953 resultados para Administración estatal


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The mineral sector has an extreme strategic relevance for the social and economic development of any country. Therefore, proper management of existing mineral resources in a given area is closely linked to the full exercise of sovereignty. Thus, in pretending to guarantee efficient control of resources, the majority of the countries classify mineral resources as state property; however, because of the high cost and the risk involved, the economic exploitation of these resources is more efficient when driven by private initiative. Hence, the basic resource exploitation model is a modern legal concept in which the control over resources belongs to the State, but the direct economic exploitation of this heritage belongs to some individuals according to law and by offering the necessary social and economic counterparts.

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En el marco de un nuevo paradigma sobre gestón pública, los recientes procesos de reforma y modernización reconocen como denominador común la necesidad de aumentar y mejorar la capacidad institucional del Estado, proponiendo distintas formas y herramientas de gestión para optimizar el desempeño de las organizaciones estatales. La necesidad de que las organizaciones públicas respondan en tiempo y forma a las demandas de la sociedad provoca la búsqueda permanente de mejoras en su desempeño. Sin embargo, el énfasis puesto en el tipo de mejoras ha variado en el tiempo, pasando de la reforma de las estructuras, sistemas y estrategias de la organización, a la definición de nuevos roles estatales y la necesidad de asegurar la gobernabilidad democrática. Este artículo indaga en las herramientas, tecnologías y modalidades utilizadas por Nación y Provincia para mejorar la gestión pública.

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Con el presente el trabajo se pretendió abordar la capacidad de gestión en función de los intereses y necesidades del conjunto de la sociedad y las herramientas que pueden contribuir a mejorar dicha capacidad, como así también contribuir a generar valor público. En función de ello, se realizó un análisis documental y bibliográfico acerca de los antecedentes sobre capacidad de gestión pública, reforma del estado, herramientas óptimas para mejorarla.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado este documento de posición política y técnica del sector social de la discapacidad con un conjunto de orientaciones y parámetros para construir un espacio sociosanitario inclusivo con las personas con discapacidad. Con este documento, desde la plataforma representativa de la discapacidad, se pretende incidir en el debate político que mantienen la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para la creación de un espacio sociosanitario, cuya definición no puede quedar únicamente en manos de los gestores públicos, sino que ha de abrirse a la participación activa de la sociedad civil. Las personas con discapacidad junto con las personas mayores son dos de los sectores sociales más directamente afectados por la construcción de este ámbito sociosanitario, ya que acumulan necesidades intensas de atención y apoyos sociales y sanitarios, que han de ser prestados de un modo coherente y armónico. El espacio sociosanitario no puede ser una mera superposición de respuestas separadas, sanitarias por un lado y sociales por otro, y ha de incorporar como factor clave el carácter inclusivo de la discapacidad, de modo que se dirija a promover la autonomía personal y la vida independiente y asegure la libertad de decisión y de configuración de los apoyos.

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Debido a los cambios que se han dado en los sistemas de contratación en Colombia, para la ejecución de las obras de infraestructura que necesita el país, las responsabilidades frente a los riesgos han sido transferidas del Estado a los contratistas, salvo en el caso del riesgo geológico en la construcción de túneles, situación totalmente nueva, por cuanto en el pasado próximo, era el Estado el que resultaba siendo garante de las situaciones adversas que se presentaban durante la ejecución de los proyectos, por tanto, este hecho debe ser manejado de una manera seria y responsable por parte del contratista, de lo contrario es muy posible que en el camino se encuentre ante escenarios desfavorables que pueden afectar significativamente las finanzas de los ejecutores de dichos proyectos -- Se observa que en el caso del primer paquete de licitaciones de las mega obras, llamadas cuarta generación de concesiones, que el tema de riesgos no fue abordado de la manera como se debe hacer; las organizaciones participantes en dichos procesos se limitaron, en su gran mayoría, a solicitar asesoría a las aseguradoras, resultando análisis reducidos y direccionados hacia la venta de pólizas de seguros, cuando en realidad, el grueso de los riesgos que se deben asumir en este tipo de proyectos, no son asegurables, situación que posiblemente ha dejado desprotegidos a muchos de los constructores que resultaron ser adjudicatarios del mencionado paquete de licitaciones -- Debido a lo antes descrito, el autor de este trabajo decidió abordar el tema de los riesgos de otra manera, siendo más profundo en el análisis, y en primera instancia olvidándose de los seguros y las empresas aseguradoras -- Inicialmente, se pretendió hacer la identificación, clasificación y valoración de los riesgos encontrados, sin embargo, debido a lo extenso y complejo del tema, se hizo necesario repensar el alcance del trabajo de grado para optar al título de Magister en Gerencia Financiera, hasta la identificación de los riesgos en las diferentes etapas que comprende un proyecto de Alianza Público Privada o de concesión vial -- Quedan las puertas abiertas para que estudiantes de posgrado continúen este trabajo en las etapas de valoración y control de los riesgos identificados, no solo del área financiera, sino de riesgos, administración, o cualquier otra disciplina, que aborde tan interesante tema para profundizar, esto con el ánimo de cambiar la mentalidad del constructor colombiano que ha venido acostumbrado a no mirar el futuro con sentido de proyección y prevención de las tantas situaciones adversas que alteran el normal desarrollo de los macro proyectos de ingeniería

