794 resultados para NUTRIA NEOTROPICAL - RÍO SINÚ (CÓRDOBA, COLOMBIA)


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Este estudio de caso aborda el tema de las alternativas al desarrollo convencional, concretamente el concepto de Buen Vivir- Sumak Kawsay, a la luz de la descripción y el análisis de los impactos del auge minero en la región del Alto Putumayo, territorio ancestral de los pueblos indígenas Inga y Camëntsá. Este trabajo quiere mostrar que la apuesta por un modelo económico extractivista, está inspirado en un plan de dominación global de recursos naturales por parte del algunas potencias, que a través del neoliberalismo económico y la globalización han desplegado estrategias de acumulación por desposesión en el Alto Putumayo. Este trabajo cuestiona las raíces históricas del discurso del desarrollo, que legitima las prácticas extractivas y excluye los saberes locales, a la luz de la experiencia recolectada en campo, donde sobresalen los procesos de resistencia de las comunidades por la defensa de la vida y territorio.

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El proyecto busca mostrar oportunidades para las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) colombianas de posibles proveedores de materias primas de calidad, resaltando los productos más solicitados y de mejor calidad provenientes de los países que conforman el Triángulo del Norte, aprovechando las preferencias de importación gracias al Tratado de Libre Comercio que existe entre Colombia y el TN. Dentro de este estudio se expondrá el perfil de importación de cada Departamento colombiano de productos provenientes de los países del Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se expondrá el proceso de negociación del TLC entre Colombia y el Triángulo del Norte, la importancia y el potencial de este mercado para la realización de negocios. En la segunda se analizará la evolución de las importaciones de cada Departamento colombiano de productos provenientes de cada país integrante del Triángulo del Norte, con la información extraída de la base de datos WISER TRADE. En esta se muestran de manera detallada los productos importados provenientes del Triángulo del Norte, así como los principales proveedores de estos bienes para cada Departamento. En la tercera se presentan los beneficios de importar artículos procedentes del Triángulo del Norte y un modelo detallado de cómo realizar negocios con ellos, proyecto de importaciones, entidades que ayudan a facilitar el proceso de importaciones y cargos arancelarios. Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones para cualquier agente interesado en importar desde el Triángulo del Norte a Colombia.

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El trabajo investigativo que se pretende realizar es especialmente relevante por ser un tema que cobra especial vigencia, en cuanto a regulación se refiere, ya sea por tratarse de la televisión, que actualmente ocupa un puesto importante dentro de la sociedad actual, o por tratarse de la regulación como fin esencial del Estado para el mercado, garantizando pilares relevantes de la Constitución Nacional dentro de un Estado Social de Derecho. Por lo tanto, se pretende determinar si el hecho de eliminar el rango constitucional del ente encargado de esta función en Colombia era la solución adecuada para los problemas que generaba la extinta Comisión Nacional de Televisión, o, si por el contrario, el nuevo órgano confunde aún más las funciones que le son propias en cuanto a política de Regulación se refiere. En cuanto, a la regulación o desregulación como vía adecuada para el servicio público de televisión, es una disyuntiva de especial prioridad tanto en el campo económico por su especial interés en las consecuencias del mercado, como en el campo jurídico por la abundante normatividad vigente, debido a esto, en este trabajo se tratará desde el punto de vista jurídico sin dejar de lado algunos matices económicos, analizar si el servicio público de televisión debe regularse o desregularse.

