445 resultados para seguridad integral
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
La presente investigación tiene como objetivo principal, explicar la influencia de la línea de intervención de Seguridad Humana del plan 75-cien, en la seguridad ciudadana de la UPZ Las Cruces, con el fin de demostrar que la política pública no influye de manera significativa en la seguridad ciudadana de la UPZ Las Cruces, ante la participación casi nula de la Policía Nacional en el proyecto. A pesar de que la intervención focaliza el territorio y prioriza las necesidades sociales, el vacío que existe en el trabajo conjunto entre la Policía y la Secretaria Distrital de Gobierno, implica que no se establezcan acciones policivas que acompañen las estrategias de desarrollo humano para evitar o disuadir el delito. Por lo tanto a partir de la utilización del método cualitativo, se recolectaran datos de grupos focales, informes de las fuentes primarias y un diagnóstico de la línea de intervención, que permitan un análisis descriptivo y explicativo del fenómeno.
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El presente estudio de caso analiza los aportes del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la formación de un pensamiento estratégico regional. Cuatro años han transcurrido desde la creación de dicho Centro, por lo que resulta pertinente estudiar sus principales logros y los aportes realizados al Consejo de Defensa Suramericano (CDS) para la formación de un pensamiento estratégico regional en materia de seguridad y defensa.
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo explicar cómo influyó el tratamiento informativo de las capturas masivas presentadas durante los años 2002- 2004 por parte de Noticias RCN en la construcción del discurso político de la Seguridad Democrática.
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Este estudio de caso analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la formulación de Políticas Públicas de seguridad en Argentina entre 2001 y 2013. En contraste con otros estudios, se considera que la relación de estos dos fenómenos debe recoger aspectos fundamentales de un enfoque de seguridad integral y multidimensional. En el caso de Argentina, durante 2001 el Crimen Organizado Transnacional ocupó el primer lugar en la agenda pública, lo cual derivó en una serie de acciones públicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos. Sin embargo, los casos de Santa Fe en 2012 y Córdoba en 2013 demostraron la debilidad institucional en la formulación de Políticas Públicas de este país. Por lo tanto, este trabajo pretende demostrar con los casos anteriormente mencionados que debilidades estatales como la corrupción estatal y la indiferencia ciudadana son obstáculos para la formulación de políticas públicas.
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Este estudio de caso se realiza con el objetivo de analizar cómo la cooperación entre Colombia y África occidental en la lucha contra el tráfico de drogas repercute en la imagen del Estado colombiano como referente en esfuerzos antinarcóticos desde la periferia. En consecuencia, se busca conocer la forma en la cual los acuerdos bilaterales interinstitucionales, la participación en foros y la creación de una agenda internacional de lucha contra las drogas para un escenario nacional transformado, configuran la imagen del Estado colombiano. Para tal objetivo, el trabajo se desarrollará a través de los conceptos de identidad de Alexander Wendt, periferia de Mohammed Ayoob y Cooperación Sur-Sur de la Organización de Naciones Unidas y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.
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El sector metalmecánico en el país, como actividad económica, es un sector que incide en gran medida en la producción, generando divisas importantes a nivel industrial. A la fecha, es muy escaso lo que se ha podido adelantar en la relación producción
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El presente trabajo investigativo expone la forma en que la doctrina de la Acción Integral dentro del ámbito militar, se desarrolla en la aplicación específica de un plan de gobierno como lo fue el Plan de Consolidación Integral de La Macarena, durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, todo esto en el ámbito de las relaciones cívico-militares en Colombia durante los años de estudio.