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El artículo analiza la crisis del sistema de salud colombiano sometido al modelo de economía de mercado con regulación estatal a partir de la Ley 100 de 1993. Su interés se centra en reflexionar sobre la concepción que el modelo da al gasto en salud como una inversión sometida a las fuerzas del mercado y consecuencialmente, con una tasa de rentabilidad esperada. Mediante el análisis de estadísticas oficiales y de encuestas de satisfacción de los usuarios se devela la crisis estructural que padece la prestación del servicio de salud pública como un sistema, involucrando variables económicas, políticas y sociales. La interdisciplinariedad del abordaje temático del estudio permite profundizar en el análisis desde la reflexión de los valores morales y éticos que debe acompañar la asistencia sanitaria, al igual que la visión económica de su administración. Bioética, salud y economía constituyen descriptores fácticos de un sistema en crisis estructural que alimenta la patología social de la pobreza.

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Análisis de los principales instrumentos de planificación en materia de residuos elaborados por la Administración General del Estado y, a nivel autonómico, por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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Según el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, durante la década de los ochenta, además del conflicto armado, fenómenos como la migración interna, el crecimiento poblacional, los desastres naturales, y la crisis económica social, además del rol del Estado, caracterizado por cumplir funciones de ejecutor, interviniendo directamente en la construcción de proyectos habitacionales agudizaron la problemática del sector. Otros problemas como la exclusión social de amplios sectores populares, representa una de las raíces de la pobreza y marginación que impiden la accesibilidad de la mayoría de la población a un techo seguro. Por otra parte las migraciones del campo a la ciudad y los fenómenos socio-políticos de la década de los años ochenta, generaron problemas colaterales como: colonias ilegales y concentraciones de pobladores en zonas de peligro alrededor de la ciudad capital, la respuesta de las instituciones anteriores no es lo suficiente para satisfacer dichas necesidades, debido a que no hubo compatibilidad entre los precios de las viviendas ofrecidas y el ingreso de los sectores demandantes. En los noventa, el rol del Estado transitó exitosamente de ejecutor a facilitador, creando oportunidades dirigidas a familias en extrema pobreza, procurando la participación directa y efectiva de la ciudadanía dentro de la búsqueda de soluciones viables a la problemática enfrentada. La política de vivienda para esos años se orientó a la búsqueda de acciones estratégicas de tipo financieras, subsidios directos y focalizados otorgados por FONAVIPO y subsidios vía tasa de interés a través del F.S.V., fomentó a la producción de viviendas a través del sector privado y ONG´s, y legalización de la propiedad. Toda entidad Estatal necesita un control eficiente de la utilización de los fondos que los organismos nacionales e internacionales proporcionan para la ejecución de proyectos de construcción de viviendas, para esto han de contar con una unidad de Auditoria Interna que ejerza un adecuado y eficaz control de las operaciones de los eventos relacionados a los proyectos de inversión, además, con los procedimientos adecuados esta unidad podrá dar cumplimiento a la normativa de la ejecución del trabajo de auditoria. En la actualidad la Auditoria interna como parte del sistema de control, no desarrolla un trabajo con un enfoque que abarque todas las necesidades de una organización, que es lo que sería lo ideal en un concepto globalizado de la economía. En el sector público se hace más énfasis al cumplimiento de la normativa y no como un papel asesor, por lo que la visión de la Auditoria Interna se debe enfocar en dos principios, el primero en que las actividades públicas deberían ser conducidas de tal forma que se haga la mejor utilización de los fondos públicos y el segundo en que las personas que desempeñan actividades públicas deben responder por la gerencia prudente y efectiva de los recursos que se les confiaron, que son los principios por los cuales se rige la Auditoria Comprensiva. La Auditoria Comprensiva se desarrolló como una respuesta a la demanda de los clientes por mejor información sobre rendición de cuentas, y por lo tanto no solamente trata los asuntos tradicionales de registros financieros, salvaguarda de activos y cumplimiento de aspectos legales; Sino también los asuntos de desempeños no financieros, tales como evaluar que las decisiones de la Administración generen servicios efectivos y económicos. En este trabajo se desarrollan, todas las etapas del proceso de la Auditoria de proyectos de construcción de vivienda con fondos públicos, que por su claridad en el orden y el lenguaje empleado sea fácil de interpretar, utilizando guías lógicas y coherentes que aseguren la interpretación; logrando la finalidad de sustentar e informar las situaciones encontradas en la ejecución de la auditoria y plasmadas en respectivo informe final.

