173 resultados para PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE - ASPECTOS CONSTITUCIONALES - COLOMBIA


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El presente documento se realiza un análisis de tres empresas del sector del reciclaje: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A., Ecoeficiencia S.A.S y Fibras Nacionales S.A.S, para conocer la aplicación de las teorías de internacionalización y observar cómo se desarrollan en la realidad Colombiana. El sector de reciclaje actualmente es poco explorado y explotado en Colombia, principalmente por el bajo interés del sector público y privado en alcanzar las innumerables ventajas económicas y sociales que éste ofrece, toda vez que, es considerado un sector no formal dentro de la economía colombiana. Más adelante se describe la situación actual de las tres empresas basado en una revisión bibliográfica de las teorías de internacionalización y posteriormente se aplican los conceptos a cada una de las empresas. Finalmente, se propone la ruta de internacionalización del sector del reciclaje en Colombia y un modelo logístico general para que las empresas de este sector lo apliquen y así mejoren sus procesos. Se plantea como estrategia el desarrollo de un Cluster para lograr la efectividad de la ruta de internacionalización del sector del reciclaje. Es necesaria la conformación de una red de empresas, agentes e instituciones públicas y privadas dentro del entorno del reciclaje y el manejo de residuos, para la consolidación del sector. El objetivo es que este documento sirva como medio de consulta para empresarios y empresas interesadas en mejorar el nivel de vida de los recicladores, contribuir con el medio ambiente y mejorar la competitividad y productividad del reciclaje en Colombia, logrando convertirse en un sector de talla mundial. Es importante mencionar que en la medida es que el sector se formalice, los recicladores se verán beneficiados y harán parte importante de una cadena de valor que permitirá mejorar las condiciones actuales del sector y podrán participar activamente en la economía, generando un impacto positivo y global.

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Debido a las transformaciones sociales y económicas del mundo por causa de la tecnología, el desarrollo acelerado de los países capitalistas, la guerra constante, el aumento de la pobreza, el deterioro ambiental, entre otros factores que han ocasionado un impacto negativo en la mayoría de los países del mundo, la noción de derecho colectivo ha cobrado gran importancia por su trascendencia en la vida social. Como respuesta a esta nueva problemática que viene surgiendo en torno a lo vulneración y afectación de los derechos colectivos, se consagra en la Constitución Política de 1991 la Acción Popular, como el mecanismo idóneo para la protección y amparo de estos derechos. En ese orden de ideas surgen las Clínicas de Interés Público, con el fi n de promover el uso de estas acciones, fortalecer la investigación en el manejo de estos casos y ayudar a la población menos favorecida y más afectada en la vulneración de sus derechos colectivos, tal es el caso del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario (GAP). El presente borrador de investigación pretende exponer de manera sencilla la estructura, integración, reglamento, funcionamiento del Grupo de Acciones Públicas, así como los criterios utilizados para determinar la viabilidad o inviabilidad de un caso al interior del grupo –estas son las etapas que los estudiantes deben agotar previa la adopción de una estrategia jurídica para la defensa del derecho colectivo–. De la misma manera, se exponen las estadísticas del número de acciones constitucionales interpuestas (acción de Tutela, de Grupo, de Inconstitucionalidad, Popular y de Cumplimiento) con el correspondiente resultado, y un análisis de las sentencias favorables obtenidas por el GAP en la interposición de acciones populares, teniendo como instrumento de análisis el método francés y, por último, un breve glosario que contiene las palabras más empleadas al interior del grupo en desarrollo de sus funciones. El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, como Clínica de Interés Público, gracias a la trayectoria y esfuerzo constante de su coordinador, supervisores y estudiantes, se ha venido fortaleciendo con óptimos y valiosos resultados no sólo en la interposición de acciones, que como se verá a continuación han sido positivas y hasta la fecha se ha logrado la protección efi ciente y efi caz de muchos derechos colectivos vulnerados a varias comunidades, sino también, en relación con su estructura y funcionamiento, que gracias a la investigación, el contacto e interrelación con clínicas de interés público de otros países de mayor trayectoria como Argentina1, Chile2 y Estados Unidos, se ha venido enriqueciendo al punto que –como se ve a lo largo de este escrito– existe ya toda una metodología investigativa para la recepción, análisis y determinación de viabilidad de los casos que serán adelantados por el GAP, con el fi n de obtener así los resultados anhelados. Los casos son elegidos teniendo en cuenta el impacto social, el interés que se busca proteger, y sólo en la medida en que de la defensa del mismo, (haciendo uso del aparato jurisdiccional y de las herramientas que la Constitución Política y el ordenamiento jurídico tienen a nuestra disposición) pueda derivar consecuencias con incidencia en la modifi cación de las circunstancias que alteraron, vulneraron o amenazan con vulnerar el derecho colectivo, y con ello la estabilidad de la comunidad, el caso es asumido por el grupo. Por ello, los casos son asumidos con una perspectiva estratégica que permite enfocar el estudio y la investigación de los casos en torno a dos puntos importantes: la del cliente y la del interés público. El trabajo de la Clínica en la defensa del interés público y de los derechos colectivos, se ha estructurado bajo cinco líneas de trabajo: i) defensa de casos de interés público, ii) desarrollo de investigaciones y trabajos de campo, iii) control y supervisión permanente del caso por parte de los estudiantes integrantes del grupo, iv) participación en encuentros nacionales e internacionales, v) difusión de las actividades de la Clínica. Los casos asumidos por el GAP son utilizados para el trabajo académico con los alumnos de 9° y 10° semestre de Derecho en la Clínica Jurídica; así, además del carácter altruista y el sentido social que se imparte al interior del grupo, se logra que a partir de la defensa de casos concretos y la perspectiva del interés público, los estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos durante la carrera mediante la formulación de estrategias jurídicas, investigación, el desarrollo de una argumentación jurídica orientada a emplear y reformular las nociones y categorías de derecho (en muchos casos inservibles por sí solas), y desarrollar una nueva manera de articular el derecho y el uso de la jurisprudencia –como interpretación de las normas que constituyen nuestro ordenamiento jurídico–, para logar así la realización de los principios constitucionales que caracterizan a nuestro Estado como Estado Social de Derecho.

