746 resultados para Clases sociales en Colombia


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Este trabajo es el resultado del proyecto de investigación financiado por Colciencias y la Universidad del Rosario, que incorporó la Cátedra Viva Intercultural, constituyéndose así un escenario para el intercambio de saberes y constumbres propias de las comunidades étnicas de nuestro país. Un espacio en el que se reconocen afrocolombianos, indígenas, gitanos, y raizales, y se analiza su realidad social y la jurisprudencia que garantiza la efectividad de sus derechos. El presente texto contiene un estudio metodológico para consolidar el proceso de enseñanza de los saberes tradicionales de las comunidades étnicas en el aula universitaria. Es un documento guía para las futuras cátedras étnicas, dirigido a estudiantes, docentes y a entidades gubernamentales y ONG que trabajen por el respeto de la diversidad étnica de Colombia.El presente texto contiene un estudio metodológico para consolidar el proceso de enseñanza de los saberes tradicionales de las comunidades étnicas en el aula universitaria. Es un documento guía para las futuras cátedras étnicas, dirigido a estudiantes, docentes y a entidades gubernamentales y ONG que trabajen por el respeto de la diversidad étnica de Colombia.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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Analizar el proceso de formación inicial de profesores de secundaria desde el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales, y preguntarse por la calidad de la formación inicial y continuada del profesorado y de sus proyecciones de actuación en la realidad educativa. 50 alumnos del CAP procedentes de carreras del área de las ciencias sociales y 39 alumnos de CCP, 28 del área de ciencias sociales y 11 del área de lengua y literatura. Se plantea la investigación como un estudio de caso, y se comparan dos programas de formación de la Universitat Autònoma: CAP (Certificación de Aptitud Pedagógica) y el CCP (Curso de Cualificación Pedagógica). De estos se analizan tres aspectos: las ideas previas de los alumnos que ingresan a un programa de formación, las características y alcances del proceso de formación y de la relación teoría-práctica contemplada en ellos y la reflexión sobre el proceso de formación desarrollada por los alumnos que participaron en ambos programas. A partir de un diseño cualitativo de investigación se constituyeron grupos de seguimiento con los que se trabajó durante todas las instancias de formación contempladas en ambos programas. Instrumentos escritos diseñados desde la investigación, trabajos realizados por los alumnos en el contexto de los cursos de didáctica. Entre otros resultados, los alumnos participan del programa de enseñanza-aprendizaje sin detenerse a reflexionar en profundidad sobre lo trabajado en clase o lo experimentado en el centro de prácticas. En general los alumnos inician el curso desconociendo el mundo de la didáctica y se les plantea el desafío de comprender una práctica social mucho más compleja de lo que imaginaban. En relación con las ideas previas, no existe grandes diferencias en las concepciones sobre la enseñanza de las ciencias sociales en los alumnos del CAP y del CCP. La imagen de la enseñanza que tienen sobre las ciencias sociales está centrada en la acción en el aula. La creencia de los estudiantes de profesor es que la didáctica es sinónimo de metodología, y que por tanto la finalidad del curso es enseñarles cómo hacer clases más que reflexionar sobre la práctica educativa y tomar decisiones como prácticos reflexivos. En el seguimiento de los cursos se puede apreciar que la inseguridad por parte de los futuros profesores frente a propuestas alternativas fue una actitud frecuente en el proceso de formación docente. De acuerdo con lo observado en ambos programas, la autora concluye que en el CAP no se da tiempo a meditar y reflexionar opciones didácticas alternativas. En cambio en el CCP la reproducción de modelos tradicionales se da de manera paralela a la incorporación de propuestas alternativas trabajadas desde la DCS. En el CAP las prácticas en los IES y las clases de DCS se realizan de forma simultáneas, lo que impide contar con momentos para analizar en profundidad las situaciones que se viven en los institutos. Se concluye que el CCP ofrece condiciones más favorables que el CAP para promover una actitud reflexiva.

