867 resultados para Regímenes de bienes


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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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El comercio internacional y los flujos de inversión se han incrementado en las últimas décadas más rápidamente que el producto interno bruto mundial. Este rápido crecimiento de las transacciones internacionales se conoce comúnmente como globalización. Este fenómeno puede ser visto como un dinamizador del crecimiento y desarrollo, en la medida en que los países tiendan a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tienen ventaja comparativa. Otros, por el contrario, argumentan que la globalización no ha contribuido al crecimiento mundial de manera homogénea, beneficiando solo a un número pequeño de países y dando lugar a la concentración de los flujos de comercio e inversión y a grandes inequidades. La evidencia muestra, sin embargo, que los efectos de la globalización en los países en desarrollo dependen de diversos factores, especialmente de las características de los países y de las regiones. Las ganancias en bienestar se deben más a las medidas de liberalización implementadas por los países, que a las concesiones de comercio otorgadas por los socios comerciales. Así mismo, la marginalización de algunos países de los mercados mundiales no es inherente al proceso de globalización. Esta se puede explicar más que todo por el tipo de políticas domesticas implementadas por estos países. Algunos países en desarrollo han sido bastante exitosos en la implementación de una estrategia de desarrollo basada en la IED. En estos casos, las inversiones se han asociado con la rápida industrialización y una concomitante expansión de las exportaciones con alto valor tecnológico.

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Estados Unidos junto a Japón y algunos Estados europeos han incentivado e impulsado al resto de los Estados a que abran sus fronteras y se inserten en el modelo de liberalización comercial. Estos países, en particular Estados Unidos promueven este modelo por medio de las relaciones comerciales que establece con otros Estados. Al establecer esta clase de relaciones, especialmente con Estados menos desarrollados, el país norteamericano busca mejorar su posición y obtener beneficios en detrimento de la otra parte por medio de la imposición de condiciones para maximizar sus beneficios y ganancias. La necesidad del gobierno estadounidense de mantener e incrementar su credibilidad ante sus ciudadanos y al mismo tiempo incentivar a los demás países para que abran sus fronteras se expresa en una incongruencia entre el discurso defensor del libre comercio y las estrategias proteccionistas como las barreras no arancelarias que pone en marcha y cuyo propósito es no perder espacio en el sistema internacional ni ver menoscabada su influencia sobre los demás Estados. Sin embargo, el establecimiento de medidas proteccionistas afecta las posiciones comerciales de países como Colombia en tanto que estas medidas ponen en desventaja a sus productos.

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Los Estados modernos requieren establecer reglas de juegos claras y transparentes, que permitan que la adquisición de bienes y servicios cumplan su función social, enmarcada en criterios de racionalidad económica y de equidad. Dichas reglas implican una concientización ética en torno a lo público, que exige eliminar la idea de que el estado es un terreno apropiado para la captura de exageradas rentas y utilidades privadas. Es por ello que se requiere con urgencia establecer en nuestras leyes herramientas cuyo propósito sea impedir que los recursos del estado se pierdan en los sobreprecios. En consecuencia, es necesario enfrentar el tema del sobreprecio no solo desde el punto de vista de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y contratistas involucrados en la ocurrencia de este fenómeno, sino también, desde la validez y eficacia del contrato celebrado y/o adjudicado y/o ejecutado con sobreprecios y además, buscando dentro de nuestra legislación mecanismos que ayuden a resarcir los perjuicios ocasionados por ésta situación

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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El presente trabajo brinda un estudio de la cadena de abastecimiento y de producción del sector cárnico colombiano específicamente de una micropyme ubicada en la Central de Carnes Guadalupe del Frigorífico Guadalupe. Estudiando y evaluando los diferentes procesos que intervienen en dicha empresa con base en los estándares y regulaciones tanto a nivel nacional como internacional. El estudio usa una metodología donde se da a conocer la situación del mercado ganadero en diferentes momentos del tiempo, así como una proyección a futuro a propósito de las nuevas condiciones de mercado que implican la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se lleva a cabo una revisión teórica y conceptual donde se identifican las mejores prácticas dentro de la cadena cárnica observando experiencias de éxito en Colombia y otros países que han tecnificado el funcionamiento de la misma. Que servirá de base para la evaluación de la cadena específica de HB CARNES PC S.A.S, la micropyme a estudiar. Por último se lleva a cabo un ejercicio de simulación de exportación del producto cárnico desde Colombia a Rusia, a través de la matriz de Distribución Física Internacional, como una estrategia alterna a lo propuesto por el TLC firmado.

