567 resultados para CONFLICTO ARMADO - DELTA DEL NIGER (NIGERIA)
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En la década de los 90, el paisaje educacional en El Salvador era preocupante e incierto, producto del periodo de tensión a causa del conflicto armado que la tierra cuscatleca vivía en su día a día. En términos generales, los problemas educacionales que aquejaban a la clase trabajadora se evidenciaban en las alarmantes cifras que dejaban en claro que solamente el 12% de la población alcanzaba a terminar el 9° grado, mientras que un 11% lograba terminar la escuela secundaria, sin avanzar a más, dejando en evidencia que solo un 1% lograba llegar a estudios universitarios. El resto de los porcentajes lo conforman los niveles altos de analfabetismo, el cual oscilaba entre el 70% y 75%, perteneciendo en mayor porción al sector rural y específicamente, en su gran mayoría, al sector femenino. Estas cifras mostraban la inquietante marginación educativa de la nación, lo que reafirmaba que el sistema educativo estaba dirigido únicamente al servicio de las minorías de poder. Este artículo consiste en un análisis de corta extensión, pero de valioso contenido que permitirá al lector entender claramente la situación educativa salvadoreña del año 1991, específicamente en los niveles de educación inicial, nivel medio, nivel superior no universitario, nivel universitario, sector docente y educación especial
Violencia y desarrollo económico en la provincia de sugamuxi : Un análisis para el periodo 2000-2010
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Tesis (Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo).-- Universidad de La Salle. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, 2014
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Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia. Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños –académicos o no– hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad. Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de drogas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo. Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln –que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera– queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen. La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores. El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar. Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.
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Teniendo en cuenta la apuesta institucional del Gobierno de llevar lo acordado en La Habana a la realidad de los territorios del país y la deuda histórica que hay con el campo colombiano, este documento se presenta como un análisis de la relación entre el conflicto armado y la ruralidad, las estrategias de política social y de reforma a la institucionalidad que se han propuesto, con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural y asegurando su correspondencia con las necesidades de la población campesina. Para ello, en primer lugar se analiza la relación entre el conflicto armado y la ruralidad para el caso colombiano, haciendo énfasis en el desarrollo económico insuficiente y desigual y el sesgo anticampesino que lo ha caracterizado. Luego se expone una definición para el campesinado colombiano y su relación con la Política de Desarrollo Rural, de acuerdo con el análisis de las propuestas encontradas en dos documentos: el borrador del primer punto de los Acuerdos de La Habana y el informe de la Misión para la Transformación del Campo. En tercer lugar se presentan las Zonas de Reserva Campesina como iniciativas que contribuyen a la construcción de paz territorial, a partir de la exposición de su marco normativo y del análisis de los Planes de Desarrollo Sostenible. Finalmente se plantean algunas conclusiones en torno a la discusión sobre la cuestión rural y la construcción de paz en Colombia.
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Respondiendo a la apuesta y al compromiso de EAFIT con el esfuerzo actual de terminación negociada del conflicto armado interno colombiano, desde septiembre del año pasado el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Escuela de Humanidades de la Universidad emprendió el proyecto de publicación de una serie de Cuadernos de Trabajo como una aproximación académica y cívico-política preliminar al proceso de paz y a los acuerdos que en el transcurso del mismo han ido suscribiendo paulatinamente el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. A esta iniciativa ha querido contribuir la Escuela de Derecho de la Universidad mediante la elaboración del Cuaderno de Trabajo relativo al “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” dado a conocer a la opinión pública el pasado mes de diciembre. Este acuerdo crea el así llamado “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” (SIVJRNR) y ha sido considerado casi unánimemente como el punto de inflexión o de “no retorno” en el intento de alcanzar un acuerdo de paz definitivo dada la enorme dificultad que supuso convenir un sistema de justicia transicional. En sintonía con la finalidad que persigue el proyecto, los aportes realizados por los profesores de las distintas áreas de la Escuela que participaron en la confección de este Cuaderno, no sólo buscan contribuir con el análisis teórico y/o académico de los distintos componentes del sistema de justicia transicional pactado, sino también con la divulgación y la comprensión del mismo y de sus implicaciones tanto por parte de los distintos sectores de la sociedad como por parte de la población en general; así mismo, procuran establecer un canal de comunicación efectivo con quienes tienen en sus manos la implementación jurídica del acuerdo. Una vez más, agradecemos profundamente a la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Fundación para el Progreso de Antioquia (Proantioquia) por la colaboración y el apoyo ofrecidos para la realización del presente Cuaderno y para la satisfactoria materialización de este proyecto en su conjunto.
