926 resultados para Pacto
Resumo:
El presente ensayo ofrece una breve reseña histórica de las políticas de integración regional y cooperación internacional puestas en práctica por Venezuela desde la restauración de la democracia representativa en 1958 hasta la fecha. Éstas se vinculan, por un lado, a los cambios en las prioridades y objetivos de la política exterior nacional así como a las transformaciones en el panorama regional e internacional, y, por el otro, a las dinámicas internas del país. Si bien se identifica un nítido parte aguas entre las varias etapas del régimen del Pacto de Punto Fijo (1958-1998) y el inicio del proceso bolivariano, en este análisis se insiste en que el desenvolvimiento de la política internacional venezolana y de sus proyectos de integración regional y cooperación internacional lleva marcadamente el sello que define estructuralmente a Venezuela como un país rentista petrolero, implicando la continuidad de ciertos patrones, condicionamientos y peculiaridades que, a la hora de caracterizar su funcionamiento y valorar su impacto, parecerían incidir de manera ambigua en la consecución de los objetivos emancipadores del proyecto bolivariano.
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La “Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 del 10 de diciembre de 2012, es el objeto principal de esta investigación. La forma en la que fue planteada, el proceso seguido hasta su aprobación, y la esencia misma de la Ley, dejan dudas respecto de la constitucionalidad de la norma. Para el análisis ha sido necesario referirse tanto a los principios constitucionales como a los principios legales y a aquellos comunes a la generalidad del Derecho, previo a un análisis de la protección jurídicoconstitucional del contribuyente. Se hace referencia a dos fuentes del Derecho, la Constitución y los Acuerdos Internacionales, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los mismos que consagran el principio de igualdad ante la ley y no discriminación de personas, grupos o comunidades, que es aplicable en cualquier situación jurídica. El principio de igualdad, es en nuestra constitución, un principio de aplicación de los derechos fundamentales, y por tanto antecede a la igualdad tributaria, en cuanto exige una actitud de los poderes públicos contra la discriminación y un imperativo de su actuación para el legislativo. El trabajo incluye una visión del sistema económico político y social imperante antes de la reforma legal; un examen de la Ley y las diferentes facetas de la carga tributaria y de las sanciones previstas; un análisis de las finanzas públicas, del gasto social y de los efectos de la Ley en la economía, así como la incidencia de los impuestos; y, un estudio sobre el papel del sistema financiero en la economía y el marco de regulación y control al que está sujeto. Al final se ensaya una perspectiva sobre la economía para el 2014, advirtiéndose las señales que inquietan al inversionista y los riesgos sistémicos sobre los cuales las autoridades de control deben tomar atención especial. Se realiza un breve análisis sobre hechos subsecuentes, como la aprobación del Código Monetario y Financiero por parte de la Asamblea Nacional. Tanto en el campo del Derecho, como en el de la Economía, se recurre a criterios de destacados expertos que han enriquecido la investigación.
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Según los fundamentos de la escuela conservadora, la patria entre los años 1920-1940, planteaba un proyecto político con rasgos autoritarios, sin embargo, no era su característica fundamental; incluía matices reformistas, confesionales, corporativistas, anticomunistas, paternalistas, clientelares y proteccionistas, acompañado de principios católicos de reforma de la Doctrina Social de la Iglesia, en la búsqueda de una idea de nación sustentada en el catolicismo. Conforme a este argumento, los conservadores a tono con el proceso de salida de la crisis capitalista que se había desarrollado en el Ecuador de los primeros años de 1940 les llevó a aceptar algunos elementos reformistas en su programa político de derecha, con el propósito de retornar al poder y volver a establecer un Estado confesional, en el que la autoridad se apoyara en la moral y disciplina de la Iglesia. Así, los conservadores empujaron al interior de ADE una conducción, cuyo interés en su acción política, se relacionó con un programa político coercitivo, anticomunista y de oposición a Arroyo del Río, que además utilizó una cobertura de ciertos elementos reformistas para incidir en las masas y garantizar la continuidad de la dominación. Participaron en la alianza a través de un pacto social por la patria y propusieron implantar la libertad del sufragio, que se produjo en el marco del derrocamiento de la oligarquía liberal. Este trabajo es una indagación empírica que se propone estudiar la utilización del término patria en la configuración de la coyuntura, así como la articulación interpretativa conservadora en la alianza y su significación en el programa político de ADE.
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Este texto revisa cómo los procesos constituyentes –y el producto de ellos– se convierten en un visible símbolo de un nuevo pacto entre Estado y sociedad, pero también, en una herramienta que maximiza el poder de los nuevos gobernantes.
