1000 resultados para CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE VENEZUELA
Resumo:
La Política Exterior venezolana ha tenido un nuevo viraje desde la presencia de Hugo Chávez en el poder, él ha encaminado todo su accionar político con una ideología fundamentada en el proyecto de Revolución Bolivariana, que busca mayor autonomía y consolidar nuevas relaciones de poder. Pero al mismo tiempo, pretende adelantar nuevos planteamientos de carácter económico, político y social, y un mayor margen de maniobra en el escenario internacional, utilizando al petróleo como su instrumento esencial. Como miembro activo de la OPEP, el presidente venezolano ha logrado vigorizar y reactivar las relaciones con los demás países pertenecientes a esta institución y junto con ellos trabajar por el sostenimiento de los precios en el contexto internacional. Sus alcances le han permitido establecer nuevas relaciones económicas y de poder a través del petróleo, con países como China y Rusia y con regiones altamente determinantes en el desarrollo de su proyecto como lo son Latinoamérica y el Caribe. En estas últimas, ha dado pasos en materia petrolífera mediante la creación de proyectos como Petrosur, Petroandina y Petrocaribe. Del otro lado, se ha alejado de sus principales socios comerciales Colombia y Estados Unidos, desafiando y criticando constantemente el poder y la influencia que ejerce la potencia norteamericana en la región. Así, el petróleo se convierte en un instrumento estratégico de poder para Venezuela y, por tal razón, éste ha direccionado y determinado muchas de las políticas implementadas por el presidente Chávez para consolidar nuevas relaciones y fuerzas de poder.
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Nos proponemos analizar el proceso de globalización y su impacto e inferencias para el Estado, la soberanía y las fuerzas armadas, como categorías y ordenes respectivamente. De manera que analizamos el papel tradicional que ha tenido el Estado y las Fuerzas Armadas y su replanteo dentro de la globalización. Asimismo, abordamos los cambios que acusan las fuerzas armadas en Venezuela a partir de 1998 y 1999 como consecuencia del triunfo del presidente Hugo Chávez y de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 como marcos políticos y jurídicos que inciden en la concepción de las fuerzas armadas en Venezuela.
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Para Colombia, la reforma política de 2003 marcó una transformación en el sistema político y electoral debido a que proponía reinstitucionalizar los movimientos y los partidos políticos del país, a la vez que planteaba transformaciones importantes al sistema electoral. La hipótesis plantea el hecho de que el voto preferente es la herramienta ideal para mantener los personalismos políticos por parte de aquellos candidatos beneficiados con la reforma. Como justificación se plantea que en Colombia y en los países con sistemas de partidos institucionalizados, un proceso de reforma política se circunscribe a modificaciones o ajustes de alguna norma o ley que se encuentre vigente en el marco jurídico o la Constitución Política actual de un Estado determinado. Cuando estos procesos se llevan a cabo, la intención es, por un lado, suprimir normas que afectan de manera adversa el desarrollo de ciertos sectores específicos, o por el otro, modificar procedimientos de orden institucional que terminan perjudicando, en el caso de nuestro país, el ejercicio democrático en términos de una idónea representación dentro de los cargos legislativos de la nación. Puede decirse entonces que esta monografía logra analizar las distintas situaciones políticas y sociales que enmarcan la reforma política de 2003 y de manera particular se logra comprender todas las implicaciones políticas que tiene el voto preferente como medio para estructurar las estrategias electorales de los sistemas de partidos en Colombia.
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El trabajo constituye en primer lugar, un ejercicio importante de recopilación y sistematización de la regulación existente en materia de competencia, y en especial, de la colusión en licitaciones como una de las prácticas restrictivas de la Competencia. De igual forma, contiene un análisis microeconómico de un cartel, a efectos de explicar las razones que lo promueven y lo desestimulan. Luego de ello, se hace un análisis profundo de las normas específicas en la materia, contenidas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1474 de 2011 y de las acciones que eventualmente podrían iniciarse para combatirla, dependiendo del momento en que se encuentre la licitación y del bien jurídico que pretenda protegerse.
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El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.
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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.
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La integración regional ha creado un renovado escenario internacional, donde el factor energético juega un papel importante en las relaciones de cooperación entre Mercosur y Venezuela, haciendo de la integración energética un rol importante en el marco de la cooperación entre sus partes.