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El presente trabajo brinda un estudio de la cadena de abastecimiento y de producción del sector cárnico colombiano específicamente de una micropyme ubicada en la Central de Carnes Guadalupe del Frigorífico Guadalupe. Estudiando y evaluando los diferentes procesos que intervienen en dicha empresa con base en los estándares y regulaciones tanto a nivel nacional como internacional. El estudio usa una metodología donde se da a conocer la situación del mercado ganadero en diferentes momentos del tiempo, así como una proyección a futuro a propósito de las nuevas condiciones de mercado que implican la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se lleva a cabo una revisión teórica y conceptual donde se identifican las mejores prácticas dentro de la cadena cárnica observando experiencias de éxito en Colombia y otros países que han tecnificado el funcionamiento de la misma. Que servirá de base para la evaluación de la cadena específica de HB CARNES PC S.A.S, la micropyme a estudiar. Por último se lleva a cabo un ejercicio de simulación de exportación del producto cárnico desde Colombia a Rusia, a través de la matriz de Distribución Física Internacional, como una estrategia alterna a lo propuesto por el TLC firmado.

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El comercio exterior se ha convertido en una fuente dinámica de crecimiento de las economías, permitiendo identificar información y conocimiento sobre las capacidades productivas de los países en los mercados externos, clasificándolas como instrumentos esenciales para aprovechar las oportunidades que surgen con los tratados comerciales entre naciones. En la práctica, los tratados de libre comercio permiten ampliar el acceso de los bienes y servicios y contar con entornos normativos estables que facilitan el incremento de la inversión y el comercio. Este trabajo de investigación surge por el interés de tener un conocimiento profundo acerca del comercio internacional entre Colombia y Canadá, con el fin de entenderlo e identificar oportunidades y amenazas para los productos colombianos. La investigación se compone por un análisis cuantitativo de la dinámica comercial colombo-canadiense y un análisis cualitativo de los alcances del acuerdo de libre comercio entre los dos países.

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Trabajo fronterizo entre arte y filosofía que hace evidente el poder del orden espacio-temporal que se ha establecido como trasfondo de los sistemas de dominación y explotación, que tambien viene siendo enfrentado por los debates post y decoloniales.

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La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

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Dadas las relaciones de cooperación internacional que presentan las Repúblicas de Colombia y Costa Rica, que se evidencia en los fuertes vínculos comerciales existentes entre las dos naciones, Proexport por medio de su oficina comercial en Costa Rica, ha mantenido al tanto la situación en la que se desenvuelve la alianza comercial entre Colombia y Costa Rica. Él último de estos informes, demuestra la potencialidad de Costa Rica como un mercado para los bienes colombianos y una posibilidad para los exportadores nacionales que buscan mercados para sus productos o servicios. Este proyecto de investigación surge, con el objetivo de analizar las relaciones bilaterales y contribuir al desarrollo de la economía emergente que presenta el país. Para ello, en primera instancia se realiza un proceso de contextualización desde aspectos demográficos hasta históricos. En seguida y a manera descriptiva, se expone los diversos bienes y servicios que se intercambian entre las dos naciones con el fin de identificar oportunidades que se podrían ofrecer y afectar una vez se firme el tratado. Finalmente, se evalúa y analiza cada uno de los sectores emergentes de Colombia con el objeto de motivar la inversión en el país para generar de tal manera, un incremento en la producción, logrando abrir las puertas de la economía colombiana a un socio estratégico como lo es Costa Rica y contribuir poco a poco al desarrollo del comercio sustentable entre las dos naciones.

