996 resultados para COMUNIDADES INDÍGENAS - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES - COLOMBIA


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Desde su creacin en 1991, la Corte Constitucional colombiana (en adelante, CCC) ha sido uno de los principales protagonistas de la vida poltica e institucional del pas. Su vigorosa intervencin en varios asuntos econmicos, polticos y sociales ha promovido cambios importantes en el balance institucional de poder, as como en la vida de minoras y grupos sociales tradicionalmente excluidos. Este activismo judicial progresista1 ha propiciado una gran cantidad de debates acadmicos y polticos: si bien ha tenido defensores entre algunos acadmicos, miembros de movimientos sociales, e incluso varios actores polticos y miembros de la rama judicial, tambin ha tenido muchos crticos entre esos y otros sectores ms poderosos.

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Este texto presenta una investigacin cualitativa y cuantitativa sobre la situacin de los derechos a la salud, a las pensiones y a los servicios sociales del adulto mayor, teniendo como base Colombia, pero tambin en relacin con Espaa, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Uruguay, en cuanto a normatividad (sobre la base de la constitucionalizacin e internacionalizacin de los derechos), polticas sociales y contexto de la seguridad social. Este estudio se enriquece con una visin holstica del problema de la seguridad social y sus conclusiones apuntan a un fortalecimiento de las polticas con enfoque humanista, de los desarrollos normativos y de la jurisprudencia para que se garantice el reconocimiento de los derechos establecidos en las respectivas constituciones. El escenario investigativo tiene como teln de fondo el acelerado proceso de envejecimiento global, la creciente importancia de Latinoamrica en el mundo y el propsito de la mayora de sus pases de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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La Educacin Intercultural Bilinge (EIB) es una alternativa para pueblos originarios, hoy ya es un paradigma pedaggico en Europa y en Amrica. Actualmente, en la mayora de pases de Amrica Latina estn aplicando la EIB, en los estados que ms est desarrollando la EIB son: Mxico, Guatemala, Colombia, Ecuador, Per y Bolivia. En el Ecuador, se cuenta con la Direccin Nacional de Educacin Intercultural Bilinge (DINEIB) desde 1988, fue instituida en base a las experiencias educativas ejecutadas antes de su creacin. La DINEIB est ejecutando la Educacin Intercultural Bilinge (EIB) en todas las nacionalidades y pueblos indgenas, por medio de las direcciones provinciales y de nacionalidades. Esta Direccin, elabor el Modelo de Educacin Intercultural Bilinge (MOSEIB) para aplicar en sus centros educativos comunitarios. En la provincia de Cotopaxi, antes de la creacin de la DINEIB ya se desarroll algunas experiencias educativas, la que hasta ahora existe es la del Sistema de Escuelas Indgenas de Cotopaxi (SEIC), mismo que atiende a comunidades indgenas de Zumbahua, Chugchiln, Panyatug y El Bajo (Pujil y Maca grande). Con la presencia de la DINEIB, aparece la Direccin Provincial de Educacin Bilinge de Cotopaxi (DIPEIB-C). La Direccin antes indicada es la rectora de la EIB en Cotopaxi, siendo as, el SEIC es parte de la DIPEIB-C, sin embargo, existe poca coordinacin Para este trabajo, se realiz una investigacin a los actores sociales por medio de entrevistas y observaciones, la finalidad fue ver cules son las percepciones y su impacto en las comunidades indgenas sobre las experiencias educativas. Luego de haber sistematizado los datos, se nota que existen problemas en el proceso de la EIB: En lo pedaggico, los docentes muy poco estn tratando el kichwa como lengua instrumental de educacin, as como los contenidos de la cultura indgena, y, en lo social y econmico, existe emigracin de los indgenas a las ciudades, en la parte final, se pone a consideracin elementos para mejorar la calidad de la EIB en Cotopaxi.

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En una poca en la que los partidos polticos estn perdiendo credibilidad y los principios ideolgicos ya no constituyen el valor preponderante, la poblacin busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez ms populista y un poder ms personalizado, y los medios de comunicacin, la mayor parte de los cuales estn concentrados, monopolizados y manipulados por las lites polticas y econmicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestin, sino tambin en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A travs del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano lvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo gobernante-medios de comunicacin-poblacin, con el fin de establecer y de examinar crticamente las influencias que, por motivos polticos y econmicos, entran a manipular esta relacin. De hecho, en esta investigacin tratar de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricacin, construccin y deconstruccin de noticias, pero tambin procurar mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son armas no violentas (fsicamente) utilizadas por los gobernantes y las lites para denotar y representar sus realidades, mostrndolas como verdades y, adems, para controlar, dominar y direccionar la opinin pblica y as legitimar su accionar.

