81 resultados para IGUALDAD ANTE LA LEY

em Universidad del Rosario, Colombia


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El documento busca identificar hacia que tipo de solución al problema de la opresión de la población homosexual tienden los fundamentos teóricos de la jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional (1998 - 2009) que protege los Derechos Humanos de las personas y parejas homosexuales en Colombia, en términos de la teoría de la justicia desde la perspectiva del reconocimiento. Los pasos seguidos en esta investigación son: (i) identificación de las fuentes y formas de la opresión de la cual es víctima la población homosexual en occidente, (ii) identificación de la forma como ha operado dicha opresión —heteronormatividad— en Colombia, a través de un breve análisis del discurso jurídico, (iii) descripción de las soluciones que la teoría de la justicia como reconocimiento plantea al problema de la opresión de la población homosexual y, por último, (iv) análisis de los fundamentos teóricos de la jurisprudencia seleccionada a la luz de los criterios de la teoría de la justicia señalados. Como hipótesis se plantea que de las tres soluciones —afirmativa (política de la diferencia), transformativa (política queer) e intermedia (reforma no reformista) —, es la primera la que marca la tendencia.

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Basada en los conceptos de Alexis de Tocqueville, esta investigación busca explicar de qué manera la cultura del trabajo influyó en la igualdad de condiciones. Para esto fue necesario analizar cómo la sociedad neogranadina acogía nuevas teorías y prácticas del mundo moderno liberal en su estructura socio-económica y política, haciendo indispensable, en primer lugar, realizar un estudio detallado de la situación de la Nueva Granada en los aspectos mencionados, durante finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. En principio se puede deducir que la cultura del trabajo no tuvo influencia en la igualdad de condiciones, porque la concepción protestante de la salvación del alma no halló en los neogranadinos la aceptación que requería para hacer de este un pueblo trabajador y tampoco se pudo garantizar una situación de igualdad de condiciones desde un aspecto cultural, sino que estuvo presente por medio de leyes que no eran respetadas.

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La ley 550 de Reestructuración empresarial en Colombia surgió en 1999 como una medida de contingencia desarrollada por el gobierno para proteger a la industria nacional ante la crisis que se encontraba atravesando el país en esa década. Por ende el presente trabajo muestra el desarrollo, la ejecución y el progreso de la ley 550 de 1999 desde su nacimiento hasta su evolución mas resiente. Adicionalmente se mostraran casos muy concretos y descripciones específicas de la ley que pueden llegar a ayudar más adelante a los empresarios que se puedan llegar a encontrar en proceso de reestructuración.

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El acoso laboral o mobbing, ha sido reconocido y regulado en Colombia a partir de la expedición de la Ley 1010 de 2006, a través de la cual se pretende identificar, prevenir y sancionar las situaciones de acoso que se den en el lugar de trabajo. Sin embargo, ante la novedad del tema y su regulación jurídica, han surgido numerosas dudas con respecto a su identificación, sanción y posibilidad de denuncia. La presente investigación busca entonces plantear las dudas principales e intenta darles una respuesta desde el punto de vista jurídico, no sin antes hacer un análisis de los principales autores en la materia que lo han abordado desde su aspecto psicológico. Igualmente en el presente trabajo se realiza un análisis jurisprudencial y se generan una serie de propuestas que contribuirían a la prevención y sanción de este fenómeno y principalmente hacia su conocimiento por parte de los diferentes actores del acoso laboral.

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Estados Unidos junto a Japón y algunos Estados europeos han incentivado e impulsado al resto de los Estados a que abran sus fronteras y se inserten en el modelo de liberalización comercial. Estos países, en particular Estados Unidos promueven este modelo por medio de las relaciones comerciales que establece con otros Estados. Al establecer esta clase de relaciones, especialmente con Estados menos desarrollados, el país norteamericano busca mejorar su posición y obtener beneficios en detrimento de la otra parte por medio de la imposición de condiciones para maximizar sus beneficios y ganancias. La necesidad del gobierno estadounidense de mantener e incrementar su credibilidad ante sus ciudadanos y al mismo tiempo incentivar a los demás países para que abran sus fronteras se expresa en una incongruencia entre el discurso defensor del libre comercio y las estrategias proteccionistas como las barreras no arancelarias que pone en marcha y cuyo propósito es no perder espacio en el sistema internacional ni ver menoscabada su influencia sobre los demás Estados. Sin embargo, el establecimiento de medidas proteccionistas afecta las posiciones comerciales de países como Colombia en tanto que estas medidas ponen en desventaja a sus productos.

