719 resultados para ESTADO - HISTORIA - COLOMBIA
Resumo:
Mecanismos que tienen los administrados para acudir ante la jurisdicción y hacer valer sus derechos frente a la Administración. Esta se muestra dentro de una estructura organizativa en un plano de desigualdad superior respecto los particulares
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El presente estudio de caso propone realizar un análisis de las relaciones entre el Estado y el ciudadano tras la implementación de las normas antitrámites, Ley 962 de 2005 y Decreto ley 019 de 2012. Para tal propósito se reducirá el ámbito de estudio al área del servicio notarial, allí se elaborará un trabajo de campo tendiente a demostrar mediante encuestas la situación de dichas relaciones, tomando como periodo los años 2005 al 2012. Se argumenta que las incongruencias y las fallas de las disposiciones en las normas antitrámites del primer gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y del primer período del presidente Juan Manuel Santos, en el marco del servicio notarial, generan un efecto negativo dentro de las relaciones entre el Estado y el ciudadano. Se concluye que la situación actual de dichas relaciones genera consecuencias poco deseables tanto para el ciudadano como para el Estado.
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Desde el inicio de su primera gestión presidencial, en el año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el concepto de Seguridad Democrática en un término recurrente para invocar una política de seguridad que legitimara la acción del Estado contra las principales amenazas identificadas por los colombianos: el terrorismo (condensado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC - EP) y el narcotráfico. La presente investigación tiene como objetivo discutir si este discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez que privilegia, entre los años 2002 y 2004, una política del miedo, fue una estrategia de marketing del miedo o fue una estrategia de profundización democrática.
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This paper analyzes the main features and historical factors that played a central role for the industrialization process in Colombia during the twentieth century. The document surveys the legislation and policy instruments used in the programs of import substitution industrialization, nontraditional export promotion, and economic openness
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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general
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La línea institucional de investigación "historia de la Universidad del Rosario" fue creada por el rector y la H, Consiliatura en el año 2000, con ocasión del advenimiento de la fecha conmemorativa de sus trescientos cincuenta años de fundación. Tiene el propósito de desarrollar una agenda investigativa para reconstruir la historia completa de una de las universidades más antiguas de América que, desde 1653 hasta el presente, en íntima fusión con los procesos de la historia nacional, ha mantenido el cumplimiento de los objetivos educativos de su fundador, fray Cristóbal de Torres. Dicha agenda, que cobija todos los temas sustantivos del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, involucra una científica labor investigativa, por consecuencias cronológica, prevista para varios años.
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La idea central de este libro gira en torno al uso de la caricatura como una fuente histórica para el análisis económico, además es el legado gráfico de los eventos económicos que a lo largo de más de cien años han sido objeto de atención de caricaturistas y lectores de prensa. Dos motivaciones inspiraron este trabajo: de un lado, el estupendo resultado de utilizar la caricatura económica como fuente de análisis e indagación para el curso de Historia Económica de Colombia en la Universidad del Rosario; y de otro lado, la confirmación de que muchos momentos de la historia económica han sido plasmados por los caricaturistas. Ambos motivos son convincentes respecto a la validez de la caricatura como fuente para el análisis de temas económicos, tanto desde una perspectiva histórica como desde una perspectiva netamente económica.
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El interés de esta investigación es analizar los antecedentes y desarrollo del interés colombiano en la Antártida, así como la relación de cooperación colombo-chilena y la importancia geoestratégica del continente blanco, a partir de diferentes conceptos: geoestrategia, política exterior colombiana y cooperación internacional. Teniendo en cuenta que la Antártida refleja los intereses geoestratégicos de muchos países desde comienzos del siglo XX, Colombia no puede dejar de lado sus aspiraciones en el Sistema Internacional y por esta razón decide ingresar al Tratado Antártico en 1989, sin embargo, es necesario definir cuáles son las pretensiones geoestratégicas del país suramericano en este territorio y precisar la probabilidad de su cambio de estatus en el mismo que le permita obtener provechos materiales de forma unilateral en materia de recursos, actividad diplomática, política exterior y posición geográfica.
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La Justicia Penal Militar es el privilegio histórico más importante que ha sido concedido a las Fuerzas Militares colombianas debido a la función pública que desempeñan. De allí, que la presente investigación esté dirigida a comprender las causas que han conducido a que el Fuero Militar sea una figura cada vez más restringida no sólo en el mundo, sino en Colombia. Así mismo, el papel de las víctimas será transcendental en el trabajo para comprender un proceso de deslegitimación de la institución marcial traducido en la generación de un debate nacional en torno a la conveniencia de la ampliación de las competencias judiciales de su jurisdicción especial. Finalmente, se planteará una posible alternativa a partir de la conceptualización sobre la Justicia elaborada por John Rawls en el siglo XX, con miras solventar este fenómeno político, jurídico y social.
