935 resultados para Articulación público - privada


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Resumen tomado del autor. Aparecen tablas de datos

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Hace veinte años Colombia era un pueblo ausente. Había mucho que escuchar y poco que opinar. La población era un actor silente que no participaba en las decisiones más importantes del país. Pero, para fortuna de la democracia, la Constitución Política de 1991 le dio un vuelco a la realidad colombiana. La participación dejó de ser una utopía y se convirtió en una realidad. Por eso, hoy existen diferentes mecanismos para que las personas puedan incidir en los asuntos que les interesan y que son esenciales para su vida. Esa gran fecha, 1991, además de traer cambios al modelo de Estado, significó un gran avance para la protección de los derechos colectivos. Se introdujo diversidad de normas que buscaban garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Constitución también es conocida como “Constitución ecológica”, pues está basada en una normatividad que encarna, como ninguna otra, los principios del Estado Social de Derecho, como el derecho a una vida digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. No hay duda de que el esfuerzo de la Constitución Política es inconmensurable. Peleó una dura batalla y se encargó de consagrar y proponer mecanismos que hicieran efectivo el derecho a la participación de las personas en materia ambiental. Desde ese momento el país ha avanzado, no se puede negar que en la sociedad se creó una verdadera conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y el ambiente, ya que hoy en día existe una real preocupación por la defensa de lo público. Es tal el cambio de mentalidad que se ha producido, que el interés de los ciudadanos por participar en las decisiones ambientales y de ejercer su derecho a acceder a la información es mucho más contundente que hace veinte años. Sin embargo, la batalla no está ganada, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy por hoy, en gestión ambiental, así como hay un inventario de éxitos, también hay una lista de asuntos sin resolver. Espacios y mecanismos anónimos. Aunque la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Desconocimiento de proyectos. Continuamente se generan conflictos o confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas desconocen cuál es objetivo del proyecto y sus alcances. Contravía.Ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan continuos enfrentamientos. Ausencia ciudadana.Muchas veces las comunidades implicadas no tienen un interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos.

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Comunicado elaborado por los autores en representación del Sindicat de treballadores i treballadors de l'Ensenyamant Intersindical de les Illes Balears (STEI) para dar a conocer la situación de la lengua catalana dentro del ámbito de las escuelas privadas y privadas concertadas en Mallorca. Se trata del resultado de una investigación cuantitativa realizada sobre 104 escuelas de las cuales 11 son privadas y 93 privadas concertadas. Se incluye una referencia al marco legal de la lengua catalana.

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El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.

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La utilización de la provisión de un bien privado por parte del sector público como política de redistribución del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de información sobre los agentes. No obstante, si se puede recaudar, a cierto costo, la información necesaria puede aplicarse un impuesto progresivo que mejore la eficacia redistributiva de la política. Por otra parte, los costos sociales de sobrestimar esta herramienta pueden llegar a ser altos, dependiendo de las condiciones institucionales y del bien privado con el que se implementa la política. Si se tiene un orden institucional que no permite la discriminación por niveles de ingreso en la provisión del bien privado, necesariamente entra a operar la autoselección de los individuos como una relación inversa entre efecto redistributivo y calidad del bien privado. Si esta última tiene efectos sobre la acumulación de capital humano, también tendría efectos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso a largo plazo. Es por ello, que los gobiernos enfrentan un dilema entre apaciguar a corto plazo problemas de distribución y obtener beneficios políticos, y lograr un mayor crecimiento y equidad En el largo plazo.

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Los intereses reflexivos del Grupo de Investigación en Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad (GRISPD), de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, se inscriben en el campo de las ciencias e ingenierías de la rehabilitación y sus formas de investigación y acción se orientan bajo los principios que gobiernan la generación de conocimiento en las transdisciplinas. El grupo declara las siguientes cuatro líneas de investigación que se enmarcan, respectivamente, bajo el enfoque teórico, conceptual y metodológico de los estudios críticos en discapacidad: 1) estudios públicos, 2) estudios tecnológicos, 3) estudios socioantropológicos y 4) estudios de la capacidad humana. La Línea de Investigación en Estado, Políticas Públicas y Participación Social se centra en el estudio y comprensión de procesos y dinámicas sociales complejas, tales como vulnerabilidad, exclusión, participación, construcción de ciudadanía y democracia en diversos colectivos humanos, entre los cuales la población con discapacidad reviste especial interés. El análisis se ubica dentro del marco de referencia que argumenta en favor de la justicia, la inclusión, los derechos humanos y las prácticas sociales, orientadas a favorecer el desarrollo humano de las colectividades.

