1000 resultados para CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
Resumo:
El Presente trabajo de investigación tiene por objeto identificar cual es la importancia geopolítica de los territorios que se encuentran actualmente en litigio ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por la demanda presentada por Managua ante este tribunal tanto para Nicaragua como para Colombia.
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Comparar la función pulmonar de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 reciente, con diabetes mellitus tipo 2 de mayor evolución. Luego de ajustar por variables determinantes de la función pulmonar. Estudio observacional analítico de corte transversal. Obtención de variables espirométricas, como lo son el Volumen Espiratorio Forzado del primer segundo [VEF1], Relación entre el VEF1 y la Capacidad vital forzada, (VEF1/CVF), y residuales de Volumen Espiratorio Forzado del primer segundo (rVEF1) y de la Capacidad vital forzada y (rCVF). 495 pacientes diabéticos que consultaron a la Asociación Colombiana de Diabetes (ACD), entre julio 2005 y septiembre de 2007. Análisis entre duración de la diabetes (años), y el deterioro en la función pulmonar (variables espirométricas). Los pacientes con duración mayor de 8 años de la diabetes, tuvieron menor VEF1 comparado con los pacientes con duración menor de 8 años (2,62lts y 2,78lts, P 0.0139), así como de CVF (3.3lts y 3.5lts, P 0.0164). Después de ajustar por determinantes conocidos de la función pulmonar (sexo, edad, talla, tabaquismo, exposición a humo de leña), y por control de la diabetes (HbA1c) y tratamiento hipoglucemiante, estas diferencias persistieron; Los pacientes con duración mayor de 8 años de diabetes, tuvieron mayores residuales de VEF1 en promedio (rVEF1 -176,6mL y -115.7mL, con una diferencia de 60.8ml P<0.0001), así como de residuales de CVF (rCVF-261.9mL, y 160.5mL,con una diferencia de 100,4ml P<0.0001). Este estudio sustenta las observaciones clínicas que la duración de la diabetes es factor de riesgo independiente para deterioro de la función pulmonar.
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En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia Colombiana condenó a un médico por haber prestado sus servicios profesionales a personas pertenecientes a un grupo armado al margen de la Ley. En el presente escrito revisamos ese fallo a la luz de la teoría de la imputación objetiva para diferir de la opinión del Alto Tribunal, por cuanto entendemos que el ejercicio de la medicina jamás constituirá un riesgo desaprobado y éste es un elemento necesario para que pueda hablarse de un delito.
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La investigación estudia la participación política de las sociedades católicas bogotanas en el periodo de 1863-1885. Con el estudio de periódicos, correspondencia y estatutos el trabajo pretende sustentar que estas organizaciones funcionaron como algo más que entidades caritativas, y le apostaron a una participación política no electoral, a través de la producción de prensa, desarrollo de procesos de instrucción, catequismos, fiestas religiosas, tertulias, entre otros. A través de estos espacios y mecanismos, las elites católico-conservadoras se manifestaron públicamente contra medidas gubernamentales, crearon espacios de discusión en torno a la realidad nacional, gestionaron proyectos alternos y propusieron lo que podemos llamar un republicanismo católico basado en los principios de soberanía delegada y libertad limitada.
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En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.
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El propósito central de la propuesta de investigación es responder a la siguiente pregunta: ¿la proliferación de respuestas teóricas al desplazamiento forzado, impulsada con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional (ECI) en 2004, generó algún cambio en el paradigma de la responsabilidad patrimonial del Estado (REPE), que orientó al Consejo de Estado al definir la responsabilidad de las autoridades por desplazamiento forzado (DEFO), entre 2004 y 2010? Para lograrlo, comenzamos por aproximarnos a los elementos del paradigma tradicional de la responsabilidad estatal y luego tratamos de desarrollar las etapas de la teoría de las revoluciones científicas, propuesta por el profesor Thomas Kuhn. En ese orden, encontramos en primer lugar, que es posible hablar de un paradigma tradicional de la REPE pero muy difícil hallar sus contornos con absoluta precisión. Se trata de un complejo andamiaje de conceptos, creencias y valores en constante formación y redefinición. En segundo lugar, intentamos tomar consciencia de la anomalía del DEFO, esto es, apreciar de cerca sus características. Fue así como logramos evidenciar que se trata de un fenómeno fuertemente arraigado en nuestra historia, cuyas soluciones requieren esfuerzos interdisciplinares. En tercer lugar, emprendimos la exploración conceptual: buscamos dentro de una amplia urdimbre de propuestas académicas aquellas que se pudieran conectar mejor con los elementos del paradigma de la REPE. Identificamos 18 líneas de fuga teórica alrededor de los conceptos del daño, imputación y reparación. Todas apuntan hacia la ampliación de sus alcances y la búsqueda de remedios más eficaces y democráticos para las víctimas del DEFO. En cuarto lugar, contrastamos dichas propuestas con las respuestas que ofreció el Consejo de Estado a la población en desplazamiento, en sus fallos proferidos entre 2004 y 2010 en esta materia. Finalmente, después de dicha exploración encontramos que el paradigma de la REPE no fue radicalmente alterado por la proliferación de respuestas teóricas ofrecidas después de 2004. El máximo juez contencioso tomó cierta consciencia de la anomalía, exploró algunas aristas del fenómeno, pero se quedó corto a la hora de evaluar el alcance de sus herramientas tradicionales y proponer soluciones novedosas y eficaces. Presenciamos algunos cambios en el concepto y alcance de la reparación, originados en decisiones anteriores poco relacionadas con eventos de desplazamiento, que resultan insuficientes a la luz de las exigencias de la problemática del DEFO.
