1000 resultados para POLÍTICA ECONÓMICA – CALDAS (COLOMBIA)
Resumo:
Incluye Bibliografía
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Con el objetivo de contribuir al desarrollo de las políticas públicas transversales que posicionen a Cundinamarca como referente económico nacional, se realizara un diagnóstico de los perfiles de la competitividad del país y el departamento y se construirá una metodología de análisis que permita medir y comparar las capacidades de las quince provincias del Departamento, estableciendo las fortalezas y debilidades de la región para finalmente focalizar las oportunidades de crecimiento en los mercados globales
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Se tiene como fin presentar y explicar las condiciones necesarias para que Colombia consolide las relaciones políticas y económicas con China, en la búsqueda del establecimiento de una alianza estratégica que le permita al país tomar un papel activo en la Cuenca del Pacífico.
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De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2
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Colombia y Ecuador son países que por mucho tiempo no brindaron mayor importancia al tema migratorio y sus políticas enfocadas a dicha materia fueron incipientes y con resultados poco favorables. Desde principios del siglo XXI, el tema migratorio empezó a considerarse como prioridad dentro de las agendas políticas internas de cada Estado y de ahí surge la necesidad de crear políticas migratorias capaces de dar respuesta efectiva a los nuevos flujos migratorios y de proteger a los emigrantes residentes en el exterior por medio de la garantía de sus derechos fundamentales. No obstante, los resultados en la implementación de dichas políticas varío considerablemente entre los dos países debido a la importancia que se le asignó al tema dentro de la agenda política de cada Estado, mientras que en Ecuador la migración es un considerada como una prioridad interna, para Colombia el tema migratorio sigue siendo relegado por otros temas como el conflicto armado y el desplazamiento forzado interno.
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Este trabajo de grado es una recopilación bibliográfica de múltiples factores nacionales e internacionales que pueden explicar la emergencia y desarrollo de la política publica del salario mínimo en Colombia. Todo esto esta cubierto bajo la definición de política publica de Raúl Velasquez. La relevancia del trabajo esta en que se hace el estudio de un fenómeno económico desde el lado social.
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Los esfuerzos de la presente investigación se concentran en el cumplimiento del objetivo principal, el cual consiste en analizar el arrendamiento como un programa que puede ser incorporado en la política de vivienda en Colombia, para dar respuesta de forma transitoria y/o temporal de alojamiento a los hogares con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, ya que actualmente la política sectorial no incorpora esta forma tenencia de la vivienda para ofertar soluciones habitacionales. El arrendamiento tiene rasgos interesantes e importantes de destacar, tales como que él mismo constituye una forma de tenencia de vivienda eminentemente urbana. Además, es un mercado al que acuden todos los estratos socioeconómicos, por lo cual no es un mercado segregado. Igualmente, al relacionar ésta tenencia con el territorio y por ende con la economía espacial, se puede decir que no existe segregación socio-espacial muy pronunciada frente a la distribución urbana de la tenencia de la vivienda en arrendamiento. En este sentido, la tenencia de la vivienda en forma de arrendamiento se presenta en todo el territorio urbano de Cali, Medellín y Bogotá.
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Esta investigación toma como marco general la Política de Reintegración Social y económica de personas y grupos alzados en armas en Colombia, en donde tras el estudio de las trayectorias en el conflicto de un grupo de 9 excombatientes, se aborda la relación existente entre los beneficios otorgados por dicha política y aquello que facilitó y motivó el ingreso, la permanencia y desmovilización de los grupos armados. Se presenta una caracterización e interpretación conceptual de las denominadas trayectorias en el conflicto, son establecidas relaciones y diferencias entre las organizaciones ilegales FARC y las AUC, se revisan las percepciones que frente a los beneficios del programa de reintegración tienen excombatientes y profesionales de la entidad que lidera dicho proceso y a partir de ello, es argumentada la incidencia que sobre el éxito de esta política tienen las características individuales y particulares, tanto de los excombatientes como de las organizaciones armadas ilegales.