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El tema central de esta investigación es la naturaleza jurídica del recargo tributario. La ley que lo impone está vigente en Ecuador desde el año 2007. El recargo, por sí solo, es polémico; por ello, en estas páginas se intenta desentrañar su naturaleza jurídica, exponiendo y contrastando puntos de vista favorables y contrarios al mismo. Como principal preocupación está el im pacto del recargo en la economía de los con tri buyentes, especialmente, de aquellos que pre sentan declaraciones inexactas de sus ingresos –lo que se puede atribuir a descuido o error, antes que a la intención de defraudar al fisco–. A partir de es ta premisa, el autor realiza el análisis de las resoluciones emitidas por el SRI frente a reclamos que presentaron aquellos con tribuyentes que vieron afectados sus derechos. Se analiza como tema prioritario cómo actúa la administración tributaria, y se presenta como tema ilustrativo el análisis comparativo con las legislaciones de los demás países de la Comunidad Andina, lo más cercano culturalmente al Ecuador. El estudio repara en la inexistencia en la legislación ecuatoriana de la definición de recargo tributario, lo cual critica. Y expone, finalmente, el debate entre autores que consideran al recargo tributario una sanción, y lo que lo definen como un instituto financiero.
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Este libro estudia los intereses políticos de la participación conservadora en la Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE), que fue la unión de los partidos Socialista, Comunista, Liberal Independiente y Conservador, en 1943, en busca de un pacto social «por la patria», reivindicando la libertad del sufragio y propiciando el derrocamiento del presidente Arroyo del Río. Esto en el marco de la compleja coyuntura moral y material que se vivía en Ecuador de inicios de los años 1940, signada por la derrota militar frente al Perú, la represión, el alto costo de la vida y el fraude electoral. La investigación indaga sobre la acción política conservadora, y devela un complejo proyecto político con características contradictorias, en el que destacan rasgos autoritarios, matices paternalistas, fervor anticomunista y ciertos elementos reformistas para incidir en las masas, garantizar la continuidad de la dominación y volver a establecer un Estado confesional en su acción de oposición a Arroyo del Río, no sin echar mano de principios católicos de reforma de la Doctrina Social de la Iglesia. El interés académico de este texto radica en el análisis del material empírico sobre la participación de los conservadores en ADE –tema que ha sido poco atendido por los investigadores–, para superar las interpretaciones sobre esa coyuntura que sostienen que los conservadores no estuvieron movilizados. Por el contrario, el autor demuestra que el Partido Conservador buscó, con su activa participación, la consolidación del proceso capitalista.
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En este texto reviso algunos de los antecedentes históricos que llevaron a las reformas constitucionales de Colombia en 1991 y de Ecuador en 1998 y 2008, reconociendo el carácter multisocietal de ambos estados. Dado que uno de los ejes de las resistencias y reivindicaciones de los pueblos indígenas ha sido en el régimen de propiedad, en este trabajo identifico la noción de inalienabilidad como una de las zonas de contacto para el trabajo de traducción propuesto por Santos (2009), de modo a construir una integibilidad entre los conocimientos contenidos en los sistemas tradicionales de tenencia de tierras y el régimen liberal de la propiedad privada. Pese a que las asambleas constituyentes de los años noventas hayan sido el lugar más adecuado para empezar los diálogos interculturales en el campo de los conocimientos de lo que se dice “jurídico”, es necesario un tercero marco, un marco inter-universal encarnado que surja del diálogo y de la traducción entre culturas, y que permita imaginar un nuevo pacto social y en cuyo ámbito el derecho sea visto como un sistema amplio de comunicaciones, superando la idea de un pacto civil original, y desviando el enfoque único respecto a la noción de soberanía hacia las distintas demandas de libre determinación.
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Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul
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Este trabalho analisa os efeitos que a formação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) poderá exercer sobre o fluxo de comércio de um grupo de países que farão parte deste bloco, a partir da utilização de um modelo gravitacional. Inicialmente, apresentamos a fundamentação teórica sobre a formação de blocos econômicos, enfatizando os principais conceitos como criação de desvio de comércio. Um breve relato sobre o andamento das negociações para a formação da ALCA é apresentado a seguir, com ênfase no seu desenvolvimento histórico e temas ainda pendentes. A terceira parte do trabalho destina-se comentar alguns estudos sobre o mesmo tema que utilizaram metodologias diferentes para analisar o mesmo tema. Na quarta parte, são estimados os efeitos sobre o comércio de três importantes blocos já em vigor na região (Pacto Andino, MERCOSUL e NAFTA) através do modelo gravitacional. Este modelo permite identificar os efeitos sobre o comércio que podem ser atribuídos exclusivamente a formação dos blocos, separando-os dos demais fatores que influenciam o padrão de comércio. Os resultados obtidos por meio da equação gravitacional servem de base para a criação de cenários prospectivos da ALCA. No cenário mais otimista, o comércio do Brasil com os principais parceiros da ALCA cresceria significativamente, assim como os fluxos comerciais entre os demais países analisados.