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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias ms apremiantes que se le hace a los Estados contemporneos es que propicien formas de organizacin social aptas para la vida democrtica. La Declaracin Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuracin jurdico-poltica derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generacin de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a travs de la creacin de mecanismos de democracia participativa, de control poltico y jurdico en el ejercicio del poder y sobre todo, a travs de la creacin de un catlogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretacin y el funcionamiento de la organizacin poltica. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Poltica de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situacin vivida por los colombianos en las ltimas dcadas llena de sombras cualquier reflexin acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la poblacin; intelectuales, polticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicacin, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violacin sistemtica de los derechos son cada vez ms alarmantes y sus ndices de vulneracin aumentan constantemente. Resulta paradjico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgacin de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once aos despus, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democrticos y sociales de la carta.

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El artculo aborda la accin y la capacidad transformadoras de los procesos polticos nacionales ejercidas por las comunidades indgenas bolivianas a lo largo del siglo XIX, a partir del desempeo de las funciones cvicas de trabajador-contribuyente y de soldado de milicias. Tales actividades las hicieron sujeto y objeto de un complejo proceso de ciudadanizacin y desciudadanizacin en un contexto de sufragio censitario en el que la violencia y la ley coadyuvaron en el proceso de institucionalizacin del Estado.

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El artculo aborda la accin y la capacidad transformadoras de los procesos polticos nacionales ejercidas por las comunidades indgenas bolivianas a lo largo del siglo XIX, a partir del desempeo de las funciones cvicas de trabajador-contribuyente y de soldado de milicias. Tales actividades las hicieron sujeto y objeto de un complejo proceso de ciudadanizacin y desciudadanizacin en un contexto de sufragio censitario en el que la violencia y la ley coadyuvaron en el proceso de institucionalizacin del Estado.

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El artculo aborda la accin y la capacidad transformadoras de los procesos polticos nacionales ejercidas por las comunidades indgenas bolivianas a lo largo del siglo XIX, a partir del desempeo de las funciones cvicas de trabajador-contribuyente y de soldado de milicias. Tales actividades las hicieron sujeto y objeto de un complejo proceso de ciudadanizacin y desciudadanizacin en un contexto de sufragio censitario en el que la violencia y la ley coadyuvaron en el proceso de institucionalizacin del Estado.

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El objetivo del proyecto consiste en desarrollar una investigacin sobre derechos humanos y migracin internacional en Crdoba. Especficamente, se pretende analizar y reflexionar sobre los derechos humanos de los migrantes consagrados a nivel internacional y local, sobre el efectivo goce y/o vulneracin de derechos en comunidades migrantes residentes en Crdoba y el Gran Crdoba (paraguaya, boliviana, otras), y sobre los canales y mecanismos de proteccin y tutela existentes y disponibles, esto ltimo en orden a elaborar y presentar un aporte propositivo especfico. El problema central que motiva la investigacin es la vulneracin fctica de derechos que experimentan integrantes de comunidades migrantes en nuestro entorno (derechos a la igualdad, a la no discriminacin, a la propiedad, a la identidad personal, a la diversidad cultural, a la educacin, al acceso a la justicia, a la seguridad social, al trabajo digno, a la transferencia de ingresos, a la integridad fsica, a la proteccin policial, otros), y contempla el desarrollo de los siguientes componentes (y productos de mismo): 1) Desarrollo de una investigacin-publicacin sobre derechos humanos y migracin internacional en Crdoba con enfoque terico-prctico (derechos consagrados a nivel internacional, nacional y provincial -adecuacin normativa-; goce de derechos, principales vulneraciones; canales y mecanismos de proteccin y tutela existentes y/o disponibles para las comunidades migrantes; 2) Diseo y presentacin de propuestas de accin efectivas para la tutela de derechos humanos de integrantes de comunidades migrantes seleccionadas; 3) Conformacin e implementacin de una red interinstitucional local entre actores pblicos y privados vinculados y/o interesados en la temtica, y reforzadas sus capacidades institucionales. Se prev un abordaje tcnico-jurdico, una interaccin directa con los sujetos de derecho (migrantes), el refuerzo de relaciones interinstitucionales que contribuyan a generar un cambio social positivo, y la instrumentacin de un esquema reflexin-accin, basado en generar conocimientos y propuestas de mejora e intervencin social en beneficio de grupos vulnerables de nuestro medio. A partir de lo expuesto, se aspira a contribuir a la generacin de informacin cientfica sobre la temtica, y reforzar el papel de nuestra Universidad y de sociedad civil en la promocin y la defensa de los derechos humanos de los migrantes, en orden a su tutela efectiva y la inclusin social.