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Análisis de la política exterior brasileña de Fernando Henrique Cardoso y Luis Inácio Lula da Silva con respecto a la región y cómo esto favoreció la relación con Colombia, permitiendo la Cooperación Sur Sur Horizontal en materia de desarrollo de tecnología militar
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Las relaciones político-militares entre Colombia y Estados Unidos (EE.UU.) se han orientado desde la década de los ochenta a la solución de dos asuntos fundamentales de la agenda bilateral, como son: por un lado, la Lucha contra las Drogas, y desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, la Lucha Global contra el Terrorismo Internacional. A partir de esto, la alianza formada entre ambas naciones se ha manifestado, en términos materiales, en el incremento de ayudas económicas, material armamentístico, inteligencia, tropas y contratistas estadounidenses en Colombia, lo cual, acompañado de la alineación colombiana al discurso antiterrorista estadounidense han permitido que Colombia sea considerado por EE.UU. como un aliado estratégico en la región. Ante el escenario de las relaciones colombo-estadounidenses, la administración de Hugo Chávez Frías inició un programa de reorientación de la política de seguridad y defensa venezolana con el fin de garantizar la defensa integral del Estado, a partir del incremento en la adquisición de material bélico y reequipamiento militar, la profundización de las relaciones cívico-militares y el involucramiento directo de la sociedad civil en la defensa del Estado. Por lo anterior, este estudio se centra particularmente, en determinar en qué medida la reorientación de la doctrina de seguridad venezolana durante el gobierno de Chávez, en especial durante el periodo 2006-2010, hace parte de una estrategia defensiva frente a la amenaza identificada en la relación político-militar entre Colombia y Estados Unidos.
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Con la Constitución Política de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el país a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado social de derecho, situación que no fue ajena al sector salud en el cual se estableció la seguridad social como un servicio público basado en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporó estos elementos que resultaban innovadores en el contexto. Hoy después de 18 años de promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido mejorar los resultados en esta área, que si bien posee falencias en algunos de sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Pública), las mismas pueden ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses particulares de los diferentes actores al momento de su elaboración y promulgación. Uno de los avances significativos en la reforma al sistema es la promulgación de la salud como derecho fundamental, inherente al ser humano, otorgando el carácter de inalienable, imprescriptible y sagrado, dejando en segundo plano su condición prestacional establecida. El derecho a la salud tendrá como eje principal la salud pública armonizada con la promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la enfermedad, las cuales deben ser articuladas con las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas que permitan incidir en los determinantes sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de la población. La reforma a la salud en el eje de la financiación como se encuentra propuesta, no generará cambios sustanciales toda vez que se avanza hacia un sistema en que el estado será el principal actor con las funciones afiliación, recaudo, pago, giro o transferencia de los recursos, responsable de la información. Sin embargo la administración del riesgo en salud seguirá delegada, función que es determinante para la administración de los recursos del sistema, en resumen se demuestra el interés del estado en retomar la gobernanza y su empoderamiento como administrador de lo público, sin que esto responda a las necesidades de cambio en el sistema de salud.
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Los Nükák son un pueblo indígena nómada del nordeste amazónico, ubicados en el departamento del Guaviare que basa su supervivencia en prácticas de caza y recolección principalmente. Desde su contacto con la sociedad mayoritaria, esta población se ha encontrado amenazada en su pervivencia como pueblo, en especial por las características de la población de colonos que ingresó a su territorio, el conflicto armado que los impacta provocando muertes y desplazamientos, y un nuevo departamento como lo es el Guaviare (1991) con grandes dificultades sociales, políticas y económicas; siendo la salud de los Nükák una de las más afectadas en medio de este complejo contexto. Ante esta necesidad, se hace imperativo generar una estrategia para el funcionamiento integral de los servicios de salud específica para esta comunidad, que reconozca por un lado la realidad local y su influencia en el citado pueblo y por otro, la percepción que tiene dicho pueblo sobre su salud, analizando el contexto de los Nükák a partir de un estado del arte y su sentir a partir de encuestas aplicadas a mujeres casadas de dicho pueblo. Este estudio es una expresión novedosa e intercultural de la Atención primaria desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de la operatividad del primer y segundo nivel de atención, del diagnóstico, la rehabilitación, las redes integradas e integrales, la participación, la intersectorialidad, entre otros elementos adaptados a la cultura Nükák que articulados son la estrategia para el funcionamiento integral del servicio de salud para el pueblo Nükák de San José del Guaviare.
