913 resultados para Tutela antecipada
Els programes de qualificaci?? professional inicial de les Illes Balears. Bases per a un diagn??stic
Resumo:
Els programes de qualificaci?? professional inicial (PQPI) tenen com a objectiu la prevenci?? de l???abandonament educatiu primerenc mitjan??ant una qualificaci?? laboral que els alumnes podran acreditar en el mercat de treball. Tamb??, a trav??s d???un m??dul voluntari, constitueixen una via alternativa per a l???obtenci?? del t??tol d???ESO. En contextos tur??stics com el de les Illes Balears, amb una incid??ncia significativa de l???abandonament primerenc, aquests programes tenen una rellev??ncia especial. En el present cap??tol, es duen a terme 30 entrevistes semiestructurades a alumnes, professors-tutors, pares i orientadors d???instituts de zones tur??stiques de totes les Illes Balears. Aquest treball de camp es duu a terme amb dos objectius: el primer objectiu ??s con??ixer el funcionament dels PQPI a partir de les valoracions dels actors implicats i el segon objectiu ??s analitzar els discursos sobre l???educaci?? del professorat-tutor del PQPI, discursos que es mouen principalment entre els models de l???educaci?? com a tutela i l???educaci?? com a relaci?? mestre-aprenent.
Resumo:
Resumen basado en el de la publicaci??n
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Resumen basado en el de la publicaci??n
Resumo:
Quin és el nivell educatiu dels joves que han passat pel sistema de protecció social a la infància? En la majoria dels països no es pot contestar aquesta pregunta. No existeixen dades sistemàtiques ni estadístics oficials, exceptuant el Regne Unit. En el present article es realitza una revisió de la literatura científica espanyola a través d’estudis i programes que aporten dades indirectes o directes sobre l’escolarització i el nivell formatiu dels joves de població general en contrast amb els de el sistema de protecció. Alguns d’aquests treballs ens indiquen que aquests joves tenen un nivell educatiu baix i un abandó escolar prematur molt accentuat comparat amb la població general, sent tots dos factors freqüentment citats com de risc a l’exclusió social. La invisibilitat estadística en la qual es troba el col•lectiu de nens i nenes tutelats i més concretament la referida a la seva educació, ve acompanyada d’una escassetat d’investigació i de programes orientats a la inclusió d’aquests joves en els diferents nivells d’educació. Aquesta revisió persegueix obrir un debat ara com ara poc implantat però necessari
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Dins del 7è Programa marc de la Unió Europea, s'ha endegat un estudi, que va del 2008 al 2010 a cinc països –Regne Unit, Dinamarca, Hongria, Suècia i Espanya (centrat a Catalunya)– que té per objectiu explorar els factors que afavoreixen i ajuden els joves tutelats i extutelats a continuar els seus estudis després de l'escolaritat obligatòria. Cada equip de recerca esta duent a terme un estudi de casos que consisteixen a fer, d'una banda, entrevistes amb responsables de serveis socials i de protecció a la infància, i, d'altra banda, entrevistes en profunditat amb joves d'entre 19 i 21 anys que han estat tutelats almenys un any de la seva vida i que ho estaven a l'edat de 16 anys, i, finalment, entrevistes amb educadors, acollidors o persones que han estat claus a les seves vides. Els joves seleccionats seran entrevistats de nou un any més tard per veure en quina mesura s'han pogut fer els seus plans. L'objectiu del present article és doble: d'una banda, aportar algunes de les dades que s'han obtingut de la primera fase ja conclosa sobre revisió dels estudis existents en aquest àmbit i, de l'altra, obrir un debat, poc present encara al nostre país, que pot culminar el proper març del 2010 amb motiu d'unes jornades a Catalunya on es podran presentar, compartir i debatre els primers resultats de la investigació
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La ruptura del acogimiento familiar se ha definido como aquella situación en la que alguna de las partes implicadas causa una terminación de la intervención antes de haber alcanzado los objetivos establecidos en el plan de caso. Este trabajo presenta un estudio llevado a cabo en una muestra española de 318 casos cerrados de niños que fueron acogidos en familia ajena y extensa. Los datos se obtuvieron a través de la revisión exhaustiva de los expedientes de protección y acogimiento, complementada con entrevistas a los técnicos encargados de cada caso. La tasa de ruptura del conjunto de la muestra fue de 26,1%, si bien fue significativamente diferente en familia extensa (19,7%) que en familia ajena (31,2%). Los resultados de este estudio indican que las variables relacionadas con la ruptura dependen de la modalidad del acogimiento, en familia ajena o extensa. En el primer caso destacamos las variables relacionadas con las características del niño, especialmente los problemas de conducta y escolares, con especial relevancia en el grupo de 9-12 años, y el haber estado en acogimiento residencial previamente. En cambio, en extensa resulta más importante la problemática en los padres (prisión, salud mental) y el tener una medida de tutela. También el hecho de que se realice el acogimiento tras pasar por hogares de acogida resulta trascendental. Finalmente, la disponibilidad de recursos económicos e incluso los estudios de los acogedores parecen ser variables relacionadas con la ruptura de la acogida
