640 resultados para Control de medicamentos y narcóticos


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CartoCiudad es una base de datos de red viaria, cartografía urbana einformación censal y postal generada a partir de datos de organismos oficiales de toda España que permite la localización de direcciones y el cálculo de rutas y áreas de influencia. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), junto con las comunidades autónomas con las que se han firmado convenios de colaboración, es el encargado de integrar información procedente de la Dirección General del Catastro, del Instituto Nacional de Estadística, de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y de los organismos cartográficos de las comunidades autónomas con información procedente de sus bases de datos para formar CartoCiudad. Desde el principio del proyecto ha existido un especial interés en la utilización de software libre de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Así lo demuestra la utilización de herramientas libres de código abierto para la publicación de los servicios web estándar de CartoCiudad: WMS utilizando GeoServer, WFS empleando Deegree, WPS utilizando 52º North y WMS-C con TileCache, todos ellos desplegados en servidores Apache y Apache Tomcat. Después de varios años utilizando las mismas herramientas de control de calidad y debido al cambio del modelo de datos en respuesta a las necesidades de los usuarios, se está trabajando en una nueva herramienta de edición y control de calidad de CartoCiudad sobre gvSIG en colaboración con proDEVELOP. Esto supone una actualización de la metodología de producción en CartoCiudad aprovechando el dinamismo y la flexibilidad de las soluciones de código abierto. Por último, se están analizando las ventajas e inconvenientes de migrar el repositorio de datos de CartoCiudad desde una base de datos Oracle (Spatial) a una PostgreSQL (PostGIS) en combinación con el módulo pgRouting, con el objetivo de contar con las mismas funcionalidades de las que se dispone en la actualidad

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La asesoría de empresas Ribas Álvarez tiene, actualmente, un problema con la gestión de documentos internos, que se realiza mediante correo interno y una aplicación sencilla de indexación de archivos (HTML); sin ningún tipo de supervisión ni restricción. Esta empresa dispone de un cierto número de trabajadores, los cuales pertenecen a diferentes secciones (privadas o públicas) dentro de la empresa. La información que circula dentro de la empresa, no tiene ningún tipo de seguridad pudiendo cualquier trabajador, disponer de ella aunque no le sea de utilidad. Se quiere crear una aplicación que cumpla con las necesidades que la empresa desea para la administración y gestión de documentos internos, con un control de usuarios y seguridad de acceso a esta aplicación. El objetivo básico de la aplicación seria la creación y gestión de una intranet de control y seguimiento de documentos para una asesoría de empresas

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El presente trabajo indaga sobre la significación del Tribunal Constitucional de Bolivia como nueva institución en la administración y fortalecimientos de la justicia, y como órgano especializado de control constitucional, que contribuye a la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales, que son requisito sine qua non para la consolidación del régimen democrático. Desde esta óptica, se analiza al Estado de derecho y al Estado constitucional de derecho en un Estado moderno; con especial detenimiento en la justicia constitucional, las razones y motivos para su existencia y los presupuestos jurídicos que la sustentan sus principios y los sistemas de control institucional. El estudio analiza el control constitucional antes y después de la reforma constitucional boliviana de 1994; se detiene en las justificaciones para la creación del Tribunal Constitucional y en los criterios para la elaboración de su ley orgánica; precisa sus antecedentes, composición, independencia, funciones y alcance como actor principal en la justicia constitucional, y los efectos y carácter de sus resoluciones. Así se examina el papel que éste desempeña en la defensa y garantías de los derechos fundamentales, y se ubica al órgano constitucional como instrumento para el fortalecimiento el régimen democrático y la consolidación de la Constitución.

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Pretende establecer, si la prisión preventiva, realmente cumple con su rol, esto es ser una medida cautelar, o si por el contrario, ha existido o existe excesos en su aplicación, llegando a determinar por tanto, que la prisión preventiva no debe constituir la regla general como expresamente se determina ya que se trataría de un acto arbitrario e injusto el privar la libertada en forma desproporcionada respecto de la pena que correspondería al delito del imputado a quienes cuya responsabilidad no ha sido todavía probado, esto sería una anticipación de la pena totalmente contraria a los principios elementales del Estado Constitucional y de los Derechos Humanos. La tesis se divide en cuatro capítulos; el primero se refiere al análisis de los principales principios que se deben observar y aplicar respecto de la prisión preventiva, siendo el principio de inocencia, excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad, inmediación, legalidad y el debido proceso; el capítulo segundo, trata de las medidas cautelares, y dentro de esta esfera se analiza a la prisión preventiva, en nuestra realidad, y a la luz de la Constitución y los tratados Internacionales; los presupuestos contenidos en el art. 167 del Código de Procedimiento Penal; los indicios y la evidencia. En el capítulo tercero, se analiza el procedimiento garantista para ordenar la prisión preventiva; la audiencia de control de flagrancia y la audiencia de formulación de Cargos en los delitos no flagrantes. En el Capítulo cuarto, se analiza tres causas penales, y se concluye con las conclusiones y recomendaciones.

