757 resultados para INDIGENAS DE COLOMBIA - SITUACION LEGAL


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Durante las últimas décadas, Centroamérica ha sido víctima de un fenómeno social que sin duda alguna ha generado temor al interior de las naciones. La región ha experimentado el actuar de las maras, la amenaza de agrupaciones que con el tiempo se han tornado más violentas y complejas. Las prácticas de las pandillas en estos países se han convertido en una problemática real, y la seguridad en tema central para las autoridades. Es por esto, que los gobernantes se han visto en la necesidad de intervenir por medio de la implementación de políticas públicas que de alguna manera atenúen el difícil reto que hoy afrontan. Sin embargo, algunas de las medidas adoptadas han estado determinadas por la contención y el uso de la fuerza, instaurando de cierto modo una cultura política autoritaria.

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La AIC es la institución mediante la cual los pueblos indígenas del Cauca participan en el SGSSS. En la práctica se desarrollan una serie de relaciones biopolitícas, afectando la participación de la AIC en el SGSSS porque se generan procesos de subsunción, constituyendo la administración de la vida de las poblaciones por el biopoder

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El aumento de los flujos migratorios en los últimos años, ha generado que hoy en día se presencie dentro del escenario internacional nuevas dinámicas sociales, con efectos positivos y negativos tanto para los países de origen como para los de destino. Dentro de estos procesos se originan nuevos espacios sociales transnacionales debido a la trasmisión de identidades culturales; es así como nacen las Maras en Estados Unidos y se extienden posteriormente por la región Centroamericana, expansión influida en parte por las políticas de deportación implementadas por el gobierno norteamericano.

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El problema del paramilitarismo en Colombia ha afectado diversas capas de la sociedad colombiana. En la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente unos de los principales afectados han sido las comunidades indígenas que ahí habitan (Koguis, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos), siendo estos obligados a pertenecer a una lógica de guerra caracterizada por involucrar a la población civil y por utilizar al narcotráfico como medio de financiación. Por lo tanto la investigación que se presenta a continuación es una aproximación teórica a las lógicas de la guerra paramilitar en la zona y su influencia sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas entre los años 2002 y 2007.

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Hace más de 500 años, la búsqueda de riquezas llevó casi a la extinción a los ancestrales habitantes del suelo colombiano. Hoy, los herederos de esa tragedia ven cómo el afán por explotar los recursos naturales y los intereses de diferentes actores, han desatado conflictos ambientales que estremecen sus territorios. En Colombia hay unos 87 pueblos indígenas y hasta el momento, se han identificado y documentado 62 conflictos ambientales de diverso origen en sus tierras, los cuales muestran que las comunidades han sido afectadas por los proyectos que promueven el desarrollo especialmente económico.

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Los pueblos indígenas han desarrollado históricamente una diplomacia milenaria y complementaria a la estatal, logrando, entre otras cosas, el reconocimiento de sus derechos en el escenario internacional. Este ha sido un largo proceso, el cual ha implicado la constitución de redes sociales transnacionales y la emergencia de dirigentes indígenas de vocación internacional. Esta investigación pretende visibilizar las prácticas de incidencia en política internacional de los Pueblos Indígenas. En nuestro concepto, la diplomacia indígena constituye un ejemplo emblemático de participación política de los Pueblos Indígenas en distintos escenarios del Sistema Internacional como los organismos internacionales y foros mundiales.

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Esta investigación ofrece un análisis del reconocimiento jurídico a la desagregación territorial. La primera parte de la investigación giro en torno a la necesidad de caracterizar las tensiones emergentes en el territorio ancestral de los pueblos Camëntsá e Inga con el proyecto de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, en el periodo de 1996 al 2011. La segunda parte analizó las acciones reivindicativas empleadas por los pueblos indígenas Camëntsá e Inga en el marco de su interés por el reconocimiento del derecho al territorio; y finalmente se analizaron los marcos institucionales que explican las tensiones respecto al reconocimiento del territorio entre el Gobierno Nacional y las Autoridades Indígenas de los pueblos Camëntsá e Inga en el departamento del Putumayo.

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Modelo utilizado por los indígenas wayuú, donde existe una institución encargada de resolver los conflictos intraétnicos, que tiene un origen mítico pero goza de tanta credibilidad y confianza, que hace imposible que caiga en desuso

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Los traumatismos por accidentes de tránsito, constituyen un problema de salud pública, a nivel mundial. Las lesiones más frecuentes son las fracturas de extremidades (84.3%). Las fracturas tienen un elevado riesgo de presentar infecciones, secuelas e incapacidades permanentes. Objetivo : Determinar si los factores asociados con la patología (lugar de fractura, clasificación de fractura, comorbilidades del paciente) y/o los factores relacionados con la atención médica (uso de profilaxis antibiótica diferente al protocolo institucional, tiempo prolongado para remisión, demoras en manejo quirúrgico) se asocian a mayor probabilidad de presentar infección de fracturas abiertas, en población mayor a 15 años, atendidos por accidente de tránsito, en una clínica de Bogotá de tercer nivel especializada en atención de SOAT, durante el período Octubre de 2012 a Octubre de 2013. Metodología: Estudio de casos y controles no apareado, relación 1:3, conformado por 43 casos (fracturas abiertas infectadas) y 129 controles (fracturas abiertas no infectadas). Resultados: La edad media de los casos fue de 39.42 +/- 16.82 años (med=36 años) y la edad media de los controles fue de 33.15 +/- 11.78 años (med=30 años). El 83.7% de los casos y el 78.3% de los controles corresponden al sexo masculino. Predominaron los accidentes en motocicleta en el 81.4% de los casos y el 86% de los controles. En el análisis bivariado se encuentra que la edad mayor a 50 años (p=0.042), una clasificación de la fractura grado IIIB o IIIC (p=0.02), cumplimiento del protocolo antibiótico institucional según el grado de fractura (p=0.014) y un tiempo mayor a 24 horas desde el momento del accidente al centro especializado en trauma (p=0.035) se asociaron significativamente con infección de la fractura abierta. En el análisis multivariado se encuentra únicamente que la clasificación de la fractura grado IIIB o IIIC se asocia con infección de la fractura OR 2.6 IC95% (1.187 – 5.781) (p=0.017). La duración de hospitalización fue mayor en los casos (32.37+/- 22.92 días, med=26 días) que en los controles (8.81 +/- 7.52 días, med=6 días) (p<0.001). El promedio de lavados quirúrgicos fue mayor en los casos (4.85±4.1, med=4.0) que en el grupo control (1.94±1.26, med=2) (p<0.001). Conclusiones: La infección posterior a una fractura abierta, implica costos elevados de atención con hospitalizaciones prolongadas y mayor frecuencia de intervenciones quirúrgicas como se evidencia en el presente estudio. Se debe fortalecer el sistema de remisión y contra remisión para acortar los tiempos de inicio de manejo especializado de los pacientes con fracturas abiertas. Se debe incentivar dentro de las instituciones, el cumplimiento de protocolos de profilaxis antibiótica según el grado de la fractura para disminuir el riesgo de complicación infecciosa.

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Bogotá (Colombia) : Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública

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Desde hace poco más de un año se está anunciando con vehemencia la necesidad de propiciar un gran debate nacional para lograr una nueva reforma pensional. Entre las razones que se aducen están la informalidad laboral y los problemas de equidad del sistema, que ponen en la cuerda floja su sostenibilidad financiera, con el punto más álgido en el año 2050. De igual forma, la posibilidad que existe de que una buena cantidad de jubilados no cuenten con un ingreso suficiente para vivir, lo cual los obligaría a buscar otros recursos o hacer que el Estado les otorgue un subsidio.

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Los servicios de inteligencia en Colombia han operado durante casi sesenta años sin una regulación integral que demarque sus funciones y sus límites. Recientemente fue aprobado en el Congreso de la República, y en gran parte avalado por la Corte Constitucional, un proyecto de ley que pretende poner fin a esta omisión histórica. El presente artículo tiene como propósito revisar qué tan adecuada resulta la regulación que este proyecto de ley hace de dos aspectos relacionados con los servicios de inteligencia –el alcance del secreto y los controles a su funcionamiento– de cara a la protección de derechos como la intimidad, el acceso a la información y la verdad. La tesis que se defiende es que este proyecto de ley prevé aspectos positivos con relación a los dos temas mencionados, pero deja abiertos vacíos importantes que pueden llevar a que los servicios de inteligencia se aparten de sus funciones y sean utilizados para desconocer los derechos de las personas.