156 resultados para Responsabilidad del estado - Colombia


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Las Organizaciones No Gubernamentales a pesar de desarrollar una labor en pro del desplazado desde hace tiempo carece de análisis e investigación funcional. Funciones existentes entre las ONG’s y las responsabilidades competentes al Estado colombiano

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El objeto de estudio de este trabajo de grado es determinar en qué casos la realización de actuaciones de policía judicial, realizadas directamente o previamente ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, en adelante FGN, sometidas a control posterior por parte del juez de control de garantías, pueden comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, con posterioridad a la implementación del sistema acusatorio.

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El artículo analiza la relación que ha existido en Colombia a partir de la década de los años 90 s- entre el impuesto de renta y la generación de empleo. En el estudio se identificaron los principales obstáculos que enfrenta la política tributaria colombiana; entre ellos los altos costos laborales salariales y no salariales (impuestos a la nómina), la acción de los grupos de presión, el desempleo, excesos en la formulación de exenciones y descuentos tributarios injustificados al igual que la necesidad de formular políticas tributarias y laborales viables a mediano y largo plazo. Como puede verse a lo largo de la investigación, estos elementos han impedido la consecución de una política tributaria óptima que contemple los principios de equidad, progresividad, eficiencia y flexibilidad.

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La idea de la reestructuración de los partidos políticos existentes, como condición para la instauración de un Régimen Parlamentario en Colombia, se debe mirar desde el punto de vista teórico y práctico, para de esta manera poder entender la urgencia de la recuperación y buen desempeño de las instituciones frente a las necesidades que tiene la población, ya que su deslegitimación ha sido notable desde ya hace varios años, lo cual impide que el país tenga un desarrollo más equitativo y justo desde el campo político, económico y social. Por ello, es indispensable que por un lado se analice esta situación expuesta anteriormente y por otro lado, se debe hacer énfasis incansablemente en trabajar por el cambio de mentalidad de todos los actores políticos del Estado, pues a través de reformas institucionales y políticas como las planteadas en la investigación, es que se puede influir en el desarrollo de una mejor cultura política. Así, desde los dos frentes, se pueden establecer objetivos y conseguir metas interesantes en la búsqueda de la reestructuración de los Partidos Políticos como condición para la instauración de un Régimen Parlamentario en Colombia y en una sana política para la sociedad.

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Esta investigación describe la manera cómo interviene el Estado Colombiano en la promoción, protección y fortalecimiento de las formas solidarias, partiendo del respeto a los principios de autonomía, autodeterminación y autogobierno en que éstas se fundan.

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Esta investigación tiene el propósito de analizar los aspectos jurídicos de los desastres naturales y del reasentamiento poblacional. Se presentan las distintas tipologías del reasentamiento poblacional desde la óptica estatal para señalar su importancia en las actividades de las autoridades administrativas. En el trabajo se muestra la vulnerabilidad del Estado Colombiano frente a la ocurrencia de desastres naturales, por la falta de planeación efectiva y la poca importancia de la reducción del riesgo en la agenda pública. Desarrolla igualmente, el fundamento de la responsabilidad de la administración frente a desastres de la naturaleza y su papel ante la protección de los derechos humanos. Además, desarrolla el reasentamiento poblacional como mecanismo de atención y prevención de desastres naturales, y la normatividad nacional y de la región andina en la cual está contenido. Establece estrategias de acción estatal para la atención práctica de los desastres naturales, el planteamiento del reasentamiento poblacional como política pública y herramientas de protección de la población vulnerable. Por último, plantea la importancia de la reducción de los riesgos de la población ante desastres de la naturaleza y la necesidad de protección del Estado de las poblaciones vulnerables para mejorar sus condiciones de vida.

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En primer lugar se analiza la responsabilidad estatal en general en el derecho comparado, indicando las clases de responsabilidades estatales. Luego hablamos de la responsabilidad extracontractual, sus orígenes y evolución para señalar la responsa

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En esta investigación se pretende analizar la forma en que los familiares de víctimas de Trujillo y sus acompañantes han iniciado y desarrollado los procesos de reconstrucción de los hechos, de reparación simbólica y de duelo en un escenario donde el conflicto aún no ha cesado. Tras la masacre ocurrida entre 1986 y 1994 en Trujillo, Riofrío, Bolívar (Valle del Cauca) y el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en 1995, los familiares de las víctimas decidieron unir fuerzas y trabajar conjuntamente en la construcción de una memoria histórica de los hechos violentos, pese a las amenazas y al hostigamiento que después de 20 años siguen latentes en Trujillo. Ahora bien, no sólo se quiere hablar de los procesos de memoria y duelo entre los trujillenses; también se quieren mostrar una perspectiva analítica que permite mostrarlos más allá del relato o los rituales; es decir desde el cuerpo como evidencia material de los hechos violentos y como construcción simbólica, desde los objetos como albergue de recuerdos e identidades particulares y desde el arte como medio de liberar el dolor, acercarse a la violencia y evadir por un instante la cruenta realidad que vela la vida de los trujillenses.