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En la presente monografía, el análisis que se adelanta en torno al Programa de Reincorporación a la Vida Civil en materia de inserción económica, más allá de centrarse en estadísticas, toma esos valores como unos indicadores que reflejan el ritmo de una problemática, y los utiliza como referentes para ponderar el margen de acción y la capacidad de respuesta de los otros actores involucrados en el proceso. Ahora bien, la interpretación que se le da a la “materia económica”, obedece principalmente a las salidas que ha brindado el gobierno para garantizar la empleabilidad de los desmovilizados, una vez culminado su proceso de reintegración; en este sentido, para llegar a este punto, en el primer capítulo se describe el funcionamiento del Programa de Reincorporación a la Vida Civil en materia de inserción económica, con el ánimo de conocer y comprender las alternativas planteadas por el gobierno para garantizar dicho fin. En el segundo capítulo, más que comparar el rendimiento del programa de reincorporación en relación con procesos llevados a cabo durante la década de los ochenta y los noventa en Colombia, estos son utilizados como un referente para interpretar los resultados del actual programa de reincorporación a la vida civil en materia de inserción económica, a la vez que se destacan los logros y fracasos de la política pública para garantizar la empleabilidad de los desmovilizados, tomando como referencia los enormes esfuerzos fiscales que el Gobierno nacional ha destinado para dicho fin. Finalmente, el tercer capítulo destaca la responsabilidad de la sociedad en general en el proceso de reintegración, destacando el compromiso que debe asumir el sector empresarial, teniendo en cuenta que así como en algún momento este fue parte del 2 problema, necesariamente tendrá que ser parte de la solución, con el fin de que los desmovilizados encuentren empleos relativamente estables durante su transición, partiendo del supuesto que la empleabilidad de los desmovilizados es un asunto de responsabilidad compartida, que además requiere el apoyo imprescindible de la actuación de los gobiernos locales para gestar el proceso de reconciliación en las regiones.
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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.
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Desde el inicio de su primera gestión presidencial, en el año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el concepto de Seguridad Democrática en un término recurrente para invocar una política de seguridad que legitimara la acción del Estado contra las principales amenazas identificadas por los colombianos: el terrorismo (condensado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC - EP) y el narcotráfico. La presente investigación tiene como objetivo discutir si este discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez que privilegia, entre los años 2002 y 2004, una política del miedo, fue una estrategia de marketing del miedo o fue una estrategia de profundización democrática.
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Este trabajo busca, en primer lugar, por medio de una investigación diagnóstica, demostrar por qué las políticas de autonomía universitaria, financiación y calidad constituyeron desde 1992 hasta 2011 una política de Estado en materia de educación superior. Y, en segundo lugar, con base en ese diagnóstico, brindar algunas herramientas para la institucionalización de políticas públicas en esa materia sustentadas en la construcción participativa de las mismas. Para su desarrollo se tomaron como marco los conceptos de políticas públicas, políticas de Estado e institucionalización planteados por diferentes autores, lo que permitió realizar un estudio transversal e integrado de los contextos, actores e instrumentos de las precitadas políticas.
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Este documento busca dar respuestas a los interrogantes que surgen una década después de definida la Ley 388 de Ordenamiento Territorial y el desarrollo de los programas de vivienda de interés social a nivel de las entidades territoriales. En Colombia, el proceso de descentralización ha sido visible en sectores como educación y salud, sin embargo, la vivienda no ha tenido un desempeño continuo que permita dar cuenta de la descentralización en vivienda. Esto teniendo en cuenta que aspectos como el mercado, el suelo y la voluntad política son decisivos para profundizar en este aspecto.
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Este libro es el resultado del compromiso de la Asociación Colombiana de Universidades, (ASCUN), desde su mesa de Políticas Culturales que lidera la Universidad del Rosario y de las Instituciones de Educación Superior que la integran, con la construcción participativa y consensuada de una política cultural para las Universidades del Distrito Capital. Esta publicación registra los enfoques y posiciones de los expertos académicos que participaron en el foro "¿Por qué una Política Cultural en las Universidades", realizado el 8 de septiembre de 2009. De igual forma se pretende establecer unos lineamientos políticos que sirvan de apoyo a la gestión cultural que se realiza en las universidades e invitar al mayor número de instituciones a que se unan al trabajo que se adelanta desde dicha mesa. La Universidad tiene el carácter de creación cultural y, como lo señala Germán Rey, es uno de los "diversos lugares sociales para la construcción, para el debate social, para la gestión y para la evaluación de las Políticas Culturales".
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Desde una perspectiva histórica discute la paradoja de un crecimiento sostenido y mejoras en los indicadores sociales en medio de una escalada en los niveles de violencia y corrupción, para lo cual toma como referencia los planes de desarrollo y la política económica de los últimos treinta años. En la dinámica del crecimiento económico reciente se hacen presentes factores de naturaleza institucional: la carencia dentro de la ciudadanía de un sentido de pertenencia a la Nación y a la comunidad, el desarrollo del clientelismo político, la avidez de rentas, y la creciente incapacidad del Estado para desempeñar algunas de sus funciones más fundamentales como proporcionar seguridad personal, hacer cumplir contratos, y garantizar derechos de propiedad, entre otras. De esta manera se han aumentado los costos de hacer negocios en Colombia, llevando a que se dediquen importantes recursos a proteger privadamente la propiedad y promoviendo un alto nivel de criminalidad y de violencia, con un efecto negativo significativo sobre el crecimiento económico.