1000 resultados para ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS - PERÚ


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La presente Monografía pretende describir los diferentes sucesos que se dieron al interior de la zona de distensión del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Cabe mencionar, que ésta era la primera vez en la cual se despejaba una parte del territorio nacional, para que un grupo al margen de la ley se acentuara allí. A raíz de esto, se establecerá porque la zona de distensión puede considerarse como un Estado al interior de Colombia si ésta nunca lo llegó a ser. Finalmente, se describirá la administración realizada por las FARC en dicha zona, teniendo como base el concepto de Estado fallido, y se determinará si la gestión llevada a cabo por los guerrilleros puede considerarse como fallida.

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Este artículo busca evaluar la sostenibilidad de un proyecto de desarrollo alternativo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC) una vez que esta institución se retiró de la zona de implementación del proyecto. El proyecto analizado se llevó a cabo en 30 municipios entre los años 1997 y 2003. Para determinar si este proyecto fue sostenible, se realizó una breve introducción al tema de la evaluación de proyectos de inversión pública, se delimitó el concepto de desarrollo y se contextualizó el concepto de desarrollo alternativo en Colombia. En el estudio empírico se escogieron cinco indicadores para evaluar la sostenibilidad del proyecto: número de familias asociadas, número de hectáreas erradicadas, ingresos de la organización campesina, cantidad de producción lícita y número de hectáreas sembradas. Estos indicadores fueron contrastados entre el año 2003 – fecha de finalización del proyecto – y el año 2006 para determinar su comportamiento en el mediano plazo, luego de 3 años de haber finalizado las actividades de UNODC en el proyecto. Se encontró finalmente, con base en la comparación de dichos indicadores, que este proyecto es sostenible, con base en los indicadores utilizados, pero que debido a la forma como está planteada la política anti-drogas en Colombia el impacto de estas experiencias exitosas en el problema general de los cultivos ilícitos en el país es muy reducido.

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De tal manera, el objetivo principal del siguiente trabajo, es mostrar las condiciones que vive hoy el país por cuenta de los cultivos ilícitos, que repercuten directamente en la situación de orden público; y pretende hacer un llamado a la reflexión para reaccionar ante esta realidad, intentando demostrar que el programa de Desarrollo Alternativo en Colombia, es viable y que presenta soluciones concretas para enfrentar de raíz y de manera sostenible, el problema de los cultivos ilícitos

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La presente monografía es el resultado de un ejercicio analítico de pregrado que estudia cómo se han venido deteriorando las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador como consecuencia de las fumigaciones con glifosato realizadas por el Gobierno colombiano a partir del inicio del Plan Colombia. La aspersión con glifosato es una de las principales estrategias del Plan Colombia para erradicar los cultivos ilícitos de coca y se ha venido implementando de manera extensiva desde el año 2000 hasta el día de hoy en los departamentos de Putumayo y Nariño, los cuales limitan con Ecuador.

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La presente monografía tiene por objetivo analizar a través de la corriente constructivista de Alexander Wendt, cómo a partir de la política exterior de la Unión Europea, se crea una identidad europea que tiene efectos sobre Colombia a través de los Laboratorios de Paz. La creación de dicha identidad estuvo condicionada por la apropiación de ciertos mecanismos dentro de su política exterior, como la ayuda para el desarrollo y la diplomacia preventiva. Es de esta manera como la identidad europea afecta a Colombia a través de la creación de los Laboratorios de Paz por medio de mecanismos como actividades económicas alternativas y fuente de ingresos y empleo, sustitución de cultivos ilícitos, transferencia de conocimientos tecnológicos y administrativos, apoyo a procesos de paz al interior de la población, fortalecimiento institucional y participación ciudadana.

