1000 resultados para Comunidad Pluralista de Seguridad


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Desde su aparición, a comienzos de la década de los años noventa, el concepto de seguridad democrática ha sido objeto de distintos enfoques y diversas políticas. Inicialmente, éste fue considerado por un grupo de intelectuales y políticos que, agrupados en lo que se denominó la Comisión Sudamericana de Pas, concibieron la noción de seguridad democrática regional. En 1995, el mismo sirvió de sustento al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. En Colombia, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, se ha alimentado la política de defensa y de seguridad. Sin desconocer la capacidad de la seguridad democrática como alternativa a concepciones tradicionales de seguridad, el presente libro tiene como propósito central ofrecer algunos elementos teóricos, políticos y metodológicos que contribuyan a perfilar lo que significa la seguridad democrática y, por supuesto, lo que implica en términos operativos. Estas propuestas surgen en un momento en el que se requieren conceptos de seguridad acordes con los desafíos del nuevo orden internacional y en el que la provisión de la seguridad parece desconocer los valores democráticos más emblemáticos.

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La reintegración social y económica de grupos y personas armados al margen de la ley es un tema polémico en el ámbito nacional como en el internacional. Aquí se intenta demostrar la debilidad del modelo de cooperación internacional en Colombia y su incidencia en el Programa de Reintegración de grupos y personas armadas al margen de la ley, partiendo de la precariedad institucional del modelo de cooperación internacional vigente durante el periodo 2002-2006, caracterizado por la limitada existencia de escenarios de coordinación, así como por la incidencia de externalidades políticas, económicas y diplomáticas. Se logra, de esta manera, evidenciar la presencia de vacíos institucionales que no permiten que la cooperación internacional dirigida a los procesos de reintegración tengan un adecuado manejo, así como el sentimiento de desconfianza que hay por parte de la comunidad internacional hacia los programas de reintegración, debido a los problemas estructurales del programa en sí, a su limitada cobertura, a errores de diseño y a las limitaciones en su implementación. Lo anterior, ha traído como consecuencia la formación de nuevos grupos armados al margen de la ley en las zonas donde ocurrieron las desmovilizaciones; de igual manera, la falta de cumplimiento por parte del gobierno colombiano hacia las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho que esta desconfianza siga latente en el escenario de cooperación internacional.

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Resumen tomado de la publicaci??n. La fecha, 2008, consta en la cub. de la revista, en la cabecera de los art??culos consta, por error, 2007

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El proceso transicional salvadoreño, el cual incluyó una doble transformación en el orden social y político del país al pasarse de un Estado autoritario a uno democrático y al acabar una situación de conflicto interno para dar paso a la paz sostenida, estuvo marcado por la participación en diferentes grados de la comunidad internacional, representada en la Organización de las Naciones Unidas y el Grupo Contadora, entre los años 1984 y 1999. Del mismo modo, diversas dinámicas producidas al interior del sistema internacional influyeron de manera directa e indirecta en el desarrollo del proceso. Todos estos elementos internacionales, vinculados a la situación interna de El Salvador durante aquellos años, permitieron que estos agentes externos jugaran un papel determinante dentro de los procesos de negociación, establecimiento y mantenimiento de la paz y la democracia en el país. El siguiente trabajo analiza precisamente el papel desempeñado por la comunidad internacional dentro del proceso transicional de El Salvador entre los años 1984 y 1999 a la luz de la teoría del linkage, propuesta por James N. Rosenau, la cual establece la existencia de un vínculo entre el sistema internacional y los sistemas políticos internos, vínculo que a su vez permite una interacción e influencia mutua entre los mismos. Esta interacción justificaría entonces las intervenciones de los actores internacionales en los procesos estatales internos, en este caso, los ocurridos en El Salvador.

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Colombia y Venezuela conforman un sistema hidrográfico de agua dulce en el que comparten cuatro cuencas: Guajira, Catatumbo, Orinoco y Amazonas, que representan el 79% del territorio nacional venezolano y el 61% del territorio nacional colombiano y aproximadamente el 70% de los límites terrestres entre ambos países. Estos espacios de gran importancia geoestratégica en diferentes épocas funcionan como desestabilizadores parciales de las Relaciones Bilaterales de estos dos países y se convierten en factor primordial para el tema de la seguridad ambiental ya pueden ser manejados bajo la perspectiva de la cooperación o del conflicto.

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Ante todo, debe efectuarse una precisión metodológica en un doble sentido: en primer lugar, sobre la noción del Gran Caribe o de cuenca del Caribe, y, en segundo término, en referencia al nivel de análisis que utilizamos. Los países europeos tienen sobre el continente americano una visión que coincide, en buena medida, con la que poseemos en América Latina. Estaríamos hablando de que el continente americano puede ser estudiado por países y grupos de países, al tomar en cuenta a varios actores más o menos definidos: en primer lugar, tenemos a Canadá, con su carácter específico, y a Estados Unidos, también tratado de manera autónoma. México constituye también, en esta visión, un capítulo aparte; luego estaría América Central, con sus particularidades, pese a tratarse de varios países, y con sus propios mecanismos de diálogo con la Unión Europea; el Caribe insular, por supuesto, tiene también un carácter distinguible.

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¿Cómo abordar el estudio de la seguridad en los países del sur? A esta pregunta se enfrentan analistas, investigadores, académicos y demás a la hora de entender la realidad compleja y atípica de algunos países en vías de desarrollo, y entre ellos algunos andinos -Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú-. Por ello, a continuación se presenta un análisis del caso ecuatoriano dividido en dos partes; una teórico conceptual que proporciona al lector herramientas epistemológicas básicas sobre el estudio del complejo vínculo entre la seguridad y la democracia. Por ello, se describen sintéticamente elementos de análisis a tener en cuenta, partiendo de los postulados más básicos de Mohammed Ayoob y Andreas Schedler. El primero en lo que respecta al estudio de la seguridad en los países del sur, y el segundo para el análisis de la consolidación democrática. Ambos allanan el camino para la comprensión del complejo vínculo causal y/o correlacional entre la seguridad y la democracia en países donde el Estado-Nación sigue siendo un entramado en construcción. En una segunda parte, el texto aspira a contrastar los postulados teóricos enunciados con la inestabilidad política ecuatoriana. Primero, se presenta un sintético análisis histórico para encontrar las razones que explican la inestabilidad política. Segundo, se examina el paroxismo de la crisis política ecuatoriana en un período que abarca desde el eestablecimiento democrático, hasta las destituciones y dimisiones presidenciales de los noventa. Finalmente, se examinará la participación política de los indígenas como factor de democratización e inestabilidad. En conjunto, se aspira a que las dos partes ilustren, con elementos mínimos, la comprensión de la seguridad en los países en vías de desarrollo y, en particular, del Ecuador. Así mismo, se espera abrir la necesaria y sana discusión sobre la relación que existe entre la consolidación democrática y la seguridad en las naciones andinas.

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El nuevo desafío mundial es, sin ninguna duda, la cuestión del medio ambiente. Esta problemática se encuentra en el centro de la actualidad internacional. Hoy en día, se tiene un conocimiento profundo de los efectos negativos de la degradación ambiental sobre nuestro planeta. Los tratados internacionales muestran la importancia de tomar en consideración la gestión del los riesgos frente a la degradación del medio ambiente. Desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (en 1992), el medio ambiente se ha transformando en un asunto internacional. Las consecuencias del calentamiento global, la emisión de CO2, la contaminación, la escasez de agua dulce, la deforestación excesiva, ligada a una mala gestión, tienen consecuencias incalificables sobre las sociedades.El nuevo desafío mundial es, sin ninguna duda, la cuestión del medio ambiente. Esta problemática se encuentra en el centro de la actualidad internacional. Hoy en día, se tiene un conocimiento profundo de los efectos negativos de la degradación ambiental sobre nuestro planeta. Los tratados internacionales muestran la importancia de tomar en consideración la gestión del los riesgos frente a la degradación del medio ambiente. Desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (en 1992), el medio ambiente se ha transformando en un asunto internacional. Las consecuencias del calentamiento global, la emisión de CO2, la contaminación, la escasez de agua dulce, la deforestación excesiva, ligada a una mala gestión, tienen consecuencias incalificables sobre las sociedades.

