983 resultados para Concessões vigentes


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Resumen: El presente ensayo teórico se orienta a revisar las concepciones de sujeto de uno de los sistemas teóricos de economía-política que han tenido mayor influencia hasta el presente. El padre del liberalismo (Adam Smith) sustentó una teoría de sujeto cartesiano (moderno), es decir, un verdadero sapiens sapiens racional y autoconsciente. A través de la psicología cognitiva, los Premios Nobel en economía Kanheman y Tversky presentan una nueva variante de homoeconomicus, enriquecida con aportes de la ciencia experimental, modificando sustancialmente aquella vieja concepción de hombre como ser racional que signó casi todo el pensamiento moderno. Dadas estas “recientes revisiones” teórico-metodológicas, gestadas a la luz de la denominada ciencia de la mente, es que se hace indispensable re-pensar las viejas nociones de sujeto que sirvieron de cimiento al sistema económico y político, antes citadas. Para tal fin, se propone efectuar una sinergia teórico-metodológica entre dos disciplinas científicas: la economía y la psicología. Dicho sincretismo podría proporcionar las bases para una nueva disciplina científica integradora, que muchos teóricos ya han denominado neuro-economía. Es por esto que en el presente trabajo se propone realizar una crítica fundamentada de una de las teorías económicas vigentes, haciendo principal hincapié en los supuestos psicológicos y antropológicos. Finalmente, se intenta re-pensar un nuevo modelo de homoeconomicus, articulando los principales supuestos de la economía actual con algunos de los aportes de la psicología cognitiva, la biología y las neurociencias cognitivas, que redunde en un nuevo paradigma integrador denominado psiconeuro- economía.

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Resumen: El artículo considera los derechos y deberes de médicos y pacientes, especialmente luego de la sanción de la ley 26.529, destacando sus temas relevantes, aquellos que habían dado lugar a distintas interpretaciones tanto en la jurisprudencia, como en la doctrina. Se tratan, así, la historia clínica y el consentimiento informado, precisándose sus conceptos, formas, funciones e interpretaciones. Similar atención merecen las directivas anticipadas de salud, el “testamento vital”, las posibilidades del médico y sus posibles objeciones de conciencia. De igual modo la autonomía de la voluntad del paciente, su libertad y responsabilidad. Se considera la eutanasia, precisándose que no es un derecho del paciente. Se estudia el secreto profesional del médico, a la luz de las contradictorias normas legales vigentes y jurisprudencia consecuente, para detenerse en la más reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su actual composición. Finalmente se precisan los conceptos de las responsabilidades de médicos y órganos sanitarios, con la posibilidad de su aseguramiento y el conflicto de algunas de las coberturas que se otorgan en plaza, como la conocida claims made.

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En junio de 2013, la Organización de Estados Americanos (en adelante, la “OEA”) adoptó las Convenciones Interamericanas en Contra del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas Relacionadas de Intolerancia (en adelante, “CCDI”). Entre otras cosas, estos nuevos instrumentos –que al tiempo de escribir estas líneas no han sido ratificados por ningún Estado de la región– tendrán el efecto de ampliar enormemente la extensión de las llamadas categorías prohibidas de discriminación más allá de lo que hoy existe en los tratados vigentes que tocan la materia, además de crear un amplio rango de nuevas obligaciones y deberes para los Estados partes en el sentido de promover la igualdad y eliminar la discriminación y la intolerancia. Aún cuando existen múltiples aspectos de esta convención que son susceptibles de ser criticados desde una perspectiva jurídica y de política pública, este ensayo lidia exclusivamente con la cuestión de la novel definición legal de la “intolerancia” como un acto o expresión prohibida, y con los deberes que asumirán los Estados en relación con la misma...

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Después de varios intentos por contar con un texto que auxilie a los estudiantes de ingeniería Agronómica a comprender mejor el arte de la Topografía y teniendo come antecedentes todo el material recopilado y la experiencia de algunos años, presentamos este texto adaptado a los cursos de TOPOGRAFIA que se imparten en la Universidad Nacional Agraria ante las limitaciones bibliográficas reales. Esta primera parte del texto básico denominado "TOPOGRAFIA I", es producto del esfuerzo combinado de muchos miembros del Dpto. de Riego y Conservación de la Escuela de suelos y Agua y será cristalizado una vez que aparezca la segunda parte denominada "TOPOGRAFIA II" y el "MANUAL DE PRACTICAS DE TOPOGRAFIA". El texto presenta en forma sencilla y adaptada a los programas de asignaturas vigentes, seis capítulos con toda la fundamentación teórica, ejemplos resueltos y problemas propuestos para dar la oportunidad a estudiantes, técnicos o personas interesadas en ejercitarse en esta rama que en ocasiones ha representado ciertos grados de dificultad. Agradecemos todo el apoyo recibido del Dpto. de Riego y Conservación de la Escuela de suelos y Agua así como también al Proyecto de Cooperación UNA/LUW-SURCO por los recursos disponibles para ello. Igualmente a todas aquellas personas que de una u otra forma directa o indirectamente han colaborado para la realización de este trabajo.

