respuesta a la globalización y la internacionalización.

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A la administración de justicia suelen formulársele todo tipo de críticas; sin embargo, una de las formas en que desde la academia podemos contribuir al mejoramiento de la misma consiste en conocer y estudiar con rigurosidad científica los diversos mecanismos que el legislador con apoyo en la doctrina y la jurisprudencia ha concebido para su puesta en práctica. Con ese propósito, en este libro conmemorativo de la expedición de los 40 años del Código de Procedimiento Civil colombiano el lector encontrará variadas, modernas y muy serias posturas ideológicas y jurídicas expresadas por juristas nacionales e internacionales, acerca de temas de tanta trascendencia para el derecho procesal como son el rol que debe asumir el juez en procura de hacer efectivas las garantías del proceso, la inseguridad jurídica que surge de una falta de metodología en la aplicación de los principios constitucionales y las reglas del procedimiento, el replanteamiento de la prueba de oficio, la actual visión en torno a las medidas cautelares y los medios de prueba electrónicos, el instituto de la perención o la figura del litisconsorcio necesario y las consecuencias de la solidaridad en los procesos ejecutivos que se adelantan con base en un título hipotecario.

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El tema general de este libro es la relación entre los hechos y las normas, y más precisamente, la relación entre los hechos de la desmovilización paramilitar (y la más reciente de algunos guerrilleros convertidos en gestores de paz o en agentes de acuerdos humanitarios individuales) y las normas nacionales e internacionales que debieron haber regulado esa relación.Para identificar y evaluar la presencia del derecho dentro de esa negociación, este texto ha sido dividido en seis capítulos. El primero, hace una aproximación conceptual al concepto de estándares, entendidos como las pautas y reglas articuladas por el sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El capítulo dos, reconstituye los estándares construidos por la Corte Interamericana, relacionados con los derechos de las víctimas desde juzgamientos hechos a Honduras, Guatemala, Perú y Colombia.

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Las iniciativas regulatorias de protección a los usuarios, adoptadas por países con mercados en ambiente convergente, se basan entre otras, en el establecimiento de comités consultivos para el consumidor y foros para promover su participación en la formación de políticas, imposición de la obligación de servicio universal, desarrollo de agendas específicas sobre los objetivos prioritarios de la política, introducción de iniciativas regulatorias específicas para mejorar opciones del consumidor, como la preselección y portabilidad numérica, el desarrollo de estándares y códigos de asuntos relacionados con consumidores por parte de la industria, el desarrollo y funcionamiento de programas de educación del consumidor, que incluyen difusión de información sobre la calidad, el establecimiento de nuevos indicadores de calidad, y la creación de programas específicos para aspectos relacionados con Internet y el comercio electrónico tales como la privacidad, el fraude y leyes cibernéticas.

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La presente monografía tiene por objeto estudiar y analizar las reacciones generadas en Venezuela, Brasil y Perú ante la implementación de la Política de Seguridad Democrática en Colombia, pues el desarrollo de una política de seguridad nacional termina generando en múltiples ocasiones lo que Robert Jervis denomina un Dilema de Seguridad. Así pues se hará necesario demostrar los resultados de dicha política para la seguridad nacional del Estado colombiano para posteriormente evaluar las implicaciones para la seguridad de los Estados vecinos y finalmente estudiar los mecanismos adoptados por estos con el fin de preservar su seguridad y disminuir la posible amenaza representada por Colombia.

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Este proyecto realiza un estudio sobre las principales características de los sub sectores de producción de algodón en India y en Colombia. Ello, debido a que a pesar de no existir ningún acuerdo comercial en la materia entre ambos países, la hipótesis de que este llegase a presentarse resulta atractiva. En este sentido, las características del cultivo, producción y comercialización tanto de India como de Colombia, ofrecen un panorama que invita a reflexionar sobre los beneficios y desventajas para el sub sector de algodón, frente a la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio. En este orden de ideas, en este trabajo se observan elementos tales como los distintos pormenores de cada proceso de producción, además de las estrategias de comercialización y las políticas gubernamentales de cada país con relación al cultivo de algodón. Asimismo, se da una mirada a la actualidad del sub sector de algodón en Colombia e India a través la balanza comercial de estos países. De este modo, se proponen una serie de estrategias para contrarrestar las desventajas que podrían presentarse, como a su vez plantear los beneficios que también tendrían lugar y las políticas a implementar.

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El interés de esta investigación es analizar los antecedentes y desarrollo del interés colombiano en la Antártida, así como la relación de cooperación colombo-chilena y la importancia geoestratégica del continente blanco, a partir de diferentes conceptos: geoestrategia, política exterior colombiana y cooperación internacional. Teniendo en cuenta que la Antártida refleja los intereses geoestratégicos de muchos países desde comienzos del siglo XX, Colombia no puede dejar de lado sus aspiraciones en el Sistema Internacional y por esta razón decide ingresar al Tratado Antártico en 1989, sin embargo, es necesario definir cuáles son las pretensiones geoestratégicas del país suramericano en este territorio y precisar la probabilidad de su cambio de estatus en el mismo que le permita obtener provechos materiales de forma unilateral en materia de recursos, actividad diplomática, política exterior y posición geográfica.