210 resultados para Bienes simbólicos


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Teniendo en cuenta la importancia de la infraestructura de transporte en el desarrollo económico, ya que de esta depende el intercambio de bienes y servicios dentro y fuera del país, y dado el entorno de globalización de mercados, se hace relevante hacer un diagnóstico de la evolución de la inversión en infraestructura de transportes en Colombia durante los últimos años. El análisis de la actividad de transporte dentro del Producto Interno Bruto Nacional a lo largo del periodo 2002 - 2010, muestra un aporte importante al mismo, confirmando así la relevancia que tiene el sector de transporte en la economía del país. El modo de transporte que cobra más importancia es el transporte por carreteras pues es el medio más utilizado en Colombia, tanto para mercancías como para pasajeros, por lo cual se enfatiza en la inversión y evolución de la infraestructura vial. En este contexto se presenta un estudio de la legislación del sector, los principales proyectos ejecutados durante la última década, los objetivos propuestos por cada uno de estos y el estado actual de los mismos.

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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El comercio internacional y los flujos de inversión se han incrementado en las últimas décadas más rápidamente que el producto interno bruto mundial. Este rápido crecimiento de las transacciones internacionales se conoce comúnmente como globalización. Este fenómeno puede ser visto como un dinamizador del crecimiento y desarrollo, en la medida en que los países tiendan a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tienen ventaja comparativa. Otros, por el contrario, argumentan que la globalización no ha contribuido al crecimiento mundial de manera homogénea, beneficiando solo a un número pequeño de países y dando lugar a la concentración de los flujos de comercio e inversión y a grandes inequidades. La evidencia muestra, sin embargo, que los efectos de la globalización en los países en desarrollo dependen de diversos factores, especialmente de las características de los países y de las regiones. Las ganancias en bienestar se deben más a las medidas de liberalización implementadas por los países, que a las concesiones de comercio otorgadas por los socios comerciales. Así mismo, la marginalización de algunos países de los mercados mundiales no es inherente al proceso de globalización. Esta se puede explicar más que todo por el tipo de políticas domesticas implementadas por estos países. Algunos países en desarrollo han sido bastante exitosos en la implementación de una estrategia de desarrollo basada en la IED. En estos casos, las inversiones se han asociado con la rápida industrialización y una concomitante expansión de las exportaciones con alto valor tecnológico.

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Estados Unidos junto a Japón y algunos Estados europeos han incentivado e impulsado al resto de los Estados a que abran sus fronteras y se inserten en el modelo de liberalización comercial. Estos países, en particular Estados Unidos promueven este modelo por medio de las relaciones comerciales que establece con otros Estados. Al establecer esta clase de relaciones, especialmente con Estados menos desarrollados, el país norteamericano busca mejorar su posición y obtener beneficios en detrimento de la otra parte por medio de la imposición de condiciones para maximizar sus beneficios y ganancias. La necesidad del gobierno estadounidense de mantener e incrementar su credibilidad ante sus ciudadanos y al mismo tiempo incentivar a los demás países para que abran sus fronteras se expresa en una incongruencia entre el discurso defensor del libre comercio y las estrategias proteccionistas como las barreras no arancelarias que pone en marcha y cuyo propósito es no perder espacio en el sistema internacional ni ver menoscabada su influencia sobre los demás Estados. Sin embargo, el establecimiento de medidas proteccionistas afecta las posiciones comerciales de países como Colombia en tanto que estas medidas ponen en desventaja a sus productos.

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Los Estados modernos requieren establecer reglas de juegos claras y transparentes, que permitan que la adquisición de bienes y servicios cumplan su función social, enmarcada en criterios de racionalidad económica y de equidad. Dichas reglas implican una concientización ética en torno a lo público, que exige eliminar la idea de que el estado es un terreno apropiado para la captura de exageradas rentas y utilidades privadas. Es por ello que se requiere con urgencia establecer en nuestras leyes herramientas cuyo propósito sea impedir que los recursos del estado se pierdan en los sobreprecios. En consecuencia, es necesario enfrentar el tema del sobreprecio no solo desde el punto de vista de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y contratistas involucrados en la ocurrencia de este fenómeno, sino también, desde la validez y eficacia del contrato celebrado y/o adjudicado y/o ejecutado con sobreprecios y además, buscando dentro de nuestra legislación mecanismos que ayuden a resarcir los perjuicios ocasionados por ésta situación

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El presente trabajo brinda un estudio de la cadena de abastecimiento y de producción del sector cárnico colombiano específicamente de una micropyme ubicada en la Central de Carnes Guadalupe del Frigorífico Guadalupe. Estudiando y evaluando los diferentes procesos que intervienen en dicha empresa con base en los estándares y regulaciones tanto a nivel nacional como internacional. El estudio usa una metodología donde se da a conocer la situación del mercado ganadero en diferentes momentos del tiempo, así como una proyección a futuro a propósito de las nuevas condiciones de mercado que implican la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se lleva a cabo una revisión teórica y conceptual donde se identifican las mejores prácticas dentro de la cadena cárnica observando experiencias de éxito en Colombia y otros países que han tecnificado el funcionamiento de la misma. Que servirá de base para la evaluación de la cadena específica de HB CARNES PC S.A.S, la micropyme a estudiar. Por último se lleva a cabo un ejercicio de simulación de exportación del producto cárnico desde Colombia a Rusia, a través de la matriz de Distribución Física Internacional, como una estrategia alterna a lo propuesto por el TLC firmado.

