999 resultados para Regla del octeto
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A lo largo de este articulo analizaremos las percepciones subjetivas que nos dejó un actor social de la colonia rioplatense a través de una profusa correspondencia privada. Quizás llame la atención el hecho de que el objeto de nuestro interés sean las valoraciones que hizo Jaime Alsina i Verjés del ámbito judicial, del ejercicio del derecho y del significado de la justicia en el contexto histórico y geográfico en que le tocó vivir su vida adulta: el Río de la Plata durante el periodo virreinal. Abordar el núcleo del funcionamiento del Derecho como es la justicia, pero hacerlo a través de las percepciones de una persona no interesada estrictamente en la defensa o en la transformación del sistema judicial, tiene como finalidad trabajar una de las esferas del sistema jurídico mas descuidadas por la historiografía como es la de la aplicación de la ley.
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En Riegel v. Medtronic Inc. (552 U.S.__2008; February 20, 2008), el Sr. Riegel tuvo que ser sometido a un by-pass como consecuencia de la rotura del catéter, fabricado por Medtronic, con el que su médico le practicaba una angioplastia. A pesar de que el catéter había obtenido la autorización de comercialización de la FDA y cumplía los requisitos de seguridad previstos por el sistema regulatorio federal, el Sr. Riegel y su mujer interpusieron una acción de daños contra Medtronic –y no contra el médico- conforme a las reglas de responsabilidad civil objetiva y por negligencia del Common Law neoyorquino. Sin embargo, el Tribunal Supremo federal de los EE.UU., en ponencia del Magistrado Antonin Gregory Scalia, votó, por mayoría de ocho magistrados, rechazar el recurso de la Sra. Riegel y confirmar la sentencia de segunda instancia, desestimatoria de la demanda, porque consideró que la regla de primacía del derecho regulatorio federal sobre seguridad de productos sanitarios [Medical Device Amendments de 1976, 21 U.S.C. Artículo 360k(a)] excluye la aplicabilidad no sólo del derecho regulatorio estatal sobre seguridad de productos sanitarios, sino también del Common Law sobre responsabilidad civil del fabricante.
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La Cámara de Comercio de Bogotá inscribió el acta No. 20 de la asamblea general de la FUNDACIÓN PEPA CASTRO, mediante la cual se nombró junta directiva, revisor fiscal y representante legal. Los fundadores de la entidad mencionada, solicitaron por medio de escrito revocatoria directa de los actos mencionados.
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Se calcula que cerca de 800 mil puestos de trabajo desaparecen anualmente en el mundo industrializado, cifra que entregó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Francia en un simposio acerca de las tendencias en la internacionalización del empleo, realizado en el 2005. En Colombia, en la última década, se suprimieron 40 mil empleos en los procesos de reestructuración del sector público y, durante la crisis cafetera (1996-2000), la Federación Nacional de Cafeteros anunció la eliminación de aproximadamente 150 mil empleos. Sin embargo, la fuerza laboral sigue creciendo, situación que plantea interrogantes a la sociedad(...). En efecto, de acuerdo con la OIT, entre 1990 y 1994, el 80% de los nuevos empleos de América Latina se generó en el sector informal. Esta misma organización presentó en el 2006 un informe que muestra las tendencias del empleo en Latinoamérica y el Caribe, el cuál especifica que el número de desempleados aumentó en 1,3 millones aproximadamente; es decir, que la tasa de desempleo pasó de 7,6% en 1995 al 7,7% en 2005(....). El vínculo entre estos dos fenómenos, supresión e informalidad del empleo, evidencia el impacto del trabajo en la sociedad contemporánea, a tal punto que las preocupaciones políticas locales y regionales giran alrededor del tema, bien sea buscando estrategias de organización para ser más competitivos o con el desarrollo de estrategias de cooperación e intercambio comercial. Gracias a la Ley 789 de 2002, Colombia cuenta con uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina, cuyo objetivo principal es la generación de empleo(...). Sin embargo, estas estrategias de flexibilización implican horarios más extensos, mayores responsabilidades y menos tiempo disponible, así como contratos de corta duración, trabajos por horas, pérdida de prestaciones laborales y bajos salarios. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Continua de Hogares del Dane de 2005, cerca del 60% de la población colombiana, laboralmente activa, se encontraba inmersa en la informalidad, como único recurso para garantizar sus ingresos. Las consecuencias de estas transformaciones laborales se reflejan en la salud de los trabajadores y evidencian cómo el trabajo pasó de ser un recurso renovable y disponible a encaminarse hacia un escenario donde el acceso se hace más difícil, donde la temporalidad y la inestabilidad son la regla. Este escenario es analizado por el Grupo de Investigación en Salud y Trabajo (GiSYT), de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, a través de un estudio que comprende los efectos de las nuevas formas de organización del trabajo en la salud de los trabajadores e identifica vías de solución a los problemas que de ahí emergen.