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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo
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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo
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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo
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La presente tesis doctoral aborda la cuestión matrimonial en todas sus facetas en dos obras cervantinas: las Novelas Ejemplares (1613) y el Quijote (1605; 1615). Se trata de un trabajo interdisciplinar que pretende aunar las distintas disciplinas humanísticas y sociales para aportar al texto literario un mayor grado de comprensión y de trascendencia. A través del estudio de las tramas conyugales que Cervantes recrea en sus distintas novelas podemos aprender cosas sobre la importancia de este estado en la sociedad aurea, de los problemas que suscitaba y especialmente los distintos modos de resolver cada conflicto. La presencia del matrimonio en la obra cervantina es realmente relevante, y así lo han afirmado distintos estudiosos como Marcel de Bataillon (1974) o Robert Piluso (1967), por lo que precisa de un análisis exhaustivo. A medida que se profundiza en cada caso matrimonial comprendemos que Cervantes conocía muy bien la comunidad en la que vivía, los sentimientos y necesidades de sus ciudadanos y la normativa vigente. Factores que le permiten crear relatos sorprendentes con conclusiones novedosas y personalizadas para cada personaje, sin ser objeto de ningún juicio de carácter legal o moral. La falta de censura llama la atención, pues en ambas obras encontramos cómo las parejas construyen su relación con bases delictivas, como son el rapto, la violación, el engaño, el adulterio, la bigamia o la violencia, cuyos desenlaces no siguen las pautas legales. También se incluye entre el repertorio seleccionado la cuestión del celibato, tanto en varones como en mujeres, un debate que será abordado en profundidad...
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24 p.
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Uno de los objetivos para realizar la investigación, fue la de proporcionar a la Fundación para la cooperación y el desarrollo comunal de El Salvador (CORDES), una herramienta que, al ponerla en práctica, potencie la sostenibilidad económica de los habitantes de las comunidades que atiende, integradas por familias de desplazados, repobladores y desmovilizados a raíz del conflicto armado ocurrido en El Salvador durante los años 1980 a 1992. El objetivo principal del presente documento, consiste en proponer un plan operacional a la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), para impulsar la sostenibilidad económica de las comunidades atendidas por dicha fundación, que al implementarlo permita, a los miembros de las comunidades, accesar al financiamiento adecuado para promover la diversificación de cultivos, de acuerdo a la vocación agrícola de la tierra en cada comunidad. En la investigación de campo se utilizó un cuestionario dirigido a un miembro de la Junta Directiva de cada comunidad en estudio. El universo comprendió 18 comunidades, distribuidas geográficamente en la zona sur del departamento de La Libertad, de las cuales se seleccionaron 11 comunidades de acuerdo a los criterios: Nivel de organización, capacidad productiva y número de usuarios de crédito. Los principales resultados de la investigación de campo fueron: El 100% de los habitantes, que cultivan la tierra, de las comunidades evaluadas siembran Maíz y que la mayor parte de esta producción es para su autoconsumo. El ingreso promedio por familia, que pertenece a las comunidades evaluadas es de ¢972.73, lo que no les permite iniciar nuevos proyectos de cultivos. El financiamiento recibido, no es suficiente por lo que recurren a la venta de animales domésticos para complementar el recurso financiero para realizar el cultivo. Al analizar los resultados se concluye que: No existe orientación para determinar los cultivos a sembrar, y todas las comunidades se dedican a la siembra de los mismos cultivos, al realizar la venta del excedente de los productos agrícolas cosechados lo hacen simultáneamente y en forma individual, generando una oferta mayor que la demanda, lo que hace disminuir los precios de los productos. Lo anterior permitió plantear lo siguiente: las comunidades deben priorizar los cultivos de tal forma que les permita diversificar los cultivos a cada una y de esta forma evitar que la oferta generada al momento de la venta sea mayor que la demanda, ya que tiende a bajar los precios. Así mismo la comercialización de la cosecha debe hacerse en forma conjunta y lograr de esta manera mejores precios en la negociación de los productos. También, las comunidades deben buscar el financiamiento complementario o total, aplicando a los diferentes programas especiales tales como: agrícolas, pecuarios y Programa de Micro y pequeña Empresa, ofrecidos por el Banco Multisectorial de Inversiones a través de la Banca Comercial. En el tercer capítulo se presenta la propuesta de las líneas de crédito que se pueden ofrecer para incentivar la producción de nuevos cultivos, generar mayor rendimiento por manzana cultivada para los ya establecidos y además una propuesta de las tasas de interés a cobrar por dichos créditos. Se presenta además una propuesta de organización de la unidad de créditos para efecto de realizar un mayor control y recuperación de los préstamos. Se presenta el procedimiento de otorgamiento de créditos y el procedimiento para su recuperación. También se incluye la clasificación de la cartera de préstamos y de usuarios de créditos, en cuanto a morosidad, a efecto de ofrecerles un esquema de refinanciamiento o reestructuración de pago.
