335 resultados para Legalidad
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La conformidad procesal es una de las manifestaciones más importantes del principio de oportunidad. Éste, en relación constante con el principio de legalidad, tiende a la agilización y el recorte de los trámites procesales, sin perjuicio de las garantías esenciales del procedimiento penal. Debido a sus ventajas se ha instalado tanto en el modelo norteamericano, a través del «plea bargaining», como en el modelo continental europeo.
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Este trabajo de revisión teórico-metodológico surge en el marco del proyecto Doctoral, referido a la incidencia de los medios de comunicación en el ejercicio de la ciudadanía, durante la crisis del 2002 en Uruguay. Esta crisis socioeconómica constituyó una oportunidad, para abordar nuevos campos de visibilidad sobre los procesos colectivos desde las voces bajas de la historia (Guha, 2002) en la región de mayor inequidad del mundo. Producir conocimiento desde la legalidad que otorga la academia sin priorizar el sentido político de nuestras prácticas, nos hace correr el riesgo de caer en un cientificismo funcional a las múltiples formas de dominación que padece nuestra Indoafroiberoamérica, como la denominara el literato mexicano Carlos Fuentes. Se propone analizar cómo en lo público de los espacios públicos radica el potencial para la construcción de nos-otros. La intención es ahondar en los intersticios institucionales de esta modernidad posindustrial para contribuir con una psicología de lo comunitario en movimiento. La Psicología Social Comunitaria trabaja para la transformación social, pero la lucha por la inequidad está en la propia lucha epistémica; lo primero es nuestra propia descolonización. El objetivo es contribuir con epistemologías de las resistencias para construir una opción emancipatoria. Construirnos desde el Sur implica generar una nueva perspectiva que valore la heterogeneidad cultural, un Pachakutik donde el norte sea el sur, como pintó el uruguayo Torres García.
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La investigación tiene por propósito verificar el cumplimiento y adecuación de normas referentes a salarios, jornadas y horarios laborales, días de asueto y de descanso semanal, forma de cálculo y pago de prestaciones laborales (Indemnización, Aguinaldo, Vacaciones, Bonificación anual- bono 14- ), cumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo, también contempladas en recientes reformas, así como los aspectos de vigilancia de las autoridades Administrativas de Trabajo, lo cual implica revisar el cumplimiento de normas de no discriminación en el trabajo, autorización -permiso- de trabajo de extranjeros, informe estadístico patronal anual, protección a la mujer embarazada o en período de lactancia, protección a los menores de edad, terminación de contratos de trabajo, etc. Aunque existen diversas modalidades y técnicas de auditoría, es a través del control de legalidad, donde además de verificar el cumplimiento de las distintas normas jurídicas en la gestión, se comprueba el nivel de economía, eficacia y eficiencia en la utilización de los medios materiales y personales y, a su vez, la comprobación de que en la gestión socio- laboral se aplican criterios de autocontrol y diligencia debida, permitiendo conocer además los posibles riesgos asociados a la gestión empresarial o profesional, y con ello anticipar las soluciones necesarias ante los distintos riesgos existentes. El objetivo del control de legalidad es plasmar la situación real de la empresa en cuanto al cumplimiento de las obligaciones jurídico-laborales y de Seguridad Social, mediante la realización o elaboración de un informe, que permitirá tanto al empresario, como al profesional dedicado del asesoramiento laboral conocer la realidad socio-laboral y legal de la empresa que dirige o asesora
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El presente trabajo consiste en un análisis jurídico de los aspectos más controvertidos en los Juicios de Nüremberg, celebrados entre 1945 y 1946, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se alude brevemente a los precedentes que dieron lugar a la creación de un Tribunal Militar Internacional ad hoc para el enjuiciamiento de diversos crímenes internacionales, así como la composición del Tribunal, el contenido de la Carta del Tribunal, los crímenes imputados (y que, a su vez, fueron definidos por primera vez en la propia Carta), y los aspectos procesales más destacables respecto de la celebración de los juicios. En todo caso, se aborda con mayor profundidad la discusión doctrinal existente en torno a esta materia, tanto las valoraciones positivas como negativas con carácter general, así como la discusión sobre la tipificación de determinados crímenes internacionales y el concepto de responsabilidad individual. Posteriormente, se hace referencia a la vulneración de determinados principios esenciales del Derecho Penal y su justificación. Y finalmente, se explica la relación entre los Juicios de Nüremberg y la justicia transicional, planteando la combinación de mecanismos retributivos y restaurativos de la justicia penal como solución a los errores del modelo de Nüremberg.
