619 resultados para Estado social de derecho -- Colombia
Resumo:
Se analiza los principios y normas relativas a la Constitución económica del Ecuador, desde la perspectiva del Estado social y democrático de Derecho. Se realiza un estudio crítico de los derechos en los que se sustenta la intervención del Estado en la economía con especial énfasis en el de propiedad e igualdad. Adicionalmente se revisan las funciones del Estado, los órganos y facultades de los que puede valerse para cumplirlas, entre ellos, la regulación de relaciones económicas y sociales, la dirección global y planificación de la economía, la promoción y el fomento, los servicios públicos, la gestión empresaria, la actividad financiera, el régimen tributario y el presupuesto, la política crediticia y la competencia entre otras.
Resumo:
El presente trabajo pretende ser una guía de orientación para el enriquecimiento de la ciencia jurídica, dirigido hacia la instrumentalización de una ley de economía solidaria, tomando en cuenta que el Preámbulo y el Art. 242 de nuestra Constitución la enuncian como un principio que rige la economía social de mercado; y, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada como un principio modernizador de la esfera estatal; de tal manera que se constituya en un posible instrumento eficaz de desarrollo económico y social que conlleve a la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana. Dividimos la investigación en cuatro capítulos: En el Capítulo I se analizan los derechos y los principios económicos constitucionales que rigen a los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, principalmente: el derecho a la propiedad privada y su función social, el derecho a la libre competencia, el derecho a la libertad de empresa, y el principio de la solidaridad económica. Los objetivos de la economía social de mercado contemplados en las constituciones andinas. En el Capítulo II se realiza un estudio sobre los orígenes remotos y próximos de la economía solidaria, así como los fundamentos del cooperativismo a nivel nacional e internacional. En el Capítulo III se establece un marco conceptual referencial sobre la necesidad de instrumentalizar una ley de economía solidaria, estableciendo su objeto, principios, fines y organización. Por otro lado, se describen los parámetros para la creación de un fondo de fomento y de una Superintendencia de economía solidaria. Finalmente, en el Capítulo IV arribamos al establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
Resumo:
Esta tesis se refiere a la manera cómo el aumento de la delincuencia y la inseguridad en Quito provoca en los habitantes una serie de respuestas y actitudes basadas en el miedo. Explora en los hechos y en los discursos para entender la construcción de esa forma conflictiva de relación social inspirada en la desconfianza y el temor al otro. En suma, el miedo como elemento decisivo a la hora de asumir estrategias para habitar la ciudad. Se compone de cuatro capítulos, cada uno elaborado de manera independiente de los demás, pero vinculados entre sí por el tema y por la estructura. En todos iniciamos con la exposición de las categorías de análisis que dan sentido al capítulo para luego ponerlas en diálogo con los hechos ocurridos en la ciudad, y terminar con un enunciado que propone una manera de comprender el problema. En el primer capítulo, denominado Ciudad real y ciudad imaginada, iniciamos con una crónica descriptiva de Quito como espacio de existencia y comunicación. A continuación, planteamos las principales narrativas -oficial, mediática y cotidiana- sobre la inseguridad, y la manera cómo se juntan la realidad externa y su representación simbólica en la construcción del miedo. En el segundo capítulo, titulado La representación monstruosa del otro, damos cuenta de la manera cómo el poder coloca los conceptos de orden y de paz como sus principales fundamentos y procura eliminar todo lo que se considera peligroso. Acudimos a conceptos de la mitología, según los cuales la delincuencia y la marginalidad adquieren características monstruosas por estar fuera del orden. 2 En el tercer capítulo, bajo el nombre La crisis del Estado social y la imposición de modelos disciplinarios, abordamos los conceptos de violencia social o estado de violencia, que nos ayudan a entender los orígenes de este fenómeno más allá de la lucha de clases o de la confrontación entre buenos y malos. Vemos la mutación de los horizontes políticos, desde la utopía de la justicia social en años anteriores, a la utopía de la seguridad en la actualidad. En el cuarto capítulo, llamado Violencia y prácticas sociales, nos referimos a la manera cómo la percepción de inseguridad provoca una ruptura entre los habitantes y su entorno. Aquí, los diferentes sujetos sociales ponen en juego sus respectivos capitales, que entran en conflicto con los de otros. Se produce entonces una crisis de sentidos, y es en esa atmósfera ambigua y angustiosa, donde las personas ponen en práctica sus estrategias de sobrevivencia. Finalmente, en la parte correspondiente a las conclusiones, proponemos volver la mirada hacia dos aspectos claves para explicarnos el miedo en las urbes contemporáneas: 1) Reconocer la dimensión política de la violencia, y 2) Desmontar el esquema de organización maniqueísta del mundo basado en el lugar común de la lucha del bien contra el mal.
