1000 resultados para CARTAGENA (COLOMBIA) - HISTORIA MILITAR


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En la Policía Nacional de Colombia, al pasar de los años, se han vislumbrado dificultades de adecuación entre las autoridades de policía y las autoridades militares, que se manifiestan en duplicidad de funciones y organismos. La desarticulación entre las actuaciones policiales y militares ha hecho que esta institución históricamente haya venido adoptando un doble carácter militar y civil, dadas las condiciones de un conflicto permanente en el país. La policia nacional de colombia en su estructura funcional en su interior demuestra una sobredimensión en sus funciones, ya sea por el conflicto interno o la serie de reformas que el estado ha hecho a esta institución, en el cual se opta por un carácter nacional y no ciudadano, haciendo que en algunos casos este sobre empoderamiento genere algunas dificultades a la hora de cumplir sus funciones fundamentales segun su filosofia.

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Con la asunción de Hugo Chávez a la primera magistratura de Venezuela en febrero de 1999, el país ha experimentado una serie de cambios radicales, que revisten una importancia determinante para Colombia. El pasado 3 de diciembre, Chávez fue reelegido con el 62,8% de los votos, en comicios caracterizados por la polarización de la sociedad. Podría pensarse que el porcentaje obtenido le otorga al presidente un margen de maniobra suficiente para entablar una nueva fase de la denominada Revolución Bolivariana, el establecimiento del Socialismo del Siglo XXI. El propósito del siguiente texto es dar luces sobre los alcances del proceso en lo doméstico y su impacto sobre Colombia. En primer término, se hará un breve repaso de la historia contemporánea venezolana desde el establecimiento del Pacto de Punto Fijo en 1958, toda vez que sobre ella reposan las justificaciones aludidas por Chávez para llevar a término los cambios estructurales producidos en Venezuela bajo su administración. En segundo lugar, se analizarán los principales cambios acontecidos a la luz del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que condensa los principios ideológicos de la revolución, así como su impacto sobre Colombia. Finalmente, se examinará el efecto que podrá tener en el futuro, la nueva fase socialista para nuestro país.

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Si bien el proceso de globalización supone mejorías en las economías y condiciones más ventajosas para la integración, éste no ha significado un avance considerable en la calidad de vida de América Latina en términos políticos, sociales y económicos. En efecto, las principales adversidades que debe enfrentar la región están asociadas a la concentración de la riqueza, a un desarrollo social incompleto, a economías vulnerables e insuficientemente diversificadas y a una débil gobernabilidad. A la luz de estas problemáticas y ad portas de cumplir 40 años de la integración andina, resulta necesario analizar su estado actual, así como los desafíos a corto y mediano plazo que este grupo deberá enfrentar. En virtud de lo anterior, el comentario OPEC No. 5 presenta un balance sintético de lo recorrido hasta el momento en tres ejes temáticos: gobernabilidad, cohesión social y asuntos económicos. Finalmente, se plantearán algunas inquietudes sobre el futuro de la integración andina.

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Dado que la Organización de Estados Americanos (OEA) reviste importancia como la principal institución multilateral del continente, el OPEC presenta una serie de tres documentos sobre el tratamiento que han recibido los temas de democracia, seguridad hemisférica y libre comercio en el seno de este organismo. La presente entrega, aborda la primera de las temáticas, considerando que en las dos últimas décadas del siglo XX, la caída de los regímenes militares y la instauración de la democracia liberal en la mayoría de países de América Latina, significó la entrada de la región en la denominada tercera ola de democratización, fenómeno de alcance mundial que reflejaba la aceptación de los sistemas democráticos como la forma más viable de gobierno. No obstante, la OEA, se vio obligada a idear mecanismos multilaterales -La Resolución 1080, el Protocolo de Washington y la Carta Interamericana Democrática, entre otros- que resguardaran a los sistemas democráticos de múltiples amenazas, que podrían derivar en esquemas de gobierno dictatoriales o en la consolidación de democracias imperfectas. Así las cosas, el comentario OPEC No.6 resume de manera esquemática los principales instrumentos de promoción y defensa democrática y analiza su aplicación en cuatro casos: Haití en 1991, Guatemala en 1993, Paraguay en 1996 y 1999 y Venezuela en 2002. Las situaciones descritas dan cuenta de atentados directos o indirectos contra la democracia y el orden constitucional en medio de las cuales la OEA ha tenido alguna incidencia en su resolución.