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Introducción: A pesar de que las combinaciones de Propofol y opioides son ampliamente usadas para inducir y mantener una adecuada anestesia y analgesia, disminuir la dosis del inductor, incrementar la estabilidad hemodinámica y suprimir la respuesta a la laringoscopia y la intubación; no existen estudios que comparen el uso de Anestesia Total Intravenosa manual con Remifentanil - Propofol versus Fentanil - Propofol. Objetivo: Comparar el tiempo de despertar y el tiempo de descarga entre dos técnicas de Anestesia Total Intravenosa manual empleadas en el Hospital Occidente de Kennedy, una basada en Propofol y Remifentanil y otra basada en Propofol y Fentanil controlado por Stangraf. Metodología: Estudio de corte transversal, en 43 pacientes llevados a cirugía bajo Anestesia Total Intravenosa en el Hospital Occidente de Kennedy. Se analizó la información mediante las pruebas de Shapiro-Wilks, t de Student y U de Mann Withney y los coeficientes de correlación de Spearman y de Pearson, usando SPSS versión 20 para Windows. Un valor de p < 0.05 fue aceptado como estadísticamente significativo. Resultados: Al comparar las dos técnicas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los tiempos evaluados. El tiempo de despertar promedio fue 10,1 minutos para Fentanil y 10,2 minutos para Remifentanil. El tiempo de descarga para Fentanil fue 11,9 minutos y para Remifentanil fue 11,5 minutos. Conclusiones: El uso de Fentanil - Propofol guiado por Stangraf es equivalente al uso de Remifentanil – Propofol en cuanto a los tiempos de despertar y de descarga. Se requieren nuevos estudios para corroborar estos hallazgos.
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La ley 1480 de 2011 conocida también como Estatuto del Consumidor, es una norma creada para proteger en la mayor medida posible a los consumidores en Colombia en todos los sectores de la economía nacional, como regla general. A pesar de esto, fue expedida la Ley 1558 de 2011 que busca reformar la Ley del Turismo, la cual dispone que en materia de servicios de transporte aéreo, el Estatuto del Consumidor se encuentra excluido. En consecuencia los consumidores de este sector económico se encuentran protegidos exclusivamente por las normas especiales que menciona dicha ley, las cuales al ser analizadas y confrontadas con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, se evidencia una precariedad en los derechos de protección que otorga la ley especial frente a la ley general. Por lo tanto se concluye que los usuarios de los servicios de transporta aéreo se encuentran desprotegidos en sus derechos como consumidores, al ser la norma especial significativamente menos proteccionista que la norma general. La Tesis de grado analiza la situación descrita, haciendo un análisis comparativo del régimen especial que busca proteger a los usuarios de servicios de transporte aéreo, con la norma general que aplica para el resto de consumidores en Colombia; Ley 1480 de 2011. Así mismo realiza un examen de constitucionalidad de la norma especial, para determinar la violación de las disposiciones Constitucionales, que la ley 1558 de 2012 causa, especialmente respecto del derecho a la igualdad y al derecho a la protección de los consumidores de el sector económico en mención.