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El Principio de Transparencia aplicado a los procesos de selección en la contratación estatal colombiana a través del SECOP es un rito confesional, es decir, debe estar presente tanto y desde la licitación pública como y hasta en la contratación directa, pues ese ‘derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública y la transparencia de la actuación política y administrativa que a través de él se asegura son considerados hoy con toda razón (…) elementos esenciales para la formación de una opinión pública libre y garantías imprescindibles para el buen funcionamiento de las instituciones y para el ejercicio de los derechos fundamentales sobre los que descansa todo sistema democrático’

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El trabajo de grado se estructuró en tres capítulos. El primero constituye un marco teórico sobre el cual se fundamentan los siguientes, pues se realiza un análisis de la cláusula penal en el derecho privado, incluidas las prácticas comerciales internacionales. El segundo capítulo aborda el tema de las multas en la contratación estatal, para lo cual se estudió la normatividad y jurisprudencia pertinente; en esa parte del escrito se incluyó el apartado correspondiente al derecho comparado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formula una propuesta que permite hacer de esta medida coercitiva provisional una herramienta idónea para lograr el correcto y oportuno cumplimiento del contrato.

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El presente artículo aborda el tema de la responsabilidad del Estado por el daño ambiental y las limitaciones del sistema tradicional de responsabilidad jurídica adoptado por el Consejo de Estado para su exigibilidad y reparación efectiva. En especial, afronta las dificultades que se presentan para establecer la prueba del daño y el nexo de causalidad para su imputación al Estado, así como la conveniencia de mitigar esa exigencia en consideración a las connotaciones propias y especiales de esta clase de menoscabos. Propone igualmente que en todos los casos en que se verifique la existencia de un daño ambiental se adopten en la jurisprudencia del Consejo de Estado las medidas tendientes a rehabilitar el medio ambiente afectado, cuando ello fuere posible, o proceder a su compensación o indemnización plena.

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Esta monografía busca analizar la figura de la soberanía estatal en el marco del Régimen Internacional de DDHH a través del caso de derogación de Leyes de Amnistía en Perú por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, se pretende identificar la afectación de la soberanía del Estado peruano como consecuencia de la declaración de incompatibilidad y carencia de efectos jurídicos de las leyes de amnistía por parte de la Corte Interamericana, en la sentencia Barrios Altos c. Perú. En ese sentido, estudiando el concepto de soberanía estatal, en particular en la rama del poder legislativo, y su relación con las instituciones internacionales de carácter interestatal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podremos señalar cómo las decisiones de la Corte limitan el poder soberano de los Estados.

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El estatuto de contratación administrativa (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) por regla general regula todos los negocios jurídicos que surgen de la actividad de la Administración Pública, pero teniendo en cuenta las actividades que desarrollan algunas entidades del Estado esta regla tiende a presentar excepciones, como es el caso de aquellas Entidades que tienen por objeto la Exploración y Explotación de los Recursos Naturales renovables y no renovables. El principal actor del régimen excepcional de contratación para la exploración y explotación de hidrocarburos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual cuenta con dos reglamentos de contratación especial para la asignación de áreas y de contratación misional, en donde por disposición legal debe dar aplicación a los principios de contratación contemplados en el estatuto General de la Contratación pública (Transparencia, economía, responsabilidad y el deber de selección objetiva), este trabajo de investigación procura realizar una mirada analítica a cada procedimiento para determinar con posterioridad el grado de acatamiento de la orden legal establecida en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 así como sus principales falencias

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This article explores a number of social control strategies on individuals and families actioned by the newly created state-national project during the first decades of Colombian XIX century. With special attention on the discourse of urbanity, also named 'civility or good manners', this paper analyses literary sources produced in the time for molding citizens behaviors in order to incorporate the society into the new paradigm of Modernity.