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A lo largo de la historia los mercados poco a poco se fueron abasteciendo de productos que buscaban brindar beneficios extras a sus compradores, tales que pudieran verse reflejados ya sea en facilitar las tareas habituales de los seres humanos, o simplemente brindar satisfacción por su consumo o percepción; A partir del nuevo milenio y dadas las cualidades dinámicas del mercado, las tendencias de compra del mercado de los bienes para el consumo humano han venido teniendo una desviación un poco más naturista; esta consiste en la búsqueda de alimentos producidos bajo altos estándares de calidad, pero diferentes a los productos convencionales. Actualmente se han venido desarrollando nuevas prácticas agrícolas, para evitar contaminar la tierra y lograr obtener alimentos más sanos, todos estos se llaman productos orgánicos, y su principal cualidad es que son más saludables y de valor agregado, ya que no se cultivan con ningún tipo de producto de síntesis química, lo que permite una mayor fertilidad de los suelos e incremento de la biodiversidad. Por estas razones y agregando la globalización de los mercados mundiales, es que queremos desarrollar un plan de exportación de Café Orgánico mediante la comercializadora POINT LTDA, aprovechando además brindarle a la empresa las herramientas necesarias para una futura internacionalización, teniendo en cuenta las grandes oportunidades que hay en estos momentos de expandir y tener negocios rentables en todo el mundo.

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“El cooperativismo es una noción estrechamente ligada a la vida humana, que surge como respuesta a la insuficiencia del hombre para solucionar aisladamente sus necesidades y que encuentra en la unión de esfuerzos el camino para superar los escollos que plantea la vida en comunidad”.1 En esta búsqueda de satisfacer las necesidades de los seres humanos se han conformado las cooperativas de trabajo asociado (CTA) del sector Salud, las cuales han buscado la unión de un grupo de personas para proveerse asociativamente de mecanismos que generen bienestar y servicios. El modelo cooperativo está fundamentado en los siguientes valores: ayuda mutua, colaboración, solidaridad, responsabilidad y unión de esfuerzos, los cuales buscan satisfacer las necesidades de sus asociados, sus familias y la comunidad en general. Es un modelo de empresa, ya que permite una unidad de explotación económica, debido a que realiza cualquier tipo de actividad, como lo son las agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios. En Colombia, el artículo 4 de la Ley 79 de 1988 define a la cooperativa como “[…] la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”.2 Esto quiere decir que los excedentes obtenidos en el desarrollo de su objeto social se reinvierten y fortalecen su misma organización, es decir, su propio patrimonio. Esta norma se complementa y actualiza con la Ley 1233 de 2008 (Artículo 12. Objeto social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado), la cual define a las cooperativas de trabajado asociado como aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios; además, aclara que el objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno; por esta razón, los asociados aúnan sus esfuerzos mediante aportes y su fuerza de trabajo en la producción de bienes y/o la prestación de servicios a terceros. El parágrafo de este artículo señala que se requiere que las cooperativas se especialicen en un sector específico, como salud, transporte, vigilancia y seguridad privada, o educación. En el proceso de contratación con las CTA puede afirmarse que existen dos empresas totalmente independientes: una que contrata los servicios y otra que ofrece una fuerza laboral. Esta se constituye en una atractiva herramienta de mano de obra para algunos empleadores, que han utilizado esta figura para contratar servicios con ex-empleados cuando se reducen las plantas de personal, disminuyendo de esta manera las cargas prestacionales. En el caso específico del sector Salud, algunas han surgido como apoyo a las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS) o instituciones prestadoras de servicios (IPS); este es el caso de Talentum, que es apoyada directamente por Salud Total (EPS) y por Centro Policlínico del Olaya (IPS) y Virrey Solís (IPS). Basados en lo anterior, puede identificarse que el sector ha presentado transformaciones en los últimos años, que ponen a prueba la capacidad de sus dirigentes para generar ventajas competitivas. Con la finalidad de suministrar elementos que permitan comprender mejor lo ocurrido en el sector, en este trabajo se aplicarán las cuatro herramientas propuestas por Restrepo y Rivera (2008) en su libro Análisis Estructural de Sectores Estratégicos.

