106 resultados para Valorización del territorio


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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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En Colombia las actividades de exploración, explotación, transporte y procesamiento de hidrocarburos que se vienen realizando desde comienzos del siglo XX son responsables de grandes procesos de transformación del territorio y de degradación de los ecosistemas en los que se realizan. Estos procesos han impactado negativamente la seguridad de las comunidades indígenas poniendo en riesgo su cultura y en algunos casos su existencia misma. Aunque históricamente los derechos de estas poblaciones frente a la explotación petrolera, y minera en general, han cambiado y su autonomía e integridad es protegida por la Constitución de 1991, las comunidades siguen teniendo una alta vulnerabilidad frente a la intervención de los ecosistema que habitan.La degradación ambiental producida directamente por las actividades petroleras y por los procesos de colonización que estas impulsan se constituye en una amenaza a la seguridad de las comunidades, cuyos territorios y recursos de subsistencia se ven disminuidos. La colonización y la presión sobre los recursos naturales que esta produce son motivadas principalmente por la pobreza de poblaciones campesinas que buscan nuevas tierras para habitar, a su vez estos dos procesos son causa de degradación ambiental que empobrece a las comunidades étnicas debido a que afecta sus fuentes de sustento, situación que genera inseguridad para los indígenas. Adicionalmente, la degradación ambiental y la disminución de los territorios ponen en riesgo la cultura de estos grupos humanos, pues afecta sus valores, tradiciones, autoridades y, en general, su forma de vida lo que constituye una amenaza a su seguridad.-----In Colombia, the exploration, exploitation, transport, and processing of hydrocarbons since the beginning of the 20th century have caused great territory transformations and ecosystem degradation. These processes have impacted adversely the indigenous communities security, exposing their culture and, in some cases, their existence itself. Even though, facing oil and, in general, mineral exploitation, the rights of this population have changed historically and their autonomy and integrity is protected by the 1991 Constitution, the communities are still highly vulnerable to the intervention on the ecosystem they inhabit.The environmental degradation directly arisen from the oil exploitation activities and the colonization they have driven, has become a threat to the security of the communities whose territories and subsistence resources have been reduced. Colonization and the resulting natural resource pressure are mainly caused by the poverty of the country population that seek new lands to occupy and these two facts cause in turn the environmental degradation that impoverish the ethnic communities by affecting their living sources, thereby causing insecurity to the indigenous population. In addition, environmental degradation and territory reduction risk these human groups’ culture by impacting their values, tradition, authorities and, in general, their way of living, and therefore turn into a threat to their security.

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El autor aborda en este artículo cuestiones atinentes al espacio, la geografía y la organización del territorio a partir del tema del desarrollo. Para fundamentar su tesis según la cual varios de los factores que impulsan la globalización tienen una base territorial, como el comercio internacional de bienes y servicios, el cambio tecnológico o los flujos internacionales, apela a las categorías del desarrollo social y las sitúa en dos dimensiones. En una primera instancia, el autor toma en cuenta la lógica intranacional de despliegue de los factores políticos, ambientales y comerciales; en un segundo momento destaca el papel de las regiones y las localidades en la reconstrucción del sistema económico mundial para concluir que en un contexto todavía incierto se destaca la configuración de regiones megapolitanas que funcionan como motores regionales en la nueva economía global.---The author handles this article with questions that regard space,geography and territorial organisation based on the topic of development. To support his thesis that refers to the way in which various factors that give an impulse to globalisation have a territorial base, such as the international commerce of goods and services, technological change or international networks, the author utilises social development categories and places them in two dimensions. Initially, the author takes into account the international logic of the development of commercial, environment and political factors. Secondly, he emphasizes the role of regions and localities in the reconstruction of the global economic system to conclude that in a present uncertain context it is worth pointing out the configuration of megapolitanregions that function as regional motors in a new global economy.

