790 resultados para DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL


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En los últimos años, los delitos sexuales se han convertido en objeto de preocupación para la sociedad; esto se vio reforzado por las nuevas formas de pensar y vivir las relaciones humanas inter e intra-género/s y especialmente las elecciones sexuales. En este trabajo la autora propone volver a poner en debate algunas cuestiones que hacen al problema de la definición judicial y a la comprensión del consentimiento en el contexto específico delitos sexuales (delitos contra la honestidad) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entre 1866 y 1921, habida cuenta de la importancia que este concepto tiene en los expedientes así como en el tratamiento doctrinario de la violencia sexual. Se propone poner en tensión las ideas sociales y culturales que aparecen reflejadas en las fuentes citadas respecto de qué es, cómo se otorga y cuándo puede hablarse de un efectivo consentimiento. En particular ella hará eje en la problemática en relación a la situación de los menores de edad varones y mujeres en tanto víctimas posibles y reales de estos ilícitos. Planteará la discusión en torno al límite jurídico de 12 años como "edad del consentimiento" y las construcciones jurídicas en relación a la capacidad/incapacidad de los menores para asentir sexualmente

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En los últimos años, los delitos sexuales se han convertido en objeto de preocupación para la sociedad; esto se vio reforzado por las nuevas formas de pensar y vivir las relaciones humanas inter e intra-género/s y especialmente las elecciones sexuales. En este trabajo la autora propone volver a poner en debate algunas cuestiones que hacen al problema de la definición judicial y a la comprensión del consentimiento en el contexto específico delitos sexuales (delitos contra la honestidad) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entre 1866 y 1921, habida cuenta de la importancia que este concepto tiene en los expedientes así como en el tratamiento doctrinario de la violencia sexual. Se propone poner en tensión las ideas sociales y culturales que aparecen reflejadas en las fuentes citadas respecto de qué es, cómo se otorga y cuándo puede hablarse de un efectivo consentimiento. En particular ella hará eje en la problemática en relación a la situación de los menores de edad varones y mujeres en tanto víctimas posibles y reales de estos ilícitos. Planteará la discusión en torno al límite jurídico de 12 años como "edad del consentimiento" y las construcciones jurídicas en relación a la capacidad/incapacidad de los menores para asentir sexualmente

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Resumen del autor. Res??menes en espa??ol e ingl??s

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Esta monografía analiza la situación de la explotación sexual comercial de niños y niñas en Bogotá, sus causas socio-económicas y culturales, las políticas públicas desarrolladas en el distrito capital, y los avances y limitaciones de éstas para mitigar esta práctica.

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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El trabajo realizado sobre la condición femenina de la mujer víctima en la masacre de El Salado, es un análisis de la bibliografía existente que narran los hechos y acontecimientos ocurridos en los Montes de María en febrero del año 2000. Partiendo de los testimonios de los sobrevivientes, archivos y videos históricos de dicha masacre, se analizará la información existente primordialmente a partir de concepciones propias del psicoanálisis, principalmente desde los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan, especialmente en relación a la condición femenina y al trauma psíquico. Se utilizan categorías de análisis, las cuales pueden ofrecer respuestas sobre los aspectos simbólicos que surgieron en los momentos previos, durante y algunos días después de la masacre, haciendo énfasis en los acontecimientos en que fueron víctimas las mujeres, con el fin de analizar el papel que cumple la mujer en este tipo de masacres o eventos violentos. En los testimonios se encuentra una diferencia significativa en los actos violentos entre los hombres y las mujeres de la masacre de El Salado, donde las mujeres fueron abusadas sexualmente y además juzgadas por tener relaciones de pareja con sujetos pertenecientes a grupos guerrilleros, lo que sugiere que la condición femenina desempeña un papel diferente en la guerra, en este caso en la masacre de El Salado del año 2000.

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Estudio sobre el llamamiento en garantía con fines de repetición, como mecanismo jurídico para exigir la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, enfocado en las causas de su ineficacia y sus posibles correctivos.

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El análisis de este estudio se centra en describir el proceso que vivió la movilización indígena a través de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria; que inició con diversas mingas a partir del año 2006 y se consolidó en el año 2009. Esta movilización tiene como fin exigir la restitución de los derechos de los pueblos indígenas del Departamento del Cauca. La Minga, se convierte en una herramienta política y social que a partir de la movilización empieza a estructurarse e involucrar a otros sectores de la sociedad.