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La Ley 100 de 1993 crea el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia, y con ella surgen una serie de disposiciones que cambian el Sistema de Salud imperante en el momento. Dentro de esas reformas que trajo la ley al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se presenta un cambio importante, como fue el del modelo de financiamiento de las instituciones de salud del Estado. Los recursos que estas recibían en su momento obedecían al modelo del subsidio a la oferta, situación que modifica la nueva norma y obliga a las instituciones a ser entidades autosostenibles financieramente, a través del modelo del subsidio a la demanda. Este, entonces, es el punto de partida para que las Empresas Sociales del Estado (ESE), hospitales de segundo nivel de complejidad, comiencen a analizar su sector bajo una perspectiva de empresa, en la que cada hospital es responsable de la adquisición, distribución y administración de sus recursos. La Ley 100 de 1993 ha tenido varias reformas: la primera fue con la Ley 1122 de 2007, con la que se pretendía realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin, se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización y mejoramiento en la prestación de servicios de salud; fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control, y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud[. La segunda reforma fue con la Ley 1438 de 2011, cuyo objeto fue el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que, en el marco de la estrategia “Atención Primaria en Salud”, permitiera la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, incluyente y equitativo, que brindara servicios de mayor calidad, y para el cual el centro y objetivo de todos los esfuerzos fueran los residentes en el país. Además en esta reforma, se incluyeron disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. Es esta sostenibilidad financiera, invocada por primera vez en la Ley 100 de 1993 y ratificada en sus dos reformas, la que lleva a las ESE a preocuparse cada día más por el desenvolvimiento del sector, por saber con certeza cuales son los espacios en los cuales pueden innovar y tener ventaja competitiva, y lo mas importante, como pueden superar en calidad y prestación de servicios a sus competidores. Es este entonces el punto central de este trabajo: dar a conocer el verdadero estado del sector Salud en los hospitales de segundo nivel de atención y su futuro competitivo. Para continuar con el análisis del sector Salud, es necesario definir escenarios y términos: los hospitales de segundo nivel de atención son el objeto de análisis, y se definen como instituciones donde se realiza consulta médica, hospitalización y atención de urgencias de especialidades básicas (Ginecobstetricia, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía); atención de partos y cesáreas de mediana complejidad, laboratorio e imaginología de mediana complejidad, atención odontológica general y especializada, consultas de nutrición, psicología, optometría y terapias de apoyo para rehabilitación funcional. Para hacer este análisis, se empleó la metodología denominada “análisis estructural de sectores estratégicos”, que contiene las pruebas hacinamiento, 7 Perdurabilidad empresarial: caso sector empresas sociales del Estado (ESES), hospitales de nivel II de complejidad panorama competitivo, fuerzas del mercado y estudio de competidores. El sector estratégico seleccionado son instituciones prestadoras de servicios de salud de nivel II de complejidad, ubicadas en el Valle de Aburrá y municipios cercanos a la ciudad de Medellín, durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2011. Las instituciones seleccionadas son las siguientes: Hospital San Vicente de Paul de Caldas, Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, Hospital San Rafael de Itagüí y Hospital Marco Fidel Suarez de Bello. Dichas instituciones se caracterizan por atender a la población correspondiente a los regímenes contributivo y subsidiado, primordialmente. Los servicios de salud que garantizan corresponden a servicios de tipo hospitalario y ambulatorios. Este documento fue realizado de forma conjunta por estudiantes de la asignatura Estudios Estructurales del Sector Estratégico, impartida en la Maestría en Administración en Salud del convenio Universidad del Rosario- Universidad CES de Medellín, y el profesor Hugo Alberto Rivera; pretende hacer un aporte a la línea de investigación y relacionar las características de la definición del concepto perdurabilidad, propuestas por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y lo observado en las empresas.

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El proceso de especialización dentro de una actividad económica es un rasgo esencial para la producción y comercialización de bienes y servicios que ayuden a suplir una necesidad en general. Es por esto, que la unidad de empresa es considerada como principal pilar para el desarrollo de cualquier sociedad a nivel mundial, pues genera empleo y riqueza, coordina los factores de producción, crea nuevas herramientas para vivir e impulsa la evolución de toda una comunidad. De esta forma, es fundamental que el Estado, a través de sus entidades, se preocupe no solo en proteger, mantener, y recuperar a la empresa sino también ayudarla en lograr una liquidación ordenada.