1000 resultados para España-Ley agrícola


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Este estudio de caso de un paisaje agrícola en un sistema de huerta tradicional de la provincia de Alicante fue llevado a cabo para desarrollar técnicas adecuadas de cuantificación y análisis del paisaje en el período 1883-2007. Los métodos utilizados se derivan del análisis de cambio en la estructura del paisaje, basado en antiguos mapas y fotografías aéreas, siendo adaptados a una escala detallada por medio de herramientas SIG. La base de datos creada para este análisis diacrónico es una pieza fundamental para obtener una clara visión de la evolución de los usos del suelo en el área de estudio. El principal objetivo de este estudio es poner de manifiesto que una aproximación a nivel de parcela, utilizando tecnologías SIG, proporciona valiosos resultados para planificar programas de conservación en paisajes agrícolas a escala local.

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Objetivo: Analizar la institucionalización de las ciencias de la nutrición en la España de la segunda mitad del siglo XX, y evaluar la actividad desarrollada por la revista Anales de Bromatología. Método: Estudio bibliométrico descriptivo de los artículos originales. Se recogió el nombre y apellidos de los autores y el título completo. A partir de las palabras clave, por consenso entre los autores del estudio, se asignó a cada artículo una sola materia principal de acuerdo con la agrupación de las trece temáticas que seguía la Sociedad Española de Bromatología en sus reuniones. Se ha analizado la distribución y tendencia de los indicadores generales de producción y sus características. Resultados: Se publicaron un total de 917 artículos originales con una media de 20,8 trabajos/año. Las materias que registraron mayor porcentaje de artículos fueron: sustancias extrañas a los alimentos, alimentos de origen vegetal y nutrición. Participaron un total de 874 autores, con un índice de colaboración de 2,43 y de transitoriedad del 70,1%. La distribución del número de firmantes por artículo se acerca bastante a lo que indica la ley de productividad de Lotka. Doce máximos productores, con presencia mayoritaria de mujeres, participaron en el 49,9% de los artículos publicados. Conclusión: La Revista mostró una baja productividad y un carácter endogámico, con un protagonismo destacado de los autores relacionados con la Escuela de Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. Las temáticas abordadas respondían a los retos de la transición alimentaria y nutricional de la población española.

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El estudio del proceso de adaptación tipológica de las arquitecturas residenciales del barrio de Benalúa, una de las áreas consolidadas más singulares de la ciudad de Alicante (España), constituye un ejemplo clave para entender el alcance que tuvieron las primeras políticas de vivienda aplicadas en ese país, con anterioridad a la redacción de los Planes Generales que, en el transcurso del siglo XX, fueron ordenando las ciudades españolas y que en el caso de Alicante coincidió con la aprobación de la primera Ley del Suelo estatal (1956). De su análisis se obtienen las conclusiones que identifican los procedimientos que, por cambios sociales, políticos, de normativa o presión del mercado inmobiliario, condicionaron la evolución de la vivienda durante siete décadas, huellas que en la actualidad vienen desapareciendo a un ritmo vertiginoso, constatando el grado de intervención del Estado y de los municipios, así como su influencia y responsabilidad en la determinación de los tipos edificatorios.

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El trabajo aborda los antecedentes históricos de las políticas de alimentación escolar en la España del siglo XX, a través del análisis del corpus normativo y de los textos y materiales que generaron organismos nacionales e internacionales que participaron en su implementación. La investigación muestra el impacto que tuvo el contexto internacional y en particular los acuerdos que se alcanzaron durante el primer franquismo con los Estados Unidos y con la FAO y UNICEF, en el desarrollo de dichas políticas. El carácter filantrópico de las primeras cantinas fue sustituido por una creciente implicación del ámbito público, al incorporar la alimentación de los escolares como objetivo de las políticas sanitarias y educativas de la Segunda República. La Ley de Educación Primaria de 1945 permitió la gradual institucionalización de la alimentación escolar. La creación en 1954 del Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición y la necesidad de coordinar la ayuda norteamericana facilitaron la implementación de programas como el de Productos Lácteos pro Bienestar Infantil y Social o el de Educación en Alimentación y Nutrición, lo cual permitió implantar el complemento alimenticio en escolares y llevar a cabo un conjunto de actividades educativas coordinadas encaminadas a mejorar su alimentación.

