345 resultados para ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ASPECTOS POLITICOS - COLOMBIA
Resumo:
Falta de planeamiento en los últimos veinte años lo que evidencia que la ciudad no se ha hecho con base en normas de control de uso del suelo pues estas son fácilmente manipuladas violadas en su contenido es decir existe anarquía en el uso del suelo
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Ante lo anterior, este trabajo de investigación está dirigido a plantear los antecedentes en materia de distribución de recursos para la educación a las entidades territoriales, antes y después de expedirse la Ley 715 de 2001, centrado fundamentalmente en la “financiación” de la educación pública en los niveles de preescolar, básica y media. Para ello, compara lo que se venía dando con el Situado Fiscal (SF), los recursos de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN), los recursos del Fondo Educativo de Compensación (FEC), y los propios que invertían los departamentos y municipios, conforme la Ley 60 de 1993 y lo que se presenta actualmente, con la Ley 715 de 2001; y a pesar que resulta prematuro evaluar los avances y limitaciones de ésta última Ley, trata de avizorar algunos de sus elementos positivos y negativos, a la luz de lo que se viene presentando en el Departamento de Boyacá, en cuanto muchos de sus aspectos característicos se presentan en todo el país.
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El propósito fundamental que motiva este ensayo no es otro que el de plantear una serie de reflexiones acerca del ordenamiento territorial con que actualmente cuenta nuestra Nación, haciendo especial referencia a la organización departamental
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Esta investigación diagnostica constituye un análisis acerca de la posibilidad de creación del departamento del magdalena medio y la incidencia de los factores políticos y culturales en la planeación de nuevas entidades territoriales. En este sentido, se exploran las diferentes reformas al ordenamiento territorial colombiano desde la constitución de 1886, y las intersecciones de la constituyente de 1991 en la ordenación del territorio colombiano a través de la (LOOT). Para ello, se reflexiona a través de la articulación conceptual de las dificultades del ordenamiento territorial colombiano a causa de una deficiente distribución del territorio.
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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.
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El objetivo de este estudio de caso es analizar los procesos de gestión del riesgo de desastres por inundación en el municipio de Campo de la Cruz, al sur del Atlántico, en el contexto de la ola invernal 2010-2011. La ruptura del Canal del Dique, el 30 de diciembre de 2010, implicó la entrada de una gran cantidad de agua al departamento del Atlántico, afectando el 100% del municipio. La normativa colombiana en materia de gestión del riesgo de desastres es reciente, de ahí que su aplicación se haya producido efectivamente con el fenómeno a estudiar en este trabajo. Así, se identifican aquellas características del ordenamiento municipal y de la ola invernal para después analizar sus efectos sobre el municipio. Las inundaciones afectaron tanto a la población como al territorio, especialmente porque éste no estaba preparado ni contaba con las suficientes herramientas para mitigar los riesgos. En este sentido, el presente trabajo identifica los instrumentos de planificación y gestión que permiten consolidar la gestión del riesgo de desastres como una política de estado ligada a lo territorial, pero al mismo tiempo desde una perspectiva integral en la que predomine el enfoque preventivo más que el reactivo.
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El Estado como institución político-jurídica, así como las estructuras de poder y organización social, han sufrido grandes transformaciones en el mundo contemporáneo, producto de discusiones y tendencias como la globalización, la reconfiguración de la legitimidad de las instituciones burocráticas, el establecimiento de estándares, políticas y prácticas de calidad internacional, el impacto de las crisis de la hacienda pública, entre otros factores que influenciaron la creciente intervención de los particulares y sus mecanismos de regulación en la gestión de los asuntos públicos. El Estado Colombiano no ha sido ajeno a tales situaciones, y la creciente injerencia del sector privado en lo público, se ha visto representada en la expedición del régimen legal de las Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012), en virtud del cual los particulares estructuran, ejecutan y desarrollan proyectos conjugando el ánimo de lucro con la promoción del interés general. De conformidad con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar y analizar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el régimen de las Asociaciones Público Privadas, así como abordar reflexiones sobre la transformación del Estado y el papel de los particulares en el ámbito de lo público.
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Puede entenderse la ciudad como una manifestación de las disputas surgidas desde el plano de lo social. En ese mismo sentido surge el concepto del derecho a la ciudad, entendido en términos generales como aquel que se tiene para decidir el tipo de urbe y su organización. Así, este derecho ha estado limitado a la construcción de espacios propicios para la acumulación de capital, para una élite minoritaria capaz de configurar la ciudad, generando un caos urbano que se evidencia en la segregación socio-espacial, abultando las arcas de los poderosos a la vez que se aíslan a las mayorías trabajadoras del ejercicio el derecho a cambiar y reinventar la ciudad para satisfacer sus necesidades y garantizar sus sueños.
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La presente investigación tiene como objetivo, determinar la manera a partir de la cual, las posibles consecuencias de la actividad carbonífera en el complejo minero de El Cerrejón, sobre las necesidades básicas humanas de la población del municipio de Albania Guajira, pueden ser consideradas como un fenómeno de violencia estructural.
