23 resultados para restorartive justice, punishment violence

em Universidad del Rosario, Colombia


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The phenomenon of paramilitarism in Colombia has received an ambiguous treatment, balancing between political and criminal issues; an oscillation that has been intimately linked to the evolution of the Colombian internal conflict. This contribution analyzes the recent negotiations held with paramilitary groups by the administration of Alvaro Uribe Vélez (2002-2010). After a brief account of the dependency path that has determined this historical episode, I propose an assessment of the use of judicial categories by the various actors of the negotiations. The main argument is that those categories –war criminal, political criminal, drug smuggler, etc.– do not depend on the intrinsic nature of an armed actor, but are socially constructed by a conflictive process of material and symbolic struggles. The capacity to categorize private violence, as legitimate or illegitimate, political or criminal, appears as one of the basic manifestations of the state’s action, as well as one of the main conflicts presiding at the rocess of state formation.

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Esta investigación se propuso definir y reflexionar acerca de las concepciones de conflicto, reportadas por un grupo de jóvenes de la Universidad del Rosario, identificando si se consideraba el vínculo y las categorías simbólicas del Modelo Relacional Simbólico: confianza, justicia y esperanza. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, que se analizaron en su contenido. Se logró establecer que la concepción predominante acerca del conflicto fue la de algo que no debe suceder o debe evitarse, entendido en general como una confrontación o un choque. Ninguno consideró el vínculo como un elemento fundamental o vital del conflicto. Se pudo deducir que el conflicto se da en las relaciones entre personas, pero la importancia del vínculo en términos de encuentro de generaciones, estirpes y géneros, como un espacio de confianza, esperanza y justicia en las que se entregan dones y se tienen deudas; no está presente de ninguna forma en las definiciones de conflicto. Estos aspectos muestran la necesidad de acoger los fundamentos vinculares y simbólicos del modelo, como riquezas y fortalezas que necesitan ser introducidas en la cotidianidad de la población Colombiana, en la construcción de una cultura de la paz. Esto, a través de la educación a todo nivel y en particular a corto plazo; con los estudiantes de primeros semestres universitarios, por el papel que como profesionales tendrán de líderes sociales, empresariales, espirituales, políticos y laborales; y porque aún se encuentran en una etapa propicia para la formación integral que estimule el fortalecimiento del vínculo como un eje vital de las relaciones y en el que sus categorías simbólicas (esperanza, justicia y confianza) se vuelvan parte conciente en las relaciones personales, familiares y sociales. Igualmente se hace indispensable transformar la visión de conflicto; de forma que deje de ser negativo, no deseable y se convierta en parte de la vida y en una oportunidad para crecer, conocer, generar y regenerar vínculos. Finalmente se propone la creación de una línea de investigación que extienda el estudio a otras poblaciones de jóvenes de distinto nivel socioeconómico y cultural, incluidos los afectados directa e indirectamente por la violencia en Colombia.

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La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, ha venido aplicando la teoría de la autoría mediata por dominio funcional de aparatos organizados de poder, para imputar responsabilidad a jefes de grupos armados al margen de la ley o a políticos vinculados con los mismos por los hechos cometidos por estas organizaciones. En el presente artículo sostenemos que esto no es posible ni resuelve la problemática de la violencia de género en este contexto, para lo cual se exploran los delitos de constreñimiento a delinquir y de instigación a delinquir para resolver esta problemática.

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Estado del arte que recopila pronunciamientos de diversos autores sobre el papel de la Organización de Naciones Unidas, específicamente la Misión MINUGUA, en el proceso de reconstrucción posconflicto en Guatemala comprendido entre el año 1994 y 2004. Se basa en algunas dimensiones de la democratización como son el Estado de Derecho, la democracia representativa, la preeminencia del poder civil, y el fortalecimiento de la cultura democrática. Así mismo, tiene en cuenta los elementos de la justicia transicional, a saber: verdad, justicia y reparación.

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En la presente investigación se realiza un diagnóstico de la forma en la que las prácticas culturales de Bogotá generan violencia cultural en las mujeres desplazadas del Caquetá, en el período 2002-2010.