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Antecedentes/Objetivos: Además del desarrollo de género, la equidad de género es un determinante estructural de la salud, importante para las políticas de salud pública. El índice de equidad de género (IEG) mide la distancia entre ambos sexos en las dimensiones empoderamiento, actividad económica y educación. Objetivo: Explorar la variabilidad en la inequidad de género en las comunidades autónomas (CC.AA.) de España en el año 2006, mediante la descripción del IEG modificado. Métodos: Estudio transversal ecológico. Dado que el IEG sólo hace visible la inequidad cuando es desfavorable a las mujeres, se calcula el IEG modificado que puede hacer visibles aquellos casos, de haberlos actualmente o en el futuro, en los que las mujeres están, en términos relativos, mejor que los hombres. Para ello, en lugar de calcular las diferencias de género en las dimensiones del IEG mediante un cociente de proporciones, estas se comparan en términos absolutos (diferencias en las proporciones). IEGm oscila entre –1 (inequidad hacia las mujeres), 0 (equidad) y 1 (inequidad hacia los hombres). Resultados: La inequidad desfavorable a las mujeres está presente en todas las CC.AA. de España (IEGm de España = –0,162). La más equitativa: País Vasco (–0,086). La menos, Navarra (–0,184). En actividad económica, todas las CC.AA. presentan inequidad desfavorable a las mujeres. Baleares es la más equitativa (–0,221). Castilla-La Mancha la menos (–0,355). Inversamente, en actividad económica, todas las CC.AA. presentan valores de inequidad desfavorables a los hombres. Castilla-La Mancha es la única CA donde el valor de la dimensión de empoderamiento es desfavorable a los hombres (0,033). Conclusiones: No contando el índice de equidad de género con dimensión de salud/esperanza de vida, su uso es útil en la búsqueda de asociaciones con la mortalidad. Dadas las diferencias interregionales en la equidad de género en España, la Ley de Igualdad y los Planes de Igualdad en las CC.AA. deben trabajar para asegurar la equidad entre mujeres y hombres en todas sus dimensiones. En España persisten las desigualdades interregionales este-oeste en el desarrollo de género, principalmente debido al peso del empoderamiento político en el IEGm.

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La gestión del servicio de abastecimiento de agua es un tema de muy relevante y de plena actualidad, no solo en España sino a nivel mundial. En España, desde la forma de prestación del servicio a través de la gestión directa o la gestión indirecta, o el tipo en sí de gestión indirecta que se desarrolle –empresa privada, pública o mixta- dan como resultado prácticamente tantas situaciones como ayuntamientos existen ya que la competencia es municipal, según reconoce la Ley de Bases de Régimen Local. La heterogeneidad de circunstancias de gestión de los recursos hídricos, la fragmentación de un sector clave y la falta de indicadores comparables entre diferentes opciones para la prestación de este servicio, parece indicar la necesidad de apostar por la creación de un ente regulador independiente dada la naturaleza monopolística del sector del abastecimiento y el saneamiento, junto con el carácter esencial del bien que se gestiona. Mientras que las instituciones gubernamentales dictan las políticas generales a través de leyes y reglamentos, los operadores -públicos, privados o mixtos- son los responsables de prestar los servicios a la población, y sería el órgano regulador quien velaría por el cumplimiento de las normas. El MAGRAMA está estudiando la posibilidad de elaborar una Ley sobre el Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano con las dificultades que esto tiene en consideración a las competencias de las Comunidades Autónomas, lo que sin duda ayudaría a homologar la gestión del agua urbana en España, regulando un monopolio natural, ahora en manos de más de 8.100 municipios y un reducido número de empresas concesionarias, auténticas detentadoras de estos servicios. En este trabajo tratamos de analizar las ventajas que supondría para España contar con una agencia de regulación similar a las existentes en numerosos países, tanto europeos como de América Latina.

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Las reformas introducidas en España en el ámbito de la actividad profesional del personal investigador han ido en la dirección de incluir a este colectivo dentro del campo de aplicación del Derecho del Trabajo, sustituyendo progresivamente el sistema anterior de becas por otro de contratación laboral. Ello, con el propósito de mejorar el status jurídico del personal investigador y de acabar con las situaciones precarias a que tradicionalmente ha estado sujeto este colectivo. En esta dirección, cobra especial relevancia la promulgación de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo contratos de trabajo específicos para el personal investigador en atención a las distintas etapas de su carrera profesional. Pero, pese a los importantes avances que representa esta Ley, todavía se advierten algunas deficiencias en el sistema público de contratación laboral de este colectivo.