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

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El cuidado del Medio Ambiente es un tema que desde las últimas décadas ha venido tomando cada vez más importancia en el mundo entero. Después de dos devastadoras guerras Mundiales y de una acelerada industrialización de países que hoy se constituyen como los más desarrollados a nivel global, la Comunidad Internacional se ha puesto a través de los años en la tarea de reunirse y tratar de encontrar soluciones a los problemas que afectan hoy el Medio Ambiente y su conservación en todo el mundo. Desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, se pensó en darle un espacio a la discusión del cuidado del planeta y fue en 1972 cuando se decidió crear el Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA1. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)2 hecha en 1992 fue tal vez la reunión más importante que propuso una actividad concreta de los Estados para el cuidado ambiental, tuvo la oportunidad de convocar a 172 gobiernos y a otras organizaciones que para ese entonces ya se interesaban por este tema de talla mundial.

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Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales.

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Propone describir y analizar el desarrollo de una forma de acción colectiva de origen campesino que tuvo lugar en la región del Medio Atrato, demostrando que los factores endógenos de los movimientos sociales son cruciales en su emergencia, pero sus efectos positivos pueden ser contrarrestados por la influencia de factores exógenos adversos.

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Lo que se propone con esta investigación es señalar de manera objetiva la infinidad de actuaciones establecidas en el Procedimiento Tributario Nacional, las cuales deben cumplir los contribuyentes. Esa disparidad de normas y actuaciones van en contravía de las instituciones modernas de orden procesal que buscan es simplificar los procedimientos, aspecto que en nuestro entender viola la defensa debida y algunos otros principios también de carácter Constitucional, tales como los de: celeridad, eficacia y economía de la actuación administrativa.

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Este trabajo está estructurado de manera deductiva, partiendo de una descripción general de la Política Pública de Derechos Humanos en Colombia, para lograr establecer la forma en que interviene el juez constitucional de tutela en su desarrollo. Para estos efectos, se procede posteriormente al estudio del caso particular de la política de Derechos Humanos respecto de la población desplazada, en aras de determinar la influencia de la sentencia T-025 de 2004 en la política objeto de estudio. De este modo, el presente trabajo pondrá en evidencia la dinámica de movilización judicial del juez constitucional de tutela en lo concerniente a los procesos de fijación de la agenda y las políticas públicas.

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Este documento explora la relación que existe entre la interseccionalidad y las relaciones de género y clase social en razón de prácticas sexuales tales como la infidelidad, sexo casual, uso de lencería, ataduras e inmovilizaciones, piropos, sexo oral, orgías y encuentros con prostitutas en Bogotá, Colombia.

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Las petroleras canadienses han mantenido un novel de compromiso parcial frente a las políticas y lineamientos ambientales establecidos por 4 actores en el territorio colombiano, teniendo en cuenta que canada exporta una idea de cooperación internacional y reglas transparentes.

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La presente investigación diagnóstica busca analizar las dinámicas de cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y Colombia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente el Objetivo 7 que busca garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

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Durante la última década Colombia ha desarrollado atracción de capital extranjero; en especial en lo concerniente a las actividades económicas extractivas (hidrocarburos y minería), y a su vez ha presentado un aumento en operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en diferentes zonas del país. Esto ha ido de la mano con un crecimiento en el descontento social que por medio de distintos mecanismos busca afectar el normal desarrollo del sector. La contestación social relacionada con hidrocarburos hace uso de métodos noviolentos, de no cooperación, que buscan lograr su éxito por medio de la disrupción con acciones tales como los bloqueos. El presente trabajo tiene como objetivo principal conocer cuál es la incidencia de la contestación social alrededor del petróleo en la política de Colombia; la cual se evidencia en programas y legislación relacionada con el tema.

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En medio de los desafíos ambientales que enfrentan los gobiernos del mundo, Colombia posee un territorio que concentra múltiples retos para el desarrollo de políticas, planes y programas pertinentes para la protección de los recursos naturales. Hoy en día el departamento de Amazonas, ubicado estratégicamente al sur del país en una zona limítrofe de alta importancia en la región amazónica, experimenta serias problemáticas como la deforestación, la minería legal e ilegal, y la degradación hídrica. Este trabajo de investigación es un estudio de caso analítico y descriptivo, que busca analizar de qué manera la aplicación de políticas de seguridad ambiental por parte del gobierno colombiano ha contribuido con el desarrollo sostenible en el departamento del Amazonas, estableciendo las principales problemáticas en términos de seguridad ambiental e identificando las políticas que se han desarrollado para la protección de este territorio.

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Esta monografía busca estudiar y evaluar la efectividad del Mecanismo Financiero del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. El estudio se centra en la efectividad que dicho mecanismo ha tenido en Colombia, como país en desarrollo que ha obtenido algunos beneficios del mismo desde 1994, cuando se hizo Parte del Protocolo y hasta 2004, período en el cual, se ha implementado este instrumento en el país para contribuir a la solución mundial al problema del agotamiento de la capa de ozono, a través de la eliminación del consumo de las sustancias químicas que producen ese efecto y alentando la conciencia ambiental.