59 resultados para Industria minera--Política gubernamental--Perú
Resumo:
Esta tesis ha intentado describir cómo se construyen y estructuran los discursos mediáticos sobre la política. Ha buscado evidenciar la forma en que los medios moldean el discurso político, usando para ello el poder económico y social, pero sobre todo el simbólico con el que cuentan. Se ha tomado como estudio de caso al diario El Comercio del Perú durante la última campaña electoral realizada en el año 2011, en razón de que este medio lidera el más poderoso conglomerado mediático de ese país. En esta investigación se hace un análisis interpretativo de los titulares y los artículos editoriales en la perspectiva del análisis crítico e histórico del discurso, lo cual permite visibilizar cómo a través de prácticas discursivas opera el poder mediático.
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Este trabajo tiene como objetivo principal el comprender y describir la racionalidad que sustenta, a inicios del siglo XXI, la definición de los objetivos y la estrategia de Política exterior china, aterrizando, al interior de la región de América Latina y el Caribe, en los casos de Ecuador y Perú. Con ese fin, se ha explorado, desde el marco teórico del realismo, la necesidad de maximización de seguridad de la República Popular China, inmersa, al igual que todos los demás Estados, en un Sistema Internacional anárquico. Su necesidad de cooperación responde al interés por preservar un entorno internacional pacífico favorable a la expansión de una red de negocio y comercio que influye a todos los Estados, sea como mercados de los bienes chinos, o como fuentes de materia prima. En ese contexto, la expansión del poder blando chino ha logrado alinear a diferentes Estados de la región y hoy trabajan en función de la maximización de seguridad china.
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La presente proyecto de investigación busca hacer un análisis de casos que han generado debate en dos países de la región y que pone en evidencia la postura asumida desde el Estado, frente a resoluciones determinadas por organismos internacionales de carácter regional en el campo de los derechos humanos. En ese sentido, se busca hacer un análisis comparativo entre la política multilateral de Colombia y Ecuador ante los planteamientos realizados por la CIDH en materia de derechos humanos. La investigación busca comprender la política exterior actual de los dos países y determinar las principales acciones tomadas durante los últimos meses, a fin de poder visualizar el camino a establecerse para el futuro. La investigación abordará como tema central el campo de los derechos humanos y la relación entre el Estado y organismos internacionales.
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En una época en la que los partidos políticos están perdiendo credibilidad y los principios ideológicos ya no constituyen el valor preponderante, la población busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez más populista y un poder más personalizado, y los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales están concentrados, monopolizados y manipulados por las élites políticas y económicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestión, sino también en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A través del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano Álvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo “gobernante-medios de comunicación-población”, con el fin de establecer y de examinar críticamente las influencias que, por motivos políticos y económicos, entran a manipular esta relación. De hecho, en esta investigación trataré de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricación, construcción y deconstrucción de noticias, pero también procuraré mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son “armas no violentas (físicamente)” utilizadas por los gobernantes y las élites para denotar y representar sus realidades, mostrándolas como verdades y, además, para controlar, dominar y direccionar la opinión pública y así legitimar su accionar.
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El mismo gobierno que no pudo privatizar las empresas de electricidad de Arequipa en el 2002, por la enérgica resistencia de la población, y que registra los niveles de aprobación ciudadana más bajos de la historia, viene preparando ahora la privatización del agua potable. Alentado por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID, que son quienes ponen los fondos para realizar interminables estudios que invariablemente demuestran la necesidad de hacer inversiones formidables que, por supuesto los Estados no pueden desarrollar, y de brindar el dinero para preparar la empresas para sus futuros propietarios privados. Nadie parece estar consciente del inmenso capital social que implican los sistemas de agua y saneamiento existentes; la cantidad de conexiones con que cuentan las ciudades grandes que se convierten en potenciales mercados cautivos de los inversionistas privados y en fuente segura de financiamiento de sus gastos; la capacidad técnica del país; y el valor de la fuentes de extracción del recurso. Como si todo esto fuera nada, los gobiernos, congresos y municipios, se proponen hacer concesiones a cargo de promesas de inversión y modernización.
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Dentro de los países latinoamericanos, el ejercicio pleno de la participación política se ve afectado de manera continua por diversos factores. El principal obstáculo para el desarrollo de una postura integral y completa al respecto es la presencia de discursos que eluden los múltiples niveles de interacción de cada persona, sobre todo el campo de las sexualidades. Es evidente que nuestros estados y gobiernos no han incorporado a cabalidad esta instancia dentro del sistema político, negando las posibilidades de reivindicar plenamente el derecho a vivir nuestra sexualidad.
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Entre los años 1980 y 2000 el Perú vivió un episodio de violencia política, un conflicto armado interno sin precedentes, que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ha sido el episodio de violencia interna más cruento y prolongado de toda la historia de la República; este conflicto fue desatado por grupos alzados en armas (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA) y el estado, que puso en manifiesto varios desencuentros y brechas de todo orden, brechas que albergaron profundo dolor en la sociedad. Se llevaron a cabo diversas acciones, omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana; factores que desencadenaron una crisis moral y política de graves consecuencias, que el país necesita reparar, lo cual requiere la aplicación de la sanción efectiva a los responsables de las violaciones. La violencia política enfrentó a peruanos que de una manera u otra fueron partícipes en este escenario de violencia, unos mas que otros; según el grado de vulnerabilidad e indefención propio de las condiciones económicas y sociales, que se originaron en brechas insalvables, terminando por destruir el tejido social, la base productiva material, la organización familiar y la infraestructura publica, provocando así la pérdida de acceso a servicios estatales, la institucionalidad pública y la afección a la salud mental de casi todos los peruanos.