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PRIMERA PARTE RECONOCIMIENTO Y COLECCION DE DATOS I. HISTORIA FORESTAL DE NICARAGUA II.- DIBTRIBUCION Y CLASES DE BOSQUES EN NICARAGUA III. INFLUENCIA PROTECTORA DE LA VEGETACION EN NICARAGUA IV.- ADMINISTRACION FORESTAL V.- FORMAS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS FORESTALES VI.- CONCESIONES MADERERAS VII.- LA INDUSTRIA MADERERA EN NICARAGUA VIII. RESUMEN DE LA LEGISLACION FORESTAL VIGENTE SEGUNDA PARTE DETERMINACION DE LAS NECESIDADES IX.- EL GOBIERNO Y LOS BOSQUES X.- ANALISIS DE LAS LEYES FORESTALES VIGENTES XI.- POLITICA FORESTAL PARA NICARAGUA TERCERA PARTE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES XII.- CONCLUSIONES XIII.- RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA APENDICE (Leyes Forestales vigentes de Nicaragua)

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Traz o conteúdo das Audiências públicas realizadas pela Comissão de Turismo e Desporto destinadas a debater o planejamento dos aeroportos nacionais, a infraestrutura das empresas aéreas e a relação destas com o consumidor em conjunto com a política de concessões aeroportuárias para a iniciativa privada, bem como o estado da infraestrutura das malhas aérea e viária do país e a política de formação de pilotos civis e suas implicações quanto ao turismo e à política nacional de aviação.

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Trata de uma análise do Direito Minerário Brasileiro, com o objetivo de propor alterações, com vistas a democratizar e proporcionar maior transparência à exploração dos recursos minerais no País. Analisa, ainda a possibilidade de se introduzir no Direito Minerário Brasileiro o instituto das concessões obtidas por licitação pública, de acordo com os conceitos clássicos do Direito Administrativo.

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A legislação brasileira de telecomunicações, informática e comunicação social vem passando por mudanças recentes, que requerem atenção das assessorias parlamentares. Uma revisão dos dispositivos vigentes pode oferecer uma perspectiva das inovações que estão em discussão e de novos dispositivos que poderão vir a ser oferecidos em breve.

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A outorga e renovação de concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens é um conjunto de decisões políticas do Poder Público que está no cerne da questão ou da problematização da comunicação no Brasil. O modelo adotado no Brasil desde cedo concentrou o poder concedente no Executivo Federal. Além de não haver uma forte accountability institucional, a população não é consultada durante o processo e não há mecanismos estabelecidos de fiscalização e controle social sobre o serviço prestado. Esse estudo tem por finalidade oferecer elementos para que se fortaleça a accountability, notadamente a social, para o exame das concessões à luz dos capítulos da comunicação na Constituição Federal. Levanta-se, como hipótese, a possibilidade de que seja falsa a dicotomia participação social versus liberdade de manifestação e de imprensa. A excessiva centralização ou a falta de participação social na outorga e renovação conduz a uma associação entre o poder concedente e os concessionários, permissionários e autorizados na radiodifusão. Os mecanismos de accountability multiplicar-se-iam com o que é chamado aqui de popularização do poder concedente e do poder concedido. E desses mecanismos poderia se servir o poder público ao examinar a eficiência e a eficácia dos "proprietários" da radiodifusão.

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Faz comparação entre os episódios do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (Ibad), ocorrido em 1963, e o do Mensalão, descoberto em 2005, ambos objeto de inquéritos parlamentares. O estudo busca verificar se há entre eles semelhanças que indiquem um padrão, apesar dos vieses ideológicos opostos. São analisados os quadros institucionais vigentes nas duas ocasiões, os momentos políticos em que ocorreram, os objetivos dessas tentativas, a estrutura montada para executá-las, a abundância e a origem obscura dos recursos utilizados e o uso de agências de publicidade para escamoteá-los.

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Na Convenção Nacional do PMDB, o questionário distribuído entre os convencionais mostrou o que pensa o partido sobre alguns temas polêmicos. Em relação ao tema da reforma agrária, oitenta e três por cento do PMDB defende a proposta nos termos do Estatuto da Terra, no qual a terra deve ter função social. No que se refere à empresa nacional, oitenta e nove por cento do partido quer uma definição clara, para que só as genuinamente brasileiras sejam assim classificadas. Na questão da reserva de mercado, noventa e três por cento do partido quer proteção temporária para atividades de empresas nacionais em setores estratégicos. No tema educação, setenta e cinco por cento dos convencionais do PMDB querem que as verbas públicas sejam destinadas exclusivamente para as escolas públicas. Quanto ao Conselho de Comunicação, oitenta e um por cento do partido apóia sua criação para regular as concessões de rádio e de televisão. Vasco Alves (PMDB-ES) considera um avanço, já que havia a possibilidade desses temas não serem incluídos na nova Carta. O Deputado Hermes Zaneti (PMDB-RS) acredita que está configurada uma postura mais progressista dentro do PMDB. Cardoso Alves (PMDB-SP) afirma que os estatutos do partido não devem se sobrepor a Constituição e que o constituinte é livre e soberano. O Deputado Roberto Rollemberg (PMDB-SP) declara que os convencionais prestigiaram os constituintes e, diante disso, deve-se cumprir as obrigações partidárias rigorosamente. A aprovação, na Assembleia Nacional Constituinte (ANC), do artigo trezentos e quarenta e dois do anteprojeto acarretará a extinção do SENAI, SESI e SENAC. Funcionário do SENAI diz que a entidade atende prioritariamente o menor de 14 aos 18 anos. O Deputado Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) já foi estagiário do SENAI e defende o ensino profissionalizante e ainda a participação da classe trabalhadora nas decisões administrativas e políticas dessas entidades. Os Deputados Orlando Bezerra (PFL-CE) e Rodrigues Palma (PMDB-MT) apresentaram emendas protegendo essas entidades. Representantes do SENAI não acreditam que os sistemas SENAI/SESI e SESC/SENAC sejam extintos.

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O Relator da Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, Bernardo Cabral (PMDB-AM), reunido com os relatores adjuntos, tratou de alguns pontos polêmicos ainda não definidos tais como imissão de posse de terras, anistia e a educação. Os pontos já definidos do projeto de Constituição são: sistema de governo com parlamentarismo brando; distinção entre empresa 100% nacional e empresa brasileira com capital estrangeiro; estabilidade no emprego substituída por proibição de demissões arbitrárias; jornada de 40 horas saiu do projeto e ficou para lei ordinária; criado o Serviço Nacional de Saúde com participação da iniciativa privada; reserva de mercado temporária em áreas estratégicas; concessões de rádio e TV poderão ser cassadas pelo Congresso Nacional. Encontro do Deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM) com os líderes partidários não consegue consenso. A maioria dos líderes não concorda com o projeto de Constituição tal como está. O Deputado Brandão Monteiro (PDT-RJ) afirma que este projeto de Constituição representa um grande acordo entre as elites e que haverá reação a isso. O Deputado José Genoino (PT-SP) considera que estão cortando os avanços conseguidos na fase das comissões temáticas da Assembleia Nacional Constituinte. O Deputado Haroldo de Lima (PC do B-BA) declara que é muito importante que o movimento popular se manifeste contra o projeto. O Deputado Euclides Scalco (PMDB-PR) declara que houve articulação multipartidária e que não há razão para críticas ao projeto. O Deputado Stélio Dias (PFL-ES) propõe o retorno do projeto para nova discussão nas comissões temáticas. O Deputado Naphytali Alves (PMDB-GO) declara que 35 anos de trabalho para todas as categorias de trabalhadores é um retrocesso. O Deputado Fábio Feldmann (PMDB-SP) afirma que estão querendo tirar do texto as conquistas obtidas no que diz respeito ao meio ambiente. O Relator Adjunto Senador Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP) considera que, antes de opinar, as pessoas devem ler os projetos.

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Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo Deputado Ulysses Guimarães (PMDB-SP), abordou diversos temas: criação de blocos partidários, situação da segurança pública, a conservação da contribuição do SENAC, SESC, SESI, SENAI e o problema da nacionalização do solo brasileiro. A Deputada Raquel Cândido (PFL-RO) declara que o subsolo do Brasil é o sangue da Nação, por isso a Constituição deve definir o que é uma empresa nacional e estabelecer uma política minerária séria. O Deputado Ademir Andrade (PMDB-PA) relata que o atual Código de Mineração privilegia as grandes empresas mineradoras e multinacionais e defende a criação de uma política de concessões que democratize a exploração da riqueza mineral. Dois grupos de constituintes, chamados de Interpartidário e Grupo dos 32 (tritna e dois), trabalham juntos para buscar o consenso nos pontos mais polêmicos da Constituição. Eles irão elaborar um documento que será enviado ao Relator Bernardo Cabral (PMDB-AM). Em um dia de conversa foi possível chegar a um acordo em várias propostas : criação de um sistema único de saúde, desapropriação urbana paga com títulos do tesouro, criação de um conselho nacional de comunicações. Em relação à Reforma Agrária, o Deputado Euclides Scalco (PMDB-PR) informa sobre consenso em pontos como a função social da propriedade, a desapropriação pelo poder público, o uso de títulos da dívida agrária e a imissão de posse. O Senador Virgílio Távora (PDS-CE) declara que a redação precisa ainda de maleabilidade política para atender os interesses da reforma agrária e deixar preservado a defesa dos direitos primordiais da propriedade. O Presidente da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), Deputado Ulysses Guimarães (PMDB-SP) quer o entendimento na elaboração da nova Carta e é para isso que irá dedicar todo o seu tempo.

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As Bancadas do Amapá e Roraima reivindicam a mudança de Territórios da federação para Estados. O Deputado Ottomar Pinto (PTB-RR) acredita que é fundamental a mudança para que essas regiões tenham maior representação e voz no Congresso Nacional como os outros Estados. O Deputado Aníbal Barcellos (PFL-AP) declara que se o Território do Amapá se tornar Estado terá mais condições de desenvolvimento. O Deputado Lézio Sathler (PMDB-ES) expõe que a reforma tributária deve estar atrelada a reforma urbana, pois é fundamental colocar na Constituição princípios de autogestão de recursos dos municípios. O Deputado Luiz Marques (PFL-CE) pede mais atenção nas concessões das linhas de transporte urbano. Na Comissão de Sistematização tem início a discussão sobre os direitos políticos aprovando dois destaques. O Deputado Gerson Peres (PDS/PA) declara que é contra a proposta. O Deputado Antônio Carlos Konder Reis (PDS-SC) comenta que os parentes dos presidentes, governadores e prefeitos possam ser eleitos, desde que não sejam no mesmo território da jurisdição do governante. O Deputado Egídio Ferreira Lima (PMDB-PE) enfatiza que nenhuma lei eleitoral poderá entrar em vigor doze meses antes de uma eleição, evitando casuísmos nas eleições.

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Analisa o processo decisório legislativo nos casos da criação e reforma do Bacen e do CMN em 1964 e 1994, ocorridos no âmbito de planos exitosos de combate à inflação (PAEG e Plano Real, respectivamente). A definição de um formato institucional para a autoridade monetária é uma escolha dos legisladores em termos da produção da política pública de responsabilidade daqueles órgãos, que em ambos os casos foi importante na busca da estabilidade de preços. A partir da Teoria Política Formal utilizaram-se dados primários e fontes secundárias para construir modelo e hipóteses que consideraram as dimensões de interesse geral (combate à inflação) e de políticas particularistas/distributivistas (crédito rural e representação privada no CMN). Concluiu-se que em ambos os processos a iniciativa do Poder Executivo foi fundamental para o resultado final, contudo, em ambas as situações, mesmo durante o ano de 1964 (período militar), o Legislativo teve papel relevante na definição do formato final de ambas as decisões. No primeiro caso houve uma barganha entre os Poderes Executivo e Legislativo para aprovação da proposta, que envolveu concessões no sentido de garantir representação privada no CMN e a institucionalização do crédito rural. No segundo caso o uso da Medida Provisória caracterizou uma forma diferente de coordenação entre os poderes, em que a MP atuou para diminuir a incerteza em relação aos resultados do plano e às alterações na composição do CMN e assim permitir a aprovação da matéria. Os resultados da tese, favorecidos pela comparação de dois períodos diversos do sistema político brasileiro, colaboram com a análise das relações Executivo-Legislativo, sobretudo ao valorizar os instrumentos legislativos do Presidente da República e a forma de equacionamento da incerteza nos processos decisórios. Ainda, permite-se um maior conhecimento da realidade legislativa durante o ano de 1964, quando, ao menos para a Reforma Bancária, não se pode falar de solapamento dos poderes e prerrogativas do Congresso Nacional pelo governo militar.