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El trabajo de investigación surge en el año 2001, ante la necesidad de hacer frente a una nueva realidad jurídica, el mobbing. Para ello fue decisivo el estudio de lo publicado (básicamente de ramas ajenas al Derecho) pero sobre todo las entrevistas con las víctimas de mobbing y sus asociaciones; este extremo, unido a la ausencia de un tratamiento internacional, obligó a un camino autodidacta para definir mobbing jurídicamente. La Tesis define mobbing como la presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración (presión laboral tendenciosa), y con ello por primera vez se tiene una definición de mobbing en línea y media, con plena validez jurídica, que es susceptible de ser memorizada y por lo tanto divulgada, para corregir el problema. El denominado "concepto uniformado de mobbing" recalca la denigración como mecanismo frente a los tratos degradantes y recalca la autoeliminación como finalidad de un comportamiento doloso. El trabajo aporta fórmulas para deslindar casos de mobbing de otras figuras próximas, y en este sentido debe citarse "la regla del 9" para saber si hay mobbing; en sede de estadísticas se critican metodológicamente muchas de ellas presentadas hasta el momento y se aporta alguna en sede de Tribunales; pero sobre todo se advierte de los riesgos jurídicos de una previsible regulación específica antimobbing, mediante el examen de las distintas definiciones que se han esgrimido hasta el momento. La segunda parte de la Tesis profundiza sobre el grado de sensibilización de nuestro ordenamiento jurídico y Tribunales, a cuyo fin se ha trabajado con más de un centernar y medio de sentencias dictadas sobre la materia, y por supuesto la totalidad de las recogidas en las bases de datos de las editoriales. El análisis sirve para apreciar la bondad de la sistemática aquí defendida, poniendo en evidencia errores, y contradicciones. La Tesis advierte que la presión laboral tendenciosa más allá de vulnerar el derecho constitucional al trabajo, o los derechos fundamentales a la integridad moral y el honor, es una transgresión a todo un "espíritu constitucional", y en este sentido se analiza con detalle tanto la posibilidad de recurrir en amparo, como el derecho a la indemnidad para quien se enfrenta a esta situación. Advirtiendo de las ventajas de efectuar esta reacción mediante la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales, se analiza la recurrida acción del art.50 ET, donde se realizan aportaciones sugerentes como el plazo prescripción o la "doctrina de los antecedentes", y se otorgan respuestas a las preguntas sobre obligación de seguir trabajando y ejecución provisional. En sede de acciones de Seguridad Social, la Tesis distingue entre la incapacidad temporal y permanente (depresiones) y la muerte y supervivencia, aportándose sobre la primera la técnica denominada "interpretación en tres niveles" y descartando la posibilidad de considerar accidente de trabajo el suicidio tras un mobbing por imperativo legal, pero aportando un sucedáneo bastante razonable como es el accidente no laboral. Junto a ello se razona por la viabilidad del recargo del art.123 LGSS. Civilmente, la Tesis se posiciona de "lege ferenda" por reconducir este tipo de acciones resarcitorias del daño psíquico y moral al orden civil, por una mayor explicación sobre el origen del quantum, pero sobre todo considera inadmisible la STS 11-3-04, y ello por una pluralidad de argumentos, pero sobre todo por cuanto viene a autorizar "de facto" este tipo de conductas. La posibilidad de accionar administrativamente frente a este riesgo psicosocial se analiza en un doble terreno, la empresa y la Administración. Si bien el cauce sobre el primero tiene algunos meandros que se desbelan, la situación es radicalmente frustrante en la Administración -donde se encuentra el mayor caldo de cultivo del mobbing- , y ello por el RD 707/2002, pero todavía en mayor medida por el Criterio Técnico 34/2003 mediante el cual la interpretación del Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha venido tácitamente a derogar parcialmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración. En materia penal, la Tesis se decanta "a priori" por dos tipos penales, los delitos contra los derechos de los trabajadores, y el delito de trato degradante; sin embargo, en la práctica sólo este segundo es el camino que puede alcanzar buen puerto. Finalmente se realiza un estudio detallado de la Ley 62/2003, ley que se divulgó como reguladora del acoso moral, y que después se defiende como un avance frente al mobbing. La Tesis advierte que no es cierto ni lo uno, ni lo otro, habiendo creado un "espejismo legal" que puede perjudicar a las víctimas de mobbing, además de no servir su estructura para una futura regulación explícita antimobbing.
