Movimientos sociales y autonomía colectiva. La política de la esperanza en América Latina, de Dinerstein, A. C. (comp.)

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Efectividad del uso de los conceptos y estrategias comunitarias en empresas del sector de servicios sociales y de salud.

Este estudio analiza la existencia de conceptos y estrategias comunitarias en relación de cómo una empresa en el sector de servicios sociales y salud entienden las estrategias de mercadeo y la influencia en el desempeño que pueden tener en su relación con el entorno. Para esto, se utilizo un enfoque de estudio de caso seleccionando un caso representativo con una empresa dentro del sector. Se definieron proposiciones y protocolos. Varias fuentes de evidencia fueron utilizadas como documentos, reportes de desempeño financiero y otra información de diferentes sectores relacionados; los mismos fueron analizados en el marco de la evidencia lógica. Se concluye que la empresa en el sector de servicios sociales y salud no utilizan conceptos ni estrategias comunitarias y que se podrían beneficiar del uso apropiado de estrategias comunitarias en su relación con la comunidad.

El estado colombiano frente a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario: transformaciones, crisis y reacción de las instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales durante el periodo presidencial del Dr. Álvaro Uribe Vélez (2002-2005)

El conflicto armado1 colombiano, se ha caracterizado por su duración y por ser uno de los pocos conflictos que se ha manejado internamente por más de cuarenta años. Desafortunadamente, el fortalecimiento desmedido de los grupos terroristas en los últimos años financiados, por dineros provenientes del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, entre otros y las constantes violaciones a los DDHH e infracciones al DIH que se manifiestan en ataques indiscriminados a poblaciones; infraestructura vial, energética y eléctrica; amenazas de muerte, toma de secuestrados, desplazamientos forzados y desapariciones; entre otros métodos de terrorismo indiscriminado, han hecho que la Fuerza Pública colombiana2, en pro de la seguridad y el bienestar de sus habitantes, deba reaccionar a las agresiones del terrorismo, tal como hace mención el capítulo primero.

Análisis de la atención a la población desplazada por la violencia desde el punto de vista presupuestal

Este análisis permitirá verificar si el estado colombiano, a nivel central, ha dado cumplimiento a las obligaciones que le impone el PIDESC en materia de satisfacción de la faceta prestacional de los derechos de los desplazados, así como aportar elementos de juicios para el control fiscal

"Transmilenio: Espacio celebrado ""Intervenciones pedagógicas y culturales para la apropiación del espacio público."" Concurso de ideas"

Se busca el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, a partir de la apropiación y construcción de identidades en el espacio público. Igualmente, se favorece la participación ciudadana dentro de los procesos de desarrollo urbano

La instrumentalización del derecho fundamental a la salud a través de la prestación del servicio público

La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.

Análisis del discurso de la UE en materia de derechos humanos y democracia en relación con las aspiraciones de Turquía a ser miembro pleno de la organización (2000-2012)

El propósito de esta monografía consiste en analizar el discurso de la Unión Europea en materia de Derechos Humanos y Democracia y su importancia en el proceso de ampliación de la Organización. Se estudia y explica el criterio de condicionalidad del discurso como una medida preventiva y/o sancionatoria para la entrada de Turquía a la UE, estableciendo que dicho discurso es un factor determinante en las negociaciones entre la UE y Turquía. Para ésto, se analiza el discurso europeo a partir del análisis del discurso ideológico, de Teun Van Dijk, y el discurso de la condicionalidad, de Maria del Carmen Muñoz Rodríguez, lo cual permite hacer un estudio detallado de la incidencia del discurso de la UE en el proceso de negociación de la adhesión de Turquía a la Unión.

Factores políticos y culturales que inciden en la creación de nuevos departamentos en Colombia. un diagnóstico de las posibilidades de creación del departamento de Magdalena medio, periodo 1991-2012

Esta investigación diagnostica constituye un análisis acerca de la posibilidad de creación del departamento del magdalena medio y la incidencia de los factores políticos y culturales en la planeación de nuevas entidades territoriales. En este sentido, se exploran las diferentes reformas al ordenamiento territorial colombiano desde la constitución de 1886, y las intersecciones de la constituyente de 1991 en la ordenación del territorio colombiano a través de la (LOOT). Para ello, se reflexiona a través de la articulación conceptual de las dificultades del ordenamiento territorial colombiano a causa de una deficiente distribución del territorio.