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Durante varios años se ha mantenido un fascinante debate sobre las regalías por lo que significanpara las finanzasde los entes subnacionales, por su impacto en el ámbito social y por su signifcado en materia tributaria para las empresas, entre otros. El objeto del presente trabajo es presentar el marco normativo que rige las regalías, las variables que las determinan desde el aspecto legal y su impacto; así como estudiar los posibles agrupamientos resultantes a nivel municipal y departamental teniendo como base un conjunto más amplio de variables diferentes al de las regalías.Respecto a los determinantes normativos se encontró que el monto de las regalías depende de la producción minera, del precio internacional del petróleo, del tipo de cambio y de la inflación. Desde el punto de vista de las entidades territoriales se encontró que las regalías asignadas dependen básicamente del PIB minero y que los ingresos tributarios departamentales y municipales no dependen del PIB no minero (PIB menos PIB minero). Finalmente, hay un grupo pequeño de entidades territoriales donde las regalías tienen cierto impacto, esto siembra una inquietud con respecto al mandato constitucional que señala que “el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”, con lo cual el impacto debería abarcar buena parte del territorio nacional.-----For several years has been hold a fascinating debate on royalties, because of what they mean for the financesof the subnational entities, their social impact and its meaning in tax matters for companies, among others issues. The objective of this work is to present the regulatory framework governing royalties currently, show the variables that determine them from legal order and its impact; as well as studying the possible resulting groupings at the municipal and departmental levels taking as a basis a broader set of variables different of royalties.Respect to normative determinants, it was found that the amount of the royalties depends on mining production, the international oil prices, exchange rate and inflation. From the point of view of the territorial entities, it was found that assigned royalties are basically dependent on mining GDP. Meanwhile, departmental and municipal tax revenues are not dependent on GDP without mining (mining excluded from GDP). Finally, there are a small group of territorial entities where royalties have some impact, leaving some concern regarding to the constitutional mandate pointing to “the State owns the subsoil and non-renewable natural resources”, where the impact should covers most of the national territory.

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La presente investigación tiene por objeto considerar los cluster en la industria farmacéutica Colombiana, como un mecanismo para la disminución de los sobrecostos de los medicamentos, que han impactado de forma importante, entre otras causas, al sistema de salud, con unos recobros (por concepto de medicamentos No POS) que superan el billón de pesos, situación que dada la crisis que enfrenta al respecto, el Estado Colombiano, ha propuesto una quinta reforma que cursa actualmente en el Congreso de la República. Se trata de una investigación cualitativa tipo estudio de caso, en la que se presenta el modelo Colombiano de Salud y las cifras de recobros de las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS), cantidad que representó el 0.4% del PIB (Producto Interno Bruto) en el 2009. Para tal fin se analizará el comportamiento de los recobros durante el año 2012, en cuarenta y una (41) EPS reconocidas del sector. Subsecuentemente se estudian las diferentes estrategias para la generación de economías de escala y dentro de ellas, los clusters como un posible modelo a seguir hacia la disminución de estos costos en salud, se analizan sus componentes y su posible constitución dentro del entorno Colombiano. Al final del estudio se establece como conclusión, que existen suficiente evidencia para apoyar la implementación de un cluster farmacéutico dentro del territorio Colombiano.

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El Proyecto S.O.S, Fauna Nativa, propone la creación de una empresa cultural prestadora de servicios y productora y comercializadora de bienes, encaminados a la divulgación de información sobre la Fauna Nativa Colombiana que se encuentra en riesgo de extinción.

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El objetivo de este trabajo es presentar un modelo de implementación, aplicación y medición de diferentes procesos de eco-innovación al interior de una empresa. Para lograr este fin, se presenta una estructura donde se evalúan los procesos productivos del sector industrial colombiano y su relación con la eco-innovación, esto para realizar un filtro dentro de la propuesta y poder dirigir el proyecto a empresas idóneas para adoptar un modelo eco-innovador. Este modelo está basado en diferentes métodos de desarrollo de conceptos como lo son la innovación, el desarrollo sostenible y un término que en los últimos tiempos ha venido tomando fuerza dentro del sector empresarial mundial, el término Eco-amigable. Este término será entonces una base para la relación de los procesos productivos con la adaptación de la eco-innovación para generar un desarrollo sostenible referente al ambiente y un posicionamiento empresarial industrial dentro de un mercado altamente competitivo.

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Colombia, a partir de 1990, inicia un plan de gobierno enfocado en la apertura económica, con estrategias que propugnaban por un cambio en el modelo económico a través de políticas como la reducción de aranceles a las importaciones y otra serie de medidas proteccionistas, flexibilización laboral, la reducción del papel del Estado para darle protagonismo al sector privado y procesos de privatización de empresas públicas En este entorno internacional se ha adquirido conciencia de que, en un mundo globalizado y cada vez más interdependiente, no puede haber espacio para “aventuras solitarias de Estados soberanos”, lo que justifica la proliferación de organizaciones multilaterales en América Latina y el Caribe en la última década. Recientemente Colombia ha mostrado su interés en entrar a formar parte de un bloque económico de gran relevancia a nivel internacional: el "Transpacific Partnership Agreement" (TPP); tratado integrado por: Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Australia y Nueva Zelanda, representando el 35% del PIB mundial y el 11% de la población. El presente trabajo pretende presentar una visión objetiva del TPP, generando el espacio para la libre interpretación de sus beneficios o perjuicios. Para ello, se analiza el estado actual del TPP con sus principales indicadores, su desempeño en los últimos años y las relaciones diplomáticas y los flujos comerciales entre Colombia y los países miembros del mismo.

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El interés de la presente investigación está sostenido en analizar la estructuración de la política pública minero-energética, los instrumentos utilizados para su posterior implementación en el municipio de Segovia, Antioquia, y la incidencia que tiene en las tensiones de los actores que tienen presencia en este lugar. Se utiliza la Acumulación por Desposesión para la interpretación de los hechos ocurridos en Segovia, donde se procede a evidenciar que la imposición o inclusión de nuevos modos de producción, genera resistencias que entran en disputa entre sí y que producen la reconfiguración espacial del municipio.

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En el presente estudio de caso se hace un análisis de los principales efectos socio-espaciales y económicos que tuvieron intervenciones públicas dirigidas a recuperar el centro de Bogotá, en el territorio específico del Barrio Las Cruces, durante los años 2002-2014. Para lograrlo, en un primer momento se hace un análisis conceptual de las relaciones existentes entre intervenciones urbanas y los efectos que estas producen en lo urbano y lo local; en un segundo se identifican los antecedentes que sirvieron para intervenir el barrio, y las intervenciones públicas que llevadas a cabo en éste durante el 2002 – 2014; y en un el tercero se analizan los efectos y las relaciones que tuvieron dichas intervenciones sobre las variables social, espacial y económica del barrio durante el periodo estudiado. Con el fin de verificar si la política de rehabilitación con la que se viene interviniendo dicha zona es coherente con las realidades locales.

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Reflexiones doctrinales, académicas y jurisprudenciales han demostrado el alcance limitado del principio de autonomía territorial en el contexto de la república unitaria. El desarrollo del concepto en modelos territoriales regionales o federales hace evidente su precariedad y vulnerabilidad, bajo los límites de la forma de Estado unitario y los derechos taxativos de las entidades territoriales establecidos en la Constitución Política de 1991. Dieciocho años de la nueva carta de batalla invitan a repensar el alcance real del principio de autonomía territorial a la luz del derecho comparado, las tendencias mundiales en materia de organización del territorio y las experiencias de los actores territoriales y las comunidades que presencian de forma permanente las tensiones entre "el centro" y "la periferia"; generadas por el desarrollo de los principios territoriales de unidad, descentralización y autonomía.

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El presente estudio de caso parte analizando el proceso de ocupación y despojo de la tierra en el Caquetá, con el objetivo de mostrar las formas de usurpación histórica legales e ilegales, que han dado paso a la consolidación de una estructura de poder desigual y violento. Sobre este escenario inequitativo y violento se pone de manifiesto como la puesta en marcha de la política minero-energética es el resultado de un proceso de negociación entre empresas y gobernantes, que tiene por objetivo vaciar los territorios para recrear nuevos espacios sobre los cuales sea posible reproducir la dinámica de acumulación capitalista, ahondando de paso, las desigualdades, la marginación de la población campesina y la violencia en los territorios en donde se posa dicha estrategia. Este análisis se enmarca, principalmente, en la perspectiva de Saskia Sassen sobre el Estado Corporativo y la perspectiva de David Harvey sobre las nuevas formas del capitalismo.

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El interés de esta investigación es analizar los antecedentes y desarrollo del interés colombiano en la Antártida, así como la relación de cooperación colombo-chilena y la importancia geoestratégica del continente blanco, a partir de diferentes conceptos: geoestrategia, política exterior colombiana y cooperación internacional. Teniendo en cuenta que la Antártida refleja los intereses geoestratégicos de muchos países desde comienzos del siglo XX, Colombia no puede dejar de lado sus aspiraciones en el Sistema Internacional y por esta razón decide ingresar al Tratado Antártico en 1989, sin embargo, es necesario definir cuáles son las pretensiones geoestratégicas del país suramericano en este territorio y precisar la probabilidad de su cambio de estatus en el mismo que le permita obtener provechos materiales de forma unilateral en materia de recursos, actividad diplomática, política exterior y posición geográfica.

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A lo largo de esta investigación se analizaron comparativamente tres experiencias auto-definidas como de Educación en Derechos Humanos, a saber, una organización no gubernamental, la Escuela de Derechos Humanos de Cinep; un colegio oficial de la ciudad de Bogotá, la IED Eduardo Umaña Mendoza; y un movimiento social, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-Capítulo Bogotá. En lo fundamental, se analizaron los procesos de constitución de cada escenario, los discursos, y las prácticas políticas y pedagógicas a la luz de un enfoque antropológico de la Educación en Derechos Humanos. Lo que he denominado el enfoque o mirada antropológica de esta noción, implica, por una parte, una aproximación etnográfica alrededor de los discursos, las prácticas y los sentidos que los protagonistas movilizan en cada escenario con respecto a lo educativo, a los Derechos Humanos y a los sentidos de la Educación en Derechos Humanos, y por otra, la distinción entre la diversidad de redes de significado que precedieron su proceso de institucionalización, a lo cual denominaré campo simbólico, y su cohesión como un campo de saber dotado de claves analíticas propias. Campo simbólico y campo de saber operan como dos momentos analíticos diferenciables. A través del primero, se hacen evidentes las representaciones políticas, sociales y culturales heredadas del “mundo bipolar” y de la guerra fría que en términos generales exponen una defensa a ultranza de los valores y principios de la democracia liberal y de la lucha anti-comunista. Por otra parte, la noción de campo de saber permite 6 esbozar las trayectorias que le han permitido a la Educación en Derechos Humanos recrear nociones como la de sujeto de derechos o pedagogías de la memoria, claves que sin lugar a dudas cohesionan un cuerpo de saber ciertamente autónomo, dotado de fronteras porosas y móviles. La distinción entre una y otra esfera de análisis permite trazar cuando menos tres rutas de emergencia e institucionalización de la Educación en Derechos Humanos que, como se expondrá en el análisis de las experiencias, no trascurren paralelamente sino en medio de superposiciones, intersticios y desplazamientos. Así, se hacen plausibles las huellas del colonialismo, permanentemente ligadas a voces disonantes que eventualmente arrojan pistas en torno a una Educación en Derechos Humanos capaz de impugnar su propia institucionalización.

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La configuración de lugares como áreas de protección ambiental puede ser vista como un proceso técnico y objetivo, en el que se crean políticas públicas que definen prácticas adecuadas e inadecuadas en el lugar. Pero esta configuración es un proceso histórico y negociado. Este se construye en contante diálogo entre diferentes actores que se preocupan por definir qué es la naturaleza y el cuidado ambiental, y las percepciones que individuos que habitan en o cerca a estos lugares construyen en su diario vivir. Es así como la configuración socioambiental de lugares como áreas de protección ocurre por transformaciones en la forma de percibir un lugar, la relaciones con este y sobre todo, prácticas y relaciones que se traducen en formas de negociar nociones de naturaleza y cuidado ambiental. Esta negociación tiene grandes implicaciones en los individuos, particularmente en su subjetividad. Es decir, en hechos como la forma de nombrarlo, caminarlo, observar las especies, iniciar proyectos de agricultura orgánica, cambiar prácticas productivas, el cerramiento de zonas para proteger las fuentes de agua o zonas de vegetación. También sobre su subjetividad, la manera como se sienten frente al lugar, como juzgan sus acciones y las de otros y cómo construyen objetivos personales con respecto a la idea de cuidado ambiental.