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112 p.
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Durante la década de los 80´s, la guerra civil fue creciendo en intensidad afectando las condiciones de vida de la mayor parte de la población, deteriorando el sistema educativo y de salud, propiciando el cierre de fábricas y dejando cesante a cientos de miles de salvadoreños; con la profundización del conflicto, se generó una crisis económica, social y política. Al inicio de la década de los años 90´s, se firmaron el 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México D.F. los Acuerdos de Paz que propiciaron nuevas medidas y cambios económicos, sociales y políticos que están destinados a la reconstrucción nacional. La herencia del conflicto armado fue el deterioro de la economía, salud y medioambiente, pero lo más sobresaliente fue la desmovilización del ejército y de las fuerzas rebeldes, quedando miles de personas sin “empleo”; quienes posteriormente quedaron diseminados en pequeñas células fuertemente armadas que se dedicaron al vandalismo y todo tipo de actos delictivos; siendo uno de los principales el asalto y robo de efectivo en bancos, centros comerciales e industria. Es en este momento surge un innovador servicio que se encargaría del transporte, manejo y custodia de valores, a solicitud de sus clientes, estas empresas transportarían su efectivo hacia los bancos y viceversa, pago de planillas y otros. En la actualidad este tipo de empresa se enfrenta con problemas administrativos y de control interno, que complican el manejo adecuado del efectivo, cuyo manejo físico es similar al de los bancos requiriendo de un estricto sistema de control interno y contable que garantice la seguridad del efectivo encomendado. En este tipo de empresa la auditoría interna no cumple con algunas fases del proceso de la auditoría, sobre lo cual se puede mencionar: la Planeación y Organización de la Auditoría, ésta es elaborada en forma incompleta y deficiente; tampoco es elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, su propio Plan Anual, de acuerdo a las necesidades del giro de este tipo de empresa, lo que trae como consecuencia que no exista un ordenamiento sistemático de todas las actividades a realizar durante el año. Los empresarios buscan asesores administrativos - financieros que les ayuden a establecer políticas efectivas para lograr la optimización de los recursos, considerando que la auditoría interna debidamente planificada y organizada puede suplir las exigencias y demandas de la alta gerencia. Por lo anterior, esas necesidades básicas de protección y productividad definen la función dual de la Unidad de Auditoría Interna; en virtud de que sin limitaciones, está familiarizada con las operaciones diarias de la empresa, el auditor interno se encuentra en una posición única para aportar su asistencia y asesoría para hacer frente a esas necesidades sobre una base integral. Al mismo tiempo existe esa gran verdad de que las organizaciones deben ser productivas y habrán de buscar, la mejor posible utilización de sus recursos. Se ha dado gran reconocimiento a los auditores internos como elementos que pueden dar su mejor contribución y ayuda para que las organizaciones alcancen la productividad que requieren, la Unidad de Auditoría Interna coadyuva en ese intento. En las compañías de transporte, manejo y custodia de valores, las unidades de auditoría interna no consideran los procedimientos y técnicas de auditoría para efectos de diseñar y formular la planeación , se basan más bien en la experiencia. El trabajo realizado por dichas unidades se vuelve más financiero y no proporcionan información relevante que sirva para fortalecer controles que garanticen la custodia de valores a través de la optimización de los métodos, sistemas y procedimientos. En estas empresas las Unidades de Auditoría Interna presentan la problemática siguiente: Sus actividades son de carácter Financiero, es decir, la evaluación de la razonabilidad de las cifras o saldos de los estados financieros. Por muchas razones no posee conocimientos, ni la experiencia necesaria para la planificación y organización de la Unidad de Auditoría Interna. En tal sentido, de la problemática planteada se deduce “Que una planeación de auditoría adecuada considerando el desarrollo de la estrategia de auditoría, la planificación detallada y la preparación de programas, permitirá que la práctica de auditoría interna en las empresas de transporte, manejo y custodia de valores sea más eficaz y eficiente”. Por lo descrito anteriormente se pretende estudiar las situaciones reales del acontecer en el ámbito nacional que involucra las operaciones de servicio de transporte , custodia de efectivo y valores, que realizan las empresas dedicadas a estas actividades, analizando la situación financiera – administrativa, relativa a los controles especialmente los administrativos y contables que estén directamente relacionados con el efectivo o valores consignados a la empresa por sus clientes, y que puedan servir de parámetros para la planificación y organización de la unidad de auditoría interna capaz de asistir y asesorar en la toma de decisiones a los departamentos o unidades de: Gerencia Financiera – Administrativas y Gerencia de Operaciones. El trabajo desarrollado establece bases teóricas y prácticas sobre cómo se deben administrar las actividades de Auditoría Interna: Planeación y Organización; personal, entrenamiento y actividades preparatorias. Como objetivos del trabajo desarrollado se mencionan los siguientes: Concientizar a las unidades de auditoría interna, del papel que deben desempeñar dentro de las empresas dedicadas al transporte y custodia de valores, debido al alto riesgo experimentado por la delincuencia organizada. Dar cobertura Identificar las áreas operacionales susceptibles de auditarse y realizar un diagnóstico de sus principios y conceptos, señalando sus principales puntos de control. Diseñar un Plan de Trabajo que contengan lineamientos que ayuden a fortalecer los controles internos y controles administrativos y especialmente la combinación de ambos. Planificar y organizar la una Unidad de Auditoría Interna que visualice un enfoque más participativo con: la Gerencia Financiera – Administrativa, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Seguridad. Como resultado final de este estudio se obtuvo la formulación de un documento en el cual se describa, como realizar esfuerzos conjuntos para obtener resultados satisfactorios mediante la planeación que es especialmente importante en las empresas dedicadas al manejo de efectivo debido a la incertidumbre política, social y delictiva, que por muchas décadas ha sido un factor determinante para hacer frente a las demandas de las empresas – clientes que desean proteger su efectivo y consecuentemente su personal y sus activos.
