348 resultados para CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE VENEZUELA
Resumo:
En el año 2007 el Instituto Rosarista de Acción Social y varios profesores de distintas facultades, en un esfuerzo por integrar la docencia, la investigación y la extensión, crean el Equipo interdisciplinario de estudios en desarrollo local. La iniciativa buscaba contribuir a la formulación de respuestas a problemáticas del desarrollo local por medio de la implementación de proyectos en una comunidad. Para ello, los profesores articularon sus capacidades y conocimientos en la construcción de un programa de intervención integral en el sector de El Codito. La búsqueda por construir, desde un análisis integral, procesos que atiendan los retos que impone el subdesarrollo, hace que la propuesta del Equipo Interdisciplinario sea muy interesante. Es por eso que en el capítulo 1de esta sistematización se considera pertinente rescatar las acciones del equipo a través de una sistematización de su experiencia desde sus inicios en el año 2007, hasta su desintegración en el 2013. En los capítulos 2 y 3, de manera detallada, se recoge el diagnóstico, la planificación y la ejecución de dos de los proyectos que se implementaron en el sector de El Codito: la “Escuela juvenil de formación en democracia, proyectos sociales y trabajo comunitario para el sector El Codito” e “Imaginarios y representaciones sociales en torno a la discapacidad en comunidades vulnerables. Estudio de caso sector El Codito, Bogotá.”. Por último, se presentan algunas conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones de esta experiencia de trabajo comunitario.
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Esta monografía hace un análisis de las implicaciones de la adopción de la Nueva gerencia pública como estrategia para gestionar el sistema de salud colombiano. Para evaluar el impacto de la Nueva Gerencia Pública, el análisis se hace a partir de los criterios de calidad, cobertura y acceso en el sistema general de seguridad social en salud. Este estudio también analiza las situaciones conflictivas entre los actores del sistema de salud y sus dos crisis representativas (2001 y 2009).
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El objetivo principal de este documento es realizar un análisis sobre el componente educativo del Programa Familias en Acción, para establecer si el subsidio condicionado brindado por dicho programa contribuye a garantizar el derecho a la educación básica y media. Con dicho fin, se tomará como estudio de caso el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. De este modo se analizará y explicará por qué se considera que el componente educativo del PFA ha influido de una forma parcial e incompleta a la garantía del derecho a la educación. Lo anterior, teniendo en cuenta la definición de educación y los componentes del núcleo esencial de este derecho, sumado a la exposición de las etapas de la política pública, su definición y la reconstrucción del proceso vivido por el programa en cuestión.
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La investigación tiene como propósito principal describir la incidencia del nuevo Sistema General de Regalías en el proceso de planificación que adelantó el departamento del Meta durante el año 2012. En virtud de lo anterior, se pretende demostrar, a partir del concepto: proceso de planificación territorial, cómo el nuevo sistema incidió de manera diversa en la medida que logró cambios, tanto positivos como negativos.
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El libro Retos de la democracia y participación ciudadana es producto de un conjunto de reflexiones que surgieron tras percibir que, pese a la importancia que la Constitución concedió a la democracia y al principio, valor y derecho fundamental de participación ciudadana, existen problemas conceptuales, retos y perspectivas que han influido en su desarrollo, así como también en los mecanismos legales de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía y de la participación ciudadana en lo administrativo y en su proyección social. Así, esta valiosa contribución académica indaga las razones que llevaron al constitucionalismo colombiano a reforzar la democracia representativa, adoptando adicionalmente el modelo participativo de la democracia, por lo cual se estudian las condiciones necesarias para su exitosa implementación y se reflexiona sobre las dificultades y riesgos de su puesta en marcha. Para ello, se hace una profunda revisión de las garantías democráticas que ofrece la Constitución y la ley a los ciudadanos tanto en el Derecho Comparado como en el Derecho colombiano. En el espectro de esta investigación se analiza la conjunción de la democracia representativa y la democracia participativa y el significado en el modelo de Estado, sus principales retos y tendencias. En segundo lugar, se analiza la participación de los ciudadanos en lo administrativo como garantía de eficacia en las decisiones administrativas y se delimita de otros conceptos aledaños, precisando las condiciones requeridas para su implementación, cuyo vértice principal es la vigencia del Estado de derecho. Teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las personas que son el eje principal de la democracia y de la participación. En el último capítulo, se estudia el papel del juez constitucional en un Estado democrático y