668 resultados para Putumayo (Colombia)--Condiciones sociales


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Se espera que la producción de petróleo en Colombia supere para 2015 el millón de barriles por día. Sin embargo, a 2012, tres años antes de lo esperado, nos acercamos a la meta produciendo cerca de 900kbpd. Este progresivo crecimiento indica que es urgente fortalecer la infraestructura de transporte para crudo en el país, apoyándose en alternativas secundarias como el transporte de crudo por carrotanque para alivianar el sistema, siendo esta modalidad una “válvula de escape” para las petroleras. Consientes de los retos que esto implica, es necesario encontrar una estructura de costos óptima que permita fijar fletes razonables y competitivos en el mercado de transporte de crudo, sabiendo que un flete de estas características f ideliza y alinea a los proveedores (en este caso las empresas transportadoras prestadoras del servicio), a buscar el mismo objetivo: crecimiento. De esta forma Pacific Rubiales, la segunda petrolera con mayor presencia en el país podrá abrazar su operación, estableciendo no solo una sólida estrategia de evacuación del crudo por los oleoductos, sino a su vez un sistema efectivo de transporte por tierra, donde todos los involucrados en la cadena de valor se encuentren altamente fidelizados y satisfechos con las condiciones de operación que brinde la empresa; Traduciéndolo en pocas palabras, a un esquema con una operación segura, confiable, rentable y donde todos ganan. Es importante resaltar que la estructura actual para la definición de fletes, planteada por el gobierno a través del Software Sice, no se ajusta a la operación de petroleras como Pacific Rubiales, debido a las mismas características de la operación (ubicación de campos) y, a variables fijas en el sistema de información como: el real consumo y rendimiento del combustible en las rutas establecidas y, los costos de mantenimiento.

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El presidente Álvaro Uribe se dirigió a la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 21 de septiembre. Cada año los Jefes de Estado del mundo exponen en este foro sus ideas y preocupaciones sobre la situación mundial y de sus países. ¿Qué ideas presentó el presidente Uribe al resto de los países? ¿Cuáles son los temas más preocupantes en la agenda del mundo? ¿Qué concepto le merecen esos temas a nuestras autoridades de política exterior? Son preguntas que surgen de manera natural en el ámbito académico, las cuales nos hemos propuesto responder en este primer Comentario OPEC, con el ánimo de divulgar más ampliamente los temas de la política exterior colombiana, ofrecer criterios de valoración y análisis al público y enriquecer el debate sobre la agenda internacional de nuestro país.

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En los últimos diez años, la inestabilidad política ha sido una constante en la realidad ecuatoriana. Desde que la democracia fue restablecida en 1979, la nación ha enfrentado diversas crisis que han puesto en evidencia las debilidades estructurales del sistema democrático, entre las cuales figuran: los problemas de representación, las disfuncionalidades institucionales, y la injerencia del legislativo y del ejecutivo en la rama judicial, entre otros. Los dos candidatos que accedieron a la segunda vuelta programada para el próximo 26 de noviembre han sido calificados como neopopulistas: Rafael Correa de izquierda y Álvaro Noboa de derecha. Estos fenómenos son sintomáticos de la convulsión política ecuatoriana tanto como de la inestabilidad que aqueja a la región andina y obstruyen su integración y proyección en el mundo. El presente comentario aborda cuatro aspectos básicos del resultado de las elecciones. En primer lugar, esboza el contexto histórico de la inestabilidad ecuatoriana en el último decenio. Segundo, analiza los resultados de la primera vuelta. Tercero, examina el perfil de cada candidato y las implicaciones de su eventual gobierno para Colombia, la región andina y el hemisferio. Finalmente, se ofrecen unas perspectivas con respecto a la segunda vuelta.

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Con la asunción de Hugo Chávez a la primera magistratura de Venezuela en febrero de 1999, el país ha experimentado una serie de cambios radicales, que revisten una importancia determinante para Colombia. El pasado 3 de diciembre, Chávez fue reelegido con el 62,8% de los votos, en comicios caracterizados por la polarización de la sociedad. Podría pensarse que el porcentaje obtenido le otorga al presidente un margen de maniobra suficiente para entablar una nueva fase de la denominada Revolución Bolivariana, el establecimiento del Socialismo del Siglo XXI. El propósito del siguiente texto es dar luces sobre los alcances del proceso en lo doméstico y su impacto sobre Colombia. En primer término, se hará un breve repaso de la historia contemporánea venezolana desde el establecimiento del Pacto de Punto Fijo en 1958, toda vez que sobre ella reposan las justificaciones aludidas por Chávez para llevar a término los cambios estructurales producidos en Venezuela bajo su administración. En segundo lugar, se analizarán los principales cambios acontecidos a la luz del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que condensa los principios ideológicos de la revolución, así como su impacto sobre Colombia. Finalmente, se examinará el efecto que podrá tener en el futuro, la nueva fase socialista para nuestro país.