Incidencia de los actores sociales y políticos en la implementación de la Política Nacional de Competitividad en la región Orinoquia 2008-2013

Esta investigación analiza y diagnostica la manera en que los actores sociales y políticos han incidido en la implementación de la Política Nacional de Competitividad en la Región Orinoquia durante el período 2008-2013. Se explica cómo, desde su comportamiento en espacios de participación ciudadana y enmarcados en un entorno violento, estos actores han condicionado la eficacia de dicha política; situación que se ha representado en un bajo desempeño competitivo. Para ello, desde una perspectiva sistémica de la competitividad y mediante un trabajo de campo realizado en la región, se analizan variables como la gobernanza, la participación ciudadana, el capital social y la integración regional, con el fin de identificar problemáticas y formular finalmente una serie de recomendaciones para la construcción de entornos competitivos en la región Orinoquia.

Análisis del desarrollo y evolución del objetivo e implementación de las operaciones estrátegicas planteadas en los planes de ordenamiento territorial de Bogotá desde el 2000 al 2013: caso de estudio operación estratégica centro

La planificación urbana en la consolidación de las ciudades ha venido adquiriendo una gran importancia para el desarrollo urbano, a través de instrumentos de gestión urbana. Dentro de esta investigación se analiza las operaciones estratégicas como un instrumento de gestión que ha tenido cambios en su objetivo, alcance e implementación para poder transformar y mejorar a través de intervenciones urbanas los temas físicos, económicos, sociales y culturales dentro de los territorios. A partir de lo anterior, se identificaron cinco elementos que han limitado la implementación de las operaciones estratégicas que son, una visión a largo plazo, la falta de una gerencia especifica, voluntad política, continuidad y la coordinación y comunicación interinstitucional.

El discurso de los DDHH como herramienta para justificar el embargo económico de EEUU a Cuba, 1993 – 2001

El tema central de esta monografía, es el ejercicio de construcción discursiva en torno a los Derechos Humanos (DDHH) que tiene lugar en el periodo de 1993 – 2001 con ocasión de la aprobación de la Ley Helms-Burton en los EEUU. Se trata de considerar los elementos en virtud de los cuales los DDHH pueden instrumentalizarse y politizarse con fines de reivindicación que no necesariamente coinciden con la esencia misma que los caracteriza. Ello, empleando como base teórica la proposición metodológica del Análisis Crítico del Discurso y la hegemonía, como concepto de imposición moral, intelectual y politica, de conformidad con la postulación teórica desarrollada por Antonio Gramsci.

Acceso de los hogares a los principales servicios públicos y sociales y percepciones de calidad sobre estos servicios

Se presenta los principales resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2003 sobre los servicios públicos domiciliarios y los servicios sociales en Colombia, el análisis se hace comparativo con el año 1993 y 1997 tanto a nivel geográfico como a nivel socioeconómico. Se encuentra que a pesar del decremento en el ingreso que sufrieron los hogares, la calidad de vida de estos no ha decrecido. El acceso a los servicios domiciliarios ha mejorado con algunas brechas entre regiones. En educación han disminuido las tasas de analfabetismo junto con incrementos en la cobertura de la educación primaria y secundaria, sobre todo en lo ingresos bajo y medios. La matrícula superior continúa su baja y la oficial presenta una mayor participación. En materia de salud, el régimen subsidiado se convierte en un importante mecanismo anticíclico.

La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

Itinerario de la jurisprudencia colombiana de control constitucional como mecanismo de protección de Derechos Humanos

Este texto describe las conclusiones del estudio de la jurisprudencia colombiana de control constitucional sobre derechos humanos del período 1886-2005. Fue realizada por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos con el apoyo de investigadores externos. El estudio evidencia las diferencias cualitativas y cuantitativas de la producción de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y esboza las líneas jurisprudenciales más importantes de cada corporación. Está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y litigantes interesados en derecho constitucional y derechos humanos. La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional.

Diferencias sociales y regionales en el ingreso laboral de las principales ciudades colombianas, 2001-2004.

En este artículo se estudian las diferencias en el ingreso laboral desde una perspectiva regional. El análisis responde a tres preguntas ¿Existen diferencias en el ingreso laboral de las principales ciudades colombianas?, ¿Que porcentaje de la desigualdad social en el ingreso laboral se puede atribuir a las diferencias regionales? y ¿Cuál es el costo social de tener un mercado laboral segmentado? A la primera pregunta el articulo responde que si existen, aunque menores a las observadas cuando se controla por educación, características laborales y costo de vida. En cuanto a la segunda pregunta, una descomposición de la desigualdad en el ingreso laboral sugiere que el efecto regional es nulo. Con respecto a la última pregunta se muestra que el costo social se traduce en bajas tasas de retorno al capital humano y menor tasa de ocupación.