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El Estado español tiene más de 100.000 construcciones ilegales. En la actualidad, la ejecución de las sentencias en materia urbanística no es eficaz. Existe, por tanto, una situación de inejecución de las sentencias urbanísticas. Un ciudadano puede construir una casa al amparo de una licencia. Sin embargo, a veces, esta licencia es ilegal porque infringe el plan urbanístico aplicable y incluso la propia ley de urbanismo. La consecuencia jurídica de la ilegal es la obligatoriedad del derribo de lo ilegalmente construido. Lo mismo sucede ante la declaración de ilegalidad de un plan urbanístico. En este caso, el juez o tribunal estimará la ilegalidad del plan y el fallo deberá ser ejecutado. La solución no es un fácil porque la demolición o derribo de la construcción ilegal trae consigo el pago de una indemnización a los propietarios que han edificado al amparo de una licencia ilegal.El derecho a la ejecución de sentencias es prescrito por el artículo 24 de la Constitución española. Este artículo 24 garantiza el derecho de todos ciudadanos a una tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional español en sus sentencias número 67/1984 y 28/1989, reconocieron que el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales deriva del propio derecho a la tutela judicial efectiva. La justicia administrativa está regulada por la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En su artículo 103.1 de la Ley 29/1998, establece que los jueces y los tribunales de la jurisdicción administrativa son los competentes para hacer ejecutar las sentencias. Por otro lado, el artículo 117.3 de la Constitución Española otorga la competencia en exclusiva a los jueces y tribunales para hacer ejecutar las sentencias, como manifestación del principio de división de poderes.En último lugar, los valores que la legislación urbanística española incorpora, tales como, el desarrollo sostenible, urbanismo sostenible y la cohesión social, quedan inaplicados si las sentencias urbanísticas no se ejecutan.
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O presente artigo tem como objectivo demonstrar que a credibilização e dignificação institucional da área científica do Turismo junto da tutela ministerial não é uma questão de esforço de demonstração das bases epistemológicas do Turismo, mas sim uma questão de concertação estratégica da emergente comunidade de investigadores do Turismo. Parte-se do pressuposto de que a emancipação das áreas científicas é um processo complexo e gradual que inclui 3 dimensões relevantes: (1) epistemológica; (2) social e económica; (3) político-institucional e identitária. São formuladas duas hipóteses: a primeira hipótese assume que, na atribuição do estatuto de autonomia a áreas científicas, a dimensão político-institucional e identitária tem primazia sobre a dimensão epistemológica; a segunda hipótese sustenta que a crescente importância social e económica do Turismo tem servido para atrair financiamentos para as universidades, subsidiando projectos e grupos de investigação atomizados pelas diversas unidades de I&D das várias ciências sociais reconhecidas (Economia, Geografia, Sociologia, Antropologia, etc…), sendo este facto um obstáculo à autonomização do Turismo como área científica interdisciplinar. Estas duas hipóteses obtiveram corroboração empírica através da análise da lista de áreas científicas da FCT e da distribuição dos grupos de investigação do Turismo pelas diversas unidades de I&D reconhecidas e avaliadas pela FCT em 2007. É ainda aventada a hipótese, a qual só o tempo poderá validar, segundo a qual a emergente comunidade de investigadores do Turismo, maioritariamente vinculada ao Politécnico, tentará contrariar a actual tendência de espartilhamento disciplinar, apostando cada vez mais na criação de grupos de investigação interdisciplinares, o quelevará ao reconhecimento dos Estudos do Turismo como área científica autónoma. Assume-se ainda que a dignificação dos Estudos do Turismo passa pela sua emancipação, a qual tarde ou cedo será conseguida, como o resultado cumulativo das seguintes linhas evolutivas: (1) a crescente aposta na formação pós-graduada em Turismo; (2) a criação de novas unidade de investigação em Turismo nas instituições de ensino onde existem Mestrados e Doutoramentos em Turismo; (3) o contínuo esforço de dignificação do Ensino Politécnico; (4) a procura de pontos de referência em outros países, onde o ensino e a investigação têm forte tradição.