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Según el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, durante la década de los ochenta, además del conflicto armado, fenómenos como la migración interna, el crecimiento poblacional, los desastres naturales, y la crisis económica social, además del rol del Estado, caracterizado por cumplir funciones de ejecutor, interviniendo directamente en la construcción de proyectos habitacionales agudizaron la problemática del sector. Otros problemas como la exclusión social de amplios sectores populares, representa una de las raíces de la pobreza y marginación que impiden la accesibilidad de la mayoría de la población a un techo seguro. Por otra parte las migraciones del campo a la ciudad y los fenómenos socio-políticos de la década de los años ochenta, generaron problemas colaterales como: colonias ilegales y concentraciones de pobladores en zonas de peligro alrededor de la ciudad capital, la respuesta de las instituciones anteriores no es lo suficiente para satisfacer dichas necesidades, debido a que no hubo compatibilidad entre los precios de las viviendas ofrecidas y el ingreso de los sectores demandantes. En los noventa, el rol del Estado transitó exitosamente de ejecutor a facilitador, creando oportunidades dirigidas a familias en extrema pobreza, procurando la participación directa y efectiva de la ciudadanía dentro de la búsqueda de soluciones viables a la problemática enfrentada. La política de vivienda para esos años se orientó a la búsqueda de acciones estratégicas de tipo financieras, subsidios directos y focalizados otorgados por FONAVIPO y subsidios vía tasa de interés a través del F.S.V., fomentó a la producción de viviendas a través del sector privado y ONG´s, y legalización de la propiedad. Toda entidad Estatal necesita un control eficiente de la utilización de los fondos que los organismos nacionales e internacionales proporcionan para la ejecución de proyectos de construcción de viviendas, para esto han de contar con una unidad de Auditoria Interna que ejerza un adecuado y eficaz control de las operaciones de los eventos relacionados a los proyectos de inversión, además, con los procedimientos adecuados esta unidad podrá dar cumplimiento a la normativa de la ejecución del trabajo de auditoria. En la actualidad la Auditoria interna como parte del sistema de control, no desarrolla un trabajo con un enfoque que abarque todas las necesidades de una organización, que es lo que sería lo ideal en un concepto globalizado de la economía. En el sector público se hace más énfasis al cumplimiento de la normativa y no como un papel asesor, por lo que la visión de la Auditoria Interna se debe enfocar en dos principios, el primero en que las actividades públicas deberían ser conducidas de tal forma que se haga la mejor utilización de los fondos públicos y el segundo en que las personas que desempeñan actividades públicas deben responder por la gerencia prudente y efectiva de los recursos que se les confiaron, que son los principios por los cuales se rige la Auditoria Comprensiva. La Auditoria Comprensiva se desarrolló como una respuesta a la demanda de los clientes por mejor información sobre rendición de cuentas, y por lo tanto no solamente trata los asuntos tradicionales de registros financieros, salvaguarda de activos y cumplimiento de aspectos legales; Sino también los asuntos de desempeños no financieros, tales como evaluar que las decisiones de la Administración generen servicios efectivos y económicos. En este trabajo se desarrollan, todas las etapas del proceso de la Auditoria de proyectos de construcción de vivienda con fondos públicos, que por su claridad en el orden y el lenguaje empleado sea fácil de interpretar, utilizando guías lógicas y coherentes que aseguren la interpretación; logrando la finalidad de sustentar e informar las situaciones encontradas en la ejecución de la auditoria y plasmadas en respectivo informe final.
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40 p.