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El objeto de este trabajo de investigación fue estudiar cómo ha operado el derecho administrativo disciplinario frente a un tema muy específico, las “infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario”, conducta consagrada como falta disciplinaria gravísima en el numeral 7° de la Ley 734 de 2002. Sin embargo, con el fin de delimitar el objeto de investigación, el estudio se redujo a la conducta específica de “homicidio en persona protegida” por el derecho internacional humanitario y para delimitarlo aún más, se estudió concretamente esa conducta respecto de la “población civil”.La elaboración de la investigación conllevó un estudio preliminar de los conceptos generales del DIH así como un estudio general de las principales instituciones del derecho administrativo disciplinario, partiendo de disposiciones constitucionales y legales e incluyendo los principales pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la doctrina especializada. Esta primera etapa sirvió de punto de partida para posteriormente proceder con el estudio de casos y de esa manera verificar si los fundamentos de las decisiones disciplinarias corresponden con la explicación teórica que ha sido expuesta.

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Esta investigación toma como marco general la Política de Reintegración Social y económica de personas y grupos alzados en armas en Colombia, en donde tras el estudio de las trayectorias en el conflicto de un grupo de 9 excombatientes, se aborda la relación existente entre los beneficios otorgados por dicha política y aquello que facilitó y motivó el ingreso, la permanencia y desmovilización de los grupos armados. Se presenta una caracterización e interpretación conceptual de las denominadas trayectorias en el conflicto, son establecidas relaciones y diferencias entre las organizaciones ilegales FARC y las AUC, se revisan las percepciones que frente a los beneficios del programa de reintegración tienen excombatientes y profesionales de la entidad que lidera dicho proceso y a partir de ello, es argumentada la incidencia que sobre el éxito de esta política tienen las características individuales y particulares, tanto de los excombatientes como de las organizaciones armadas ilegales.

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Esta monografía busca analizar la eficacia de la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con el Estado colombiano en la lucha contra la trata de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el periodo comprendido entre 2000 y 2007. Por un lado, se contextualiza el fenómeno de la trata de personas (TP), en especial de NNA tanto en Colombia como a escala mundial durante el periodo de 2000 a 2007; por otra, se define y analiza la cooperación internacional (CI) en el marco de dos teorías de las relaciones internacionales, a saber el la Interdependencia Compleja y el Neoliberalismo Institucional; por otra parte, se analiza la cooperación técnica de la OIM y la UNODC con el Estado colombiano en la lucha contra la trata de NNA en dicho periodo, se precisan sus alcances y se formulan aportes y recomendaciones para incrementar la CI.

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Se intenta presentar a un Gramsci marxista que trata de aplicar el materialismo dialéctico y el materialismo histórico a su realidad, es decir, la instauración del poder de clase del proletariado. Principalmente se trata de presentar la relación hegemonía-educación, para determinar que roles son asignables a la educación en sentido amplio, como revolución de la conciencia social. Se trata de una investigación bibliográfica que analiza el pensamiento de Gramsci a través de los siguientes apartados: 1. Tradición del concepto de hegemonía en el marxismo. Captación por Gramsci: A. ¿Puede el proletariado ser clase hegemónica? B. Hegemonía proletaria después de 1917. C. Hegemonía y dictadura del proletariado. D. De Lenin a Gramsci. 2. La hegemonía: A. De la guerra de movimiento, maniobra, a la guerra de posición. B. Los consejos obreros. C. El sindicato. D. El partido. E. El frente único. F. El Estado en relación con la hegemonía. G. Hacia la formación de un nuevo bloque histórico. 3. La educación en la contra-hegemonía. La comprensión de la importancia de la educación para una política de transformación revolucionaria: A. La dialéctica global en que se inscribe la educacion. B. Origen y funciones de los intelectuales. C. La escuela del partido. D. El estado educador. E. Superación de la escuela capitalista. Hacia la escuela unitaria. F. Acerca del método educativo. La escuela es útil a la construcción de la contra-hegemonía. La transformación de los dirigidos en dirigentes ha de gestarse en todos los marcos ideológicos de la sociedad civil. La tarea, ardua y difícil, no se puede superar, por parte de la clase obrera y sus organizaciones de vanguardia, de la lucha general por el poder político. La lucha ideológica y política por socavar y subvertir el orden establecido han de ir estrechamente emparejadas.

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La trata de niños es un fenómeno cada vez más relevante en el sistema internacional y ha generado importantes esfuerzos de cooperación de agencias internacionales como UNICEF y ECPAT. En ese sentido, ambos organismos han enfocado su actividad en las regiones donde se han registrado los mayores índices de violación de los Derechos Humanos. Este Estudio de Caso se ha centrado en el Sudeste Asiático continental conformado por Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Singapur, Myanmar y Malasia; con el fin de determinar de qué manera han trabajado ambos organismos en la región y de qué forma han contribuido a la solución de esta problemática por medio de la firma de acuerdos internacionales, implementación de legislación nacional y programas de cooperación. A pesar del trabajo realizado no solo por entidades internacionales sino también por autoridades gubernamentales, no se ha observado una disminución real de las cifras.

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El estudio pretende establecer los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, los fallos y conceptos de la Procuraduría, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la doctrina entre otros, frente a la ilicitud sustancial, como derrotero para endilgar la responsabilida disciplinaria.