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A história social de Macau constitui um campo de estudo largamente por cultivar, mais ainda quando se procura reconstruir e interpretar a circulação de crianças, jovens e mulheres que, de origem fundamentalmente chinesa e asiática, em profunda situação de subalternidade e exploração sociais, foram concorrendo quase paradoxalmente para a sobrevivência de uma presença política, económica, cultural e simbólica que se reivindicava «portuguesa». No território macaense, distinguindo-se do que se passava em outros espaços coloniais, como Goa ou o Brasil, a presença de mulheres europeias é praticamente inexistente ou fragmentária até quase finais do século XIX, quando o estado central começa sistematicamente a funcionalizar e a assalariar as longínquas administrações, contingentes militares e burocracias coloniais. Em rigor, de forma generalizada, a presença social portuguesa nos diferentes enclaves asiáticos que se organizavam sob a tutela político-institucional do chamado «Estado da Índia», da África Oriental a Timor, não mobilizava mulheres de origens europeias, descontados alguns exemplos, aventuras e esforços de circulação de orfãs, maioritariamente limitados ao enclave goês,2 mas quase sem expressão no devir social de Macau.
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O actual panorama político em Moçambique é bastante complexo: contudo, predominantemente baseado num aparato político moderno, o Estado também tenta incluir as Autoridades Tradicionais sob a sua tutela, de modo a procurar uma forma de beneficiar de ambas as legitimações políticas que são «modernas» e «tradicionais».
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O principal objetivo da escola é – ou, pelo menos, deveria ser – desenvolver cidadãos conscientes dos seus deveres e dos seus direitos, dotando-os de autonomia e de sentido crítico, de ferramentas que lhes permitam, mais tarde, contribuir de forma plena, cívica e responsável, para o desenvolvimento da sociedade em que se inserem. No entanto, a escola continua agarrada a práticas ultrapassadas que não se compadecem com a diversidade que acolhe diariamente. O controlo do Estado também ajuda a que a autonomia, que se diz ser dada às escolas, acabe espartilhada pelas decisões tomadas e impostas pela tutela, o que vem coartar a existência de uma escola verdadeiramente democrática, intercultural e inclusiva. Sendo a nossa linha de intervenção a Educação Especial, será neste âmbito que iremos fazer incidir a nossa comunicação, recorrendo a factos de um passado algo recente que ajudaram a cimentar o presente e que nos levam à necessidade de preparar o futuro, numa perspetiva de correção de pontos vitais para o cumprimento da verdadeira inclusão, escolar e social. A inclusão orienta para o respeito a ter pelas diferenças individuais, pressupondo diversidade curricular e de estratégias de ensino - aprendizagem. Assim, exige-se à escola que aperfeiçoe as suas práticas a fim de atender às diferenças, o que implica trabalho em muitas frentes, capaz de a orientar na direção de um ensino de qualidade e, consequentemente, inclusivo. Para se criar um ambiente inclusivo, na plena aceção da palavra, para além de recursos humanos, recursos materiais, tempo para planificação e consultoria, é necessário investir na construção de currículos adequados, capazes de dar resposta às diferentes problemáticas. Na nossa prática pedagógica diária, tendo em conta a área muito específica em que atuamos, uma das nossas preocupações prende-se com a construção de currículos para alunos cujos défices intelectuais não lhes permitem aceder às aprendizagens curriculares comuns, currículos que os dotem de competências e saberes fundamentais para o seu futuro, tornando-os o mais autónomos e autossuficientes possível, conduzindo-os à máxima integração social, capazes de atingir um estatuto igual ao dos outros membros da comunidade. Deste modo, entendemos que um currículo bem estruturado constitui o motor de arranque para a inclusão, além de que facilita a implementação do mesmo e permite, ainda, uma verdadeira consecução dos objetivos nele definidos.