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La ley 1480 de 2011 conocida también como Estatuto del Consumidor, es una norma creada para proteger en la mayor medida posible a los consumidores en Colombia en todos los sectores de la economía nacional, como regla general. A pesar de esto, fue expedida la Ley 1558 de 2011 que busca reformar la Ley del Turismo, la cual dispone que en materia de servicios de transporte aéreo, el Estatuto del Consumidor se encuentra excluido. En consecuencia los consumidores de este sector económico se encuentran protegidos exclusivamente por las normas especiales que menciona dicha ley, las cuales al ser analizadas y confrontadas con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, se evidencia una precariedad en los derechos de protección que otorga la ley especial frente a la ley general. Por lo tanto se concluye que los usuarios de los servicios de transporta aéreo se encuentran desprotegidos en sus derechos como consumidores, al ser la norma especial significativamente menos proteccionista que la norma general. La Tesis de grado analiza la situación descrita, haciendo un análisis comparativo del régimen especial que busca proteger a los usuarios de servicios de transporte aéreo, con la norma general que aplica para el resto de consumidores en Colombia; Ley 1480 de 2011. Así mismo realiza un examen de constitucionalidad de la norma especial, para determinar la violación de las disposiciones Constitucionales, que la ley 1558 de 2012 causa, especialmente respecto del derecho a la igualdad y al derecho a la protección de los consumidores de el sector económico en mención.

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Motivadas por un caso específico1, vimos la necesidad de un análisis profundo del tema de la Delegación, sobre el cual la ley, en nuestro criterio, presenta serias “lagunas” que no permiten una actuación totalmente objetiva en cuanto a la asignación

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Ante lo anterior, este trabajo de investigación está dirigido a plantear los antecedentes en materia de distribución de recursos para la educación a las entidades territoriales, antes y después de expedirse la Ley 715 de 2001, centrado fundamentalmente en la “financiación” de la educación pública en los niveles de preescolar, básica y media. Para ello, compara lo que se venía dando con el Situado Fiscal (SF), los recursos de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN), los recursos del Fondo Educativo de Compensación (FEC), y los propios que invertían los departamentos y municipios, conforme la Ley 60 de 1993 y lo que se presenta actualmente, con la Ley 715 de 2001; y a pesar que resulta prematuro evaluar los avances y limitaciones de ésta última Ley, trata de avizorar algunos de sus elementos positivos y negativos, a la luz de lo que se viene presentando en el Departamento de Boyacá, en cuanto muchos de sus aspectos característicos se presentan en todo el país.

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Con el paso y las transformaciones sociales, políticas y legales que implica una constituyente, en este caso la del 91, que daba nacimiento a la constitución del mismo año, se originó además una transición hacia un Estado social de derecho, pluriétnico y laico, el cual planteaba un discurso de diversidad e inclusión de la diferencia en diferentes aspectos de la vida social. Sin embargo, en el caso de la familia, esta constitución no representó cambios respecto al discurso estructura y funciones en la sociedad, pues perpetuaba el discurso familista, de una única forma legítima de familia: la nuclear patriarcal, implicando una falta de reconocimiento de la diversidad familiar en Colombia y provocando a su vez una afectación en la atención y protección social de las familias no reconocidas en Colombia. Tal es el caso de las familias monoparentales, cuya estructura no se corresponde a este discurso ideal de familia y gracias a su falta de reconocimiento tanto legal como social, la atención y protección social que reciben por parte del Estado, a través de las instituciones públicas de protección familiar, es parcializada a las jefaturas monoparentales femeninas, al igual de estigmatizadas. Pese a esto, desde 2013, ante la actual coyuntura de reivindicaciones sociales que buscan el reconocimiento de la diversidad de la familia en el país, han surgido mecanismos legales por parte de la corte constitucional, así como nuevas políticas de familia tanto a nivel nacional, como local, que están haciendo sus primeros acercamientos a lo que es la diversidad familiar y a cómo incluir y proteger a las familias. A lo largo del contacto con las instituciones públicas de protección familiar, donde se mostraron nuevas alternativas y avances que aunque representativos, aun no son suficientes, persistiendo la invisibilización tanto social como legal y una protección social parcializada de las familias monoparentales.

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Esta obra está dirigida a los estudiosos del derecho de familia, con el propósito de interesarlos en la búsqueda de una necesaria actualización de las normas que, en nuestro ordenamiento jurídico, regulan actualmente el régimen económico del matrimonio. No pretende la autora una reforma del sistema vigente: sociedad conyugal con comunidad de gananciales, puesto que es un sistema ágil y de avanzada en las legislaciones del continente que facilita el acrecimiento de los bienes sociales mediante una administración que opera bajo el reconocimiento de la total igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges ante la ley. Sin embargo, con fundamento en el ejercicio de la función como juez de familia - que permita detectar problemas de aplicación e interpretación de la ley en los casos concretos - la autora plantea la apremiante necesidad de implementar un trabajo legislativo con el que, obtenida una normatividad integral, contextualizada y coherente, se superen los vacíos y las incongruencias generadoras de innecesarios conflictos

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La tesis tiene como objetivo central, desde un punto de vista crítico en el que se resalta la influencia de la política y del sistema económico en las decisiones judiciales, exponer la forma en que las autoridades judiciales y administrativas han interpretado las normas que regulan la competencia en Colombia, específicamente el caso del artículo 7 de la Ley 256 de 1996. Y preguntarse si dependiendo del método de interpretación que se acoge al momento de fallar se busca reforzar o no el modelo económico liberal, en especial la adopción de los argumentos que sustentan la decisión.