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La Constitución de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobación de la Ley de Minería (y de la Ley de Seguridad Pública) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalización de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Acción Ecológica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Se demanda la garantía de derechos, entre éstos el de la resistencia.
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En el contexto latinoamericano en general y particularmente en la Región Andina, en la última década han surgido nuevos movimientos sociales de corte étnico, cuyas demandas reivindicativas han incidido directamente en el reconocimiento oficial del carácter multicultural de los estados nacionales. Así mismo, en la década de los 90’, la mayor parte de los países de América Latina se inserta en procesos de innovación educativa, procesos que se articulan fundamentalmente en torno a distintos Programas de Reformas Curriculares tanto para la Educación Básica, como para el Bachillerato. En tales programas, desde los diferentes estados, se incorpora la variable cultural como lugar común de las propuestas educativas oficiales. Concretamente, en las Reformas Curriculares para la Educación Básica de Ecuador, Perú y Bolivia, en torno a cuyo análisis se construye este trabajo, se asume la interculturalidad como eje transversal de los currícula planteados. La pregunta central que orienta el presente trabajo es ¿si se incorpora o no la interculturalidad como eje transversal de las Reformas Curriculares para la Educación Básica de Ecuador, Perú y Bolivia y desde qué enfoque se lo hace? Con la finalidad de responder a este interrogante el análisis se centra únicamente en lo que los documentos de las Reformas en mención enuncian en torno a la interculturalidad como eje transversal. El trabajo se divide en dos capítulos. En el primero se analiza la incorporación de la interculturalidad como eje transversal del currículo, relevando la tensión existente entre interculturalidad y multiculturalismo oficial como propuestas políticas distintas y opuestas. En el segundo capítulo se proponen ciertos criterios pedagógicos para pensar la educación desde la propuesta intercultural, abordando la educación en sus dimensiones macro, meso y micro. Se alude a la educación escolar como espacio de conflicto y resistencia y se apela a la interculturalidad como referente pedagógico, que permite pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje como instancias potenciadoras de la capacidad de crítica y agencia de los sujetos educativos.
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Luego de presentar el comportamiento de la industria dentro de la economía ecuatoriana y señalar algunos elementos claves que debe contener una política de industrialización, el autor hace énfasis en la necesidad de elaborar y adoptar un Plan de Desarrollo Nacional, que permita delinear una política de Estado permanente y que facilite la expansión y modernización de los diferentes sectores económicos. Finalmente realiza un análisis de las perspectivas que las diferentes ramas de la industria tienen frente al TLC.
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El autor explica el cambio en la naturaleza y sentido de las relaciones entre ambas naciones, luego de la firma de los acuerdos de paz, en octubre de 1998 en Brasilia, culminando un proceso gestado en 1991. El artículo aborda las diversas acciones de cooperación e interdependencia que se han ido forjando entre ambos países y sugiere una agenda para profundizar la relación bilateral en los siguientes años, que incluye el impulso a iniciativas conjuntas en el marco de la política exterior común de la CAN.
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La necesidad de una política exterior ecuatoriana en lo ambiental surge de la naturaleza global del medio ambiente, de la responsabilidad del Ecuador como país privilegiado por su megadiversidad, de la vinculación inevitable entre la pobreza que le aqueja y la degradación del ambiente y de los compromisos internacionales por él adquiridos. Una política exterior ambiental debe resultar de un proceso de diseño en que participen todos los actores de la temática ambiental, aunque su ejecución debe estar centralizada en un órgano gubernamental. Se sugieren algunos temas específicos que deberían formar parte de una agenda internacional del Ecuador en lo ambiental.
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Este artículo examina el negocio de las drogas ilegales en los Andes desde las relaciones de la oferta y la demanda. Luego, en el intento de construir una respuesta a la interrogante de por qué unos países producen drogas ilegales y otros no, Thoumi cuestiona las cuatro razones (pobreza, desigualdad, crisis económicas y corrupción) que comúnmente se utilizan para explicar este fenómeno, y señala que en muchas ocasiones estas variables son detonantes más que causas. En la parte final, el autor expone las características sociales e institucionales de los países que propician las destrezas necesarias para llevar a cabo actividades ilegales, y argumenta que su solución requiere cambios estructurales en la sociedad.
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Este artículo pasa revista a las dinámicas internas adoptadas por Perú en su intento de articularse al sistema económico internacional. Para los autores, actualmente y de manera bastante paradójica, la política exterior peruana está marcada por una “profundización del histórico multilateralismo”, en donde se privilegia el relacionamiento con los viejos y nuevos poderes que hoy compiten por la supremacía a escala global. Finalizan señalando que el regionalismo y el multilateralismo no son opuestos por definición y que, por tanto, se pueden constituir en alternativas complementarias.
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El Estado ecuatoriano debe respetar los derechos reconocidos en la Constitución, entre ellos el derecho que tiene la naturaleza a ser protegida, así como la defensa de los derechos humanos que también es su deber. Es parte sustancial de la democracia el derecho a discrepar de políticas que supongan impactos ambientales, sociales o culturales; aun cuando la minería es considerada prioritaria en el Plan de Desarrollo, sus prácticas conllevan una limitación en la práctica del derecho al agua y de los derechos de la naturaleza, y se contraponen con el buen vivir y con principio de la soberanía alimentaria. Se debe respetar a la plurinacionalidad como un pilar de la nueva Constitución y se requiere de un diálogo abierto para aplicarla.