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En los últimos años se ha hecho más notable la necesidad de disponer de un “buen gobierno corporativo” escándalos corporativos sobre todo en los EEUU mostraron la necesidad de atacar problemas tales como la falta de separación de funciones, conflictos de interés, información insuficiente a los accionistas y entidades de control, falta de auditoria independiente, control interno insuficiente, falta de registros contables adecuados, falta de prácticas adecuadas de riesgos, entre los más importantes, lo cual nos lleva a tener la convicción de que una adecuada evaluación por parte del supervisor bancario de la calidad en la gestión y administración disminuye sustancialmente la posibilidad de registrar pérdidas. Por lo antes expuesto, desde el punto de vista del supervisor bancario ecuatoriano, es necesario contar con una metodología que le permita al Jefe de Equipo de una supervisión bancaria una vez concluida una auditoría integral, determinar la calidad de la gestión del gobierno corporativo de un banco privado ecuatoriano, para lo cual en la presente tesis se analizá el concepto, definiciones y principios de gobierno corporativo (GC) en América Latina y en Ecuador, se estudian los principales elementos de Gobierno Corporativo a analizar en un banco, con los cuales se proponé una herramienta metodológica informática que permita obtener una objetiva “evaluación”, entendiéndose como tal, a la determinación de si la Junta de Accionistas, el Directorio y la administración de una entidad bancaria cumple primeramente con los requisitos previos para administrar, considerando el “fit and prooper” (honestidad e integridad, competencia, habilidad operacional, adecuadas practicas financieras), así como, producto de la evaluación de la gestión y administración de los riesgos de la entidad, determinar si los mismos son identificados, medidos, controlados y monitoreados conforme su propio perfil de riesgo, traducido en una calificación asociada a la calidad de dicha gestión y administración, para determinar medidas de acción adecuadas, logrando que la supervisión del organismo de control sea oportuna y preventiva.

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El propósito del análisis de la presente investigación, cuyo título es: “JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA”, surge como una inquietud de plasmar puntual y objetivamente la significación del Tribunal Constitucional Boliviano como una nueva institución en la administración y fortalecimiento de la justicia, así como un órgano especializado del control constitucional que permita contribuir a la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales, que son requisito sine quanum para la consolidación del régimen democrático en Bolivia; y que gracias a la globalización se encuentran presentes en los países latinoamericanos y por ende en los países andinos, por el impulso de factores irresistibles. Señalado lo anterior, cabe describir sintéticamente el contenido explorado y explotado en ésta investigación, así se tiene que: En el Capítulo I, se consignan generalidades y consideraciones necesarias respecto de lo que se entiende por Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho, dentro de un Estado Moderno; asimismo, se realizan puntualizaciones sobre Justicia Constitucional, las razones y motivos para su existencia, así como los presupuestos jurídicos que la sustentan. El Capítulo II, está referido a los Principios de la Justicia Constitucional, comprendiendo a la Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa. En el primer principio, se desarrollan los fundamentos, doctrina y la relevancia de la Supremacía Constitucional en el Estado Constitucional de Derecho. Respecto del segundo principio, se examina la Constitución de la Constitución, entendida ésta como las Decisiones Constitucionales Fundamentales, que rigen el desarrollo dogmático y orgánico de la Ley Fundamental. Los Sistemas de Control Constitucional reconocidos en la Justicia Constitucional, son analizados en el Capítulo III, explicándose la diferencia entre el Control Político y el Control Jurisdiccional dentro del cual se definen los Sistemas de Control Difuso, Concentrado y Mixto, haciendo referencia a las experiencias de modelos adoptados por países en Estados Unidos de Norteamérica, Europa y la Región Andina; y su efectividad respecto de los regímenes democráticos. En el Capítulo IV, se examina en forma exhaustiva el Control Constitucional en la Justicia Constitucional Boliviana, haciendo un análisis de los antecedentes históricos, tomando en cuenta el control constitucional en la Constitución de 1967, para posteriormente ingresar en la nueva propuesta de dicho control en la Reforma Constitucional de 1994, determinando las justificaciones para la creación del Tribunal Constitucional y la referencia de los criterios necesarios para la elaboración de la Ley del Tribunal Constitucional Boliviano. El Capítulo V, referido al Tribunal Constitucional como actor principal en la Justicia Constitucional Boliviana, comprende un estudio profundizado de su naturaleza jurídica, composición, su estructura orgánica y, finalmente, se examina el estatuto jurídico – constitucional de los Magistrados del Tribunal Constitucional. El papel del Tribunal Constitucional en Bolivia, se encuentra ampliamente desarrollado en el Capítulo VI, estableciendo las funciones y atribuciones de éste órgano de control constitucional, así como los alcances y efectos de sus resoluciones emitidas. Concluyendo éste capítulo, con el enfoque de la actuación del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del régimen democrático boliviano y en la consolidación de la Constitución, permitiendo así la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales. Finalmente, en las conclusiones se da a conocer la trascendencia del rol que cumple el Tribunal Constitucional en Bolivia, al encontrarse encaminado a garantizar, que el modelo de jurisdicción constitucional diseñado se fortalezca cada día más en busca de una jurisdicción constitucional anhelada por los bolivianos. Para la realización y análisis de los capítulos enunciados, se recurrió a fuentes bibliográficas y documentales, así como a fuentes de normas legales, doctrinales y jurisprudenciales que fueron el objeto de estudio y sistematización de ésta investigación jurídica. Se considera que el presente tema, es de importancia incalculable tanto para estudiosos de derecho, juristas, administradores de justicia o simples ciudadanos que desconocen y anhelan que el Tribunal Constitucional Boliviano, intérprete supremo de la Constitución refleje y responda a los principios y fundamentos para los que fue creado.

