161 resultados para Política social--Aspectos económicos


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El presente Estudio de Caso tiene como objetivo describir la estrategia de superación de la pobreza extrema en el municipio de Sopó Cundinamarca y la importancia de los aportes de la inversión social público -privada para sostenibilidad de éstas.

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Mediante este proyecto, se hace un análisis de la industria automotriz en Colombia, cómo se puede ver afectada y cuáles serán los pros y contras ante la puesta en ejecución del Tratado de Libre Comercio con la República de Corea, tomando como base diferentes agentes que incursionan directamente en la industria mencionada, como lo son sus consumidores, los comerciantes, productores (ensambladoras) y el gobierno nacional. Igualmente, la globalización como aspecto fundamental para las economías mundiales, genera la apertura de estas y afianza a su vez la firma de diferentes tratados que permitan mejorar el comercio y bajar los precios de bienes y servicios entre países; pero en este caso dicha apertura, puede no ser beneficiosa para la industria automotriz colombiana debido a las grandes diferencias en capacidad de producción y tecnología entre ambos países. Por lo anterior, se realizan comparaciones entre las dos economías y sus industrias (la automotriz), para encontrar los puntos en los cuales Colombia es más débil y buscar estrategias que permitan contrarrestar los efectos negativos que puede traer consigo el Tratado de Libre Comercio, así mismo, buscar oportunidades para mejorar el desarrollo tecnológico y de esta manera incentivar la inversión para consolidar dicha industria en el mercado.

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

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El presente documento tuvo como objetivo el diagnóstico de las prácticas de alimentación de interés en nutrición y salud pública y la percepción de seguridad alimentaria en los hogares del municipio de Pacho departamento de Cundinamarca, información que permitió hacer análisis descriptivo de las frecuencias de consumo de los grupos alimentarios y la cualificación de seguridad en cuanto al acceso a los alimentos. Lo anterior se desarrolló mediante la adaptación de dos de los cinco formularios estructurados para la encuesta nacional de situación nutricional en Colombia del año 2010 liderado por el ministerio de protección social; las encuestas fueron realizadas a 400 personas jefe de hogar de acuerdo a muestreo aleatorio estratificado. El estudio mostró que hay inseguridad alimentaria total en un 34,7%, lo que incluye una percepción de inseguridad en un 3% del total de las familias encuestadas. Por último el estudio permitió concluir la importancia de fortalecer los programas de gobierno existentes, en aras de permitir el favorecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y el cambio de hábitos de nutrición desde una perspectiva intersectorial donde se incluyan los factores sociales, culturales, económicos y ecológicos de la comunidad orientados a estilos de vida saludables transcendentales en prevenir y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

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Encuesta de satisfacción para beneficiarios del proyecto Comedores Comunitarios

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Un fenómeno social, político, económico y cultural como el desplazamiento interno forzado amerita especial atención por parte de los gobiernos, sus instituciones, la sociedad civil y la Comunidad Internacional. Es una situación de degradación de la dignidad de los seres humanos, lesiona la paz y el entorno social en el que se desarrollan y “... establece condiciones... inhumanas y degradantes, pues los desplazados... tienen que vivir hacinados... soportando hambre, desnudez, enfermedades, persecuciones y toda clase de privaciones...” ; es un hecho que no hace discriminación alguna, pues afecta y desequilibra a infantes, adultos, ancianos y minorías étnicas, convirtiéndose en un terrible “crimen contra la humanidad”

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El agua se necesita en todos los aspectos de la vida, es el elemento más importante de nuestro planeta, es sustento de vida, progreso y fuente de bienestar: donde hay agua hay vida. Su presencia es necesaria para que se mantengan los se-res vivos

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Analizar el papel de la ONU a través de la UNIFEM en la protección de Derechos Humanos de la mujer desplazada colombiana frente a la gestión y efectividad en el cumplimiento de las políticas de gobierno del Presidente Uribe Vélez.

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análisis de los efectos económicos regionales del diseñó de las estrategias y criterios de asignación de las transferencias a los gobiernos municipales y departamentales

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Este trabajo busca, en primer lugar, por medio de una investigación diagnóstica, demostrar por qué las políticas de autonomía universitaria, financiación y calidad constituyeron desde 1992 hasta 2011 una política de Estado en materia de educación superior. Y, en segundo lugar, con base en ese diagnóstico, brindar algunas herramientas para la institucionalización de políticas públicas en esa materia sustentadas en la construcción participativa de las mismas. Para su desarrollo se tomaron como marco los conceptos de políticas públicas, políticas de Estado e institucionalización planteados por diferentes autores, lo que permitió realizar un estudio transversal e integrado de los contextos, actores e instrumentos de las precitadas políticas.