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El libro "Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia" escrito por Jorge Giraldo Ramírez y Juan Carlos Muñoz Mora, con el apoyo de EAFIT y Proantioquia fue comentado en la Revista de Negocios Internacionales de la Universidad de Columbia. Este libro analiza cómo los sectores del oro y la madera se han convertido en una fuente de financiación de los grupos armados. Lleva a cabo un análisis microeconómico de las cadenas de suministro de extracción de Antioquia e identifica con precisión los mecanismos que usan los actores armados ilegales para entrar en el mercado. Según los autores, la confluencia de los mercados extractivos informales con altos niveles de desigualdad socio-económica y la ausencia de un estado que funcione bien incentiva a los actores no estatales a asumir el papel del Estado y participar en la actividad criminal. Esta "ecología criminal" es un sistema de auto-perpetuación que se caracteriza por la intervención estatal ineficaz, débil regulación y sanción, y los altos niveles de influencia política y económica por parte de actores no estatales. Los resultados de Giraldo y Muñoz son impresionantes: encuentran correlaciones entre la minería del oro y la presencia de grupos armados ilegales, tenencia informal de tierras, el aumento de la violencia y la debilidad de las instituciones. Los autores concluyen la discusión con recomendaciones de política, que han sido debatidas en diversos foros, que incluyen la reforma de código minero del país. El libro habla de una compleja relación entre una economía tradicionalmente informal, la delincuencia ilegal y la demanda internacional de un recurso escaso (oro), que es ampliamente aplicable a cualquier número de países y contextos.
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Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia. Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños –académicos o no– hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad. Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de drogas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo. Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln –que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera– queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen. La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores. El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar. Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.
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375 p.
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Las comunidades de escasos recursos son vulnerables ante la situación económica y social de nuestro país, por tal razón la presente investigación se basa en la elaboración de un plan de Desarrollo Sostenible para la Comunidad María Campos, agradeciendo a organizaciones mediadoras y de apoyo que colaboran para el desarrollo sostenible de estas comunidades, como es el caso de Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal CCM que ayuda a la Comunidad María Campos a salir adelante mediante la realización de proyectos de desarrollo. Se debe tener en cuenta que muchas comunidades no cuentan con programas de apoyo productivo ni con ayuda de Organizaciones para desarrollarse, es por ello que para la realización de la investigación de campo se toma como objeto de estudio la Comunidad “María Campos”, la cual está ubicada en 75 av. Col 15 de Septiembre pje. Los Naranjos, San Antonio Abad, Municipio de San Salvador. La Comunidad María Campos surge a partir del encarcelamiento de Doña María Campos, quién cuidaba el terreno del cual la querían desalojar desde 1944; transcurrieron 50 años, luego de pelear contra las injusticias de la sociedad y del sistema; apoyada por CCM nace el 11 de febrero de 1995, La Comunidad María Campos que a la fecha aloja a 29 familias de escasos recursos, personas necesitadas, que buscan por medio de trabajos informales sostener su hogar. Dentro de los principales problemas se encuentran la escases de recursos económicos, la problemática de terrenos que no son propios y la falta de oportunidades de empleo. Es por tal razón que se considera de suma importancia el apoyo brindado a la Comunidad María Campos, por parte de La Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal que fue creada con el nombre de “Consejo de Comunidades Marginales, CCM” fue así como se dio a conocer popularmente, por la necesidad de insertarse en el proceso de legalidad democrática del país y a partir de la firma de los Acuerdos de Paz se convirtió en la Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal, manteniendo su identificación como CCM, dentro del presente documento se presentan los momentos específicos de la organización hasta su consolidación. Atendiendo a esta problemática de la Comunidad María Campos El objetivo principal de nuestro trabajo de investigación, es que mediante el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible, presentado por medio de 14 objetivos estratégicos y detallado con actividades y resultados al interior del documento; es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.