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La aproximación de Colombia hacia el mundo ha sido tradicionalmente restringida. Además de los vínculos con los Estados Unidos, el país no consideró durante gran parte del siglo pasado la opción de aproximarse a otras áreas geográficas. Sólo algunas iniciativas políticas desde la década de los sesenta y algunas reflexiones académicas desde la década de los ochenta, han indicado la importancia de acercarse hacia los semejantes, es decir, hacia los países de la América Latina, sus subregiones y en especial los escenarios vecinos. A pesar de que la UE ya convertida en potencia económica y diplomática, ha empezado a surgir desde los primeros años de la década de los noventa también como un actor político y militar de gran influencia internacional, los vínculos políticos y diplomáticos de Colombia con esa subregión no han tenido el fortalecimiento que ameritan. Muy pocos son los estudios que se han efectuado en el país para analizar las relaciones políticas y estructurales entre Colombia y la UE. Algunos lo han hecho desde la perspectiva económica y las preferencias arancelarias, otros desde el ámbito de la cooperación y la ayuda humanitaria, y otros desde la perspectiva bilateral, estudiando diferentes temas de las relaciones con algunos de los Estados miembros, en particular con Francia, Alemania, España, el Reino Unido y ahora con los países nórdicos.

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En este documento se expone en términos políticos, económicos y educativos la situación que se dio en Colombia desde la segunda mitad de la centuria pasada con el fi n de entender las relaciones políticas y económicas que se presentaron, y las que contribuyeron en la creación y consolidación de empresas, en especial la forma como se dieron las relaciones entre los actores, en la cual se incluyeron las instituciones de educación que incidieron en la conformación de programas de administración en Colombia, como fruto de la creciente formación de empresas tanto del sector público como del privado. El desarrollo comprende la consolidación de la violencia política partidista del periodo, previo al régimen de facto que ocurrió bajo la dictadura militar. El punto de partida fueron los aspectos políticos, para luego adentrarse en los económicos, empresariales y educativos y considerar las relaciones del Estado con los particulares. Desde el punto de vista político se dio una constante pugna entre dirigentes del Estado colombiano quienes estuvieron en forma permanente enfrascados en luchas partidistas lo cual generó faccionalismos regionales que se refl ejaron en aspectos económicos, empresariales y educativos; tal accionar condujo a consolidar la violencia partidista que dio como resultado la muerte de Jorge Eliécer Gaitán1 en 1948. Sin embargo, se dieron procesos de conformación y consolidación de empresas que fueron óbice para tipifi car el comienzo del desarrollo industrial, y la oferta universitaria de programas de formación en administración en Colombia, con el fi n de contribuir con la dirección de las organizaciones empresariales que se gestaron. En lo educativo, fue la religión católica quien señaló la manera de educar y actuósobre el particular, de forma intervencionista; al llegar inclusive a determinar los textos que deberían utilizarse en los procesos de formación, sobre todo en materia de enseñanza primaria y secundaria.

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Este texto es una invitación a la reflexión sobre la participación política, específicamente sobre una de sus manifestaciones: la participación electoral. La aproximación a este fenómeno, que cada día es más común como instrumento de legitimación de las democracias, reales y formales, se ha querido hacer tanto a nivel puramente teórico como práctico. En el primero se buscó dilucidar todas las discusiones teórico-conceptuales que se presentan frente al concepto, para poder entenderlo de una mejor manera y, de esta forma, avanzar hacia análisis más coherentes y profundos del mismo. En el segundo se inquirió sobre la necesidad de presentar una comparación entre Colombia y sus pares latinoamericanos (dieciocho países en total) para poner las cifras de participación colombianas en un contexto jurídico y estadístico que permita su real comprensión, y no un análisis somero y equivocado del fenómeno; además se realizó una exploración del comportamiento electoral de los departamentos de Colombia, desde 1974 hasta el año 2006, es decir, un total de nueve eventos electorales para la escogencia del Senado de la República. Todo ello con el fin de profundizar sobre este fenómeno en Colombia.

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El tema del narcotráfico ha sido ampliamente tratado, así como el caso de las drogas en Colombia, pero la afectación de dicho problema no ha sido analizada desde la República Dominicana y mucho menos desde la relación bilateral entre esta y Colombia. Aunque el tema es de gran relevancia en la agenda internacional, así como en la agenda interna de cada uno de estos Estados, no es el tema principal en la relación bilateral, donde los asuntos comerciales tienen mayor importancia, aún cuando hay ciertos mecanismos que buscan eliminar el tráfico ilegal de estupefacientes. En esta investigación, se busca dar un diagnóstico de las relaciones bilaterales y de aquellos instrumentos existentes, específicamente aquellos implementados desde la acogida internacional del término responsabilidad compartida en el año 1998 hasta el año 2010, para determinar la efectividad de los mismos y de aquellos factores que no son precisamente resultantes de las relaciones bilaterales pero que sí afectan de una u otra manera el tráfico de drogas ilegales entre estos dos países. Así, se buscará encontrar las debilidades, en los instrumentos bilaterales entre Colombia y República Dominicana y hacer recomendaciones para hacerlos más efectivos.

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El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.

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Este documento propone una aproximación preliminar al desarrollo de los estudios y las investigaciones históricas sobre los misioneros católicos en América Latina, en los finales del siglo xix y la primera mitad del siglo xx. Se estudian tres puntos de vista para establecer por medio de ellos diferentes marcos teóricos y métodos de investigación. (En los textos que serán abordados se presentan la investigación de corte vertical y transversal.) El estudio sobre las misiones católicas intenta proporcionar herramientas para adelantar un trabajo en historia comparada.

