48 resultados para Governability
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La cooperación internacional está redefiniendo una vez más su arquitectura como herramienta de ayuda al desarrollo. Sus procesos y políticas atraviesan un álgido momento de cambio, caracterizado por dos escenarios determinantes: los suscitados debates sobre la eficacia y la calidad de la ayuda y la crisis económica europea, que comienza a evidenciar una reducción fuerte en los recursos destinados a este mismo fin. En este contexto los países en vías de desarrollo como Colombia, comienzan a ser protagonistas de su propio desarrollo, buscando dar a sus territorios condiciones de gobernabilidad deseadas, a través de mecanismos donde el desarrollo humano es un vector importante y encuentra en la participación ciudadana una estrategia vital para instalar capacidades, promover el intercambio de conocimiento y empoderar a los ciudadanos alrededor de las decisiones de lo público. La cooperación descentralizada Sur-Sur se presenta entonces como una herramienta con oportunidades interesante, aunque es un proceso aún incipiente, enfatiza en la necesidad de abrir el paso a prácticas novedosas de asociación y cooperación que permitan aprovechar los recursos disponibles para la promoción del desarrollo. En el caso específico de este trabajo monográfico, Caldono, Cauca; Pasto, Nariño y Medellín, Antioquia, serán municipios a analizar, en la medida en que se identifiquen, en cada uno, procesos de participación ciudadana que canalicen la movilización de las estructuras sociales organizadas que, afectadas por las frustraciones y necesidades, presionan para que se produzcan cambios importantes en la manera como se consagran en las leyes los mecanismos y espacios participativos.
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El interés de este trabajo es determinar si Invest in Bogotá puede considerarse un instrumento de Buen Gobierno. Se analizará cómo desde la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas, puede evaluarse la agencia, desde su formulación hasta su implementación, revisando los momentos y actores claves que participaron en este proceso, para el periodo 2006-2010. Lo anterior se realiza para establecer si la agencia responde a las lógicas de Buen Gobierno, entendido como la efectividad de los gobiernos para dar respuesta a sus gobernados y la consecución de alianzas público privadas en beneficio de lo colectivo, gobernabilidad democrática y gobernanza respectivamente. Como resultado de este ejercicio se determinó que la agencia puede considerarse, parcialmente, como un mecanismo de Buen Gobierno debido a que los beneficios no siempre son direccionados hacia el bien común.
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En el presente trabajo de grado, estudiaremos la utilidad de la Consulta Previa como instrumento político, a partir del análisis del proceso adelantado entre el Resguardo Santa Teresita del Tuparro y la Petrolera BHP Billiton en el año 2010, en el municipio de Cumaribo, Vichada, identificando si existen fortalezas y buenas prácticas que permitan equilibrar el interés general y el de las minorías, en beneficio de la gobernabilidad dentro del contexto colombiano. Para cumplir con el objetivo descrito, haremos un análisis de los diferentes roles de los actores involucrados en el presente estudio de caso, desde los conceptos de legitimidad y representatividad y analizaremos si la Consulta Previa adelantada de manera idónea, mediante la aplicación de principios como buena fe, transparencia, comunicación asertiva, y reconocimiento mutuo entre los actores, puede ser una herramienta eficaz, dentro de la democracia participativa.
Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas
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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.
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Este artículo se basa en una investigación realizada en tres municipios de la región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia); analiza las disfunciones en el arreglo institucional, derivadas de la presencia de grupos armados ilegales activos y de cultivos ilícitos; señala las afectaciones que se presentan en el régimen político y en el ejercicio de la democracia; y plantea los problemas que deben afrontar los gobiernos locales para dar cumplimiento a su mandato.El artículo propone que la acción del Estado en esta región se ve afectada por fuertes fallas de legitimidad, eficiencia y eficacia, las cuales generan limitaciones críticas a la gobernabilidad del territorio. Dichas fallas tienen que ver con la supresión del pacto social y con la inoperancia de la democracia en su versión mínima. Se concluye que en los municipios estudiados, las fallas de Estado disminuyen radicalmente los costos de transacción de los grupos armados ilegales para acceder al control del territorio y establecerse como agencias de protección en competencia con el Estado. Además, conducen al establecimiento de un círculo de afectación perverso en el que el aumento de los costos de inversión pública necesarios para la corrección de dichas fallas hace que a su vez disminuya el interés de los actores del ámbito político para solucionarlas, generando una trampa crónica de reducción de la gobernabilidad en la escala regional.-----This article is based on research carried out in three municipalities of the Catatumbo (North Santander department, Colombia) region, and analyzes institutional arrangement dysfunctions that arise from active illegal armed groups and illicit crops, pointing out the effects on the political regime and the exercise of democracy and stating the problems that must be faced by local governments in order to perform their mandate.The article suggests that Government action in this region has been affected by deep failures in legitimacy, efficiency, and effectiveness, which generated critical limitations to governability in that territory. Such failures are related to the factual suppression of the social contract and to the ineffectiveness of a democracy in its least representation. It concludes that in the municipalities under examination, Government failures strongly reduce the settlement costs for illegal armed groups to access territory control and to establish as protection agents in competition with the State. They also lead towards the establishment of a vicious affectation cycle where the cost increase of the public investment required to correct such failures in turn reduces political actors’ interest in solving them, thus creating a chronic trap that reduces governability in the regional level.