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Objetivo: Recientemente, se han propuesto varios dispositivos de impedancia bioeléctrica (BIA) para la estimación rápida de la grasa corporal. Sin embargo, no han sido publicadas referencias de grasa corporal para niños y adolescentes en población Colombiana. El objetivo de este estudio fue establecer percentiles de grasa corporal por BIA en niños y adolescentes de Bogotá, Colombia de entre 9 y 17.9 años, pertenecientes al estudio FUPRECOL. Métodos: Estudio descriptivo y transversal, realizado en 2.526 niños y 3.324 adolescentes de entre 9 y 17.9 años de edad, pertenecientes a instituciones educativas oficiales de Bogotá, Colombia. El porcentaje de grasa corporal fue medido con Tanita® Analizador de Composición Corporal (Modelo BF-689), según edad y sexo. Se tomaron medidas de peso, talla, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera y estado de maduración sexual por auto-reporte. Se calcularon los percentiles (P3, P10, P25, P50, P75, P90 y P97) y curvas centiles por el método LMS según sexo y edad y se realizó una comparación entre los valores de la CC observados con estándares internacionales. Resultados: Se presentan valores de porcentaje de grasa corporal y las curvas de percentiles. En la mayoría de los grupos etáreos la grasa corporal de las chicas fue mayor a la de los chicos. Sujetos cuyo porcentaje de grasa corporal estaba por encima del percentil 90 de la distribución estándar normal se consideró que tenían un elevado riesgo cardiovascular (chicos desde 23,4-28,3 y chicas desde 31,0-34,1). En general, nuestros porcentajes de grasa corporal fueron inferiores a los valores de Turquía, Alemania, Grecia, España y Reino Unido. Conclusiones: Se presentan percentiles del porcentaje de grasa por BIA según edad y sexo que podrán ser usados de referencia en la evaluación del estado nutricional y en la predicción del riesgo cardiovascular desde edades tempranas.

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El presente trabajo de grado busca evaluar el perfil del mercado de la Unión Europea y los países de la EFTA para identificar las oportunidades comerciales de Colombia, más específicamente en los siguientes países: Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia, Republica Checa, Rumania y Suecia. A través de esta investigación se realizó un análisis de los 25 productos más exportados de Colombia a cada uno de los países estudiados, tomando en cuenta sus códigos arancelarios. Adicionalmente, se evaluaron las balanzas comerciales de cada uno de los países, las tendencias de las exportaciones Colombianas de los últimos años, y las posibles oportunidades de mercados teniendo en cuenta las necesidades de importaciones detalladas de cada país europeo. A partir de la información encontrada la investigación se concentró en la proveniencia exacta del departamento Colombiano que hacia las exportaciones de los 25 productos más representativos a cada uno de los países evaluados. Teniendo en cuenta esta información, se evaluó por departamento, las oportunidades y perfiles de mercado de exportación hacia Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia, Republica Checa, Rumania y Suecia. Finalmente se identificaron los 10 productos más exportados de Colombia a cada uno de los países analizados, con el fin de enfocar las mejoras y potencializar las exportaciones de estos productos a los países europeos evaluados. Adicionalmente durante la investigación se realizan recomendaciones específicas por país y al final del documento se encuentran las conclusiones generales y recomendaciones principales para futuras exportaciones de Colombia a los países de la EFTA, República Checa, Rumania y Suecia.

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El presente estudio de caso tiene como objetivo explicar la incidencia de la adopción del enfoque del concepto de Desarrollo Sostenible en el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Colombia en el sector hortifructífero colombiano. Se realiza una análisis y se identifica cómo el enfoque adoptado por las partes, no le brinda igual importancia a los tres pilares del desarrollo sostenible, por lo tanto se dificulta su aplicación en el sector hortifructífero. Partiendo del concepto planteado por Jeffrey Sachs, se evidencian las falencias del concepto adoptado en el acuerdo, y se establecen las dificultades de la aplicación del concepto de desarrollo sostenible estipulado en el acuerdo de asociación, dentro del sector hortifructífero atendiendo a las dinámicas del mundo actual. Esta investigación surge a raíz de la creciente importancia que ha tenido el desarrollo sostenible en el ámbito internacional, estableciéndolo como punto fundamental en la agenda internacional. ría

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Para evaluar el impacto de un Tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, describimos las características de la economía colombiana, enfatizando en sus patrones y perspectivas de comercio, e identificando los sectores y regiones más sensibles a la firma de un TLC. Afirmamos que los efectos de un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, serán similares a los que han tenido anteriores reformas de liberalización comercial. Sin embargo, mientras Colombia espera la firma del TLC con Estados Unidos, ese país está cerca de firmar tratados bilaterales con algunos países de Latinoamérica. Por lo tanto, también puede haber efectos sobre la economía colombiana producto del cambio en las reglas comerciales entre sus socios. Primero analizamos el efecto de anteriores reformas comerciales en Colombia, México y Chile. Luego, a través de un modelo de equilibrio general multiregional aplicado, simulamos los efectos sobre la economía colombiana de un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Concluimos que, aunque moderados, habrá aumentos en el bienestar y en la producción de los consumidores y firmas colombianos.