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El manejo de la cadena de abastecimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes para el éxito en el mundo de los negocios actuales. El análisis de los indicadores de la cadena de abastecimiento como el LPI, han demostrado que un mejor desempeño en la logística está fuertemente asociado con expansión del comercio, diversificaciones en las exportaciones, habilidades para atraer inversión extranjera y crecimiento económico. El uso de la logística y la producción, es un concepto que ha evolucionado en diversos países, en diferentes etapas dependiendo de la adopción del concepto. Los países del primer mundo tuvieron la oportunidad de implementar la cadena de suministro a muchos de sus negocios gracias a los recursos económicos que disponen para desarrollo, investigación y procesos de innovación. Colombia ha demostrado lo importante que es la cadena de suministro, por muchos años no fue su foco de crecimiento, pero con la globalización y los cambios que ha tenido la economía y las empresas, ha demostrado que puede implementarla y puede volver poco a poco sus empresas eficientes.

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Objetivo: Determinar condiciones laborales de los trabajadores de cuatro hospitales de primer nivel y dos de segundo nivel en el departamento del Quindío - Colombia 2012. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con una muestra de 577 trabajadores del sector sanitario de cuatro hospitales de primer nivel y dos de segundo nivel en el departamento de Quindío – Colombia mediante la recolección de datos demográficos y la aplicación de las siguientes encuestas: “Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo” del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), en su versión validada para el idioma español: “Irritation Index”. Con fines de analizar la información obtenida se creó una base de datos con base en lo contenido en las encuestas válidas y se realizaron tablas dinámicas en Excel Resultados: participaron 577 trabajadores hospitalarios, encontrándose un 72% de personal femenino y un 28% de personal masculino con una relación H:M 2:6. De la población total encuestada, un 72% corresponde a trabajadores del área asistencial y un 28% al área administrativa. Se encontró una alta percepción de riesgo ergonómico (manejo de cargas, 81%, movimientos repetitivos 91%, posturas forzadas, 49%). Los síntomas osteomusculares referidos fueron: dolor cervical 20%, dolor en región dorsal media 17%, dolor en el hombro 62%, dolor en muñeca 27% y dolor en codo 10%. En la percepción de carga mental y factores de riesgo psicosocial se observó que el 92% de los trabajadores requiere un alto nivel de atención en la ejecución de sus tareas, el 77%, debe atender varias tareas al mismo tiempo, el 52% realiza tarea complejas, el 49% ve necesario esconder sus emociones en el sitio de trabajo, el 13% considera que su trabajo es excesivo, el 43% manifiesta la necesidad de trabajar rápido en el desarrollo de sus funciones, el 69% trabaja con plazos estrictos muy cortos el66% considera que el ritmo de trabajo está determinado por plazos temporales a cumplir. Por otro lado se encuentra una adecuada percepción de la autonomía (93-94%) en la escogencia del método de trabajo, ritmo de trabajo, establecimiento del orden de las tareas a cumplir. En general las relaciones interpersonales son percibidas de manera positiva encontrándose que el 98% recibe ayuda de sus compañeros y el 97% afirma contar con la ayuda de sus superiores. En cuanto a la violencia física en el lugar de trabajo se encuentra que un 6 % ha sido víctima de agresión por parte de personas ajenas al lugar de trabajo. En lo concerniente al percepción de la salud física, el 48% refiere un óptimo estado de salud, mientras que en lo referente a la salud mental se encuentra más frecuentemente alteraciones del sueño (20%), sensación de tensión (20%), tristeza y/o depresión (13%), dificultad para desconectarse del trabajo (15%). Discusión: En la población estudiada se encontró una alta percepción de condiciones ergonómicas inadecuadas dadas por posturas forzadas, manipulación de cargas y movimientos repetitivos, así como exposición a riesgo biológico y factores de riesgo psicosocial. Resulta importante destacar que los hallazgos obtenidos reflejan lo reportado en la literatura internacional y dejan de manifiesto la importancia de reflexionar sobre la necesidad de identificar los riesgos, sensibilizar a la población y de priorizar las actuaciones preventivas.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

