999 resultados para Tutela diferenciada
Resumo:
Este escrito trabaja los temas de la seguridad jurídica y la tutela contra sentencias. Pretende mostrar dos cosas: en primer lugar, que el Estado de inseguridad jurídica que padece Colombia no tiene origen en las sentencias que profieren los jueces de tutela, sino en las prácticas normativas irregulares del Congreso y de la Presidencia de la República. En segundo lugar evidencia, desde las prácticas del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del que Colombia forma parte y, que resulta conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el examen judicial de las sentencias proferidas por los jueces locales.
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Como fin principal todo un planteamiento jurídico respecto a la solución del deterioro ambiental mediante la Acción de Tutela, la cual se ha convertido en un mecanismo jurídico de eficacia para la protección del derecho a un medio ambiente sano
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El objeto de este estudio se fundamenta en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que desarrolla la viabilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que se apartan completamente del ordenamiento jurídico
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La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por vez primera las acciones populares de tutela y cumplimiento como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del Estado.
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La carta política de 1991 consagró una cláusula general de responsabilidad institucional del Estado según la cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión
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La acción de tutela contra sentencias judiciales principalmente en la jurisprudencia emitida si se tiene en cuenta que el artículo 86 de la Constitución Política consagra el derecho, pero es la interpretación autorizada de la Corte Constitucional
Derechos humanos de la población desplazada en Colombia. Evaluación de sus mecanismos de protección.
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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.
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Exponer la problemática de los menores inadaptados que se encuentran internados obligatoriamente en los centros de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors. Especificar las consecuencias negativas de las fugas y abandonos del tratamiento que realizan algunos de los menores institucionalizados. Exponer los problemas psicológicos que sufren los sujetos de 13 a 16 años, los conflictos con educadores y familia. Presentar el trabajo realizado por algunas instituciones de la Comunidad Autónoma de Catalunya en relación a menores que se han fugado de alguna institución. Exponer el estudio de 5 casos. 5 sujetos entre 13 y 16 años institucionalizados y con antecedentes de fuga de los centros. Expone la evolución histórica de las instituciones de Protección y Tutela de menores. Presenta las características generales de los sujetos institucionalizados y en concreto de los sujetos fugistas. Relata la problemática del fenómeno de las fugas, factores, efectos y consecuencias que las pueden provocar. Especifica el tratamiento educativo de 5 sujetos que se han fugado de las instituciones, recogiendo las propuestas del Delegado de Atención al Menor (DAM), el equipo de Atención Primaria y reacciones de sus familias. Seguimiento de los casos expuestos a partir de los datos proporcionados por la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors y por los distintos Delegados de Atención al Menor. A partir de los datos de los casos específicos se considera que el trabajo debería centrarse en la prevención de fugas, porque cada uno de los sujetos presenta una problemática particular y específica. Concluye que los sujetos deberían ser acogidos por colegios-centros de tratamiento que realmente sirvan para educar a los niños, y hacer que estos ingresen de nuevo en la sociedad sin la impresión de haber sido penalizados. Los programas educativos deberían diseñarse según los factores que han originado las fugas (rechazo a la familia, inestabilidad emocional, etc.). El autor deja en prospectiva el trabajo con las familias de estos jóvenes no normalizados, remarcando la necesidad del trabajo específico en este área.
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Se trata de un estudio para proponer problemas al desfase curricular de algunos alumnos a través de pequeños grupos de refuerzo diversificado. Se concluye con un pronóstico de una mayor adaptación al entorno escolar así como una mejora del rendimiento .
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Resumen basado en el de la revista
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Resumen tomado de la revista
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Resumen tomado de la publicaci??n
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Buscar modelos de constatación de lo conocido, la jerarquización intercentros, para aplicarlos en la detección de otros condicionantes que están influyendo en las decisiones sobre la libertad de elección de centros y la igualdad escolar.. Centros educativos de Cuenca.. Aplica al ámbito español el tema de la jerarquización intercentros; retrotrae la cuestión al primer estadio del sistema educativo y trata de averiguar si el fenómeno se encuentra presente ya desde el inicio del recorrido escolar; explora los logros de la gratuidad; y ensaya varios modelos encaminados a reconocer el estatus de un colegio respecto al del alumnado que tiene adscrito y analizar los flujos de movilidad en el nivel inicial de escolarización y sus efectos. Se realiza un estudio de zonificación que corresponde a cada centro para determinar la pertinencia de las adscripciones o exclusiones de cada estudiante. En función del conjunto de variables indicadoras del estatus se construye un perfil de población de cada centro para comprobar si son diferenciables; la jerarquía que constituyen; cuáles son las dimensiones de la movilidad escolar, centros evitados y deseados; y de las cotas de reposición..
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Hacer una propuesta de planificación coherente con los principios de la Reforma Educativa, validada por la historia y con visos de aplicabilidad descentralizada en un territorio específico: Navarra. Comunidad Autónoma de Navarra. Se pretende reflejar: 1. La evolución histórica de la realidad educativa diferencial en España. 2. Explicar los diferentes caminos abiertos tras la aplicación de la reforma educativa. 3. Elaborar un proyecto didáctico y lingüístico para Navarra, que responda a los criterios de racionalización y homogeneización del Sistema Educativo, teniendo en cuenta los recursos y las necesidades. 1. Cataluña, País Vasco y Galicia ofrecen ejemplos de dinámicas e ideas diferenciadas a lo largo de todo el siglo XX. 2. La experiencia europea ofrece modelos de planificación educativa descentralizada que pueden responder a las necesidades del medio educativo. 3. La Reforma Educativa de los 80 ofrece bastantes experiencias de cara a una mejora cualitativa del proceso educativo. 4. La puesta en práctica de la reforma en Cataluña y el País Vasco abre caminos a una diversificación del proceso de reforma. 5. La realidad educativa de Navarra refleja a lo largo de la historia gran interdependencia con la realidad de la Comunidad Autónoma Vasca. La experiencia histórica justifica la posibilidad de una dinámica educativa autonómica. La experiencia de Reforma en Cataluña y País Vasco avala propuestas de intervención educativa de gran riqueza innovadora. La interdependencia existente entre Navarra y País Vasco abre la posibilidad de diferentes formas de conexión y colaboración. El actual período autonómico navarro, previo a las transferencias educativas, autoriza a lanzar una propuesta educativa acorde a las necesidades, desde una óptica descentralizada y en coherencia con los principios de la Reforma. Dentro de un planteamiento descentralizado puede justificarse una propuesta didáctico-lingüística que responde a las peculiaridades del entorno. La propuesta de perfeccionamiento y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje no resulta económicamente inviable. La propuesta educativa trata de convertir y reconducir el proceso desde una óptica descentralizada y de racionalizar los recursos para favorecer la innovación.