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Examinar la relación que hay entre los individuos pertenecientes a una determinada clase social y el modo de estructurar el lenguaje escrito; comprobar la relación entre lenguaje, clase social y cociente intelectual, teniendo en cuenta la hipótesis de Basil Berstain y las características gramaticales que, según dicho autor, definen el código 'elaborado' y el código 'restringido'. Doscientos sujetos de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años, que cursan tercero y cuarto de EGB. Dos grupos experimentales 100 asistentes a un colegio privado y otros 100 a una escuela municipal, repartidos en cuatro centros diferentes respectivamente; 2 colegios privados donde asisten chicos de clase media-alta y 2 escuelas municipales gratuitas de barrio donde asisten niños de clase baja. Hipótesis de partida: a igualdad de cociente intelectual medido por un test no verbal, los chicos pertenecientes a la clase alta presentan una mayor fluidez verbal, frente a los chicos de la clase baja. Test de Matrices Progresivas de Raven (Escala Especial), test no verbal de inteligencia. Análisis de la varianza. Los chicos de clase alta utilizan mayor proporción de verbos en voz pasiva respecto a los de la clase baja. Diferencias que pueden interpretarse, en tanto que la forma pasiva corresponde a una forma más culta e impersonal de escribir. La maduración está en correspondencia con un menor uso relativo de pronombres personales; siendo la maduración de los sujetos similar en ambos grupos. En el uso de oraciones subordinadas, no se observa diferencia apreciable entre ambos grupos. Respecto a la abstracción y generalización del contenido, los niños de clase social alta escriben en términos más abstractos y generales mientras que los de clase baja lo hacen a un nivel más concreto. En el alumnado de clase alta predominan las frases egocéntricas, donde la cualificación individual de lo dicho se explicita a través de la estructura de la frase; en la clase baja ocurre lo contrario, las más frecuentes son las de tipo sociocéntrico que se introducen apelando a las opiniones de otros. La clase social a la que pertenece el sujeto funciona como soporte de la lengua que utiliza. Estructuración del lenguaje y clases sociales, están íntimamente relacionadas, pero no sin ciertas excepciones que determinarían hondamente su procedencia de origen. Se valora por igual a los dos códigos lingüísticos, aunque se reconoce que el conocimiento racional y científico exige un lenguaje más preciso y formalizado, próximo al 'código elaborado'. Los resultados obtenidos coinciden con autores como B. Berstein, D. Lawton, A. Descondres, C. Buhler, H. Henderson, D. McCarthy, E. Esperet, W. Loban y W.P. Robinson entre otros, que transportan sus deducciones a la escuela, afirmando que los niños llegan a la misma con un modo de estructurar gramaticalmente el lenguaje diferente, según las clases sociales. El lenguaje de la escuela está más próximo al lenguaje utilizado por los niños que pertenecen a una clase social alta, de tal forma, que los niños de clase social baja se encuentran lingüísticamente en inferiores condiciones cuando ingresan a la escuela. Hipótesis a resolver en el futuro es si la escuela, a lo largo de la escolaridad reduce o aproxima a ambos códigos, ya que por si sola no puede paliar esa diferencia. Se propone la utilización de un lenguaje que se asemeje más al utilizado en el punto geográfico o al ambiente donde se desenvuelve el niño. Señalar como punto de reflexión, la gran cantidad de críticas y discusiones dirigidas tanto a la naturaleza y función del lenguaje como a la escuela.