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Conocer como se vio afectado el comercio en materia automotriz en Colombia por parte de Venezuela es un tema importante para las relaciones diplomáticas y comerciales del país. Al ser Venezuela el país que más importaba vehículos de Colombia, es necesario conocer por qué desde el cambio de la política exterior del presidente Chávez, en el 2004, este sector se ha visto afectado notoriamente y qué estrategias por su parte tendría la industria automotora y el gobierno colombiano para no dejar que éste sector baje su producción.
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Esta monografía analiza un caso de movilización desde las teorías de acción colectiva a través de entidades internacionales para alcanzar una meta dentro de un sistema político y jurídico interno. Por medio de esta, se observa el desarrollo y análisis de la constitución de la “Red Transnacional de Defensa” en torno a los derechos de personas con orientación sexual diversa a partir de su incidencia política en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el curso del caso 11.656.
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La Explotación Comercial sexual de los niños, niñas y adolescentes – ESCNNA ha ocasionado graves repercusiones en la sociedad, sometiendo a los menores a situaciones que atentan contra su integridad física y psicológica. Por ello, en el marco internacional y nacional se han adelantado diferentes iniciativas para erradicar dicho fenómeno. La Cooperación Internacional para el desarrollo- CI ha sido una valiosa herramienta en el tratamiento del flagelo dados los diferentes canales de ayuda los cuales han contribuido para su intervención. En este sentido, la CI por medio de la Agencia Canadiense para el desarrollo internacional- ACDI y la Fundación Renacer- ECPAT Internacional (End Child Prostitution, Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes) hicieron posible junto con otros actores el proyecto de CI en Cartagena llamado: “La Muralla soy yo”, el cual buscó la prevención y futura erradicación de la Explotación Sexual de niños y adolescentes en el turismo- ESNAT en la ciudad. En el presente estudio de caso se pretende identificar cómo la CI incide por medio de la ACDI y la red ECPAT Internacional en instituciones locales de Cartagena para la prevención y posible erradicación del problema de la Explotación comercial sexual infantil en niños, niñas y adolescentes, en el contexto del turismo.
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Este documento presenta un estudio de cómo los cambios en las dimensiones pertenecientes a la estructura de oportunidad política, fueron determinantes en la conformación identitaria de un movimiento, la estructuración de sus demandas y sus métodos de actuación
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Este estudio de caso tiene como objetivo explicar cómo fue el proceso de representación política de género de la Bancada de Mujeres en el Congreso de la República (2006-2010), creada como una Comisión Legal con el fin de realizar desde el trabajo legislativo de las congresistas una representación que favoreciera la inclusión e igualdad de las mujeres en el campo político del país. Se explican y se muestran las principales razones que motivaron su creación y los resultados alcanzados, partiendo de diferentes conceptos claves de la teoría feminista, como grupo social, opresión, inclusión y representación, desarrollados por distintos autores, entre los que se destacan Iris Marion Young, Hanna Pitkin y Didier Ruedin. Este acercamiento permite evaluar sí la Bancada de Mujeres puede ser considerado como un ejercicio de representación política de las mujeres dentro del principal espacio de la democracia colombiana.
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El interés de esta Investigación Diagnóstica es mostrar la importancia de la participación social de los adultos mayores en el proceso de diseño de políticas públicas en el Municipio de Cachipay. Se demuestra que las necesidades sentidas y las expectativas de atención integral identificadas desde los adultos mayores, aportan información fundamental y complementaria a los diagnósticos elaborados con base únicamente en fuentes institucionales. Tomando conceptos de vulnerabilidad, exclusión social, el principio de respeto a los derechos humanos y siguiendo la norma nacional contenida en la Ley 1251 de 2008 de envejecimiento y vejez, la investigación avanza en la identificación de conceptos, instrumentos y dinámicas de participación social, para que el gobierno local diseñe políticas públicas concertadas que garanticen una vida digna a la población de la tercera edad.
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RESUMEN En esta monografía el interés es comprender la dimensión de la captura del estado, su complejidad y cómo ha penetrado en la cultura política institucional de nuestro país; así mismo, el análisis permite entender el grado de influencia de los grupos de poder para lograr leyes y regulaciones a favor suyo en detrimento del interés general. Este trabajo aborda dicho fenómeno en los procesos de formulación e implementación de la política pública de Agro Ingreso Seguro – AIS– y explica consecuencias y efectos de la captura del Estado en su gobernabilidad y eficacia social. Para ello se desarrolló una investigación de tipo documental que permitió identificar el grado de legitimación de los propósitos de la política pública poniendo en perspectiva la intervención de agentes capturadores en el proceso de implementación de la política Agro Ingreso Seguro.