787 resultados para NIÑOS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA - ASISTENCIA SOCIAL - COLOMBIA - 2000-2010


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El Programa Provincial de Salud para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a Victimas se crea como órgano encargado de proponer políticas, convocar a la concertación, diseñar y ejecutar en el ámbito del Ministerio de Salud acciones de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población desde una perspectiva de género. Las acciones propuestas se realizarán en forma articulada con otras áreas del Ministerio de Salud relacionadas con la salud mental, la prevención, la promoción en la comunidad, la emergencia y la capacitación de los equipos de salud

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A través de la reconstrucción del proyecto “Escuelas que educan y sanan” se plantea una reflexión acerca de cómo las escuelas perciben y afrontan los efectos psicosociales causados por el desplazamiento forzado en niños y jóvenes, y los retos que supone pensar la educación más allá del rol tradicional.

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Silenciosa y progresivamente la violencia sicológica puede ocupar su puesto de trabajo sin que siquiera la haya notado. Estudios recientes muestran que, como resultado de las transformaciones globales del mundo del trabajo en términos de productividad, se están incrementando ese tipo de fenómenos. Juan Alberto Castillo Martínez, PhD e investigador del Grupo de Investigación Salud, Cognición y Trabajo de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, explicó que esos estudios evidencian que la línea que define la noción deviolencia en el trabajo” es bastante difusa y depende de un sinnúmero de factores, tales como la cultura local, la organizacional y la apreciación colectiva de ciertos comportamientos. ¿Qué significa, entonces, un acto violento de trabajo en el marco de los sistemas de producción colombiano? Pensar el significado del acto violento en una cultura marcada por varias generaciones de trabajadores expuestos a violencias de diverso orden (social, cultural, familiar, política) hace difícil identificar, controlar y manejar el fenómeno. En el estudio desarrollado por el Grupo de Investigación GiSCYT sobre ”Los Riesgos Sicológicos y Sociales en el Trabajo”, 2006-2007, los investigadores advierten también a cerca de la necesidad de reflexionar sobre la tolerancia a la violencia, y tener en cuenta que la definición de violencia varía ampliamente en función de la época y el momento histórico en que los actos violentos se producen. En el ámbito familiar, por ejemplo, se consideraba en el pasado que ejercer la autoridad de los padres o de los maestros pasaba por la agresión física directa a los niños. Hoy en día, la sociedad considera ésto como una expresión de brutalidad. En el campo del trabajo, las formas diversas de violencia han sido objeto de controversia legal, política y de expertos en ciencias de la salud, a tal punto que hoy el reconocimiento e identificación de dichos actos en el mundo laboral es difícil y, a veces, imposible. Recientemente en Colombia y en diversos países del mundo, se han desarrollado normas que tratan de limitar la producción de fenómenos que involucran el ejercicio del poder sobre otros (estrés, acoso, presión). Sin embargo, hacer evidente la génesis y el desarrollo de estos fenómenos tiene un alto costo social y organizacional.

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En el presente ensayo se examinan algunos antecedentes históricos –los factores institucionales en particular– que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colombia. En este sentido, se intenta explorar en qué medida la incapacidad de las instituciones del Estado para resolver los conflictos por los derechos de propiedad y distribución de la tierra, hizo que algunos actores sociales, campesinos sin tierra y que las ocupaban ilegalmente, aparceros y trabajadores migrantes de las haciendas, así como terratenientes, crearan instituciones violentas paralelas en la contienda para lograr sus objetivos antagónicos.

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La investigación presentada parte de la definición del derecho a una vivienda digna y cómo este se configura como un derecho social fundamental a lo largo del discurso de los derechos humanos. Posteriormente se aborda la problemática del desplazamiento forzado en Colombia como consecuencia directa de la violencia, estableciendo sus orígenes, su dinámica espacial en el país y sus consecuencias. Se pone en evidencia la masiva movilización de la población rural afectada a las áreas urbanas, identificando las principales necesidades que afrontan por causa del desarraigo al que se ven sometidos. Entre las principales necesidades identificadas está la necesidad de una vivienda digna. Consecutivamente se hace un repaso de las medidas que el Estado colombiano ha desarrollado para suplir esta necesidad, analizando el marco legal diseñado y, en particular, la respuesta dada para cumplir con las directrices impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004. Este repaso hace énfasis en el modelo implementado por medio del subsidio a la demanda, mostrando sus falencias. Posteriormente se analiza el nuevo modelo desarrollado por el gobierno nacional, basado en el subsidio mixto de oferta y demanda. Finalmente, el trabajo propone recomendaciones que pueden complementar el modelo actual, mediante la conformación de un triángulo de cooperación entre el Estado, el Sector Privado y la población desplazada. Se enuncian algunas propuestas tendientes a fortalecer el modelo actual del gobierno nacional en temas como el suelo, la financiación, las formas de construcción y el acceso a servicios básicos.