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Proporcionar al docente en formación y al discente de Básica Secundaria, las bases propedéuticas, mediante la explicación de un instrumento metodológico que contenga y organice los contenidos programáticos de las Ciencias Sociales. Establecer la incidencia en cuanto al logro del aprendizaje del uso de dicho instrumento como medio didáctico en el desarrollo de una secuencia de instrucción en la asignatura de Ciencias Sociales de Básica Secundaria. Está constituida por 87 sujetos de dos grupos del grado noveno. De ellos 46 conforma el grupo de control y 41 el grupo experimental; su edad oscila entre los 14 y los 19 años. Se parte de la hipótesis de que existen diferencias significativas en los resultados obtenidos en un Test de Historia de Colombia entre un grupo de sujetos que ha recibido la instrucción bajo el uso de una guía de investigación y otro grupo que la ha recibido bajo las pautas de una clase magistral. Como variable independiente se toma la guía de investigación que desarrollaron los sujetos para estudiar el tema elegido y como variable dependiente las puntuaciones que obtuvieron los sujetos de cada grupo en el test de historia diseñado para esta investigación. Se aplica una prueba objetiva y se utiliza por una parte una guía de investigación y por otra la exposición oral del profesor. La metodología se basa en el análisis comparativo. Como media en el grupo de control se incrementa el aprendizaje en 1.4 puntos y en el grupo experimental en 2.8 puntos. El incremento del aprendizaje es significativamente mayor en el grupo de estudiantes con los que se ha empleado la guía de investigación. Por tanto es recomendable utilizar este tipo de guías en otras asignaturas diferentes y ver en qué medida se puede generalizar su uso con el fin de mejorar la calidad de la educación.

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Debido a la polémica abierta entre Juan del Val y Juan Francisco Fuentes, se pretende intervenir en la discusión proporcionando nuevos datos o nuevas perspectivas de análisis añadiendo posiciones argumentadas desde la historia y la psicología infantil. Es otra forma de enfocar las cuestiones educativas desde un modo peculiar de entender la sociología de la educación. Las propuestas defendidas se agrupan en cuatro apartados: el papel de la historia de la educación escolar como instrumento de comprensión de las situaciones; la incidencia del lenguaje en este tipo de educación; la cuestión de los modelos pedagógicos, es decir, las diferentes opciones a favor de determinadas formas de organizar y transmitir los conocimientos para estimular los aprendizajes; y el análisis y discusión de la reforma educativa.

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Resumen basado en el de la publicación. - El artículo forma parte de una sección de la revista dedicada a: En la Práctica. Educación tecnológica

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Los profesores de ELE est??n de acuerdo en la inclusi??n de las TIC en las clases, ya que la mayor??a de los alumnos pasan mucho tiempo en redes sociales, blogs... Por ello, estos profesores deben adaptar el material did??ctico a los sistemas de comunicaci??n vigentes con el fin de captar la atenci??n de los estudiantes y que se sientan m??s c??modos y aprendan los aspectos de la lengua que realmente les sean ??tiles para su vida personal o profesional. Este material puede servir para retroalimentar al estudiante a la hora de repasar los contenidos vistos en clase.

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Resumen basado en el de la publicaci??n

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En Colombia, los movimientos sociales buscan recuperar el espacio público y el de la ciudadanía, en un contexto donde el Estado bipartidista es débil a la vez que excluyente, donde los conflictos sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados. Parte de estos movimientos sociales, el movimiento de los Derechos Humanos enfrenta diversos obstáculos: conflicto armado interno, paramilitarismo, impunidad, desplazamiento forzado, que dificultan el desarrollo de su labor.

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En una época en la que los partidos políticos están perdiendo credibilidad y los principios ideológicos ya no constituyen el valor preponderante, la población busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez más populista y un poder más personalizado, y los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales están concentrados, monopolizados y manipulados por las élites políticas y económicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestión, sino también en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A través del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano Álvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo “gobernante-medios de comunicación-población”, con el fin de establecer y de examinar críticamente las influencias que, por motivos políticos y económicos, entran a manipular esta relación. De hecho, en esta investigación trataré de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricación, construcción y deconstrucción de noticias, pero también procuraré mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son “armas no violentas (físicamente)” utilizadas por los gobernantes y las élites para denotar y representar sus realidades, mostrándolas como verdades y, además, para controlar, dominar y direccionar la opinión pública y así legitimar su accionar.

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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.