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Conforme nuestra Constitución Política, más exactamente en su artículo 116 , se desprende que por regla general, la función de Administrar Justicia se encuentra confiada a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los Jueces y la justicia penal militar. El Congreso también ejerce determinadas funciones judiciales.
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This article has the purpose to prove that the Customary International Law and the Conventional International Law are sources of Constitutional Law. First, it analyses the matter of the relations between International Law and National or Domestic law according with the theories dualism and monist and international decisions. Then, it studies the reception and the hierarchy of International Customary and Conventional Law to Domestic Law including Constitution. This matter has been studied according with several Constitutions and the international doctrine. Then, it considers the constitutional regulations about international law in the Constitution of the Republic of Colombia. The general conclusion is that International Law is incorporated in domestic law according with the Constitution of each country. But every state has the duty to carry out in good faith its obligations arising from treaties and other sources of International Law, and it may not invoke provisions in its Constitutions or its Laws as an excuse for failure to perform this duty. Accordingly, state practice and decided cases have established this provision, and the same rule is established in articles 27 and 46 of the Vienna Convention on Law of Treaties of 1969.
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Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo xx. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica.
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Desde la aparición del Derecho Administrativo en nuestro ámbito nacional, este ha sufrido hondas y complejas transformaciones, que evidencian su dinamismo constante, debido en buena parte al trabajo denodado de la jurisprudencia nacional
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dar a conocer de manera clara y precisa el Proceso de Jurisdicción Coactiva que rige el artículo 561 del Código de Procedimiento Civil, mediante el cual algunas entidades de derecho Público están autorizadas para cobrar créditos a su favor
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Análisis de los derechos de contenido real a favor del particular concesionario de una vía estatal en Colombia
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El Centro de Diagnóstico Automotor Revisar está interesado en adelantar un proceso de internacionalización con el fin de acceder a mercados más grandes y ganar una mayor competitividad. Con el fin de adelantar un proceso de internacionalización es importante que el Centro de Diagnóstico Automotor Revisar garantice, en primera instancia, su perdurabilidad en el entorno nacional. Para esto debe cumplir con lo dispuesto en la norma ISO 17020, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 3768 de 2013. Esta resolución establece las condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. El organismo que certificó al Centro de Diagnóstico Automotor Revisar en la norma ISO 17020 es ONAC. En la última auditoría realizada por ONAC se identificaron las siguientes no conformidades: El Centro de Diagnóstico Automotor Revisar no asegura el cumplimiento de los requisitos de la póliza civil extracontractual y no asegura la programación de las necesidades de capacitación basada en los resultados de las entradas de la revisión gerencial. Estas no conformidades ponen en riesgo la certificación ISO 17020 del Centro de Diagnóstico Automotor Revisar y su perdurabilidad en el entorno nacional. En base a lo anterior se hace pertinente la formulación de una metodología que garantice que las salidas de la revisión gerencial sean efectivas para la programación de las necesidades de capacitación del Centro de Diagnóstico Automotor Revisar. Esta metodología constituye la propuesta de este trabajo para corregir permanentemente la inconformidad detectada en la última auditoria por la ONAC.
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Este texto describe las conclusiones del estudio de la jurisprudencia colombiana de control constitucional sobre derechos humanos del período 1886-2005. Fue realizada por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos con el apoyo de investigadores externos. El estudio evidencia las diferencias cualitativas y cuantitativas de la producción de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y esboza las líneas jurisprudenciales más importantes de cada corporación. Está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y litigantes interesados en derecho constitucional y derechos humanos. La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional.