6 resultados para Civics, Guatemalan

em Universidad del Rosario, Colombia


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Tras casi 30 años de conflicto, en 1990 el gobierno y las guerrillas guatemaltecas, se embarcaron en una serie de negociaciones en el marco de un proceso de construcción de paz que concluyó seis años después con la firma de los Acuerdos finales. Si bien los compromisos acordados incluyeron entre otros asuntos, una serie de reformas en torno a la transformación del sistema político con el fin de promover la consolidación de un orden democrático, esta transformación no inició en 1996, sino que se gestó años antes del emprendimiento de las negociaciones y de hecho, tuvo un efecto imprescindible en el inicio y la efectividad de las mismas al generar un clima propicio para la construcción de la paz. De igual forma, el desarrollo de ambos procesos influyó en las circunstancias del conflicto interno de Guatemala. El siguiente trabajo analiza precisamente el desarrollo entre 1983 y 1999 de estos procesos, de la relación interdependiente surgida entre ellos y los efectos que tuvieron estos lazos sobre el conflicto interno en Guatemala. Para ello se tomaron una serie de enfoques teóricos que proponen la existencia de un vínculo entre democracia y paz y su aporte a la prevención y manejo de los conflictos internos. Estos enfoques argumentan que la democracia se constituye en un mecanismo capaz de regular los conflictos internos a través de medios pacíficos, como la negociación y el debate público, y en que esta democracia necesita de unas condiciones mínimas de paz para poder desarrollarse de manera íntegra.

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El estudio pone en consideración una amplia caracterización del fenómeno de las «maras» en el contexto guatemalteco, escudriñando en la naturaleza de su violencia. En este sentido, se analiza la violencia juvenil, relacionándola con las problemáticas estructurales e institucionales de este país, considerando el legado de las dictaduras y del conflicto armado, así como la construcción de realidad social realizada por los agentes que reproducen el fenómeno. Se revisan también las respuestas gubernamentales y no gubernamentales para controvertir este problema, resaltando sus aciertos y desaciertos. Finalmente, los resultados de la investigación indican que las «maras» se han nutrido de problemáticas estructurales como la desigualdad y la marginalización; de debilidades institucionales como la impunidad y la corrupción; de falencias al interior del núcleo familiar, como el maltrato; así como de las decisiones de quienes las conforman consolidando carreras delincuenciales y violentas.

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Estado del arte que recopila pronunciamientos de diversos autores sobre el papel de la Organización de Naciones Unidas, específicamente la Misión MINUGUA, en el proceso de reconstrucción posconflicto en Guatemala comprendido entre el año 1994 y 2004. Se basa en algunas dimensiones de la democratización como son el Estado de Derecho, la democracia representativa, la preeminencia del poder civil, y el fortalecimiento de la cultura democrática. Así mismo, tiene en cuenta los elementos de la justicia transicional, a saber: verdad, justicia y reparación.

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El interés de esta monografía es analizar la manera en que la movilización emprendida por Mamá Maquín y las acciones ejercidas por la CIDH incidieron en el proceso de retorno de las refugiadas indígenas guatemaltecas entre 1990 y 1995. Frente a esto, la monografía muestra la forma en que la combinación de estrategias de movilización empleadas por Mamá Maquín así como la acción de actores como ACNUR, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y, en menor medida, la CIDH permitieron la participación de las refugiadas en los espacios de interlocución entre los refugiados y Guatemala. Lo anterior, mediante una metodología descriptivo-analítica que permite la reconstrucción de los aspectos relevantes del origen, organización y movilización de Mamá Maquín con sus actores aliados y las acciones de la CIDH; así como el análisis de este caso a la luz de la teoría de los movimientos sociales y la movilización legal.

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El propósito del trabajo es exponer de qué manera el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras constituye una amenaza a la seguridad en Guatemala durante el 2000 y 2005. La aproximación conceptual se centrará en las ideas de la Seguridad de Charles-Philippe David, puesto que servirá como herramienta para el análisis de la coyuntura guatemalteca. Así, se pretende dar cuenta del fortalecimiento de actores ilegales de crimen internacional organizado, narcotráfico, maras y pandillas, lo que da lugar al incremento de la violencia armada afectando diferentes esferas como la política, societal y económica.

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.