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La cooperación internacional está redefiniendo una vez más su arquitectura como herramienta de ayuda al desarrollo. Sus procesos y políticas atraviesan un álgido momento de cambio, caracterizado por dos escenarios determinantes: los suscitados debates sobre la eficacia y la calidad de la ayuda y la crisis económica europea, que comienza a evidenciar una reducción fuerte en los recursos destinados a este mismo fin. En este contexto los países en vías de desarrollo como Colombia, comienzan a ser protagonistas de su propio desarrollo, buscando dar a sus territorios condiciones de gobernabilidad deseadas, a través de mecanismos donde el desarrollo humano es un vector importante y encuentra en la participación ciudadana una estrategia vital para instalar capacidades, promover el intercambio de conocimiento y empoderar a los ciudadanos alrededor de las decisiones de lo público. La cooperación descentralizada Sur-Sur se presenta entonces como una herramienta con oportunidades interesante, aunque es un proceso aún incipiente, enfatiza en la necesidad de abrir el paso a prácticas novedosas de asociación y cooperación que permitan aprovechar los recursos disponibles para la promoción del desarrollo. En el caso específico de este trabajo monográfico, Caldono, Cauca; Pasto, Nariño y Medellín, Antioquia, serán municipios a analizar, en la medida en que se identifiquen, en cada uno, procesos de participación ciudadana que canalicen la movilización de las estructuras sociales organizadas que, afectadas por las frustraciones y necesidades, presionan para que se produzcan cambios importantes en la manera como se consagran en las leyes los mecanismos y espacios participativos.

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Los esfuerzos de la presente investigación se concentran en el cumplimiento del objetivo principal, el cual consiste en analizar el arrendamiento como un programa que puede ser incorporado en la política de vivienda en Colombia, para dar respuesta de forma transitoria y/o temporal de alojamiento a los hogares con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, ya que actualmente la política sectorial no incorpora esta forma tenencia de la vivienda para ofertar soluciones habitacionales. El arrendamiento tiene rasgos interesantes e importantes de destacar, tales como que él mismo constituye una forma de tenencia de vivienda eminentemente urbana. Además, es un mercado al que acuden todos los estratos socioeconómicos, por lo cual no es un mercado segregado. Igualmente, al relacionar ésta tenencia con el territorio y por ende con la economía espacial, se puede decir que no existe segregación socio-espacial muy pronunciada frente a la distribución urbana de la tenencia de la vivienda en arrendamiento. En este sentido, la tenencia de la vivienda en forma de arrendamiento se presenta en todo el territorio urbano de Cali, Medellín y Bogotá.

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El siglo XX abrió paso a la discusión de los derechos obreros alentado por el carácter fundamental del trabajo en la sociedad como motor de su desarrollo pero, igualmente, desestimados por su incapacidad de responder a los requerimientos y lógicas del capital, que abusó de la fuerza de trabajo. En ese orden de ideas surgió, en una la lucha de contrarios, la necesidad de organizarse a través de estructuras que les permitiesen plantear condiciones dignas y justas en el desarrollo de sus labores, que no implicaran, sin embargo, una disminución en la productividad. No obstante, los dilemas respecto del costo – beneficio que implicó dicha organización no fue fácil, requirió de grandes esfuerzos, que quebrantaron la pasividad con la que los empleadores o patronos asumieron la responsabilidad para con ellos, no desde un punto de vista doméstico y paliativo, sino del reconocimiento de un mínimo de beneficios y garantías que debían ir ligadas al trabajo. Esa estrechez en las concesiones de los patronos, sumadas a las normales tensiones originadas en la solicitud de tales derechos, conllevó a plantear organizaciones obreras fuertes consolidadas a partir del discurso. De esta manera, analizar la participación del Movimiento Social Sindical en la arena política colombiana es un tema de estudio fundamental desde la Ciencia Política. Hoy en día, se refleja la enorme necesidad de entender cómo los sindicatos, así como otros movimientos sociales, evidencian un gran potencial en la sociedad para consolidarse como una fuerza política representativa y autónoma que gesta actividades en el ámbito público y personifica el interés de un amplio sector de la sociedad.

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Este trabajo obedece a un estudio conceptual que invita a la reflexión acerca de los contenidos de una verdadera política de Defensa y Seguridad Democrática y compone a su vez una invitación a su reformulación hacia el futuro, la cual debería ser enriquecida a partir de una discusión de carácter teórico, en donde se confrontaran las concepciones de Estado Social de Derecho y Seguridad Democrática, teniendo en cuenta las responsabilidades que tienen frente a los DESC, desde la perspectiva de su esencia y obligaciones de carácter nacional e internacional y del papel que debe desempeñar como política pública. En ningún momento ésta investigación debería entenderse como un estudio socio económico de la situación actual del país, ni mucho menos como una crítica ligera que busca un estado ideal nacional, el objetivo de la misma es el de sentar un precedente sobre la importancia y la mora en que se encontraría el Estado colombiano y la Política de Defensa y Seguridad Democrática, frente a los DESC, a partir del señalamiento de la situación de estos derechos en el ámbito colombiano, y que a partir de ello, surja una invitación a la reformulación de los objetivos de la misma política de manera tal que logre superar sus limitaciones y de la misma forma articularse con otras políticas nacionales. Es así, como este trabajo convida al lector a realizar un análisis sobre la importancia de los DESC en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática a partir del desarrollo de los tres objetivos de la presente monografía, en donde el primero intentará entender el modelo de Seguridad Democrática como una expresión de la Teoría Liberal, y su rol como política pública; la segunda fase busca establecer una relación entre el arquetipo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y el modelo de Seguridad Democrática, formulado a partir de la Comisión Sudamericana de Paz, el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana y de los Talleres del Milenio; finalmente la tercera fase versará sobre las razones por las cuales el Estado colombiano debería asumir, una posición más contundente como Estado Social de Derecho y actor internacional, frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional.