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34 p.
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La presente tesis analiza el control interno en las Áreas de Recursos Humanos de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES), como Organizaciones Sanitarias Públicas pertenecientes al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y su adecuación a las recomendaciones establecidas en el Informe COSO. Para ello, el trabajo se ha dividido en ocho capítulos incluidos en tres grandes bloques. El primer bloque se dedica al análisis teórico en el que se revisan los modelos y sistemas sanitarios con especial referencia al Sistema Sanitario Público de Andalucía. Asimismo, se analizan los recursos humanos en la gestión pública, se define el marco conceptual del Control interno y se profundiza en el modelo COSO. Las tendencias recientes señalan que el control interno (CI) en las organizaciones públicas debe abarcar un campo más amplio que el propio control de legalidad, y que mediante la implantación de sistemas de CI basados en modelos internacionales del tipo COSO, se pueda asegurar el uso correcto de los recursos por parte de los gestores públicos, garantizándose la viabilidad y el futuro de las instituciones. Al igual que muchas organizaciones profesionales han asumido los planteamientos de ese modelo, la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) ha desarrollado una guía sobre normas de control interno para el sector público basada en él. En este sentido, los sistemas de control interno de las organizaciones empresariales y/o administraciones públicas españolas se están reformando siguiendo, en gran medida, los elementos de dicho modelo. El segundo bloque abarca, desde el punto de vista teórico, la figura del cuestionario como herramienta de autoevaluación del control interno. Este estudio pretende poner en valor la figura de la autoevaluación a realizar por los propios Directivos de las Organizaciones, mediante cuestionario/encuesta que les permita conocer y monitorizar el grado de adecuación de los sistemas de control interno a las recomendaciones del modelo COSO, obteniendo una visión independiente y anticipada de la valoración formal de las Unidades de Control y/o Auditoría. El tercer bloque aborda el trabajo empírico con la elaboración y aplicación de dos cuestionarios, finalizando con las principales conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación propuestas. Dada la importancia de la Sanidad Pública en los Presupuestos Públicos de la Junta de Andalucía, y el papel estratégico de los Recursos Humanos en las Organizaciones Sanitarias Públicas, se propone una investigación cuyo objetivo general sea conocer cómo funciona el control interno en las Áreas de Recursos Humanos de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES) del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y su adecuación a las recomendaciones establecidas en el Informe COSO, como modelo de control interno más reconocido a nivel internacional. El campo de actuación de este trabajo son las APES por su doble vertiente: organización empresarial y su dimensión pública. Actualmente hay cinco Agencias de esta naturaleza en Andalucía, que gestionan más de veinticinco centros sanitarios entre hospitales, centros hospitalarios de alta resolución, centros de alta resolución, y servicios provinciales de emergencias sanitarias. El modelo de autoevaluación creado a través del segundo cuestionario ha sido cumplimentado, mediante entrevista personal, por los Directivos del Área de RRHH de las APES. Para la elaboración de dicho cuestionario se ha utilizado, principalmente, la parte cuarta del informe COSO denominada “Herramientas de evaluación”. Para dar respuesta a la pregunta de investigación de este trabajo, se ha llevado a cabo un estudio observacional, descriptivo, transversal y multicéntrico. Las principales conclusiones obtenidas: 1.- Destacar que en todas las APES analizadas, ninguna de las subhipótesis ha conseguido un valor (ponderación) inferior al 0,6 (60%), 2.- Ningún componente de control ha obtenido una valoración inferior al 60%. 3.- El componente de control mejor autoevaluado, en el conjunto de las APES, ha sido el de Actividades de Control, siendo el peor la Evaluación de Riesgos. 4.- El 80% de las APES han obtenido una valoración global superior al 80% (grado más alto: Adecuado) y sólo una de ellas ha quedado por debajo de dicho porcentaje, concretamente con un 75% (grado: Satisfactorio).5.- El conjunto de las APES obtienen una autoevaluación del 81.77% que la situaría en el grado más alto: Adecuado. No obstante, y dado que dicho grado no se cumple en todos y cada uno de los componentes, se concluye que su autoevaluación merece el grado: Satisfactorio con perspectiva a Adecuado. 