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O Contrato de Gestão é um instrumento que visa rever e corrigir relações de controles ineficazes, bem como obter maior responsibilização por parte da área pública em relação ao atingimento de objetivos predefinidos. Este estudo possui características de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, tendo como objetivo geral analisar as relações contratuais entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e três empresas estatais gaúchas no processo de implementação do Contrato de Gestão. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas com servidores das empresas e da Secretaria de Coordenação e Planejamento, que participaram dos estudos e das negociações da implementação dos Contratos de Gestão. Para decomposição dos dados, foi utilizada a metodologia da análise de conteúdo na modalidade de análise temática. Os resultados são apresentados em oito categorias iniciais, três intermediárias e duas finais: Na Implementação dos Contratos e a Manutenção dos Contratos, os resultados colocam em evidência que esses se, originaram de uma decisão política, através de um pacto com o Governo Central, para uma mudança estrutural e filosófica da administração Estadual. A manutenção desses está condicionada ao envolvimento dos mais altos dirigentes políticos, pela não-ingerência administrativa na gestão das empresas, e ao esforço de formação e integração dos funcionários.
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Em 2000, o governo federal xou uma lei que permitia as unidades federativas xarem pisos salariais acima do salário mínimo. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul adotaram essa lei, a partir de 2001 representando uma oportunidade privile- giada de avaliação dos impactos do salário mínimo. A nova lei ao reajustar de maneira diferenciada entre estados e grupos pro ssionais oferece uma fonte de variabilidade po- tencialmente exógena para estimação dos seus impactos . Outra vantagem é isolar os efeitos de mudanças de um preço mínimo sobre a demanda de trabalho dos impactos scais exercidos pelo salário mínimo no contexto brasileiro. Inicialmente, testamos a efetividade da nova lei utilizando a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) usamos duas metodologias complementares, a saber: i) logits (binário e multinomial) aplicados a PNADS de vários anos tomadas conjunta- mente a m de calcular a probabilidade de acumulação de massa abaixo, igual e acima dos pisos estaduais e do SM; ii) regressões de média e quantílicas para diferenças de salários antes e depois da aplicação da legislação estadual comparando um grupo de tratamento com um grupo de controle. Posteriormente, lançamos mão do aspecto lon- gitudinal da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) para aplicarmos em um contexto dinâmico, regressões quantílicas. Os resultados demonstram que a lei exerce algum im- pacto sobre os quantis de rendimentos situados em torno dos valores assumidos pelos pisos salariais mas ainda existe um nível alto de descumprimento da legislação. Dada esta evidência, buscamos adicionalmente avaliar os impactos sobre o nível de emprego da nova lei utilizando a adoção dos pisos estaduais de salário uminense e gaúcho como experimentos naturais. Aplicamos estimadores de diferença em diferença aos dados de painel rotativo derivados da PME. Obtivemos um impacto nulo no emprego, que con- tradiz o modelo usual de oferta e demanda de mercado de trabalho. Este fato pode ser lido como uma evidência adicional da pouca efetividade da lei. Em uma análise complementar, averiguamos a tentativa de implantação pelo estado da Bahia de um "salário mínimo estadual"de 180 reais em abril de 2000, opondo-se ao aumento de 151 reais xados pela União. Mas os resultados se mostraram contrários à lei dos pisos estaduais, ou seja, indicaram pouca efetividade também desta lei xada na Bahia
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Getulio Vargas foi o grande estadista do Brasil do século vinte. Vindo de uma família de senhores de terra, Getulio Vargas comandou a transição do Brasil de uma economia agrária para uma economia industrial. Um nacionalista, ele foi capaz de chamar os empresários industriais, a burocracia pública e os trabalhadores urbanos para um pacto político e uma estratégia nacionaldesenvolvimentista. Com um governo autoritário entre 1930 e 1945, ele quebrou a hegemonia das oligarquias agrária e mercantilista que dominavam o Brasil até então. Um populista, ele foi o primeiro político a estabelecer uma relação com o povo ao invés de apenas com suas elites. Em seu segundo governo, entre 1951 e 1954, ele completou seu projeto nacional. Depois dele e do governo Kubitschek, a revolução industrial e a capitalista do Brasil iniciada em 1940 podia ser considerada completa – o que abriu espaço para uma democracia mais consolidada no país.