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Este Trabajo Final de Grado, en primer lugar, recoge un acercamiento al acogimiento residencial y acogimiento familiar, derivada la información de las diferentes investigaciones, teorías y opiniones de expertos de la protección a la infancia. Seguidamente, hemos recogido los datos a través de un enfoque cualitativo de corte descriptivo, con entrevistas semi-estructuradas en profundidad, a cuatro profesionales y/o expertos del acogimiento residencial y acogimiento familiar. Para el análisis de los datos se ha utilizado la corriente en función de análisis o interpretación de los textos “interno” o “contextual”, más concretamente el análisis temático. Dichas entrevistas han tenido suficiente riqueza y visión desde las diferentes perspectivas, debido a la experiencia de los profesionales consultados. A través de estas entrevistas, hemos conocido según criterios técnicos cual es la preferencia de los profesionales para un menor, el acogimiento familiar o acogimiento residencial, según la casuística. También hemos profundizado en la realidad existente del acogimiento familiar y acogimiento residencial en relación a la Ley 26/2015, de 28 de julio1. Por otro lado, se han identificado las diferentes situaciones, barreras y problemáticas que existen en cuanto al acogimiento familiar y residencial en España. Y por último, en relación a lo anterior, hemos realizado una serie de propuestas para la mejora de la ejecución de las medidas de protección de menores. Los resultados nos han arrojado la preferencia del acogimiento familiar por delante del acogimiento residencial, aunque dependiendo de la casuística del menor, ya que hay en casos específicos que basado en criterios técnicos debe priorizarse el acogimiento residencial. También, hemos destacado como positivo las nuevas propuestas de la nueva ley, principalmente la referida a que prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor de 6 años, aunque se necesita de dotarlo de recursos para que se pueda llevar a cabo. En tercer lugar, en cuanto al acogimiento familiar, se ha reflejado que las barreras y problemas existentes están en relación a la financiación y dotación de recursos, seguimiento, campañas de sensibilización y captación, formación de los profesionales, cultura del recurso, acogimiento profesional y ayuda complementaria al menor. Y en cuanto al acogimiento residencial, la financiación y dotación de recursos, estigma social, formación de los profesionales, intervención asistencialista, integración en la sociedad, excesiva burocratización y centros específicos. Por último, en cuanto a las propuestas, para el acogimiento familiar dotaciones económicas suficientes, ratio más bajo de profesional por familias, el seguimiento se realice de manera continua, dar el salto a familias profesionales o familias profesionales especializadas, creación de servicio en los centros de protección para que esas familias puedan verse con los niños, formación de profesionales en acogimiento familiar, recurso más abierto a la comunidad y coordinación con el acogimiento residencial. Las propuestas para el acogimiento residencial son responsabilidad pública y dotación económica suficiente, trabajo conjunto entre entidades y administración pública, profesionalización, apertura a la comunidad y a la sociedad y coordinación con el acogimiento familiar.

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Tras la aprobación del Real Decreto Legislativo 2/2008 –Ley del Suelo–, nos encontramos ante un modelo territorial y un modelo de desarrollo, que acaba con el arcaico patrón de ciudad dispersa, encontrándose, no obstante, ante las gravísimas consecuencias espaciales generadas por la denominada “burbuja inmobiliaria”, unida a una crisis de consecuencias insospechadas, en el ámbito de la denominada globalización económica, de la que nuestro país no ha logrado sustraerse con Leyes vacías de instrumentos económicos que se han transferido a las Comunidades Autónomas, nos hallamos ante una oportunidad perdida fruto de una no siempre bien calculada descentralización. De este modo, en el presente artículo nos aproximamos a la importancia que muestran los denominados “instrumentos económicos” en la normativa que recoge los pormenores relacionados con el “suelo”, en España, en la primera de nuestras Leyes, la de 1956, en la de 2008 y en el recién aprobado Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana –Real Decreto Legislativo 7/2015–, en el ámbito estatal. Para ello, tras definir y valorar los enfoques conceptuales relativos al “suelo” y sus tipologías, se concretan y estudian los instrumentos económicos que se recogen en la Ley del Suelo española y su relación con las nuevas formas de “hacer ciudad”.

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Objetivo: La equidad de género es un determinante estructural de las desigualdades en salud. Por ello, se pretende visibilizar su evolución en las comunidades autónomas (CC.AA.) desde 2006, previamente a la promulgación de la Ley de Igualdad (2007) y la crisis económica (2008), hasta 2014. Método: Estudio ecológico sobre la equidad de género en las 17 CC.AA. en 2006-2011-2014. Cálculo de: 1) índice de equidad de género modificado (IEGM) de las CC.AA. (0 = equidad, ±1 = inequidad); 2) convergencia interregional y temporal en equidad de género. Resultados: El IEGM de las CC.AA.2014 toma valores negativos próximos a 0 (inequidad desfavorable a las mujeres). No hay convergencia interregional en la equidad de género, pues aumenta la dispersión (2006: 0,1503; 2011: 0,2280; 2014: 0,4964). Tampoco existe convergencia temporal, al no evolucionar mejor las CC.AA. menos equitativas. La brecha de género en actividad económica sigue desfavorable a las mujeres. En 2006-2011 disminuye en todas las CC.AA., y en 2014 aumenta en seis CCAA. La brecha de género en educación tiene valores positivos próximos a 0 (desfavorable a los hombres) en 2006-2011-2014, y en empoderamiento es desfavorable a las mujeres, siendo la dimensión que más pesa en la equidad de género. Se mantiene la dispersión entre CC.AA. en 2006-2014 en actividad económica y educación, y aumenta en empoderamiento. Conclusiones: El contexto de equidad de género alcanzado en las CC.AA. españolas en 2006 se ha perdido durante la crisis económica, al aumentar la desigualdad en la equidad de género entre CC.AA. en 2014. La inequidad de género sigue siendo desfavorable a las mujeres.

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