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El presente trabajo brinda un estudio de la cadena de abastecimiento y de producción del sector cárnico colombiano específicamente de una micropyme ubicada en la Central de Carnes Guadalupe del Frigorífico Guadalupe. Estudiando y evaluando los diferentes procesos que intervienen en dicha empresa con base en los estándares y regulaciones tanto a nivel nacional como internacional. El estudio usa una metodología donde se da a conocer la situación del mercado ganadero en diferentes momentos del tiempo, así como una proyección a futuro a propósito de las nuevas condiciones de mercado que implican la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se lleva a cabo una revisión teórica y conceptual donde se identifican las mejores prácticas dentro de la cadena cárnica observando experiencias de éxito en Colombia y otros países que han tecnificado el funcionamiento de la misma. Que servirá de base para la evaluación de la cadena específica de HB CARNES PC S.A.S, la micropyme a estudiar. Por último se lleva a cabo un ejercicio de simulación de exportación del producto cárnico desde Colombia a Rusia, a través de la matriz de Distribución Física Internacional, como una estrategia alterna a lo propuesto por el TLC firmado.

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El comercio exterior se ha convertido en una fuente dinámica de crecimiento de las economías, permitiendo identificar información y conocimiento sobre las capacidades productivas de los países en los mercados externos, clasificándolas como instrumentos esenciales para aprovechar las oportunidades que surgen con los tratados comerciales entre naciones. En la práctica, los tratados de libre comercio permiten ampliar el acceso de los bienes y servicios y contar con entornos normativos estables que facilitan el incremento de la inversión y el comercio. Este trabajo de investigación surge por el interés de tener un conocimiento profundo acerca del comercio internacional entre Colombia y Canadá, con el fin de entenderlo e identificar oportunidades y amenazas para los productos colombianos. La investigación se compone por un análisis cuantitativo de la dinámica comercial colombo-canadiense y un análisis cualitativo de los alcances del acuerdo de libre comercio entre los dos países.

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La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

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El trabajo realizado sobre la condición femenina de la mujer víctima en la masacre de El Salado, es un análisis de la bibliografía existente que narran los hechos y acontecimientos ocurridos en los Montes de María en febrero del año 2000. Partiendo de los testimonios de los sobrevivientes, archivos y videos históricos de dicha masacre, se analizará la información existente primordialmente a partir de concepciones propias del psicoanálisis, principalmente desde los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan, especialmente en relación a la condición femenina y al trauma psíquico. Se utilizan categorías de análisis, las cuales pueden ofrecer respuestas sobre los aspectos simbólicos que surgieron en los momentos previos, durante y algunos días después de la masacre, haciendo énfasis en los acontecimientos en que fueron víctimas las mujeres, con el fin de analizar el papel que cumple la mujer en este tipo de masacres o eventos violentos. En los testimonios se encuentra una diferencia significativa en los actos violentos entre los hombres y las mujeres de la masacre de El Salado, donde las mujeres fueron abusadas sexualmente y además juzgadas por tener relaciones de pareja con sujetos pertenecientes a grupos guerrilleros, lo que sugiere que la condición femenina desempeña un papel diferente en la guerra, en este caso en la masacre de El Salado del año 2000.

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Dadas las relaciones de cooperación internacional que presentan las Repúblicas de Colombia y Costa Rica, que se evidencia en los fuertes vínculos comerciales existentes entre las dos naciones, Proexport por medio de su oficina comercial en Costa Rica, ha mantenido al tanto la situación en la que se desenvuelve la alianza comercial entre Colombia y Costa Rica. Él último de estos informes, demuestra la potencialidad de Costa Rica como un mercado para los bienes colombianos y una posibilidad para los exportadores nacionales que buscan mercados para sus productos o servicios. Este proyecto de investigación surge, con el objetivo de analizar las relaciones bilaterales y contribuir al desarrollo de la economía emergente que presenta el país. Para ello, en primera instancia se realiza un proceso de contextualización desde aspectos demográficos hasta históricos. En seguida y a manera descriptiva, se expone los diversos bienes y servicios que se intercambian entre las dos naciones con el fin de identificar oportunidades que se podrían ofrecer y afectar una vez se firme el tratado. Finalmente, se evalúa y analiza cada uno de los sectores emergentes de Colombia con el objeto de motivar la inversión en el país para generar de tal manera, un incremento en la producción, logrando abrir las puertas de la economía colombiana a un socio estratégico como lo es Costa Rica y contribuir poco a poco al desarrollo del comercio sustentable entre las dos naciones.