6.- El diseño de autoevaluación a través del cuestionario permite que, mediante su evaluación continua, se puedan identificar áreas de mejora en relación con aquellos ítems(preguntas del cuestionario) que hayan obtenido menor valoración y sobre los que cada una de las APES podría actuar para ir subiendo la puntuación global del sistema (mejora continua), todo ello teniendo en cuenta la importancia que los expertos entrevistados, mediante el primer cuestionario, han dado tanto a los distintos componentes del control interno, como a las distintas parcelas dentro del Área de RRHH. 7.- Es obvio que la mejora continua del Modelo propuesto requeriría también que las propias Direcciones de RRHH llevasen a cabo la revisión continua de cada una de las preguntas de la autoevaluación, analizando sus categorías de respuestas y sus correspondientes valoraciones, a fin de que el propio modelo de autoevaluación pueda ir enriqueciéndose y se vaya adaptando a la propia evolución de los sistemas de control interno, a las prioridades que en materia de Recursos Humanos se vayan formulando y a las propias exigencias de los Órganos de Control internos y externos de las organizaciones. Definitivamente, el trabajo basado en modelos de autoevaluación como el propuesto, gracias a la imprescindible implicación de las Direcciones de las Organizaciones públicas, supone mejorar la imagen de éstas ante los Órganos encargados del Control Interno y Externo, los propios empleados y ante la Sociedad y la ciudadanía, al aportar mayores dosis de transparencia a la gestión pública.
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El dominio doctrinariamente es el derecho real máximo del cual se desglosan la mayoría de los derechos reales consagrados en el derecho civil, de esto se desprenden facultades, o derechos los cuales revisten al propietario, para que pueda usar, gozar y disponer libremente de una cosa. Pero si analizamos bien la concepción del concepto de dominio consagrado en el Código Civil, nos daremos cuenta que hay una forma de concebir las cosas corporales. El Art. 568 Código Civil Se llama Dominio o Propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad y el uso de la cosa se le llama usufructo. El derecho de dominio tiene características que le hacen ser diferentes de los demás derechos, es por ende que gozan de características especiales como los que identifican a los derechos reales: a) Es un derecho real, b) Es absoluto, c) Es exclusivo, d) Es perpetuo. En la Constitución se establecen una cantidad de derechos fundamentales entre ellos el derecho de propiedad y posesión, sobre los bienes que una persona puede tener, así mismo la constitución regula que la persona no puede ser privada de sus derechos fundamentales sin que esta sea antes previamente oída y vencida en un juicio mediante un proceso que se le debe seguir para no vulnerar sus derechos y garantías tanto constitucionales como las que las leyes aplicables determinan. La ley que se Analizara persigue la recuperación de bienes producto de actos ilícitos, y regula los medios, competencias y procedimientos para obtener dicha recuperación. "Por tal razón, es indispensable dotar al Estado, garantizando el debido proceso, de un mecanismo legal para la investigación, el examen y establecimiento del origen ilícito de patrimonios realizadas al margen de la ley y proceder a su extinción". La figura de la extinción de dominio tal y como aparece definida en dicha ley, por lo menos en el medio, es novedosa. Hasta ahora, la extinción del derecho de dominio considerada como el cambio de titularidad del derecho real de propiedad se producía por los medios tradicionales, o títulos de adquisición de dominio o pérdida como la transferencia en sus diversas modalidades, la expropiación, la transmisión y la prescripción. La novedad de la ley consiste en la introducción de una nueva forma de extinción, que es la "pérdida de ese derecho de dominio a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular", por razón de la naturaleza de la procedencia adquisitiva del bien, en resumen que provenga de hechos o actos ilícitos. No obstante para que haya una completa legalidad en el proceso y el destino de estos bienes que sean objeto de medidas cautelares o extinguidos mediante una sentencia definitiva dictada por un juez especializado, para garantizar su buena administración se crearan las distintas instituciones especializadas en el área; estas se encargaran de reparación, identificación inventario, administración, mantenimiento, preservación, custodia, y la destinación de los mismos todo ello para garantizar el derecho de propiedad ya sea que lo tenga el particular o este pase a favor del Estado.
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Las numerosas reformas a las leyes existentes y la creación de nuevas, provocan que algunas entidades incumplan los requerimientos contenidos en éstas, ya sea por desconocimiento o descuido; es por ello, que se vuelve necesaria la ejecución de una auditoría en la que se evalúe el grado de cumplimiento que presenta la entidad con respecto de las leyes que le sean aplicables. En nuestro país, durante los últimos años se han suscitado diversas reformas a través de las cuales se pretende controlar las operaciones de las empresas de una manera eficiente, garantizando la legalidad de las transacciones que éstas realizan y la forma idónea de realizarlas. Como consecuencia de los constantes cambios en las leyes y reglamentos algunos sectores se volvieron más regulados en comparación con otros, entre los cuales se encuentra el sector farmacéutico; es por ésta razón que se aumenta la probabilidad que el establecimiento farmacéutico incumpla alguna ley o reglamento, lo que podría acarrear multas cuantiosas y hasta poner en riesgo la hipótesis de negocio en marcha. El presente trabajo es el resultado de investigación de campo realizado, cuyo objetivo principal es la elaboración de una guía práctica de auditoría para el cumplimiento de leyes y normas aplicables a los establecimientos farmacéuticos, que sirva como orientación al auditor a la hora de realizarlas y de ésta manera poder descubrir errores e irregularidades en las operaciones y a la vez observar si éstos cumplen o no con las responsabilidades legales y técnicas aplicables al sector farmacéutico. El proceso de investigación se divide en dos etapas: la información bibliográfica, que trata aspectos relacionados a los puntos básicos en cuestión; en ésta se consultó literatura relacionada a los establecimientos farmacéuticos así como aspectos normativos y legales que los rigen. En el estudio de campo se observa y estudia a los profesionales en contaduría pública que ejercen la auditoría externa y si estos realizan auditorías de cumplimiento a los establecimientos farmacéuticos. En éste apartado, se llevó a cabo la recolección de información mediante encuestas realizadas a cincuenta y ocho personas naturales que ejercen la auditoría externa. Con lo antes mencionado se hizo un análisis de los datos recabados, el cual contribuyó a profundizar en la problemática existente para crear parámetros adecuados al momento de diagnosticar el tema en estudio. Para finalizar, se presenta una propuesta para que sea implementada por los profesionales que ejercen la auditoría externa a los establecimientos farmacéuticos; la cual consiste en una guía de práctica de auditoría para evaluar el cumplimiento de leyes y normas que aplican al sector, el cual está diseñado específicamente para que los auditores externos puedan hacer un examen completo y que son necesarios para la ejecución de una auditoría de cumplimiento la cual está enfocada para mejorar y evaluar el control interno del ente, cumpliendo así con los propósitos planteados como establecimiento farmacéutico. Cabe destacar que la guía puede ser utiliza tanto en el contexto de una auditoria de estados financieros como en una auditoria de cumplimiento, ya que en ambas se debe evaluar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables a la entidad auditada.
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El derecho tributario se encuentra regido por principios propios de esta materia, parte de aquellos son los principios de Progresividad y Proporcionalidad, sin embargo, dentro de los sistemas tributarios, particularmente el ecuatoriano, coexisten diferentes tipos de tributos, algunos de ellos, por sus peculiares características, son incluso antagónicos a los mentados principios. Me refiero, especialmente, al Impuesto al Valor Agregado, gravamen de tipo indirecto y regresivo, vigente en nuestra legislación, y que merece un exhaustivo análisis con la finalidad de determinar en qué medida es compatible con la progresividad y la proporcionalidad constitucional.Para lograr el objetivo planteado, es menester hacer un repaso de la totalidad de principios aplicables a los tributos, estos son: generalidad, eficiencia, simplicidad administrativa, suficiencia recaudatoria, irretroactividad, igualdad, equidad, transparencia, legalidad, proporcionalidad y progresividad. Así mismo, es necesario un análisis doctrinario del Impuesto al Valor Agregado, a la par de la legislación vigente sobre este gravamen, y concluir con el análisis de la relación del IVA con dos de los principios constitucionales, los de proporcionalidad y progresividad.
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112 p.
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La auditoría integral se ha dirigido a evaluar lo adecuado y apropiado, de los sistemas de control interno, administrativo y financiero, siendo fomentada especialmente por el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos (IAI) a través de sus programas de capacitación y su literatura, así como la incorporación de los conceptos integrales dentro de las normas profesionales de la rama. El término integral fue escogido para transmitir la idea de que este tipo de auditoria va más allá de los controles tradicionales de cuenta y legalidad con los organismos de derecho público y con los reglamentos. La auditoría integral realiza un examen del grado en que una organización hace la consideración a la cuestión del valor a cambio del dinero, es decir a la economía, la eficiencia y la eficacia. El objetivo principal de la investigación es Diseñar un Manual de Procedimientos de Auditoria Integral, que sirva de guía a las unidades de auditoria interna para la ejecución de auditorías de este tipo, que permita verificar y evaluar con eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los procedimientos de control aplicables a las operaciones municipales. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica y de campo, la que consistió en la utilización de un cuestionario el cual fue dirigido a los encargados de las unidades de auditoria interna de las municipalidades en estudio, para obtener la información que permitiera evaluar el funcionamiento de las mismas y así realizar un diagnóstico de la situación actual de estas municipalidades. El resultado obtenido es el diseño de un Manuel de Procedimientos de Auditoria Integral para las unidades de auditoria interna de las municipalidades, el cual se constituye en una herramienta para los auditores internos al momento de llevar a cabo un examen de este tipo en dichas entidades. Las principales conclusiones que se obtuvieron son las siguientes: Se determinó que la mayoría de las unidades de auditoria interna de las municipalidades, no tienen bien definidos sus objetivos, ni las actividades que deben realizar cada integrante, en razón de que no cuentan con suficiente personal para establecer una relación con el flujo de operaciones y actividades que ésta realiza, debido a las exigencias de un manejo transparente de los recursos económicos que se le asignan al sector municipal, en la actualidad, éste se ve en la necesidad de aplicar otros tipos de evaluaciones que le permitan medir los resultados de su gestión, para dar a conocer con un grado de seguridad razonable el uso que se le ha dado a dichos recursos; y conociendo que la auditoría integral representa un medio decisivo para la modernización y transparencia en la forma de administrar los recursos públicos, es necesario que se realice un examen de este tipo de conformidad con las normas de Auditoria Gubernamental. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los encargados de las unidades de auditoria interna de las municipalidades, utilizar esta propuesta como herramienta para evaluar en forma integral las políticas, el control interno, la confiabilidad de la información financiera y el grado de eficiencia de las operaciones que realiza la municipalidad.