Resumo:
Este libro está dedicado al estudio minucioso de una de las instituciones que más discrepancias ha generado dentro la doctrina tributaria: la tasa. El objetivo principal es demostrar que, en Ecuador, este tributo ha sido desnaturalizado por las discrepancias existentes entre los autores al momento de establecer los elementos esenciales y los principios constitucionales rectores del mismo, una técnica legislativa deficiente y la falta de conocimiento de nuestras autoridades. La autora analiza los conceptos que se han formulado de la tasa, desde la doctrina clásica hasta la doctrina contemporánea; los elementos esenciales que le atañen como una especie del género tributo y también como un instituto independiente; para luego contrastarla con los impuestos, las contribuciones especiales y otras figuras similares, tales como los precios públicos, los derechos y las tarifas. Y concluye que, si bien los ecuatorianos tenemos la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través del pago de los tributos legalmente establecidos, sobre todo en un Estado social como el nuestro, estos no pueden ser tergiversados violentando nuestros derechos.
Resumo:
Constitucionalizar el derecho resulta una tarea que involucra, no solo a los operadores de justicia, sino a los abogados y la sociedad en su conjunto, porque aquello significa desarrollar nuestra conducta, en armonía con la filosofía del Estado Constitucional de Derecho y Justicia, conforme así se define el Ecuador en el Artículo 1 de la Constitución de la República. Entonces, nuestro trabajo tiene como núcleo, llevar a consideración de ustedes, una serie de ideas, reflexiones, críticas con respaldo de estudios de varios autores, que han desarrollado el tema relativo a la constitucionalidad del derecho, para luego de la confrontación de ideas doctrinales con las nuestras, obtener una conclusión que permita afirmar cual “debe ser” la forma de interpretar y aplicar el derecho en los actuales momentos, teniendo como centro de regulación del ordenamiento jurídico a la Constitución que es la fuente de las fuentes del derecho contemporáneo, conforme lo vemos en nuestro trabajo.
Resumo:
El derecho a la seguridad es una combinación de facultades y potestades que tiene la sociedad para requerir del Estado la adopción de condiciones propicias para una convivencia pacífica exenta de todo riesgo o peligro. En su significado semántico, la seguridad supone la exclusión de daño, peligro; en tal virtud, es una situación, estado social o mental con ausencia de todo riesgo o amenaza real. Dentro de este contexto, existen diferentes tipos de seguridad: integral, humana, ciudadana, pública, jurídica, social, entre otras. La Constitución de la República del Ecuador establece el ejercicio popular para la defensa y protección de los derechos colectivos, entre ellos, a la seguridad; por tanto, para satisfacerlo es fundamental adoptar políticas públicas que generen condiciones básicas que garanticen: 1. seguridad económica; 2. seguridad política; 3. seguridad ambiental; 4. seguridad de la salud; 5. seguridad alimentaria; y 6. seguridad ciudadana.
Resumo:
Este trabalho visa analisar as etapas da formação do Estado moderno, desde o Estado Absoluto até o Estado Social-Democrático, e relacioná-las com as formas correspondentes de organização e administração do aparelho do Estado que culminam na reforma da gestão pública.