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Durante los siglos XVII y XVIII se presentaron varias querellas ante el Tribunal de Justicia Criminal del Nuevo Reino de Granada, en las que se denunciaba que había personas que ejercían los oficios médicos sin tener títulos que los acreditaran como facultativos en las artes curativas. Por ese entonces, se creía que quienes utilizaban yerbas y conjuros como métodos terapéuticos, por lo general mujeres, debían ser juzgadas como yerbateras-envenenadoras, porque no pretendían curar sino matar a quien consumiera sus preparados. El texto establece que los procesos criminales por envenenamiento constituyen un prisma en el que convergen diferentes problemáticas del periodo colonial neogranadino, relacionadas con la salud, los oficios médicos, las enfermedades, las creencias mágico-religiosas, el ideal de mujer en la época, la delincuencia, y las dinámicas de las instituciones españolas, entre otras. De esta manera, se estudió cómo fue la relación entre los aspectos jurídicos, las leyes criminales (dictadas por la Corona) y las conductas “desviadas” (relacionadas con el crimen por envenenamiento) de los habitantes del Nuevo Reino de Granada, entre los siglos XVII y XVIII. Para ello se revistaron desde diferentes perspectivas, varios temas del mundo colonial neogranadino, relacionados con los rumores, la comidilla, los chismes y la importancia de la comunicación hablada en el virreinato; el problema de la honra, como una de las virtudes más sobresalientes de la época y las creencias de la cultura popular con relación al envenenamiento y los diferentes métodos curativos.

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En Colombia, la pobreza y el conflicto están estrechamente relacionados. Este estudio usa medidas de disuasión del gobierno como instrumentos de varias variables específicas de conflicto para estimar el impacto del conflicto sobre la pobreza en Colombia. Usando datos del censo a nivel municipal para el año 2005, evalúo el efecto sobre la incidencia urbana y rural del recientemente-desarrollado Índice de Pobreza Multidimensional. Los resultados sugieren que el conflicto aumenta significativamente la pobreza rural. Esto es consistente con el hecho que la mayor parte del conflicto en Colombia ocurre en las áreas rurales. También evalúo el efecto rezagado del conflicto en la pobreza para concluir que éste dura por al menos tres años pero que decae en el tiempo. Finalmente, pruebo que mis resultados son robustos a una batería de especificaciones adicionales, incluyendo una versión modificada de mi variable dependiente y el uso de una base alternativa de conflicto.

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Este trabajo final de grado evalúa la existencia de la pena de muerte en Colombia en su visión formal y real, a través del estudio de caso de la masacre de El Salado, en la cual las Autodefensas Unidas de Colombia toman la justicia en sus manos ejecutando a más de 60 civiles. Inicialmente se hace una descripción de cómo se ha tratado el tema de la pena de muerte a lo largo de la historia, dando una breve apreciación de lo que representa y ha representado para la civilización occidental, así como del concepto y de los tipos de penas de muerte y ejecuciones. Seguidamente se describe la historia de la pena de muerte en Colombia; como ha sido planteada la discusión del tema y como ha sido abordada institucionalmente desde la Constitución colombiana. Posteriormente se hace una breve descripción de los hechos que acontecieron durante la masacre de El Salado, los juicios aplicados, los medios de eliminación bélica y no bélica que allí tuvieron lugar y las consecuencias psicosociales para la población. La masacre tuvo lugar entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. Finalmente se evalúa el concepto de pena de muerte y cómo ha sido la visión formal de su aplicación, así como la responsabilidad del Estado ante la aplicación de esta por parte de actores armados no institucionales. Asimismo, se evalúa la existencia de la pena de muerte desde tres puntos de vista: desde el Estado, desde las victimas y desde los victimarios.