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La presente monografia presenta tres ejes de desarrollo, o capítulos, el primero consiste en un análisis comparativo entre algunos países con y sin objeción de conciencia al servicio militar obligatorio; el segundo analiza el desarrollo de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio en Colombia, basándose en la Teoría de la Desobediencia Civil Jurgüen Habermas; el tercer capítulo muestra las principales consecuencias desde lo político, ético y social al implantar la Objeción de Conciencia del Servicio Militar Obligatorio, soporta en la teoría "Ética Constructiva y Autonomía Personal" de José Rubio Carracedo

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For more than 60 years, Colombia has been suffering an internal conflict, full of a constant violence known today as terrorism. The actual government from President Alvaro Uribe Velez has been developing during his administration, strategies looking for better conditions for those who decide to give away the weapons over the process known as “Reinsercion” or “Reincorporacion” for all the terrorist groups in Colombia. During the investigation, specifically at the work field with the actors from the Reinsercion, through conversations during all the meetings done, where identified the internal and external variables from the surroundings that affected somehow the Reinsercion Process. 85% of the system variables are in the Zone of Conflict, where a big amount of them have some kind of influence over the others, but not all of them are in the zone of the strategic vari ables. This way, there are many front works, important decisions to be taken, awareness on the population to generate, so that all the steps that are to be done toward a solution, reach fruitful results. On the other hand, when analyzing the relation betwe en the actors, the terrorist groups have shown a strong level of convergence from the first moment on the investigation, it could be identify that through the strategic route, this actor confronts the objectives from the other actors of the system. Next, i t will be presented the 4 possible scenarios to happen in the process of Reinsercion in Colombia, and the one with more probability is describe. - Scenario 1: A new Horizon - Scenario 2: Unavoidable Renegotiations - Scenario 3: Everything keeps the same way As the group of experts expressed, this is the scenario with the mayor probability to happen, therefore, as people that have already given up the weapons, perceive the process as a strategy with a lots of difficulties because just a few of the promises that gave the government are really being accomplished. There hasn‟t been a real change in the political structure, and there may be 3 or 4 more governments more and the influence of the narcotrafic could maintain.

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El presente trabajo pretende identificar la existencia de las condiciones de perdurabilidad en dos empresas del sector comunicaciones en Colombia, por medio de un instrumento realizado por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. De esta manera son definidos 47 variables o ítems que tienen como objeto, reconocer la existencia o ausencia de la perdurabilidad en una organización. Estas variables o ítems a su vez se agrupan en 13 componentes que son los determinantes finales de la perdurabilidad. Por medio de comparaciones entre una organización y otra, dadas por dichos determinantes, vemos, que elementos como la diferenciación, la cohesión social, la formalización, entre otros, hacen que las empresas sean más o menos consistentes en el tiempo, puesto que la solides que representa en el sector para el cual opera no es más, que el reconocimiento a la buena gestión, eficiencia y transparencia de cada uno de sus procesos. Finalmente, el buen desempeño de sus funciones y la claridad y rectitud en las relaciones con sus stakeholders, le permiten a una organización prosperar de manera permanente y así obtener la perdurabilidad que en la industria colombiana es cada vez más escasa.

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Desde su creación en 1991, la Corte Constitucional colombiana (en adelante, CCC) ha sido uno de los principales protagonistas de la vida política e institucional del país. Su vigorosa intervención en varios asuntos económicos, políticos y sociales ha promovido cambios importantes en el balance institucional de poder, así como en la vida de minorías y grupos sociales tradicionalmente excluidos. Este activismo judicial progresista1 ha propiciado una gran cantidad de debates académicos y políticos: si bien ha tenido defensores entre algunos académicos, miembros de movimientos sociales, e incluso varios actores políticos y miembros de la rama judicial, también ha tenido muchos críticos entre esos y otros sectores más poderosos.