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A lo largo de la historia los mercados poco a poco se fueron abasteciendo de productos que buscaban brindar beneficios extras a sus compradores, tales que pudieran verse reflejados ya sea en facilitar las tareas habituales de los seres humanos, o simplemente brindar satisfacción por su consumo o percepción; A partir del nuevo milenio y dadas las cualidades dinámicas del mercado, las tendencias de compra del mercado de los bienes para el consumo humano han venido teniendo una desviación un poco más naturista; esta consiste en la búsqueda de alimentos producidos bajo altos estándares de calidad, pero diferentes a los productos convencionales. Actualmente se han venido desarrollando nuevas prácticas agrícolas, para evitar contaminar la tierra y lograr obtener alimentos más sanos, todos estos se llaman productos orgánicos, y su principal cualidad es que son más saludables y de valor agregado, ya que no se cultivan con ningún tipo de producto de síntesis química, lo que permite una mayor fertilidad de los suelos e incremento de la biodiversidad. Por estas razones y agregando la globalización de los mercados mundiales, es que queremos desarrollar un plan de exportación de Café Orgánico mediante la comercializadora POINT LTDA, aprovechando además brindarle a la empresa las herramientas necesarias para una futura internacionalización, teniendo en cuenta las grandes oportunidades que hay en estos momentos de expandir y tener negocios rentables en todo el mundo.

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“El cooperativismo es una noción estrechamente ligada a la vida humana, que surge como respuesta a la insuficiencia del hombre para solucionar aisladamente sus necesidades y que encuentra en la unión de esfuerzos el camino para superar los escollos que plantea la vida en comunidad”.1 En esta búsqueda de satisfacer las necesidades de los seres humanos se han conformado las cooperativas de trabajo asociado (CTA) del sector Salud, las cuales han buscado la unión de un grupo de personas para proveerse asociativamente de mecanismos que generen bienestar y servicios. El modelo cooperativo está fundamentado en los siguientes valores: ayuda mutua, colaboración, solidaridad, responsabilidad y unión de esfuerzos, los cuales buscan satisfacer las necesidades de sus asociados, sus familias y la comunidad en general. Es un modelo de empresa, ya que permite una unidad de explotación económica, debido a que realiza cualquier tipo de actividad, como lo son las agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios. En Colombia, el artículo 4 de la Ley 79 de 1988 define a la cooperativa como “[…] la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”.2 Esto quiere decir que los excedentes obtenidos en el desarrollo de su objeto social se reinvierten y fortalecen su misma organización, es decir, su propio patrimonio. Esta norma se complementa y actualiza con la Ley 1233 de 2008 (Artículo 12. Objeto social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado), la cual define a las cooperativas de trabajado asociado como aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios; además, aclara que el objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno; por esta razón, los asociados aúnan sus esfuerzos mediante aportes y su fuerza de trabajo en la producción de bienes y/o la prestación de servicios a terceros. El parágrafo de este artículo señala que se requiere que las cooperativas se especialicen en un sector específico, como salud, transporte, vigilancia y seguridad privada, o educación. En el proceso de contratación con las CTA puede afirmarse que existen dos empresas totalmente independientes: una que contrata los servicios y otra que ofrece una fuerza laboral. Esta se constituye en una atractiva herramienta de mano de obra para algunos empleadores, que han utilizado esta figura para contratar servicios con ex-empleados cuando se reducen las plantas de personal, disminuyendo de esta manera las cargas prestacionales. En el caso específico del sector Salud, algunas han surgido como apoyo a las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS) o instituciones prestadoras de servicios (IPS); este es el caso de Talentum, que es apoyada directamente por Salud Total (EPS) y por Centro Policlínico del Olaya (IPS) y Virrey Solís (IPS). Basados en lo anterior, puede identificarse que el sector ha presentado transformaciones en los últimos años, que ponen a prueba la capacidad de sus dirigentes para generar ventajas competitivas. Con la finalidad de suministrar elementos que permitan comprender mejor lo ocurrido en el sector, en este trabajo se aplicarán las cuatro herramientas propuestas por Restrepo y Rivera (2008) en su libro Análisis Estructural de Sectores Estratégicos.

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El proceso de especialización dentro de una actividad económica es un rasgo esencial para la producción y comercialización de bienes y servicios que ayuden a suplir una necesidad en general. Es por esto, que la unidad de empresa es considerada como principal pilar para el desarrollo de cualquier sociedad a nivel mundial, pues genera empleo y riqueza, coordina los factores de producción, crea nuevas herramientas para vivir e impulsa la evolución de toda una comunidad. De esta forma, es fundamental que el Estado, a través de sus entidades, se preocupe no solo en proteger, mantener, y recuperar a la empresa sino también ayudarla en lograr una liquidación ordenada.

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Es momento de tomar consciencia de los sectores que más impactan en la economía y sociedad de un país. El sector inmobiliario Colombiano tiene la importancia suficiente para que sea manejado con manos firmes que permitan su continuo crecimiento de la manera como lo ha demostrado en los últimos años. La inversión nacional y extranjera ha revolucionado la comercialización de inmuebles, creando la necesidad de servicios inmobiliarios de alta calidad. Con base en lo anterior, este sector debe ser guiado por personas idóneas, capaces de ofrecer asesorías concretas que garanticen el buen desarrollo del negocio inmobiliario, seguir en la informalidad no puede seguir siendo una opción.