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Este trabajo hace una propuesta de política educativa para Colombia que permita mejorar la calidad de la educación básica, secundaria y media y así convertirla en una herramienta efectiva de movilidad social. Se muestra que Colombia ha tenido avances importantes en cobertura. Sin embargo, las mejoras en términos de calidad han sido marginales e inequitativas. Las propuestas de política son: i) fortalecimiento de la evaluación de la calidad de la educación; ii) fortalecimiento de la capacidad institucional de los colegios públicos; iii) implementación de la jornada escolar completa; iv) implementación de una política de docentes que permita atraer mejores profesionales y mejorar los instrumentos de evaluación de los docentes; v) participación del sector privado en la provisión de educación.

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Este documento busca dar respuestas a los interrogantes que surgen una década después de definida la Ley 388 de Ordenamiento Territorial y el desarrollo de los programas de vivienda de interés social a nivel de las entidades territoriales. En Colombia, el proceso de descentralización ha sido visible en sectores como educación y salud, sin embargo, la vivienda no ha tenido un desempeño continuo que permita dar cuenta de la descentralización en vivienda. Esto teniendo en cuenta que aspectos como el mercado, el suelo y la voluntad política son decisivos para profundizar en este aspecto.

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Las evaluaciones recientes, hechas a las reformas realizadas a los sistemas de pensiones de varios países de América Latina, han resaltado la necesidad de prestar mayor atención a la protección del riesgo de vejez de los más pobres. La fragilidad de la protección de la vejez resulta, en esencia, del desfavorable desempeño del mercado laboral y de su precaria articulación con los sistemas de protección social de los países. El siguiente documento inicia mostrando algunos rasgos del financiamiento de las prestaciones para los ancianos, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. Así mismo, se precisan los interrogantes que plantean los autores alrededor del tema en América Latina y Colombia, bajo una revisión de los diferentes instrumentos introducidos con la reforma al sistema en 1993, para ampliar la cobertura y proteger a los más viejos, y sus ajustes recientes. Finalmente, se concluye la imposibilidad de lograr una mejor protección, sin involucrar el rediseño de instituciones sociales y fiscales

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El presente documento busca hacer un recuento del surgimiento y utilización de los índices internacionales como un mecanismo para evaluar la eficiencia institucional de los países. Durante la década de los noventa, organismos internacionales, centros académicos y organizaciones no gubernamentales coincidieron en el interés de elaborar índices de desempeño con el fin de caracterizar los países y establecer escalas internacionales comparativas de desempeño. En esta perspectiva, surgen algunos temas de interés como la gobernabilidad, la competitividad, la corrupción y el estado de las libertades civiles y políticas. En este sentido, el documento da una explicación de las razones académicas y coyunturales para el surgimiento de los índices y los temas de interés en calificar. Luego, hace una descripción de los índices de competitividad, gobernabilidad, corrupción y libertades económicas y políticas; se explica su metodología y establece las convergencias y divergencias entre índices del mismo tema. También presenta una revisión de la literatura nacional e internacional sobre los índices. Por último, se presenta el desempeño del país de acuerdo con las escalas internacionales. Al final concluimos que los índices internacionales han permitido una revisión comparada del desempeño institucional. Sin embargo, por problemas de acceso a la información y existencia de estadísticas, estos índices aún son prematuros para permitir una comparación real y objetiva entre los distintos países.

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La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.

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Durante los siglos XX y XXI, la política exterior colombiana ha reflejado ciertas tendencias que han repercutido en la realidad del país de manera favorable y desfavorable. Al ser la política exterior el reflejo de los intereses y necesidades de los ciudadanos de un Estados, es importante conocer cómo es el Carácter Nacional para entender por qué un Estado actúa de cierta manera, y cómo puede mejorar sus estrategias implementadas a nivel exterior. La presente investigación diagnóstica busca, mediante un recuento de la historia de Colombia durante estos dos siglos, vislumbrar los factores que han condicionado el carácter nacional, y por ende, han influenciado la política exterior colombiana. Al hacer un recuento de estos sucesos, se podrá comprender por qué el gobierno colombiano utiliza ciertas estrategias a nivel exterior, para así, recomendar su replanteamiento de tal manera que se adecúen favorablemente al carácter nacional colombiano.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.