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El objetivo fue identificar los plaguicidas empleados por agricultores del Putumayo, evaluando el cumplimiento de las disposiciones legales sobre manejo de éstos y las medidas de protección personal. Metodología: estudio observacional descriptivo de campo, en zonas de cultivos ilícitos. Resultados: se evaluaron 490 sujetos, de los cuales se identificaron como expuestos a plaguicidas el 25,9%. La distribución por edad de los expuestos a plaguicidas fue: 1-10 años (19,7%), 10-18 (18,1%), 18-35 (33,9%), 35-55 (23,6%) y más de 55 años (4,7%). La mayoría de productos reportados son categoría toxicológica I. De las 109 personas que realizan labores de formulación, el 95,4% utilizan un método manual sin guantes. De los 115 sujetos que hacen aplicación, 76,5% utilizan bomba de espalda y 23,5% bomba estacionaria. El 97,6% de expuestos no emplea elementos de protección personal. Los envases vacíos son dispuestos de manera inadecuada. En los últimos seis meses se han presentado 198 contactos accidentales en 72 individuos. Conclusiones: es preocupante encontrar el uso inadecuado de insecticidas y herbicidas tóxicos y el desconocimiento de la normatividad vigente. Es recomendable que entidades académicas, entes gubernamentales e industria de agroquímicos emprendan esfuerzos para cumplir a cabalidad su función de educación, control y vigilancia sobre el uso de plaguicidas, sin importar si el producto cultivado es lícito o ilícito.

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Dentro del marco de rompimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, este estudio de caso pretende analizar la labor desempeñada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- y el gobierno colombiano, en cuanto a los refugiados colombianos que se encuentran en territorio ecuatoriano; pues dada la situación entre los Estados, es posible que la organización encontrara dificultades al asistir a la población colombiana que se encuentra refugiada. El comportamiento de ambos Estados y del ACNUR, será entendido siguiendo la perspectiva de Robert Keohane en los conceptos de cooperación internacional, multiplicidad de canales y ausencia de jerarquía en los temas, provenientes de la Teoría de la Interdependencia Compleja.

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La relación entre seguridad y medio ambiente ha sido tema de debate de múltiples escuelas de pensamiento en los últimos treinta años desde la Cumbre de Estocolmo en 1972, cuando en las Naciones Unidas los gobiernos se comprometieron con el principio 21 según el cual las actividades al interior de la jurisdicción nacional de un país no pueden causar daños ni en otros Estados, ni más allá de su jurisdicción o control. En la Cumbre de Río, el tema del deterioro ambiental adquiere un status político que compromete a todos los países en las Naciones Unidas. Paralelamente a éste desarrollo en la política internacional, ha habido un desarrollo académico que a su vez ha facilitado un mayor acercamiento a esta temática al centrarse en buscar una explicación a la relación entre seguridad y medio ambiente.

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Este trabajo de grado aborda la contribución del periodismo en la configuración del debate en Colombia sobre política de drogas, a través de un análisis de contenido a las columnas y editoriales publicadas entre 2009 y 2013 en cuatro medios de referencia del país. Se identificaron los perfiles de quienes participaron, los argumentos y las políticas defendidas que plantearon, y la manera como presentaron sus opiniones en El Espectador, El Tiempo, La Silla Vacía y Semana. El desarrollo de la discusión en los textos demuestra una evolución respecto al tema en la medida que hay una transformación del paradigma punitivo hacia un camino menos restrictivo frente a la producción, el tráfico y consumo de drogas ilícitas. Se sugiere que los hechos coyunturales motivaron en parte dicho cambio al ejercer influencia en los giros y la visibilidad que toma el debate dentro de la prensa.

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Este documento surge de la pregunta ¿por qué a pesar de los costos y los inconcluyentes resultados de la guerra contra las drogas, ésta se ha mantenido por más de 40 años? El texto analiza los factores que motivaron a Estados Unidos a iniciar un proceso de construcción discursiva para transformar el problema de las drogas en una amenaza a la seguridad nacional de ese país y del mundo, y cómo Colombia ha aprovechado esa situación para redefinir constantemente su identidad nacional e impulsar sus intereses. La aproximación al problema de las drogas se desarrolla desde la perspectiva del proceso de securitización y desde la óptica de la búsqueda de los intereses nacionales, soportada sobre la base teórica del constructivismo. Desde esa perspectiva, se evidencia cómo la construcción de la guerra contra las drogas ha dependido de la identidad (personalidad) de los Estados, de las políticas e intereses de sus gobernantes, pero también de elementos propios del contexto histórico que han potenciado su desarrollo. Finaliza con el planteamiento de un posible proceso de des-secutiritización del problema de las drogas.