social de derecho. Siguiendo estas grandes líneas temáticas, en el primer capítulo del libro consagrado a la delimitación conceptual de la democracia representativa, participativa y sus retos actuales, se hace un análisis doctrinario para situar los conceptos de democracia representativa y participativa. Luego, con fundamento en la doctrina más avezada sobre el tema, se hace referencia a las distintas clases de democracia. En este sentido, se realiza un análisis del concepto de democracia representativa en sus diversas concepciones. También, se estudia la democracia directa y semidirecta, así como los mecanismos de participación política del pueblo en ejercicio de su soberanía, teniendo presentes las disposiciones que en este sentido aparecen en la Constitución Política de 1991, así como la interpretación que la Corte Constitucional ha efectuado frente al tema. Se establecen además los aspectos más relevantes a través de los cuales se deduce la importancia actual de la democracia en el Estado-Nación en el ámbito internacional, lo cual permite identificar una relación inseparable entre la democracia y el derecho, porque los ciudadanos no producen las disposiciones jurídicas, sino que eligen a quienes están autorizados para producirlas. Por lo cual, en el Estado social de derecho la fuente principal de Derecho es la Constitución, seguida por la ley, aunque esta no tenga la misma fuerza que tenía en el Estado liberal de Derecho. Dentro de este marco conceptual, también se define que la democracia es cultura, es estilo de vida, caracterizado por el diálogo, la información, la comunicación, la fraternidad de los ciudadanos con la organización política. Es un lenguaje y un conjunto de actitudes, convicciones, creencias, tolerancias, responsabilidades y concepciones de la ciudadanía, de su civismo y solidaridad que penetra en el espectro de lo público y de lo privado.
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La presente monografía analiza el problema de la corrupción en la financiación de campañas políticas, observándolo desde la perspectiva de las funciones y la aplicación de la normatividad del Consejo Nacional Electoral, CNE, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de 1991 para dicho ente regulador, a la luz de lo ocurrido en 1994 con el Proceso 8.000 y el sonado caso de corrupción en la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en dicho año.
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Esta monografía tiene como objetivo principal, Analizar las regalías provenientes de hidrocarburos en Barrancabermeja. Asimismo, de investigar cómo se insertan las mismas en el plan de desarrollo de Barrancabermeja y como contribuyen al desarrollo del capital humano y capital social. En primera instancia se parte del supuesto que el uso de las Regalías provenientes de los Hidrocarburos por parte de Barrancabermeja parece no contribuir al desarrollo de capital humano ni capital social tal como lo establecen La Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley. Por lo tanto, estos recursos no parecen implantarse debidamente en el plan de desarrollo municipal lo que ha generado despilfarro y desviación de recursos. La monografía se divide en tres capítulos. El primer capítulo busca analizar el cumplimiento del mandato Legal y Constitucional en la destinación de los recursos provenientes de las regalías de hidrocarburos en Barrancabermeja (salud, educación, saneamiento básico, medio ambiente e infraestructura).
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A partir de los avances en materia de descentralización formalizados en la Constitución Política de Colombia de 1991, la ciudad de Bogotá ha sido escenario de una serie de cambios que han marcado un giro en las políticas públicas de la administración del distrito. La descentralización como proceso histórico, político y económico ha irrumpido en la ciudad, dando respuesta a la necesidad ciudadana de un Estado eficiente, efectivo y eficaz para la solución de sus problemas. Este proceso era necesario para el Estado mismo y sus relaciones con la sociedad, ya que el primero había perdido legitimidad y había cerrado los canales políticos a la ciudadanía, la cual estaba demandando mayor espacio para participar. Así, dentro del marco de esta descentralización se han abierto nuevos espacios para la participación activa de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas distritales. Sin embargo, en la práctica éstos no han sido utilizados de manera continua por la ciudadanía1. En este sentido, el objetivo de este trabajo por un lado, es estudiar qué mecanismos que se han abierto para la participación de la ciudadanía en el marco de la descentralización, y por el otro lado analizar hasta qué punto tienen efectividad y aplicabilidad en los problemas cotidianos de la ciudadanía en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Chapinero.
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La presente monografía de grado pretende demostrar como el presidente Chávez, dada la enorme riqueza petrolera de su país y la intensa actividad exportadora que se genera de esta (para la cual los precios actuales del barril han resultado providenciales), utiliza el petróleo venezolano como un recurso al servicio de sus orientaciones políticas. Es decir, al servicio de una causa ideológica que aspira consolidar tanto en el plano interno como externo.