Resumo:
Esta monografia procura contribuir para a sustentação da proposição segundo a qual uma das condições de efetividade da modernização da administração brasileira reside no seu caráter associativo entre racionalidade política e racionalidade administrativa dos sistemas burocráticos estatais. Conforme este argumento, os processos e iniciativas de modernização da administração pública brasileira não podem, sob pena de tomarem-se disfuncionais, concentrar-se em medidas que VIsam a aumentar exclusivamente a racionalidade funcional do sistema administrativo estatal, restritas à aspectos instrumentais. Isto porque o estado, cuja natureza é essencialmente política, requer, para legitimar-se mediante a formulação e implementação de políticas públicas efetivas, uma estrutura administrativa permeável e integrada ao sistema político, ao qual cabe, pela prática democrática, a enunciação dos valores sociais da busca do bem estar. Há uma dialética na modernização político-administrativa do estado segundo a qual o incremento da racionalidade política da burocracia não decorre apenas da modernização política do País, mas depende essencialmente de atributos inerentes ao sistema burocrático. Esta proposição parte do delineamento de um quadro problematizante relativamente aos desafios do estado social contemporâneo, centrado no que se convencionou chamar de crise do estado e crise da administração pública. O delineamento deste quadro parte da elaboração das seguintes assertivas: a legitimidade do estado social, decorrente da efetividade de suas ações, é intimamente dependente da administração pública; a crise do estado se coloca essencialmente como uma crise de eficiência e efetividade do estado, não apenas de seu aparelho; e o equacionamento da crise do estado requer o enunciamento de seus requisitos funcionais enquanto ator social, promotor de transformações. O que se convencionou chamar de crise da administração pública, reporta-se à incapacidade político-administrativa ~ o estado em deliberar e, efetivamente, implementar aquilo que seja definido como certo para o bem-estar dos cidadãos. Em síntese, argumenta-se que a crise da administração pública não é uma crise puramente administrativa; e sua superação está condicionada ao incremento da racionalidade política e administrativa do estado de uma maneira integrada.
Resumo:
O Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, foi recebido nesta sexta-feira (11) na sede da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/DAPP) para uma reunião de avaliação de programas e tecnologias aplicadas no Estado. Participaram do encontro o Secretário-Geral do Governo, Vinicius Wu, o Diretor da FGV/DAPP, Marco Aurélio Ruediger, e os pesquisadores Ricardo Rotenberg, Pedro Lenhard e Amaro Grassi. Em junho, o governador Tarso Genro participou de reunião com o Presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal.
Resumo:
Em um momento de opiniões fortes - cada vez mais categóricas - e crescente processo de polarização moral e política, alguns temas merecem um olhar mais cuidadoso. Com isso em mente, a ideia é fazer uma provocação: em que medida o Estado é responsável pelas decisões individuais de um cidadão. O tema das migrações é recorrente no cotidiano das pessoas, mas não é um tema que percorre a agenda pública. A Diretoria de Análises de Políticas Públicas (FGV/DAPP) há algum tempo vem acompanhando a temática das migrações e políticas migratórias ao redor do mundo, o que originou uma publicação denominada Imigração como vetor estratégico do desenvolvimento socioeconômico e institucional do Brasil.