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La comprensión de lo “público”, en ciencias sociales, cobra sentido en la medida que hace visible la forma como puede ser asumida la acción humana en el contexto de unas prácticas sociales que marcan tensión no solo con los asuntos de lo “privado”, sino también de lo íntimo. P ara hacer una aproximación a la comprensión de lo “público” estas notas presentan un recorrido por algunos de los planteamientos de la filosofía política, la historia, la economía, y la comunicación, sin pretender con ello agotar el asunto pero sí intentando generar reflexiones en los lectores sobre la valoración del concepto en diferentes escenarios de la vida cotidiana.

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Análisis de la evolución del espacio público a partir del plan estratégico Bogotá 2000. Es un acercamiento a la planeación prospectiva que se realizó en la década de los noventa en la ciudad de Bogotá. Se hace un examen de los resultados de la planeación de abajo hacia arriba según el plan estratégico Bogotá 2000, en el tema del espacio público. Igualmente, es la confirmación de si los mandatarios en el periodo de 1996 al 2006 tomaron los escenarios y proyectos estratégicos para la Bogotá del futuro. Además se puede encontrar cuadros comparativos de los planes de desarrollo, líneas, escenarios y proyectos del plan estratégico. El documento recupera información que se encuentra desagregada en lo referente al espacio público.

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Presenta el análisis de la incorporación de una práctica cultural declarada Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad en las estructuras formales del ordenamiento territorial. Analiza también la necesidad de reconocer una serie de valores que la comunidad le ha otorgado a la práctica y que soportan la articulación con el ordenamiento territorial, pasando por los beneficios económicos, políticos y sociales que traería este proceso.

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El cáncer de cuello uterino y su mortalidad en Colombia ha permanecido constantes pese a los esfuerzos institucionales, distritales y nacionales que han buscado fortalecer los programas de prevención; sin embargo las estrategias actuales hacen énfasis en la toma de citología y no en la solicitud oportuna del resultado y el tratamiento de la usuaria en caso de anormalidad. METODOLOGIA: Se realizó un estudio en dos fases, un análisis descriptivo se analizaron 12875 y una segunda que involucro 257 pacientes en un análisis de casos y controles de una muestra aleatoria. RESULTADOS: Se utiliza para análisis bivariado la prueba de Chi cuadrado y regresión logística que muestran diferencias significativas en los siguientes variables: la explicación sobre la importancia del examen (p= 0.0060), importancia de la solicitud de resultado (p= 0.003), explicación sobre cuando reclamarlo (p=0.030), distancia entre residencia y centro de salud (p=0.065) DISCUSIÓN: En nuestro estudio se identificó que los factores como el acceso de la paciente al centro de salud, el tiempo del cual dispone para solicitar el resultado, si el dinero con el que cuenta la paciente para desplazarse al hospital, si es la primera vez que se realiza la citología, si le explicaron la importancia de reclamar el resultado y en que lapso de tiempo debía hacerlo, la información que tiene acerca de la importancia de realizarse la citología contribuyen en el hecho de que una paciente de esta población de un hospital público reclame o no su resultado de su citología

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La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

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Este trabajo de grado se realizó con el propósito de presentar una caracterización de los patrones de uso y apropiación del espacio público urbano, específicamente del parque metropolitano el Tunal en el periodo comprendido entre 2008 y 2011. El documento recopila la perspectiva de diferentes actores involucrados con el parque sobre el funcionamiento del mismo y tuvo como enfoque principal identificar los alcances y las limitaciones del parque como escenario educador y recreativo para los usuarios y su entorno inmediato. Como aportes adicionales el documento se acompaña de la georreferenciación de los procesos urbanos identificados sobre el territorio y algunas recomendaciones aplicables al proceso de gestión del espacio público recreativo para superar las limitaciones y potenciar los alcances en la proyección del espacio público como escenario para la construcción de valores ciudadanos.

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En el Plan Maestro de Movilidad se definió y acordó la estructura que tendrá el Sistema Integrado de Transporte Público que empezó a operar en Bogotá a partir del 30 de Junio de 2012. Las implicaciones de este nuevo sistema afectan tanto a los bogotanos, como a las 66 empresas que estaban habilitadas como operadoras del transporte público colectivo y a los transportadores, entre muchos otros factores involucrados. Para la puesta en marcha del SITP, Bogotá se dividió en 13 zonas, las cuales van a estar cubiertas por 432 rutas y tan solo 13 empresas que quedarán como las operadoras del sistema. La implementación del SITP ha sido criticado fuerte y negativamente por parte de los bogotanos, las empresas operadoras, los transportadores y entidades gubernamentales. Esto, debido a varios factores, como las condiciones de la malla vial, el proceso de chatarrización al que entrarán más de 6000 vehículos en el primer año, las exigencias medioambientales con las que deben cumplir los vehículos antiguos que quedarán circulando, los problemas con el nuevo sistema de recaudo, pero sobre todo por la falta de información que se ha dado a la sociedad sobre este cambio, que aunque paulatino, afectará de manera crucial la vida de los Bogotanos.