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La Revolución de Quito de 1809 no fue un movimiento por la independencia. Lejos de ello, se trató de una reacción local ante la crisis de la monarquía española. A lo largo del siglo XVIII, el Reino de Quito experimentó un declive económico, político y jurídico. Supeditado a las capitales de dos virreinatos –Lima y Santa Fe–, Quito buscaba el estatus de una capitanía general independiente con el fin de liberarse del dominio de Nueva Granada y Perú. Convencido de que España estaba perdida y de que los españoles en Quito traicionarían al reino y aceptarían el gobierno francés, un grupo de quiteños tomó el control del gobierno y puso en práctica un programa que garantizara la autonomía y que promoviera sus intereses económicos. No obstante, otras provincias del reino, cuyos intereses se vieron amenazados, se opusieron a Quito y unieron fuerzas con los virreyes de Perú y Nueva Granada para extinguir el levantamiento que duró unos tres meses.

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Aborda el uso del estado de excepción y su adecuación constitucional y a los estándares de protección de derechos humanos, desde el retorno a la democracia, con particular énfasis en el período del actual gobierno, develando una tendencia a la institucionalización de esta facultad que se ha incorporado a la gestión ordinaria del Estado, pasando de excepción a regla, sin que los mecanismos de control político y jurisdiccional interno ejerzan un control efectivo formal y material de la expedición de estados de excepción. Propone un proceso de adecuación constitucional a nivel normativo, institucional y de políticas públicas.

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La Constitución vigente trae consigo una serie de modificaciones sustanciales en relación a la Constitución de 1998. Una de ellas, acorde con el nuevo modelo de Estado que rige al Ecuador constitucional de derechos, es la implementación de la acción de protección, garantía jurisdiccional de derechos constitucionales sustituta de la acción de amparo constitucional. La acción de protección, a diferencia de la acción de amparo, aparece desde la norma constitucional como un proceso de conocimiento ampliamente reparatorio y no residual. El análisis objeto de la investigación fue elaborado en el año 2009, antes de la expedición de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) y durante la vigencia de las Reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el período de transición. No obstante, la inminente problemática que en ese entonces advertíamos se materializó en los presupuestos de admisibilidad y procedencia previstos en la vigente LOGJCC. Esperamos que las conclusiones y recomendaciones aquí señaladas aporten al debate jurídico en torno a esta garantía y, principalmente, a la regulación y no restricción de los presupuestos de la acción de protección tanto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como en las necesarias reformas a la LOGJCC.

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En los últimos años, la consolidación de la distribución y comercialización por pocas empresas ha permitido que éstas tengan un alto poder de negociación entre los operadores farmacéuticos, asimismo les ha permitido formar un conglomerado de empresas relacionadas en forma vertical y horizontal obligando a muchos operadores pequeños al cierre de sus negocios. Esta investigación analizará el entorno empresarial de los establecimientos farmacéuticos y la manera que las pequeñas farmacias independientes operan para protegerse del desplazamiento y quiebra causada por la consolidación de las empresas distribuidoras farmacéuticas en la zona urbana de la ciudad de Quito, durante el período 2010–2013. En la primera parte del estudio, se analiza el entorno empresarial en el cual se desarrollan los establecimientos farmacéuticos con sus diferentes dimensiones. Se utiliza el Modelo de Competitividad de Porter para medir el poder de negociación que tienen cada uno de los operadores en toda la cadena de la distribución y comercialización de medicamentos de uso humano, las estrategias de mercado en donde la participación de pocas empresas se va consolidando, y la regulación del Estado a través de reglamentos y leyes que normen el desenvolvimiento de estos operadores, corrijan las distorsiones que se presentan en el mercado de venta de medicamentos y controlen la monopolización para tener una competencia justa. En la siguiente sección, con el objeto de describir el mercado de venta de medicamentos de las pequeñas farmacias, se realiza un análisis descriptivo de estos establecimientos por medio de una investigación de campo, para tener una visión de su funcionamiento y generar una propuesta adecuada para mitigar la desaparición de estos operadores farmacéuticos. Esta investigación permitió tener un panorama del mercado farmacéutico y establecer estrategias hacia los pequeños negocios para evitar su cierre, ya sea con ayuda del Estado o por iniciativa propia.