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La economía mundial ha presentado una tendencia hacia la globalización y la integración económica; este comportamiento ha influenciado significativamente la economía Colombiana en los últimos años, promoviendo los lazos comerciales con diferentes economías a nivel mundial; esto con el objetivo de fortalecer la actividad económica tanto interna como externamente, buscando nuevas oportunidades que le permitan un crecimiento económico perdurable, a través de la inversión extranjera directa, la investigación y desarrollo, innovación tecnológica, mano de obra calificada, entre otros. Continuando esta tendencia Colombia inició un proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en el año 2012, el cual culminó con éxito firmándose el 31 de Julio del 2013, mediante el decreto 1636, donde Colombia y la Unión Europea por libre albedrio se comprometieron a cumplir con todos los puntos pactados dentro del tratado. Con el objetivo de generar un diagnóstico del sub-sector lechero, se analizó la situación actual de la economía Colombiana frente a la Unión Europea, vista desde la productividad y la competitividad que se presenta en cada una de estas economías, para determinar las oportunidades o las amenazas que podría representar el tratado de libre comercio con dicho grupo económico pero específicamente concentrándose en la industria procesadora de productos lácteos. Del diagnóstico comparativo se encontró que existen grandes asimetrías entre la industria procesadora de productos lácteos en Colombia frente a la misma de la Unión Europea (UE). Por último se realizó el análisis de los factores internos de las empresas a través de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), indicador que permite identificar la debilidad o fortaleza dentro de las empresas de acuerdo a la valoración de las características de cada una. Por otro lado, a través de la matriz DOFA se analizaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de las empresas; de acuerdo a los resultados de ambas matrices se plantearon recomendaciones que podrán ser aplicadas dentro de las empresas objeto de estudio.

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A lo largo de los años, los subsidios agrícolas han desestabilizado el mercado internacional, por ello varios miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio) se han visto en la necesidad de poner en marcha planes y reformas a sus políticas comerciales las cuales tienen que ver generalmente con la liberación de barreras comerciales y la lucha contra los subsidios impuestos por países como Estados Unidos, Japón, Canadá y la Unión Europea. Estos subsidios afectan sobre todo a países en vías de desarrollo que tienen un carácter de productores, y los cuales están recurriendo a la importación de alimentos gracias a estos subsidios. Por las razones anteriores, este trabajo de investigación se centró en realizar un análisis de los efectos que tienen los subsidios agrícolas, otorgados por Estados Unidos, en el sector de la caña de azúcar en Colombia. En este sentido se analizará hasta que punto estos subsidios afectarán al sub-sector y se demostrará que la sobreproducción que generan los subsidios tiene una incidencia directa en la caída de los precios internacionales Para desarrollar este problema, se analizarán las distintas leyes agrícolas que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, sobre todo la última que firmó el Presidente Barack Obama (Agriculture Act 2014) y cómo estas han venido inquietando cada vez más el comercio internacional, afectando sobre todo los precios internacionales de varios productos agrícolas. Además se analizará cuáles son las consecuencias que va a traer esta ley para el sub-sector de la caña de azúcar en Colombia.

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El presente estudio de caso tiene por objetivo presentar un diagnóstico del Plan Fronteras para la Prosperidad -PFP- en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -SAPSC-, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores -MRE- en el gobierno de Juan Manuel Santos. Con este texto, se buscó describir la situación política, social, económica y cultural del Archipiélago de SAPSC; explicar las principales herramientas de política pública utilizadas por los gobiernos para mejorar las condiciones políticas, sociales y económicas en el Archipiélago; y por último, evaluar el PFP a la luz del enfoque de política pública de implementación “botton-up” para identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la misma, con el propósito de aportar recomendaciones para desarrollo de políticas públicas virtuosas.

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When allocating a resource, geographical and infrastructural constraints have to be taken into account. We study the problem of distributing a resource through a network from sources endowed with the resource to citizens with claims. A link between a source and an agent depicts the possibility of a transfer from the source to the agent. Given the supplies at each source, the claims of citizens, and the network, the question is how to allocate the available resources among the citizens. We consider a simple allocation problem that is free of network constraints, where the total amount can be freely distributed. The simple allocation problem is a claims problem where the total amount of claims is greater than what is available. We focus on consistent and resource monotonic rules in claims problems that satisfy equal treatment of equals. We call these rules fairness principles and we extend fairness principles to allocation rules on networks. We require that for each pair of citizens in the network, the extension is robust with respect to the fairness principle. We call this condition pairwise robustness with respect to the fairness principle. We provide an algorithm and show that each fairness principle has a unique extension which is pairwise robust with respect to the fairness principle. We give applications of the algorithm for three fairness principles: egalitarianism, proportionality and equal sacrifice.

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We analyze the effect of a parametric reform of the fully-funded pension regime in Colombia on the intensive margin of the labor supply. We take advantage of a threshold defined by law in order to identify the causal effect using a regression discontinuity design. We find that a pension system that increases retirement age and the minimum weeks during which workers must contribute to claim pension benefits causes an increase of around 2 hours on the number of weekly worked hours; this corresponds to 4% of the average number of weekly worked hours or around 14% of a standard deviation of weekly worked hours. The effect is robust to different specifications, polynomial orders and sample sizes.