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El terrorismo en la actualidad es considerado como uno de los conceptos más controversiales en los campos social, académico y político. El término se empieza a utilizar después de la Revolución Francesa, pero recientemente, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha tomado suma relevancia y ha motivado numerosas investigaciones para tratar de entender qué es terrorismo. Aunque a la fecha existen varias revisiones sistemáticas, este trabajo tiene como propósito revisar, agrupar y concretar diferentes teorías y conceptos formulados por los autores que han trabajado sobre el concepto de “terrorismo” con el fin de entender las implicaciones de su utilización en el discurso, y cómo esto afecta la dinámica interna de las sociedades en relación con la violencia, las creencias, los estereotipos entre otros elementos. Para lograrlo, se revisaron 56 artículos, publicados entre los años 1985 y 2013; 10 fuentes secundarias entre noticias y artículos de periódicos correspondientes a los años 1995-2013 y 10 estudios estadísticos cuyos resultados nos aportan a la comprensión del tema en cuestión. La búsqueda se limitó al desarrollo histórico del terrorismo, sus diferentes dimensiones y el concepto social de la realidad de terrorismo. Los hallazgos demuestran que la palabra “terrorismo” constituye un concepto que como tal es un vehículo lingüístico que puede ser utilizado con fines, estratégicos movilizando al público conforme a través del discurso e intereses políticos, destacando la necesidad de estudiar las implicaciones psicológicas y sociales de su uso.

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Esta investigación toma como marco general la Política de Reintegración Social y económica de personas y grupos alzados en armas en Colombia, en donde tras el estudio de las trayectorias en el conflicto de un grupo de 9 excombatientes, se aborda la relación existente entre los beneficios otorgados por dicha política y aquello que facilitó y motivó el ingreso, la permanencia y desmovilización de los grupos armados. Se presenta una caracterización e interpretación conceptual de las denominadas trayectorias en el conflicto, son establecidas relaciones y diferencias entre las organizaciones ilegales FARC y las AUC, se revisan las percepciones que frente a los beneficios del programa de reintegración tienen excombatientes y profesionales de la entidad que lidera dicho proceso y a partir de ello, es argumentada la incidencia que sobre el éxito de esta política tienen las características individuales y particulares, tanto de los excombatientes como de las organizaciones armadas ilegales.

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El interés de esta monografía es analizar los alcances y las limitaciones de la actuación de UNAMID en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en el conflicto en Darfur (2008-2012). Lo anterior, para dar cuenta de que si bien UNAMID ha tenido avances significativos en el aumento de denuncias por violación sexual, en la educación y en la inclusión de la mujer en Darfur, la intervención tardía, la falta de personal cualificado y el lento despliegue ha limitado su actuación para erradicar la violencia sexual como arma de guerra. Sin embargo, la baja internalización de la norma por parte del Estado de Sudán ha sido el mayor limitante para la Misión de Paz. Este análisis se realiza mediante el concepto de Responsabilidad de proteger y el enfoque de Alexander Wendt y Nicholas Onuf.

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Establishing the pattern of crime is fundamental for the successful investigation ofinternational crimes (genocide, war crimes, and crimes against humanity). A patternof crime is the aggregate of multiple incidents that share common features related tothe victims, the perpetrators, and the modus operandi. Pattern evidence and analysishave been used successfully, mainly in the investigation of large-scale killings, destruction,and displacement; the use for sexual violence charges has been remarkablymore limited. There is a need to overcome this gap by setting proper methods of datacollection and analysis. At the level of evidence collection, under-reporting should beaddressed through victimization surveys or secondary analysis of data available fromdifferent sources. At the level of analysis, the available evidence needs to be subject toimpartial examination beyond the pre-conceptions of the conflict parties and advocacygroups, in compliance with scientific standards for quantitative, qualitative, andGIS (Geographic Information Systems)methods. Reviewing the different investigativeexperiences and jurisprudence will help to set the right methodology and contribute mostefficiently to putting an end to the impunity regarding sexual crimes.

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Violencia y órdenes sociales: un marco conceptual para la interpretación de la historia humana registrada

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This article reviews the evidence collected by diverse national and international organizations regarding the relationship between sexual violence against women, forced displacement, and dispossession in the context of the Colombian armed conflict. To this end, it uses the concept of “sexual violence regimes” to highlight that the endspursued by sexual violence are not always exhausted by simple consummation (that is, the act of sexual violence itself), but depending on the context, can be connected with broader strategic goals of armed actors. At the same time, this document admits the difficulty of proving this relationship with respect to judicial procedures, and thus sets out the possibility of creating a rebuttable presumption, in the framework of “unconstitutional state of affairs” created by judgment T-025 of 2004, that alleviates the burden of proof of the victims, and serves as a catalyst to promote new genderbased mechanisms of reparations.