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Colombia y Ecuador, en particular, atraviesan por complejos fenómenos sociales, económicos y políticos, que los conducen a mantener un alto grado de vulnerabilidad e inseguridad en la región. Por esta razón, el tema de la seguridad en Colombia y el desborde del conflicto interno colombiano en las fronteras se constituyó en un asunto importante escalonamiento del conflicto interno colombiano en los últimos seis años ha deteriorado las condiciones de vida en la zona fronteriza de Colombia y Ecuador, lo que ha generado violencia e inestabilidad y han impactado neurálgicamente la débil institucionalidad en ambos países. Por lo tanto, el impacto del conflicto ha llevado a que las agendas seguridad de Colombia y Ecuador consoliden una visión que ha determinado la necesidad de emprender acciones preferiblemente militares y policivas contra los grupos al margen de la ley; por tal razón, la mejor forma de sostener la integridad del Estado ha sido actuar militarmente sobre las amenazas.

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Sudán afronta una grave crisis humanitaria, en la que actores internacionales han intervenido por una mejora en la situación de la seguridad humana. Sin embargo, esta intención altruista esconde los intereses reales de Estados como Chad, Estados Unidos y China, quienes a través de la Unión Africana y las Naciones Unidas buscaron legitimar sus actuaciones en búsqueda de intereses políticos, económicos o geoestratégicos.

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Esta investigación surge de la necesidad de resolver cuestiones importantes en materia de seguridad energética en Suramérica y analizar los atributos de poder de Brasil y Venezuela, buscando exponer el papel protagónico de ambos países, además de estudiar las iniciativas de integración de la región alrededor de la energía y de ver a estos dos actores como motores de dicha integración.

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El Crimen Organizado se ha convertido en uno de los temas principales en materia de Seguridad Internacional en la medida en que el proceso de globalización que impulsa la interacción entre lo local y lo global, le ha permitido aprovecharse y lucrarse, interfiriendo principalmente en la seguridad económica y política de algunos Estados. La Mafia Siciliana como exponente del Crimen Organizado, es el caso de estudio que permite conocer a través de sus características, evolución y comportamiento, cómo a lo largo de la historia ha tenido influencia en diferentes ámbitos de algunos Estados. Detectar esta amenaza criminal, ha generado una reacción por parte de los Estados, la cual ha permitido que se creen instrumentos jurídicos que contrarresten el problema. Sin embargo, nuevas amenazas identificadas como el terrorismo, han desplazado la concentración que se tenía sobre el Crimen Organizado y ha permitido que organizaciones criminales como la Mafia Siciliana se fortalezca y opere desde la ilegalidad dentro la legalidad.

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Hoy los casos de refugio se enmarcan en el refugio prolongado, ya que exceden el tiempo en el cual se esperaban soluciones para superar las causas de estas migraciones. En el caso saharaui, los refugiados no han recibido ninguna respuesta definitiva que permita la modificación de su estatus.

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La evolución de las operaciones militares y civiles derivadas de la política de seguridad y de defensa común de la Unión Europea, les ha permitido mayor autonomía. Sin embargo, todavía persisten importantes retos frente a su consolidación.

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Este documento estudia la implementación y resultados de la Política de Seguridad Democrática en la frontera sur de Colombia, específicamente en los departamentos de Putumayo y Nariño, en el periodo comprendido entre 2002 y 2007. Adicionalmente, se examina cómo la polarización de percepciones frente a la situación de seguridad de la frontera de Colombia con Ecuador afectó el entendimiento del problema y el encuentro de posibles soluciones. Se encuentra que esto limitó estudios comprensivos de seguridad para la implementación de una agenda restringida de soluciones, afectó la legitimidad de las políticas gubernamentales y una clara comprensión de los límites, alcances y logros de la Política de Seguridad Democrática, y finalmente obstaculizó la ubicación de elementos comunes y antagónicos entre las diferentes visiones, importantes para construir una agenda restringida y concertada de políticas que atendieran los problemas de la frontera de Colombia con Ecuador. La metodología seguida es en primera instancia estudiar las amenazas de la frontera sur de Colombia, tanto como sus dificultades legales, políticas y geográficas, intensificadas tras el inicio del Plan Patriota en 2004. Posteriormente se mide el impacto de la implementación de la PDSD en los dos departamentos frontera y se estudia cómo la política fue efectiva en la recuperación del territorio y en la consolidación de la Fuerza Pública. En último lugar se analizan algunas propuestas en torno a la idea de que la realidad de los departamentos de Putumayo y Nariño requiere tanto de gasto en defensa como de inversión social.