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Este texto busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos del trabajo de investigación aplicada, desarrollado por las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, de Relaciones Internacionales y de Jurisprudencia, realizado con el apoyo del Instituto Rosarista de Acción Social (SERES). Debido a esto se consagran los productos académicos del trabajo del proyecto "Escuela de formación en diplomacia indígena y solución de conflictos: Tribunales internacionales y análisis de casos". Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos. Este libro está dividido en dos grandes partes.

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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El autor analiza la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas como política unilateral concedida por EE.UU. a países andinos (excepto Venezuela) dirigidas a promover las exportaciones andinas a mercados estadounidenses y la sustitución de cultivos ilícitos. El artículo explora las implicaciones de esta ley, y contrapone varios enfoques sobre su efectividad, unos en el sentido de que la ATPA no ha tenido una incidencia significativa en la modificación de la producción o la estructura exportadora de las naciones beneficiarias, y otros que mencionan que esta ley sí ha promovido importantes flujos de inversión entre EE.UU. y los países andinos.

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Durante los últimos años las exportaciones no tradicionales han sufrido un incremento significativo, mientras que las exportaciones tradicionales han sufrido reducciones, teniendo como principales destinos a los EE.UU. y la CAN, siendo los países que conforman el bloque regional los principales receptores de producción industrial. Que en el caso del intercambio con Ecuador se realiza en su mayoría por vía terrestre a través del puente internacional de Rumichaca, que en los tres años anteriores ha tenido una participación promedio del 28% de las exportaciones terrestres de Colombia. El país posee una guerrilla que data de entre 1948 y 1966, a raíz de la violencia partidista, con el tiempo ha adquirido posiciones importantes en algunas zonas y han desplazado su accionar hacia aquellas que les pueden brindar ventajas en su accionar frente al estado: cada uno de los frentes posee tareas especificas en pro de la organización general. Hay además presencia de grupos de autodefensa cuya localización coincide con los grupos guerrilleros debido a su naturaleza y estos a su vez coinciden con la presencia de cultivos ilícitos en los departamentos que se unen por la vía panamericana, lo cual lleva a establecer la existencia de una relación estrecha entre los beneficios obtenidos por los grupos al margen de la ley y la actividad del narcotráfico. Por la aplicación del Plan Colombia y los nexos entre narcotráfico y grupos al margen de la ley, los recursos del primero son empleados en realizar acciones en contra de los segundos que afectan en forma reducida los procesos de intercambio entre las dos naciones por la interiorización de los costos como externalidades de los procesos económicos en territorio colombiano.

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Este trabajo revisa las diferentes etapas de la cadena de valor del narcotráfico en Colombia, empezando por el cultivo de la hoja de coca, pasando por el microtráfico en ciudades del país y el lavado de las rentas provenientes de este negocio. Asimismo, revisa las implicaciones que sobre la cadena del narcotráfico tiene la firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Esta revisión hizo evidentes dos retos principales de cara al posacuerdo: Primero, la lucha contra la cadena del narcotráfico se ha fundamentado en acciones dirigidas a los eslabones más fáciles de atacar, que a su vez son los menos valor agregado generan en el negocio. En particular, gran parte de los recursos se ha orientado a la reducción de cultivos ilícitos enfrentando campesinos cultivadores, con menos acciones dirigidas a la destrucción de laboratorios e interdicción, pocas al microtráfico y casi ninguna al lavado de activos. Esto tiene serias implicaciones sobre la legitimidad del Estado y sobre resultados tangibles que logren disminuir de manera significativa las rentas del tráfico de cocaína. Segundo, no es claro que el Gobierno Nacional tenga la capacidad de copar los espacios de control territorial que tienen hoy las FARC. Este grupo armado ilegal controla gran parte de los cultivos ilícitos de coca y pretende apoyarse en los cultivadores, entre otros, como base política en el posacuerdo. No obstante, es claro que otros grupos como el ELN y las bandas criminales tienen suficientes incentivos para, una vez las Farc estén por fuera del espectro político y se vean impedidas para obtener sus intereses por la fuerza, ampliar su control territorial sobre estas zonas. Una parte importante de las ganancias que trae el posacuerdo para el país dependerán de cómo se sortea esta situación. Este trabajo propone una revisión de estos retos, y contribuye a la discusión de política pública sobre las que se fundamentarán las instituciones del posacuerdo.