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RESUMEN En esta monografía el interés es comprender la dimensión de la captura del estado, su complejidad y cómo ha penetrado en la cultura política institucional de nuestro país; así mismo, el análisis permite entender el grado de influencia de los grupos de poder para lograr leyes y regulaciones a favor suyo en detrimento del interés general. Este trabajo aborda dicho fenómeno en los procesos de formulación e implementación de la política pública de Agro Ingreso Seguro – AIS– y explica consecuencias y efectos de la captura del Estado en su gobernabilidad y eficacia social. Para ello se desarrolló una investigación de tipo documental que permitió identificar el grado de legitimación de los propósitos de la política pública poniendo en perspectiva la intervención de agentes capturadores en el proceso de implementación de la política Agro Ingreso Seguro.
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El interés de este estudio de caso es comparar las dinámicas de uso y apropiación del espacio público en parques de origen formal e informal, y discutir sus implicaciones en la vida social y urbana, teniendo como zonas el parque Villa de la Torre (informal) y el parque Cayetano Cañizares (formal). Este trabajo se enmarca en conceptos de uso y apropiación del espacio público, a partir de los cuales se examinan las dinámicas de formalidad e informalidad de los parques zonas de estudio, explorando qué efectos puede tener su origen, y revisando si el parque informal implica falta de apropiación y usos conflictivos, o si por el contrario, las dinámicas que en espacios públicos se dan pueden incluir dinámicas positivas y negativas indistintamente de su origen.
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Este artículo se aboca a un breve análisis relativo a los orígenes y debates conceptuales relativos a la gobernanza y su aplicación al caso de América Latina. En este último espacio no ha tenido la mejor de las acogidas puesto que otros términos, como el de gobernabilidad o el de gobierno, han respondido a una tradición en el análisis político regional como producto de un pasado reciente turbulento en lo relativo a las alteraciones al sistema democrático.
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The article explores how fair trade and associated private agri-food standards are incorporated into public procurement in Europe. Procurement law is underpinned by principles of equity, non-discrimination and transparency; one consequence is that legal obstacles exist to fair trade being privileged within procurement practice. These obstacles have pragmatic dimensions, concerning whether and how procurement can be used to fulfil wider social policy objectives or to incorporate private standards; they also bring to the fore underlying issues of value. Taking an agency-based approach and incorporating the concept of governability, empirical evidence demonstrates the role played by different actors in negotiating fair trade’s passage into procurement through pre-empting and managing legal risk. This process exposes contestations that arise when contrasting values come together within sustainable procurement. This examination of fair trade in public procurement helps reveal how practices and knowledge on ethical consumption enter into a new governance arena within the global agri-food system.
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Why has the extreme right Greek Golden Dawn, a party with clear links to fascism experienced a rise defying all theories that claim that such a party is unlikely to win in post-WWII Europe? And, if we accept that economic crisis is an explanation for this, why has such a phenomenon not occurred in other countries that have similar conducive conditions, such as Portugal and Spain? This article addresses this puzzle by (a) carrying out a controlled comparison of Greece, Portugal and Spain and (b) showing that the rise of the extreme right is not a question of intensity of economic crisis. Rather it is the nature of the crisis, i.e. economic versus overall crisis of democratic representation that facilitates the rise of the extreme right. We argue that extreme right parties are more likely to experience an increase in their support when economic crisis culminates into an overall crisis of democratic representation. Economic crisis is likely to become a political crisis when severe issues of governability impact upon the ability of the state to fulfil its social contract obligations. This breach of the social contract is accompanied by declining levels of trust in state institutions, resulting in party system collapse.