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Os autores, a partir de um dos muitos episódios da sua praxis enquanto profissionais do direito, tiveram que lidar com a problemática de que aqui se ocupam. Os problemas suscitados em tal prática têm um relevo dogmático e teorético de grande interesse não só no âmbito imediato, pragmático, do seu contexto problemático- concreto, mas em termos das disciplinas jurídicas, convocando, nomeadamente, em termos gerais, questões de hermenêutica jurídica, o problema do lugar das presunções e ficções no direito, o relevo dos princípios constitucionais na decisão concreta, para citar os mais importantes, e, em termos específicos, a tutela dos direitos e interesses dos unidos de facto, a tributação conjunta, o significado de “residência fiscal”.
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Longe vão os tempos em que a formação inicial dos docentes era tida como suficiente para o desempenho da profissão. Hoje, a sociedade e o poder político requisitam aos professores maior abrangência nas suas competências profissionais, no sentido de estes serem capazes de responder adequadamente às exigências que enfrentam. A tutela, por seu turno, responde com programas de apoio do tipo TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária) à enorme variedade de alunos e contextos socioeconómicos. É no seio desta realidade que se coloca a questão: como implementar práticas colaborativas, potenciadoras do desenvolvimento profissional dos professores do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, numa escola TEIP? Fullan e Hargreaves (2001) defendem que só a existência de um trabalho conjunto, a responsabilidade partilhada, o empenhamento e o aperfeiçoamento coletivos, a maior disponibilidade para participar na difícil atividade de reflexão crítica, acerca do trabalho realizado, e uma cultura colaborativa é que poderão conduzir a progressos significativos, na melhoria dos resultados e, consequentemente, no real desenvolvimento profissional docente. Contudo, quer a abertura das salas de aula ao exterior, quer a inclusão de todos os alunos nas mesmas, representam ainda, e em geral, um desafio para muitos docentes. É neste contexto que se apresenta um projeto de formação que tem, como campo de análise, a formação de professores, centrada na escola e ancorada na colaboração e supervisão interpares. A formação referida visa: desenvolver uma cultura de positividade e propositividade; criar, promover, analisar e partilhar experiências e inovações realizadas em contexto; desenvolver experiências consequentes sob o ponto de vista do desenvolvimento profissional docente, ao nível da sala de aula; refletir, em conjunto, sobre estratégias exequíveis e indutoras da melhoria do comportamento e das aprendizagens dos discentes. Com estes propósitos, ancorar-se-á a oficina de formação na criação de tarefas a serem experimentadas em contexto, na observação de aulas e na experiência dos intervenientes, baseada na reflexão sobre as práticas e focalizada nos problemas correntes. A expectativa sobre os resultados a obter com esta formação é grande e alicerça-se no trabalho empírico levado a cabo, tendo os principais resultados apontado, claramente, no sentido da necessidade e disponibilidade, por parte dos docentes, para participarem numa oficina de formação cujos objetivos fossem os citados.
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O direito ao acesso à educação escolar compreende-se como alicerce para que a pessoa com deficiência possa verdadeiramente tornar-se um cidadão na construção dos ideários democráticos, participação na vida econômica e política. Dados apresentados pelo IBGE sobre o aspecto educacional das pessoas com deficiência no ensino superior é bastante preocupante. Mediante Censo realizado pelo MEC, alunos com deficiência matriculados nas universidades representam apenas 0,1% do total. A CR/1988 instituiu o Estado Democrático de Direito, cuja implementação fática está condicionada à busca de uma igualdade substancial, onde o acesso à educação é uma ferramenta e um direito fundamental para emancipação social, cultural, e econômica, inclusive, desse segmento e na tutela da dignidade humana. Ações afirmativas fazem-se necessárias a essas pessoas, no sentido de corrigir desigualdades, balizada pela educação inclusiva que concatena com a ideia de universidade inclusiva e de uma sociedade também inclusiva, caminhando justamente na intenção de corrigir desigualdades de oportunidades, buscando dirimir a ótica excludente do atual estágio social. Este estudo analisa fatos e concepções dos alunos com deficiência e de um docente da UFPE, sob a ótica de que a educação escolar inclusiva constitui paradigma educacional fundamentado na concepção de que igualdade e diferença são valores indissociáveis na construção de uma sociedade mais justa e solidária.