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La reintegración social y económica de grupos y personas armados al margen de la ley es un tema polémico en el ámbito nacional como en el internacional. Aquí se intenta demostrar la debilidad del modelo de cooperación internacional en Colombia y su incidencia en el Programa de Reintegración de grupos y personas armadas al margen de la ley, partiendo de la precariedad institucional del modelo de cooperación internacional vigente durante el periodo 2002-2006, caracterizado por la limitada existencia de escenarios de coordinación, así como por la incidencia de externalidades políticas, económicas y diplomáticas. Se logra, de esta manera, evidenciar la presencia de vacíos institucionales que no permiten que la cooperación internacional dirigida a los procesos de reintegración tengan un adecuado manejo, así como el sentimiento de desconfianza que hay por parte de la comunidad internacional hacia los programas de reintegración, debido a los problemas estructurales del programa en sí, a su limitada cobertura, a errores de diseño y a las limitaciones en su implementación. Lo anterior, ha traído como consecuencia la formación de nuevos grupos armados al margen de la ley en las zonas donde ocurrieron las desmovilizaciones; de igual manera, la falta de cumplimiento por parte del gobierno colombiano hacia las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho que esta desconfianza siga latente en el escenario de cooperación internacional.

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Analizar la gestión que diferentes actores gubernamentales y otros agentes particulares han adelantado en materia de política exterior y relaciones con el mundo, resulta ser un ejercicio de gran importancia en la medida en que aporta a la evaluación de la política exterior del país. Muchos análisis se han enfocado en estudiar las relaciones políticas y económicas que tiene Colombia con Estados Unidos. Otros han tendido a estudiar la relación del país con la Unión Europea (UE) desde el punto de vista económico, comercial y en menor medida político. Pero definitivamente, muy pocos se han centrado en analizar la gestión que adelantan los actores gubernamentales y otros agentes involucrados que manejan la política exterior de Colombia frente a la Unión Europea (UE). Por esta razón, el propósito de este trabajo es realizar una aproximación al estudio de dicha gestión en materia de negociación frente a la Unión Europea.

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El Plan de Ordenamiento Territorial es la herramienta por antonomasia de organización del territorio en Colombia. La forma como se diseñe y haga uso de él afecta de manera decisiva la capacidad de los municipios para responder a las actuales y futuras realidades urbano-rurales. En este sentido, resulta importante, e incluso necesario, reflexionar sobre la orientación que este instrumento ha tenido, con el propósito de establecer su funcionalidad y pertinencia. Un ejercicio de esta naturaleza requiere de un proceso de investigación que contemple los siguientes procesos: 1. Indagación sobre el estado del arte en la materia, lo cual implica revisar, no sólo la normatividad y las teorías que le dan sustento -principios y objetivos- al ordenamiento territorial, sino, además, los resultados obtenidos mediante las políticas aplicadas. 2. Evaluación de la implementación, los contenidos y la base teórico-conceptual de los planes. 3. Construcción de un diagnóstico integral a partir del cual se puedan realizar propuestas que mejoren la forma como se construye el territorio desde los planes de ordenamiento territorial. El presente documento forma parte de ese proceso inicial de investigación, y pretende describir a grandes rasgos la naturaleza, características y alcance de los planes territoriales, con el propósito de tener insumos para los procesos de análisis venideros. En él, se empieza haciendo un recuento histórico del ordenamiento territorial desde distintos énfasis, mostrando la evolución de las políticas estatales en la materia; se continúa con el marco jurídico en el que se sustenta hoy el ordenamiento territorial en el país; luego, se adentra en la Ley 388 de 1997 para dar a conocer su naturaleza, los principios que la rigen y las herramientas de las cuales se dispone para ordenar los territorios de los municipios; de inmediato se efectúa una revisión de la manera como estos planes se han implementado por las autoridades municipales y las dificultades y aciertos que en ese sentido han tenido. Finalmente se expone una reflexión del camino que debe seguir la investigación dado el panorama encontrado.

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Sudán afronta una grave crisis humanitaria, en la que actores internacionales han intervenido por una mejora en la situación de la seguridad humana. Sin embargo, esta intención altruista esconde los intereses reales de Estados como Chad, Estados Unidos y China, quienes a través de la Unión Africana y las Naciones Unidas buscaron legitimar sus actuaciones en búsqueda de intereses políticos, económicos o geoestratégicos.