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El interés de este caso de estudio es analizar la relación entre la toma de decisión política, la materialización de ésta en el espacio público y la afectación que genera en los usuarios, puntualmente en la peatonalización de la Carrera Séptima en Bogotá. A partir de una revisión histórica del centro de Bogotá como un centro popular hasta llegar a la decisión tomada por el gobierno de Gustavo Petro y en el marco de los estudios de E. Pol y T. Vidal como referentes para entender las consecuencias que genera la decisión política en los usuarios, se analiza este espacio peatonal hoy, con el fin de entender las dinámicas de apropiación territorial. Finalmente, se formulan conclusiones frente a la relación entre política, espacio público y usuarios como resultado de una acción de gobierno frente a las dinámicas de gestión urbana en Bogotá.
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En la presente investigación se estudió la organización administrativa y territorial de la República Bolivariana de Venezuela, para poder identificar si se podían definir y catalogar a Venezuela como un Estado federal como manda su Constitución, o si por el contrario, podríamos estar hablando de una organización distinta llámese autonómica o unitaria, o simplemente un modelo federal diferente al dual influenciado por las diferentes formas de organización.
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El aprovechamiento económico del espacio público constituye un fenómeno que pone a prueba la definición de lo público y lo privado. Esta distinción es una de las bases de la institucionalidad del Estado moderno, por lo que desafiarla genera tensiones que repercuten en su administración. Por su parte, los actores involucrados en la discusión de la racionalidad sobre la que se fundamentan los cimientos de nuestra democracia liberal, son agentes marginalizados a través de las diferentes clasificaciones que se aplican a ellos estigmatizándolos socialmente. Es a partir de esta dicotomía entre lo formal y lo informal y su manera de relacionarse, que se entra a discutir la construcción social del espacio público y las ambivalencias de los derechos de una población que actúa al margen del sistema.
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Actualmente, la producción de vivienda de bajo costo representa uno de los grandes retos que afrontan los gobiernos en términos de problemáticas sociales. El sector público, con la inversión del sector privado, desarrolla proyectos de vivienda a gran escala para ofrecer un considerable número de unidades habitacionales en la periferia, que reduzcan las cifras de déficit sin sacrificar los suelos urbanos con alto valor inmobiliario. En esta dinámica de producir en cantidad, cabe preguntarse, ¿La producción de vivienda social considera la calidad ofrecida? ¿Responden las soluciones a las necesidades y expectativas de la población vulnerable? La clave para responder a estos interrogantes reposa en comprender el vínculo entre las características del hábitat ofrecido y la respuesta afectiva que éste provoca en los residentes de un territorio particular; así, la satisfacción residencial se convierte en el método fundamental para lograr la comprensión integral de la calidad en los proyectos de vivienda.
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Colombia se ha comprometido a nivel internacional a realizar acciones que conduzcan al país hacia el desarrollo sostenible, específicamente a proteger los recursos naturales. En línea con esta apuesta, la presente investigación propone la construcción de la Reserva Natural El Chuval, en el municipio El Retén, Magdalena. Para la construcción de dicha Reserva se realiza un diagnóstico que indica las principales características del Chuval, se identifican posibles riesgos para la conservación de sus valores ambientales, y se complementa el análisis con una propuesta de manejo que se enmarca en la metodología de Agendas Ambientales Locales desarrollada por la ONU. Pese a que el municipio es consciente de la relevancia ambiental del Chuval, aún no se han tomado decisiones definitivas para proteger esta zona, razón por la cual, la presente investigación busca llenar un vacío en el ordenamiento territorial del municipio, que fortalezca la protección de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
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Informe final de investigación en el que se define el contenido y se delimita el alcance de la autonomía financiera en los entes municipales en Colombia. Lo anterior, partiendo del premisa del artículo 311 de la C.N., en donde el Municipio es concebido como la “entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado (…)”, al cual se le arrogó autonomía como derecho y como garantía institucional, para destinarlo a ser la piedra angular de la organización territorial del Estado, autonomía para la gestión de sus intereses que se manifiesta en la facultad de administrar sus recursos, establecer tributos y participar en las rentas nacionales; indicando que es éste el objeto de análisis del presente documento. La autonomía financiera en los municipios será analizada desde el punto de vista constitucional, normativo, jurisprudencial y doctrinal. Se demostrará que ésta es el resultado de la evolución en la forma en la cual se ha hecho y se hace el gasto público en Colombia, una transición que de manera simultánea al proceso político administrativo, ha demostrado que sólo a través del empoderamiento de los municipios puede concretarse la eficiencia como principio orientador del gasto público. Además, se examinará la autonomía financiera municipal en sus dos manifestaciones esenciales, es decir, revisando la forma en que los municipios obtienen sus recursos y la forma en que posteriormente los ejecutan.