Resumo:
This dissertation analyses the Brazilian housing policy of today s, focusing on the programmes in the socalled Social Interest Housing Subsystem in order to discuss to what extent the government has been able to grant housing constitutional rights in the country. The discussion is about housing policy and the principles in the country s Constitution regarding the role of housing as a social right, a right that must be granted by the state. This refers to land rent theory to understand the relationship between capital and property and the reasons why, under capitalism, housing becomes a commodity in the market. Then, it discusses the national housing policy, which emphasizes land ownership through financing, that is, via market, a process that excludes all low income population. In the conclusion, it is clear that, although government programmes cover extensively at least potentially the national territory as well as social group, subsidized housing programmes cannot be implemented in the city due to land prices because subsidy is too low. In this way, the law that grants housing rights to all Brazilian citizens is violated
Resumo:
The purpose of this dissertation is to analyze the role of Public Powers in the enforcement of fundamental social rights, according to the principle of prohibition to social regression. The Federal Constitution of Brazil, situated in a position normative hierarchical superior, disciplines the legal and political process of the country, determining how Public Powers (Legislative, Executive and Judiciary) should act to enforce fundamental rights (social). Thus, features a cast of fundamental rights that aim to ensure social justice, highlighting the concern to ensure social values aimed at reducing social inequalities. The will of the state should be prevented by controlling the constitutionality of measures which restrict fundamental social rights, assuming the principle of human dignity, pillar of Social and Democratic State of Right, a dual role in the brazilian legal system, acting as the presupposition of jurisdictional control of the constitutionality of restrictive acts and as supervisory of omission or insufficient action of the State in the fulfillment of their fundamental duties. The constitutional determinations remove from the legislator the option to create or not the law that prints effectiveness to the social rights, as well as from the Executive the option of to execute or not rules directed at realization of the constitutional parameters, and Judiciary to behave or not in accordance with the Constitution, being given to the Powers only the arbitrariness of "how" to do, so that all functions performed by public actors to use the Constitution as a repository of the foundational values of the collectivity. Any situation that does not conform the principle of proportionality in relation to the enforcement of fundamental rights, especially the social, represents an unacceptable social regression unconstitutional. The constitutional rules and principles postulated by the realization of the rights, freedoms and guarantees of the human person, acting the principle of prohibition to social regression to regulate a concrete situation, whenever it is intended to change, reducing or deleting, the content of a social right. This paper of limit of state action serves to provide to the society legal security and protection of trust, ensuring the core of every social right. This should be effected to be sheltered the existential minimum, as a guarantee of the inviolability of human life, respecting the constitutional will, not falling into social regression
Resumo:
This dissertation deals with the social function of the contract, based on constitutional principles, especially those relating to fundamental rights. The social function of the contract (general clause) is described in the Civil Code so intentionally generic, no precise criteria to define it. Because of the fluidity of this principle, it is justified its closer study, seeking to assess its various meanings and looking away from the legal uncertainty that an unlimited conceptual vagueness can cause. The social function of the contract arises from a transformation experienced in private law from the inflows received from the Constitutional Law, the result of an evolutionary process by which it became the state structure, leaving the foundations of the classical liberal state and moving toward a vision guided by existential human values that give the keynote of the Welfare State. Arose, then the concern about the effectiveness of fundamental rights in relations between individuals, which is studied from the inapplicability of fundamental rights in private relations (U.S. doctrine of State action), passing to the analysis of the Theory of indirect horizontal effect of fundamental rights (of German creation and majority acceptance), reaching the right horizontal efficacy Theory of fundamental rights, prevailing Brazilian doctrine and jurisprudence. It has also been investigated the foundations of the social contract, pointing out that, apart from the provisions of the constitutional legislation, that base the principle on screen, there have also been noticed foundations in the Federal Constitution, in devices like the art. 1, III, the dignity of the human person is the north of the relationship between contractors. Also art. 3rd, I CF/88 bases the vision of social covenants, equipping it for the implementation of social solidarity, as one of the fundamental objectives of the Republic. Still on art. 170 of the Constitution it is seen as a locus of reasoning in the social function of the contract, the maintenance of the economic order. It is also studied the internal and external aspects of the social function of the contract, being the first part the one that considers the requirement of respect for contractual loyalty, through the objective good faith, as a result of the dignity of the hirer may not be offended by the other through the contract. On the other hand, the external facet of the social function of the contract, in line with the constitutional mandate of solidarity, indicates the need for contractors to respect the rights of society, namely the diffuse, collective and individual third party. In this external appearance, it is also pointed the notion of external credit protection, addressing the duty of society to respect the contract. There has been shown some notions of the social contract in comparative law. Then, there has been investigated the content of principle study, through their interrelationships with other provisions of private and constitutional law, namely equality, objective good faith, private autonomy and dignity of the human person. We study the application of the social contract in contractual networks as well as the guidance of conservation of contracts, especially those denominated long-term captive contracts, considering the theory of substantive due performance, concluding with an analysis of the social contract in code of Consumer Protection