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Los menores de edad en Colombia han sido el blanco de los grupos como el ELN y las FARC quienes los reclutan con el fin de incrementar su esquema de lucha, esto gracias a que los niños son fácilmente amoldable a nuevas estructuras emocionales, sin contar que muchos de estos pequeños atraviesan por difíciles situaciones en sus hogares.

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Este trabajo explica la realidad brasileña de las favelas, en particular las que se ubican en la ciudad de Rio de Janeiro. Así mismo, se pretende ubicar al lector en la favela Rocinha, y en uno de los principales problemas que enfrentan sus habitantes: la violencia infantil, o violencia contra los niños. La incapacidad del Estado para dar solución a este problema ha llevado a instituciones como UNICEF a crear alternativas para mitigarlo, por lo que es importante analizar esa nueva agenda, traducida en el primer ciclo del programa "Plataforma de Centros Urbanos". Se ha escogido el trabajo de campo como herramienta metodológica para dar cuenta de tal realidad, y para llegar a la conclusión de que un problema social puede, efectivamente, modificar la determinación de una agenda institucional.

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La Época de la Violencia es el nombre que recibe el conflicto bipartidista colombiano de la primera mitad del siglo XX. Este conflicto, es reconocido como la génesis de la violencia actual del país; al mismo tiempo, La Violencia trajo consigo numerosos cambios que han impactado, hasta el día de hoy, buena parte de la estructura social colombiana generando así un masivo interés desde la academia y las artes. En este último caso, la literatura se ha convertido en uno de los principales catalizadores del conflicto, al punto que, en la actualidad, es posible hablar de un género literario conocido como Novela de la Violencia. La presente monografía, pretende analizar cómo la Novela de la Violencia, especialmente la escrita y publicada en el periodo de 1946 a 1959, se ha convertido en una herramienta para la construcción de memoria histórica del conflicto.

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La violencia en Colombia en el transcurso de los tiempos ha venido causando un deterioro no solamente político y económico sino también social. En la actualidad cuenta con miles de familias desplazadas, las cuales al no poder solventar sus necesidades básicas viven en condiciones inadecuadas para el desarrollo de cualquier ser humano. Es por esto que resulta importante además de prestar ayudas económicas o psicológicas a cada uno de los individuos de una familia desplazada, dar herramientas a los mas vulnerables (los niños) que les permitan entender desde un punto de vista positivo la situación en la que se encuentran involucrados, pero sobre todo brindar nuevas alternativas de vida que procuren un mejor futuro.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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La violencia social y política que presenta Colombia se desarrolla también en las instituciones educativas. Los centros escolares deberían estimular la formación de valores que promuevan la tolerancia, la paz, la democracia y los derechos humanos entre el alumnado. Ante la problemática de violencia y agresividad en los centros educativos colombianos la Universidad Pedagógica Nacional ha desarrollado un trabajo exploratorio que permite identificar la violencia en los centros educativos, a partir de cuatro categorías de análisis que evidencian las particulares de las situaciones de conflicto y malestar institucional.

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Realizar una revisión del estado de la educación para la paz, sobre todo en Colombia, país del que se analiza su contexto social y educativo. La investigación se estructura en cinco capítulos. En el primero se explica la metodología del trabajo. En el siguiente capítulo se analiza el estado actual de la investigación sobre la paz y se estudia la transversalidad del tema y la importancia de Internet en este campo. El capítulo tercero profundiza en la situación de la sociedad colombiana en relación a la violencia y a los valores predominantes en la misma. El capítulo cuarto explica el contexto educativo de Colombia en cuanto a normativa y realidades. Por último, el capítulo quinto incluye las respuestas de una encuesta realizada a personas y colectivos comprometidos con la paz y/o la educación. Además, se describen algunas experiencias y propuestas de intervención en el ámbito de la educación en Colombia y España. Destaca el uso de monografías, obras de referencia, publicaciones periódicas y audiovisuales. Además, se consulta la red Internet. Se utilizan distintos métodos de trabajo adaptados a los diferentes elementos presentes en la investigación: los relacionados con la revisión conceptual, histórica y bibliográfica; los relacionados con aspectos ideológicos, valoraciones cualitativas y el estudio de actitudes; y los relacionados con el análisis y la elaboración de propuestas. La implantación de una cultura de paz requiere pasar de un modelo de educación institucionalizada a un modelo de sociedad educativa. La enseñanza debe dirigirse al compromiso social y es necesario promover un sistema consensuado entre todos los miembros de la comunidad educativa para la resolución de conflictos. Esto es especialmente importante en Colombia, donde la escuela desempeña un papel fundamental en la lucha contra la violencia. Hay que trabajar los contenidos de la educación para la paz en distintos ámbitos, como la educación para la convivencia, la educación en los derechos humanos y la educación para la salud. Además, las nuevas tecnologías pueden fortalecer la democracia; promover los derechos humanos; y fomentar la diversidad cultural, la paz y la estabilidad internacional.