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Os empresários industriais e a burocracia pública formaram um pacto político que foi dominante no Brasil desde os anos 1930 até os anos 1980. O nacional-desenvolvimento era a estratégia de desenvolvimento que esse grupo adotou. Entretanto, o desastre econômico e político que o Plano Cruzado (1986) representou e a hegemonia mundial do neoliberalismo desde os anos 1980 foram determinantes na sua perda de poder desde o início dos anos 1990. Nessa década, a FIESP e o IEDI não foram capazes de apresentar um discurso alternativo ao discurso então dominante neoliberal. Desde os anos 2000, porém, e particularmente desde o governo Lula, existem sinais de que estão reorganizando seu discurso e dando um conteúdo macroeconômico mais consistente com o controle da inflação e o crescimento econômico.
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Este trabalho tem por objetivo determinar o conteúdo, o alcance e a natureza jurídica da nãocumulatividade tributária. A delimitação do tema é dada a partir das causas que têm sido submetidas à apreciação judicial nos últimos 40 anos, desde a introdução do instituto na Constituição de 1946 com a Emenda Constitucional nº 18, de 1965, estabelecendo os impostos dotados dessa característica. Em outra frente, o trabalho apresenta também uma visão prospectiva, a partir da análise da não-cumulatividade das contribuições, introduzida na Constituição de 1988 pela Emenda Constitucional nº 42/03. Tomando por início os problemas encontrados, o trabalho se estrutura visando a determinar o conteúdo e a extensão da não-cumulatividade e sua relação com as exonerações, tema recorrente nos casos apontados. Com esse fim, e a partir da abordagem sugerida pela doutrina, procura-se, antes de adentrar àquela parte mais específica, estabelecer as condições de compreensão das normas constitucionais versando sobre a não-cumulatividade, bem como a maneira de sua atuação, sua instrumentalidade. Em seguida, passa-se à aplicação dos conceitos fixados, para determinar o alcance da nãocumulatividade e para confrontá-los com o entendimento jurisprudencial firmado. Examinam-se, também, as diversas modalidades de exoneração, por representarem as situações mais complexas de aplicação da não-cumulatividade, procurando identificar as condições necessárias de adaptação do instituto e criticando as soluções até hoje encontradas. A análise sugerida, com base nos impostos, é reprisada para as contribuições, tomando por base igualmente as disposições constitucionais e indagando a respeito da aplicabilidade da configuração previamente estabelecida para aqueles tributos no preenchimento das lacunas encontradas. Ao fim de cada parte, as conclusões colhidas ao longo do respectivo desenvolvimento são sistematizadas, procurando evidenciar a interpretação encontrada, a evolução do instituto, suas aplicações e os rumos a serem seguidos com vistas a propiciar maior segurança jurídica, compatibilidade com o pacto federativo e com as necessidades do país nos dias de hoje.
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Este trabalho situa o Programa de Medicamentos Excepcionais no Brasil diante da judicialização da demanda, contextualizando a relação entre direitos humanos e recursos financeiros do Programa, identificando os argumentos embasadores das ações impetradas contra o gestor. Consiste em estudo de natureza documental, com emprego de dados secundários em bases de dados nacionais e estaduais e análise da totalidade dos mandados impetrados contra o estado do Espírito Santo. Os princípios do SUS são apresentados para contextualizar a aplicação do direito, dando enfoque à eqüidade. Os principais achados foram: as demandas judiciais iniciam-se pelo poder executivo por meio do Ministério Público e o judiciário, com apresentação de antecipação de tutela, mandado judicial ou termo de ajustamento de conduta. O objeto das notificações apresentou variações quanto ao nível de atenção, ocorrendo notificações para fornecimento de medicamento básico, de média e alta complexidade, e até importados sem registro no Brasil. A argumentação utilizada nas notificações, em sua maioria, refere-se ao artigo 196 da Constituição Federal, incluindo também os artigos 5.º, 6.º, 159 e 198, ao Código Civil, à Constituição Estadual, ao Pacto de São José da Costa Rica e à Lei Estadual n.º 4.317/90. Conclui-se neste estudo que a judicialização gera individualização da demanda em detrimento do coletivo e tendenciona a uma maior desorganização dos serviços. Os dados referentes ao Programa no Estado comportam-se de forma semelhante aos do Brasil. Entre os entrevistados e na conclusão da autora, fica evidente a necessidade de discussão ampla e envolvimento dos atores para que haja consenso coerente com a eqüidade e a coletividade, não excluindo o papel de controle social estabelecido pela Constituição ao Ministério Público e ao judiciário.