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Este artículo forma parte de una sección monográfica de la revista dedicada al currículo en los países de emigración
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La desaparición forzada es una práctica sistemática en Colombia. Ha sido reconocida a lo largo de las últimas cuatro décadas, definida legalmente y penalizada como una acción ejecutada por grupos de seguridad del Estado. Genera impactos y pérdidas en personas, familias y grupos sociales. Frente a esas pérdidas las personas han optado por adelantar acciones de memoria con distintos objetivos y características, y en distintos escenarios. Gracias a esas diferencias es posible construir una noción de la memoria en Colombia teniendo en cuenta que se desarrolla mientras avanza el proceso de represión. Pero también es posible conocer cómo la memoria de hijos e hijas de las personas desaparecidas es nutrida y promueve debates sobre temas como: el trauma, la transmisión familiar o generacional, la política, los potenciales de transformación de la memoria, las enseñanzas y los vacíos del pasado.Esta tesis fue elaborada desde una perspectiva psicológica vinculándola con distintos discursos sociales para dar un marco amplio de comprensión al proceso subjetivo. En consecuencia, es posible decir que el sentido que hijos e hijas dan a la memoria es complejo y no está por fuera de su momento histórico y de la ideología que lo atraviesa. Esos elementos externos a la disciplina así como algunas reflexiones sobre el acompañamiento psicológico a hijos e hijas, buscan ser un aporte novedoso al abordaje de la desaparición forzada.
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La desaparición forzada es una práctica sistemática en Colombia. Ha sido reconocida a lo largo de las últimas cuatro décadas, definida legalmente y penalizada como una acción ejecutada por grupos de seguridad del Estado. Genera impactos y pérdidas en personas, familias y grupos sociales. Frente a esas pérdidas las personas han optado por adelantar acciones de memoria con distintos objetivos y características, y en distintos escenarios. Gracias a esas diferencias es posible construir una noción de la memoria en Colombia teniendo en cuenta que se desarrolla mientras avanza el proceso de represión. Pero también es posible conocer cómo la memoria de hijos e hijas de las personas desaparecidas es nutrida y promueve debates sobre temas como: el trauma, la transmisión familiar o generacional, la política, los potenciales de transformación de la memoria, las enseñanzas y los vacíos del pasado.Esta tesis fue elaborada desde una perspectiva psicológica vinculándola con distintos discursos sociales para dar un marco amplio de comprensión al proceso subjetivo. En consecuencia, es posible decir que el sentido que hijos e hijas dan a la memoria es complejo y no está por fuera de su momento histórico y de la ideología que lo atraviesa. Esos elementos externos a la disciplina así como algunas reflexiones sobre el acompañamiento psicológico a hijos e hijas, buscan ser un aporte novedoso al abordaje de la desaparición forzada.
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La desaparición forzada es una práctica sistemática en Colombia. Ha sido reconocida a lo largo de las últimas cuatro décadas, definida legalmente y penalizada como una acción ejecutada por grupos de seguridad del Estado. Genera impactos y pérdidas en personas, familias y grupos sociales. Frente a esas pérdidas las personas han optado por adelantar acciones de memoria con distintos objetivos y características, y en distintos escenarios. Gracias a esas diferencias es posible construir una noción de la memoria en Colombia teniendo en cuenta que se desarrolla mientras avanza el proceso de represión. Pero también es posible conocer cómo la memoria de hijos e hijas de las personas desaparecidas es nutrida y promueve debates sobre temas como: el trauma, la transmisión familiar o generacional, la política, los potenciales de transformación de la memoria, las enseñanzas y los vacíos del pasado.Esta tesis fue elaborada desde una perspectiva psicológica vinculándola con distintos discursos sociales para dar un marco amplio de comprensión al proceso subjetivo. En consecuencia, es posible decir que el sentido que hijos e hijas dan a la memoria es complejo y no está por fuera de su momento histórico y de la ideología que lo atraviesa. Esos elementos externos a la disciplina así como algunas reflexiones sobre el acompañamiento psicológico a hijos e hijas, buscan ser un aporte novedoso al abordaje de la desaparición forzada.
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El transporte es un elemento relevante en el desarrollo de los países y, en este sentido, las inversiones que se hagan en infraestructura soportarán el crecimiento económico de los mismos -- En Colombia, la evolución de la infraestructura comenzó a principios del siglo XX con la construcción de las primeras carreteras en la década de 1930 -- Años atrás se estaban haciendo enormes esfuerzos por construir diferentes ferrocarriles con el apoyo de empresas extranjeras, que finalmente consumieron todos los recursos de la Nación, sin quedar las cuantías necesarias para mantenimiento -- El transporte férreo llegó a mover el 33% de las mercancías a nivel nacional, pero problemas de una alta carga laboral, pensional y una enorme accidentalidad, terminaron llevando el sistema al abismo -- En Antioquia se vendió el ferrocarril a la Nación en la década de 1960 y desapareció completamente hacia finales de los años noventa -- Hoy en día el transporte en Colombia se hace principalmente por carretera, teniendo que sortear una topografía agreste, lo cual hace que el traslado de mercancía al interior del país sea en muchos casos más costoso que desde los puertos hasta ciudades al otro extremo del planeta -- Problemas como el alto costo de los combustibles, el estado de las vías, la edad del parque automotor y las distancias desde los principales centros productivos hasta los puertos, hacen que las empresas pierdan competitividad en el entorno globalizado de hoy, haciendo necesaria la inversión en infraestructura en el país
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El presente artículo aborda el tema de la responsabilidad del Estado por el daño ambiental y las limitaciones del sistema tradicional de responsabilidad jurídica adoptado por el Consejo de Estado para su exigibilidad y reparación efectiva. En especial, afronta las dificultades que se presentan para establecer la prueba del daño y el nexo de causalidad para su imputación al Estado, así como la conveniencia de mitigar esa exigencia en consideración a las connotaciones propias y especiales de esta clase de menoscabos. Propone igualmente que en todos los casos en que se verifique la existencia de un daño ambiental se adopten en la jurisprudencia del Consejo de Estado las medidas tendientes a rehabilitar el medio ambiente afectado, cuando ello fuere posible, o proceder a su compensación o indemnización plena.