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En una región cuyo Balance de Seguridad y Equilibrio han estado garantizados por los Estados Unidos, el creciente militarismo chino pone grandes desafíos e impacto a las políticas y reacciones de sus vecinos, afectando relaciones marcadas por el peso de la historia, y que parece llevar a una carrera armamentista regional.

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De acuerdo a la coyuntura social por la que atraviesa actualmente la administración de justicia colombiana, en cuanto a la proliferación de injusticias y errores judiciales causados por la valoración probatoria positiva de los falsos testigos, nace nuestro estudio y la respectiva crítica a la estimación superficial que se realiza a la prueba testimonial por parte de algunos de nuestros jueces, y la aceptación sin mayor control que efectúa la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, se realiza una exhaustiva pero concisa investigación al respecto de todos y cada uno de los factores relevantes a la hora de valorar al deponente y su testimonio como medio probatorio, de suerte que establece los diferentes requisitos formales y sustanciales de los cuales debe gozar, tanto el testigo como su declaración, para que puedan ser tomados en cuenta a la hora de tomar una decisión judicial en materia penal. Con base en lo anterior, nuestra monografía consta de una parte teórica y una parte teóricopractica, en la cual se tomó como ejemplo principal, el paradigmático caso del Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, toda vez que es un proceso que actualmente se encuentra en sede de casación, y aun no tiene un pronunciamiento definitivo por parte de la honorable Corte Suprema de Justicia, por lo cual es posible realizar una crítica constructiva y propia en lo que concierne a la valoración de la prueba testimonial, en el entendido en que no existe una decisión inequívoca. Finalmente, lo que se pretende con este trabajo es explicar de una manera sencilla y de fácil entendimiento la labor que deben realizar los jueces de la República y la Fiscalía, que aunque no es la que toma la decisión, también debería realizar un mínima valoración, o por lo menos una verificación al momento de aportar y darle credibilidad a testigos que son favorables a su teoría del caso. De forma tal que, la administración de justicia debe llevar a cabo una valoración probatoria, específicamente encaminada al estándar probatorio que se le debe atribuir al testimonio, teniendo en cuenta los factores externos e internos que afecten la declaración, y por los cuales se vea influenciada la misma; todo esto, con el fin de evitar los errores judiciales que se han generado a lo largo de nuestra historia, los cuales han conllevado a innumerables injusticias creando gran polémica y un desasosiego por parte de la sociedad civil.

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Antes de que Colombia fuera país, ya existían disputas, enfrentamientos e injusticias en torno a la estructura de acceso, tenencia y usufructo de la tierra. Tal situación engendró tensiones espaciales, que se pueden abordar y caracterizar a partir de un marco teórico sobre neoinstitucionalismo político. Con lo anterior en mente, el objetivo de ésta investigación , fue el de determinar la manera en que las dinámicas entre tensiones espaciales históricas como instituciones, delinearon el contexto del cual surgió la Ley 1448 de 2011 (Restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto armado) y la intervención e incidencia que ésta pretende, en la coyuntura actual.

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El presente trabajo de grado hace referencia a la población de San José de Apartadó, víctima del conflicto armado por la pugna entre grupos subversivos que buscan tener el control territorial, por la riqueza de los recursos y la ubicación geoestratégica que posee. La población se encuentra en una situación de crisis humanitaria y de desplazamiento forzado por más de 50 años. El conflicto se vio agudizado desde la llegada de los paramilitares en la década de los 90, estos en aparente connivencia con las fuerzas militares. Dicha situación llevó a que los civiles se organizaran bajo una iniciativa de resistencia civil no violenta para rechazar el conflicto y exigir el respeto a los derechos humanos. Se declaran Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997, lo cual generó un ambiente de descontento y represalias por parte de los grupos armados. Los pobladores se vieron en la obligación de acudir a actores externos como las ONG, con la capacidad de mediar por la población víctima y elevar el caso a nivel internacional, para que desde las instituciones internacionales pertinentes se ejerza presión externa al Estado colombiano, exigiendo la reparación y protección de las víctimas. El presente caso toma como referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos- SIDH.

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El propósito de esta investigación es describir la percepción de los egresados titulados y empleadores acerca de la pertinencia de la formación de programas académicos de Magíster en Administración ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior en Bogotá. Además a través de esta investigación es posible determinar su importancia en el desarrollo y potencialización de las capacidades, habilidades y destrezas directivas y gerenciales necesarias para desempeñarse dentro de una empresa perdurable, coherentes con la realidad social, laboral, cultural y ambiental. Para ello, se hace un análisis del grado de satisfacción de los egresados titulados y empleadores permitiendo conocer las fortalezas y debilidades del programa. En consecuencia fue posible proponer recomendaciones y conclusiones para mejorar el programa, asegurando un camino para aportar “el estado del arte “ de la Administración para los futuros estudiantes y en beneficio de las compañías.