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Dentro do atual contexto de crescente urbanização e novas oportunidades econômicas, a relação entre economia local e governo emerge como uma área estratégica para a promoção do desenvolvimento. No presente contexto de consolidação democrática e reforma do Estado, a responsabilização está associada à capacidade dos cidadãos em atuar na definição de metas coletivas e na criação de mecanismos institucionais que garantam o controle público da ação governamental e seus líderes, incrementando a governabilidade e, se não a eficiência, a eficácia de políticas públicas e seus processos de gestão. Esse trabalho pretende contribuir para o entendimento do papel dos órgãos de financiamento multilaterais em projetos de DEL, nomeadamente, para compreensão e a avaliação desses programas quanto ao resgate e aperfeiçoamento de bases de legitimidade social em ações de governo vinculadas à processos de desenvolvimento e promoção democrática. De modo específico, esse trabalho ambiciona compreender a concepção de grupos de interesse e sociedade civil presentes nos contratos fomentados pelo banco, assim como, a relevância conferida à esses agentes pelos técnicos do banco por ocasião da formulação desses contratos. Ao investigar esses pontos a pesquisa objetiva contribuir para o debate acerca dos dilemas e desafios para a implementação de programas de desenvolvimento urbano promovidos por governos locais em conjunto com organismos multilaterais.
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The use of the term social vulnerability in the study of the reproduction of the social inequalities in Brazil, still, is recent. The social vulnerability is linked to the indicators of social risk. The work approaches the youth's social vulnerability and your relationship with the education, considering the youth a, among other groups socially excluded, vulnerable, in the Brazilian metropolises. It is guided by the methodological theoretical formulations on this thematic one developed by the Rede Metrópoles in the ambit of the project, " Observatory of the Metropolises: territory, social cohesion and democratic governability ( Project Millennium CNPq) and your unfoldings in the Natal group. Empirically, forehead a methodological proposal - still in construction - and it accomplishes a " pilot " study for the city of Natal with base in the data of the Census of IBGE 2000, that proposes mensurar the importance of the social characteristics of the neighborhood on the considered youths' educational acting those that are in the strip from 15 to 24 years. It considers that the youths' educational " earnings as being influenced not only for the social context of the family, also, for your space location in the city - social context of the neighborhood. With base in the results can verify that the youths of the city of Natal present situations of social vulnerability so much in the ambit of the family as expresses in the social space of the neighborhood. Such vulnerability are verified in the low educational indexes, in the high unemployment rates and in the presented social conditions of the researched areas. The youths, residents of those neighborhoods, they are considered vulnerable socially because original of a precarious source of " assets " and opportunities. There is in Natal a low " structure of assets and opportunities " - accessible to the youth
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The following study proposes an analysis of the politic process which the brazilian constitutional justice faces, emphasizing the Supremo Tribunal Federal . For that purpose, we start by examining the intimate relationship between Politics and Law, in view of the most recent social systems theories, so that the political system is distinguished by the exclusiveness of using the physical force, intending to make coletive tying decisions, and the juridical system as a congruent generalization of the expectations towards the rules and principles, brought together under an interdependence by which both gather legitimacy and effectiveness. In this manner we can notice the political effects of the constitutional interpretation conducted by Judges as well as by other juridical professionals, because these ones decrease the overload of expectations which are pointed to the Judicature. Constitutional interpretation is democratized since the participative democracy arises and stablishes a permanent state of awareness around the exercise of power and favours the preservation of the pluralism (counter-majoritary principle) where we can find the origin of the democratic nature of constitutional courts, once, in most cases, their members are not elected by the people. After that, we analyse the historical posture of the Supremo Tribunal Federal as a constitutional court in Brazil, so we can realize the attempts to make it vulnerable to the appeals of governability and economical aims, agains which this court somehow has resisted, stressing its particularities. At the end, it s concluded that even the so-called acts of government, whose judiciary control is mostly repelled, are subjected to a constitutional analysis, last frontier to be explored by the Supremo Tribunal Federal in its role of exposing our republican Constitution
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The present work aims to analyze the several proportional electoral systems from the contemporaries democracies in order to, in the end, purpose a system that better fits to the constitutional Brazilian order. In this direction, we pursued to indicate the main virtues and imperfections in proportional electoral systems in use in more than two hundred countries, especially relating to the positive and negative effects that these systems inject in the party systems, in the governability and in the representativity. In order to collect elements, and also before getting to the work s main point, other issues were approached, even in a shortened way. Nevertheless, in a position taking, we conclude the work opting for a proportional electoral system that potencializes the constitutional principles of representativity and governability as well as prints a party system strong and strict, once these are the depositaries of a democracy compromised with the Brazilian society
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Pós-graduação em Geografia - IGCE