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Este artculo trata el tema del ne bis in idem como garanta procesal penal dentro del sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos. Haciendo referencia a los casos llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se presentan algunas reflexiones que fueron tomadas en consideracin para la flexibilizacin del principio. Esta garanta se compara con el sistema del double jeopardy de la common law. Asimismo, se compara tambin con otros sistemas de proteccin de los derechos humanos, como el europeo, el del Tribunal Penal Internacional y el del Pacto de Derechos Civiles y Polticos de las Naciones Unidas. Finalmente, se destaca la importancia de la armonizacin de garantas del proceso penal en la discusin de conflictos jurisdiccionales. Este texto es producto de las reflexiones debatidas en el curso de postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de So Paulo, As Garantias do Processo Penal no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 2008.

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El fenmeno del desplazamiento interno forzado en el mundo representa una problemtica de gran envergadura que impacta a aquellas personas que se ven obligadas a migrar dentro del territorio de su pas huyendo de las zonas de conflictos y de las persecuciones de los actores armados, debido al contexto de violencia en el que se encuentran y del cual resultan ser las principales vctimas. As pues, en el caso de Colombia, el desplazamiento forzado interno representa una de las principales consecuencias que ha dejado el contexto de violencia armada sufrido en el pas a lo largo de las ltimas dcadas, lo cual ha llevado a las instancias constitucionales a pronunciarse sobre el accionar del Estado para darle solucin a esta problemtica. El trabajo se enfoca especficamente en la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional donde se establece que el pas atraviesa por un Estado de Cosas Inconstitucional. De manera particular, a lo largo del anlisis se realiza una evaluacin de la implementacin, cumplimiento y alcance de la Sentencia en la Ciudad de Bogot, durante la Administracin de Samuel Moreno Rojas.

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La concentracin de tierras ha sido una problemtica recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribucin de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las dcadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementacin de polticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros das, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.

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La ablacin femenina es una problemtica a nivel mundial. En Colombia se "descubri" que se realizaba la prctica hasta 2007. Lo que el Estudio de Caso plantea es la disyuntiva que la autora ve al estudiar la ablacin entre los derechos humanos y los derechos culturales.

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La presente Monografa pretende describir los diferentes sucesos que se dieron al interior de la zona de distensin del Cagun, durante el gobierno de Andrs Pastrana (1998-2002). Cabe mencionar, que sta era la primera vez en la cual se despejaba una parte del territorio nacional, para que un grupo al margen de la ley se acentuara all. A raz de esto, se establecer porque la zona de distensin puede considerarse como un Estado al interior de Colombia si sta nunca lo lleg a ser. Finalmente, se describir la administracin realizada por las FARC en dicha zona, teniendo como base el concepto de Estado fallido, y se determinar si la gestin llevada a cabo por los guerrilleros puede considerarse como fallida.

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Este trabajo obedece a un estudio conceptual que invita a la reflexin acerca de los contenidos de una verdadera poltica de Defensa y Seguridad Democrtica y compone a su vez una invitacin a su reformulacin hacia el futuro, la cual debera ser enriquecida a partir de una discusin de carcter terico, en donde se confrontaran las concepciones de Estado Social de Derecho y Seguridad Democrtica, teniendo en cuenta las responsabilidades que tienen frente a los DESC, desde la perspectiva de su esencia y obligaciones de carcter nacional e internacional y del papel que debe desempear como poltica pblica. En ningn momento sta investigacin debera entenderse como un estudio socio econmico de la situacin actual del pas, ni mucho menos como una crtica ligera que busca un estado ideal nacional, el objetivo de la misma es el de sentar un precedente sobre la importancia y la mora en que se encontrara el Estado colombiano y la Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica, frente a los DESC, a partir del sealamiento de la situacin de estos derechos en el mbito colombiano, y que a partir de ello, surja una invitacin a la reformulacin de los objetivos de la misma poltica de manera tal que logre superar sus limitaciones y de la misma forma articularse con otras polticas nacionales. Es as, como este trabajo convida al lector a realizar un anlisis sobre la importancia de los DESC en el marco de la Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica a partir del desarrollo de los tres objetivos de la presente monografa, en donde el primero intentar entender el modelo de Seguridad Democrtica como una expresin de la Teora Liberal, y su rol como poltica pblica; la segunda fase busca establecer una relacin entre el arquetipo de la Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica y el modelo de Seguridad Democrtica, formulado a partir de la Comisin Sudamericana de Paz, el Tratado Marco de Seguridad Democrtica Centroamericana y de los Talleres del Milenio; finalmente la tercera fase versar sobre las razones por las cuales el Estado colombiano debera asumir, una posicin ms contundente como Estado Social de Derecho y actor internacional, frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional.