1000 resultados para DERECHO A LA VIVIENDA
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After the events of September 11, the fear of terrorism led to the adoption of new anti-terrorist measures (elimination of appeals available to foreigners, reduction of legal aid, increased powers of detention, easier use of security certificates…). But in Canadian Charter of Rigths and Freedoms only the right to vote and be elected, the right to enter and remain in the country and the minority language educational rights specifically protect citizens. The protection of Canadian citizens cannot be based on the denial of foreigner´s rights. The same rights are at stake: The violation of a foreigners´s rights is a violation of citizen´s rights.
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Tesis (Doctorado en Filosofía con Orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social) UANL, 2010.
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Tesis (Doctor en Filosofía con Orientación en Arquitectura) UANL, 2010.
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Documento aprobado por el Consejo de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona en acta fechada el 10 de marzo de 2009
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El contenido de la asignatura, en mi caso del Derecho Financiero y Tributario debe ser transmitido a los alumnos. Esto, que en sí es una perogrullada, lamentablemente no siempre se tiene presente cuando el profesor, encaramado a la tarima, se enfrenta al alumnado. Pero hay que tener bien presente, que la función de todo profesor es la de transmitir conocimientos. (...)
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Plantear y analizar las causas o circunstancias ideológicas, políticas, sociales, económicas y jurídico-legislativas que han dado lugar a la actual regulación del Derecho a la Educación en la LODE. Centros de Educación Básica en España. Análisis teórico de los fundamentos ideológicos, socioeconómicos y educativos, los fundamentos políticos, las bases pedagógicas y organizativas y los antecedentes y bases jurídico-legislativas, que dan lugar a la LODE. Principios programáticos de los Congresos del PSOE desde 1918; Constitución de 1931; revistas; informes y comentarios de prensa; programas de los distintos partidos políticos; legislación en general. La LODE no responde a los principios del partido en el poder -PSOE-. Si bien la Constitución fue una ley de todos, la LODE se considera que es una ley partidista. En la LODE existen dos momentos bien diferenciados: antes de la sentencia del Tribunal Constitucional y después de dicha sentencia.
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El objetivo de la segunda edición del Proyecto de innovación docente sobre Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid busca, en primer lugar, ensayar nuevas metodologías docentes en las asignaturas de las titulaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid de las que son responsables los profesores implicados. En segundo lugar, persigue coordinar estas asignaturas desde una perspectiva interdisciplinar, haciendo hincapié en las nuevas realidades que crean las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) y en los retos que suponen a las distintas ramas del Derecho a las que nos dedicamos los miembros del grupo. Esta coordinación tiene por objeto, en tercer lugar, mejorar la programación docente entre las asignaturas implicadas y modificar, en sintonía con ello, los sistemas de evaluación, sobre la base de las titulaciones actuales en las que nos insertamos y con los planes de estudios en vigor. Es decir, se trata de combinar nuevos métodos docentes con planes de estudios que aún no han cambiado y que se miden en créditos presenciales y en unos Centros y Departamentos que siguen rigiéndose por el sistema clásico. En cuarto lugar, se ha pretendido el manejo de metodologías específicas adaptadas a las particularidades de la enseñanza del Derecho, como el método del caso, así como técnicas que permiten mejorar el análisis objetivo de la carga de trabajo del aprendizaje del alumno en ECTS. Finalmente, de modo complementario, buscamos desarrollar la acción tutorial con los alumnos, con la finalidad de hacer un seguimiento pormenorizado de la actividad. Es preciso tomar en consideración, al juzgar el eje temático escogido relativo a las relaciones entre el Derecho y las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), que el núcleo del grupo de profesores que participan en el presente proyecto forman parte ya de un Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid, el Grupo de investigación sobre Derecho de las nuevas tecnologías y delincuencia informática, lo que refuerza la cohesión y la coherencia del proyecto, pues en la práctica docente actual ya están haciendo hincapié en estas materias. Esta comunicación busca dar cuenta de la experiencia del proyecto
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La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.
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Cuatro son los pasos requeridos para la elaboración de una política pública según el modelo secuencial sugerido por HAROLD LASWELL (1956) y luego desarrollado por JONES (1970), el primero es la definición del problema y la construcción de la agenda; el segundo, la formulación, la decisión o legitimación; el tercero, la implementación; y el cuarto, la evaluación de la política pública. Se presenta en este documento de reflexión un análisis de las tres primeras etapas en el proceso de elaboración de la política pública. Como estudio de caso se ha elegido la política pública en salud para grupos étnicos durante el período de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá, con un enfoque en derechos humanos. Se utilizaron diversidad de documentos distritales, nacionales, extranjeros, entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades que durante esta primera fase se percibieron en el proceso de definición del problema y construcción de la agenda gubernamental distrital, e implementación por parte del gobierno de turno para el período 2004-2007, caracterizado principalmente por los programas sociales a favor de los derechos de los más vulnerables.
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La necesidad de unos equipamientos sociales de vivienda especialmente dedicados a las personas con disminución psíquica se fundamenta en el hecho que la característica más significativa de estas personas es que no llegarán nunca a alcanzar la plena madurez mental, lo que les imposibilita disfrutar de una total independencia. Ello comporta que se haya de prever para ellas una vivienda alternativa a la familiar, cuando la familia falla o no está en condiciones para convivir, sea porque está desestructurada y porque la convivencia continuada pueda ser perjudicial para el afectado o para otros miembros. Así lo reconoce la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) al prever, entre otros, este tipo de equipamientos. Por lo que respecta a Cataluña, en la década de los 60 surgieron los primeros equipamientos residenciales para evitar el internamiento en psiquiátricos y en los 70 se crean las residencias para personas gravemente afectadas así como hogares-residencia en zonas urbanas para normalizar los horarios laborales de comarcas con población dispersa. En los ochenta se consolida la especialización y se incrementa la creación de estos hogares-residencia, así como su división en tres grupos según si son hogares asistidos, semi-asistidos o semi-autónomos. Se resume la situación actual y se esbozan las perspectivas de futuro.
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Detrás de la expedición de derechos, más allá de ese ruido incesante creado por un aparato legal que defiende a la vida y la convierte en un derecho pueden ser halladas relaciones de poder precisas y espacios de regulación y control de los cuerpos y de las poblaciones. Este trabajo pretende observar en la labor de interpretación que lleva a cabo la Corte Constitucional colombiana sobre el derecho a la vida, el establecimiento de una lógica política, que es el biopoder, de acuerdo con los elementos que lo constituyen, tal y como fueron analizados por Michel Foucault. El estudio del biopoder permitirá dar cuenta de tecnologías políticas, técnicas y dispositivos que no solo están presentes en la dimensión biológica de la vida de los colombianos, sino en espacios sociales y éticos que adquieren importancia cuando la vida es cualificada por parte del saber legal. El discurso jurídico aquí juega un papel central pues vincula una vida que era considerada simplemente biológica con nuevos significados y valores como el de la dignidad, y crea, a su vez, formas de sujeción. Temas como el aborto, la eutanasia, la sexualidad, la autonomía de cada quien para decidir sobre su cuerpo, entre otros, dan cuenta de nuevos ámbitos donde se ejerce el biopoder, y que eran poco explorados antes de la Constitución de 1991. Se verá cómo, a partir del análisis de la línea jurisprudencial sobre el derecho a la vida, la Corte Constitucional genera este tipo de espacios y lleva a cabo una intervención sobre una vida que es constantemente cualificada y que es modificada a medida que evoluciona el pensamiento de este tribunal.
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Generación de nuevos programas académicos que resulten adecuados para la realidad del país y se constituyan en fuentes de soluciones y desarrollos innovadores para el avance y crecimiento de la nación colombiana
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El fenómeno de la vivienda campestre en áreas metropolitanas va en aumento a nivel internacional y su impacto en los territorios es de gran trascendencia en todas las sociedades urbanas. Para el caso específico del municipio de Sopó, la vivienda campestre se desarrolla desde los años 80 incrementándose anualmente, casi siempre de manera agrupada, en la mayoría de los casos en conjuntos cerrados que no tienen relación alguna ni económica ni social con su entorno, aprovechando las características ambientales y paisajísticas, contenedoras de variedad en mamíferos y aves, además de árboles maderables, frutales y vegetales.
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La solución a las necesidades de vivienda de los colombianos, ha ocupado espacios importantes en las políticas públicas de diferentes gobiernos a lo largo del tiempo. Para ello, se han implementado diversas estrategias, que han ido desde la creación de entidades responsables de la administración de proyectos habitacionales, pasando por la incorporación de entidades oficiales y privadas que se vinculan a través de la otorgación de créditos, estimulo a la construcción de diferentes soluciones habitacionales y llegando al diseño de medidas financieras que buscan el estimulo al desembolso de créditos exequibles a través instituciones financieras. El FNA, desempeña un papel trascendental en la solución a las necesidades de los colombianos en su aspiración a tener vivienda propia, ahí se ha entendido que la vivienda usada también hace parte de la solución, para ello, se busca integrar dentro de los estudios de financiamiento del crédito, este proyecto, con el fin de que enlace vendedores y compradores, clasificados por rangos de precio de inmuebles y montos de crédito aprobado, con el fin de optimizar la labor del FNA y disminuir los casos de devolución del crédito por parte del beneficiario, a causa de ausencia de opciones de vivienda que se ajusten a su presupuesto. Así mismo dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial y para dar respuesta a las expectativas de uno de los Grupos de Interés prioritario del FNA, en concordancia con una de las siete materias fundamentales que consagra la Norma ISO 26.000, denominada “Asunto de los Consumidores”, es un valor agregado a las funciones y servicios brindados por el FNA a sus afiliados para facilitarles la adquisición de su vivienda.
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El objetivo principal de este documento es realizar un análisis sobre el componente educativo del Programa Familias en Acción, para establecer si el subsidio condicionado brindado por dicho programa contribuye a garantizar el derecho a la educación básica y media. Con dicho fin, se tomará como estudio de caso el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. De este modo se analizará y explicará por qué se considera que el componente educativo del PFA ha influido de una forma parcial e incompleta a la garantía del derecho a la educación. Lo anterior, teniendo en cuenta la definición de educación y los componentes del núcleo esencial de este derecho, sumado a la exposición de las etapas de la política pública, su definición y la reconstrucción del proceso vivido por el programa en cuestión.