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En medio de los desafíos ambientales que enfrentan los gobiernos del mundo, Colombia posee un territorio que concentra múltiples retos para el desarrollo de políticas, planes y programas pertinentes para la protección de los recursos naturales. Hoy en día el departamento de Amazonas, ubicado estratégicamente al sur del país en una zona limítrofe de alta importancia en la región amazónica, experimenta serias problemáticas como la deforestación, la minería legal e ilegal, y la degradación hídrica. Este trabajo de investigación es un estudio de caso analítico y descriptivo, que busca analizar de qué manera la aplicación de políticas de seguridad ambiental por parte del gobierno colombiano ha contribuido con el desarrollo sostenible en el departamento del Amazonas, estableciendo las principales problemáticas en términos de seguridad ambiental e identificando las políticas que se han desarrollado para la protección de este territorio.
Resumo:
Los Estados recurren a la coordinación interagencial cuando enfrentan situaciones complejas como garantizar la legitimidad estatal en territorios recuperados militarmente. En el momento que dos o más entidades deciden cooperar, deben establecer mecanismos para la coordinación de sus acciones y relacionar los esfuerzos individuales con objetivos comunes. El gobierno Uribe ha definido como prioridad el establecimiento de instancias de coordinación interagencial para complementar la Política de Seguridad Democrática con acciones para fortalecer la gobernabilidad, legitimidad y confianza de los ciudadanos en el Estado, en el marco de la recuperación social del territorio.Este artículo (i) presenta una aproximación inicial a la teoría de coordinación interagencial y describe algunas experiencias internacionales y nacionales; (ii) define el fundamento legal y de política del trabajo cívico-militar coordinado en Colombia; (iii) presenta el trabajo para la recuperación social que realiza el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República –CCAI–, mostrando algunos avances en esta tarea; y (iv) finaliza concluyendo que la seguridad e inversión social no son excluyentes y deben ir de la mano, y es necesario consolidar y asegurar la sostenibilidad de la labor realizada.-----Modern states resort to interagency coordination when they face complex situations such as warranting state legitimacy in territories militarily reclaimed. When two or more agencies decide to cooperate, they must establish certain mechanisms to coordinate their actions and to unite individual efforts towards the achievement of common goals. One of the main priorities of President Uribe’s Administration is the establishment of interagency coordination groups to complement the Democratic Security Policy with actions aimed at strengthening governance, legitimacy and citizens’ trust in the State, all this within the general framework of the territories’ overall social recovery.This article (i) presents a first approach to interagency coordination theories and describes some relevant international and national experiences; (ii) defines the legal basis and policy framework behind the coordinated civil-military interagency work done in Colombia; (iii) presents the work being done by the Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República (Comprehensive Action Coordination Center of the Colombian President’s Office, CCAI) for the social recovery of the national territory, highlighting some breakthroughs in this field; and (iv) concludes with the assertion that security issues and social investment should not be mutually exclusive, that they have to go hand in hand, and that it is necessary to consolidate and warrant the sustainability of the work done so far.
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El trabajo pretende revisar el proceso histórico de la Terapia Manual, hasta llegar a su situación actual en Colombia, así como realizar una revisión teórica de los requisitos legales y normativos para la habilitación del servicio de Terapia Manual, con el fin de mostrar la necesidad de establecer y reconocer la acción que realiza dentro del sistema de seguridad social en Colombia. Se divide en tres partes, la primera, se revisa el proceso histórico de la Terapia Manual, en donde se plantean definiciones y principios. La segunda parte hace un análisis de las Leyes, Decretos, Resoluciones y Acuerdos, que se relacionan con la Terapia Manual y son la base de sustentación para la propuesta.
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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.