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Pocas cosas ocurren en Venezuela que no tengan, directa o indirectamente que ver con el petróleo. Al hablar de este país es necesario referirnos a la condición petrolera de su economía y su sociedad. La aparición del petróleo significó una nueva fuente de producción rentística que no tardaría en ser de gran importancia, ya que este recurso, es uno de los más codiciados combustibles del progreso industrial, que día a día se cotiza dentro de los mercados internacionales a niveles históricos demostrando sus efectos a nivel global. El auge de los precios del petróleo ha generado ingresos sin precedentes para el Gobierno de Venezuela, “brindándole la oportunidad al Presidente Hugo Chávez de aprovecharse de los grandes flujos de petrodólares, no solo para financiar sus ingentes gastos sociales sino también para subvencionar muchos de sus objetivos geopolíticos en el escenario internacional.1 La pregunta que surge ante dichos factores es ¿Como el mapa geopolítico suramericano podría ser modificado por la asignación que el presidente Hugo Chávez Frías le da a los recursos provenientes de la renta petrolera venezolana?
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En política fiscal se ha venido discutiendo desde hace algún tiempo sobre la conveniencia de establecer ciertos beneficios tributarios bajo el pretexto de mejorar los ingresos del Estado, entendiendo estos incentivos en términos generales, como aquel estímulo que se otorga a determinado sector de la economía para elevar la producción. En ciertos casos, como es el de nuestro país, han surgido diversas críticas a las más recientes políticas que buscan aumentar el número de incentivos fiscales en contraposición a mejorar el nivel de tributación a través de un sistema tributario que realmente se base en normas justas y equitativas que correspondan a un análisis de la capacidad contributiva de quienes están obligados constitucionalmente a soportar las cargas económicas del Estado. Sin embargo, y lejos de buscar una reforma estructural de nuestro ordenamiento jurídico tributario que permita buscar lo anterior de acuerdo con los principios previstos en nuestra Constitución Política para ello, se han buscado mecanismos de muy corto plazo que sirvieran realmente como un estímulo a la reactivación económica del país.
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En una actualidad jurídica trasegada por la revolución de los derechos a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, donde se habla constantemente de un nuevo y de un viejo derecho, que finca sus raíces en un papel protagónico del juez, la justicia y en la garantía y protección de los derechos, pareciera que conceptos clásicos como caducidad y seguridad jurídica cedan terreno ante el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.
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En la Constitución Política se consagra el trabajo como un derecho fundamental, objeto de protección cuando sea vulnerado o amenazado; el Estado tiene el deber de protegerlo, creando, estimulando e incentivando las condiciones socioeconómicas propicias que promuevan una oferta de oportunidades laborales para todas aquellas personas en capacidad de trabajar, expidiendo la normatividad que asegure unas relaciones laborales “dignas y justas”, con arreglo a los principios fundamentales básicos y mínimos ideados por el constituyente. El orden normativo primario es el protector del derecho al trabajo, bien sea que se preste independientemente o bajo condiciones de subordinación, en las modalidades de contrato de trabajo o bajo una relación laboral, legal, estatutaria, o reglamentaria.
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Dados los grandes cambios y desarrollos científicos, económicos y sociales, la industria ha generado avances tecnológicos de gran magnitud que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A pesar de las buenas contribuciones que conlleva dicho desarrollo, se puede ver que soporta igualmente un sacrificio ambiental y social para hacerlos posibles. De acuerdo con el principio que establece la primacía del interés general sobre el particular, se han tolerado legalmente algunos daños ocasionados a los administrados en beneficio de la comunidad; pero lo anterior no puede desconocer las situaciones en las cuales se generan perjuicios que no deben ser soportados por la comunidad. Igualmente, la Constitución política establece mecanismos de protección en cabeza de todas las personas con el fin de proteger sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los derechos de tercera generación. Estos derechos son protegidos a través de la acción popular como mecanismo idóneo, eficaz y directo, el cual busca su restablecimiento.
Resumo:
La Autonomía Universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, le otorga a las Universidades la facultad de poder regularse filosóficamente y de determinarse administrativamente. Es claro que el principio de la autonomía universitaria, se considera como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, ya que no se puede concebir un Estado, aparte de las ciencias del saber. Las Universidades, después de la expedición de nuestra actual Carta Política, han gozado de una independencia, lo cual las faculta para tomar decisiones tanto en el ámbito académico, en lo relativo a periodos, materias y notas, como en lo concerniente a su ámbito social, esto es elección y promoción de profesores, nombramiento de directivas y adopción del régimen de alumnos y docentes. Esta independencia por parte de las Universidades de cualquier poder público, no quiere decir que puedan adoptar decisiones arbitrarias, al contrario deben ser estas las primeras en acatar mandatos superiores, dado el papel preponderante que cumplen en la sociedad.