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La Constitución Política de 1991 introdujo el concepto de participación como dato fundamental de su estructura. Un estudio ligero permite evidenciar una cantidad de artículos que regulan la materia participativa sin embargo, dichos preceptos se encuentran sin una relación de convexidad precisa. En cuanto al tema de la participación del administrado en la administración pública, como género de la especie que engloba las normas precisas sobre el ejercicio de funciones administrativas por particulares, el problema es de mayor complejidad; ello debido a que el problema participativo supone el estudio de teorías sociológicas que explican el fenómeno desde perspectivas que superan el ámbito normativo de los preceptos que consagran dicho fenómeno. El presente artículo tiene como propósito estudiar desde un punto de vista teórico el problema de la participación como fundamento del ejercicio de funciones administrativas por particulares con el objeto de explicar su fundamento último. Para este efecto, el artículo propone un panorama general de los fundamentos tradicionales del derecho administrativo y su eficacia actual, dentro del marco de una sociedad compleja en permanente conexión con el Estado Social de Derecho. A su vez expone teorías explicativas de la relación mencionada y sus efectos en la producción de normas jurídicas. Por último, expone un estudio de caso para la aplicación de los fundamentos teóricos expuestos en este artículo.

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El Sistema de Desarrollo Administrativo y sus alcances en la actual Ley de Administración Pública. Antes de la Ley 489 de 1998 las entidades de la Administración Pública no trabajaban en forma coordinada y la colaboración interinstitucional era deficiente, lo cual se ha corregido con la entrada en vigencia de la citada norma. Con la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo creado por la Ley 489 de 1998, las entidades de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial, deben aplicar un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de sus recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, tendientes a fortalecer su capacidad administrativa y su desempeño institucional. Las Políticas de Desarrollo Administrativo fueron plasmadas en el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 y reagrupadas por el Decreto 3622 de 2005, en cinco ítems para su mejor comprensión y aplicación: 1) Política de Desarrollo del Talento Humano Estatal. 2) Política de Gestión de la Calidad 3) Política de Democratización de la Administración Pública. 4) Política de Moralización y Transparencia de la Administración Pública y 5) Política de Rediseños Organizacionales. Las anteriores políticas junto con el Plan Nacional de Formación y Capacitación constituyen los Fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 16 de la Ley 489 de 1998, las cuales se aplican actualmente en los 19 Sectores Administrativos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. En el Orden Territorial la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo ha sido parcial y los resultados aún no están consolidados. Nuestra investigación pretende que con el conocimiento claro del tema, a través de una adecuada planificación de los recursos de las entidades públicas, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional de las entidades públicas, se administre mejor el Estado.

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Se analiza la relación entre la reconstrucción de memoria, la identidad y la movilización política o social, en Trujillo, Valle, observando las iniciativas promovidas por el Estado y la comunidad y cómo éstas posibilitan la consolidación de identidades que podrían materializarse en movilizaciones de tipo colectivo.

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Este trabajo busca realizar una aproximación general a los conceptos de salud, prestación pública del servicio de salud y de derechos fundamentales. Es especialmente necesario estudiar a profundidad lo expuesto legal, jurisprudencial y doctrinalmente sobre el Derecho a la Salud; sus principios, elementos y alcance, los cuales son en sí mismo el fundamento de la prestación de los servicios de salud. A su vez, se revisará lo relativo a la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta que esta responsabilidad es uno de los fines esenciales del Estado consignado en los artículos 2 y 49 de la Constitución Política de Colombia. Así mismo, en virtud del artículo 90 de la Carta Fundamental, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables cau-sados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En tal sentido es importante conocer los escenarios en los cuales las acciones u omisiones de funcionarios y entidades estatales pueden derivar en el incumplimiento de esta obligación. En consecuencia, se analizarán los elementos de la responsabilidad Estatal que se pueden tipificar como causas de incumplimiento en la prestación de los servicios de salud, tales como la falla en el servicio, la falla presunta en el servicio y el daño antijurídico. Es importante recalcar que la responsabilidad del Estado debe ir mucho más allá de la simple doctrina; es necesario que se garantice la aplicación de los recursos y medios para asegurar el cumplimiento, ya que se trata de la preservación de derechos fundamentales y más aún de aquellos relacionados con la preservación de la vida y dignidad de las personas. En tal sentido, se indagarán los compromisos del Estado tales como el deber de regulación y los deberes de inspección, vigilancia y control de los prestadores de servicios de salud. Una vez revisado lo anterior, se discutirán las problemáticas actuales que tienen lugar en la prestación de los servicios de salud y por ende en la garantía del derecho a la salud, con el fin de identificar las situaciones de vulneración de derechos fundamentales del paciente.

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Estudio sobre el llamamiento en garantía con fines de repetición, como mecanismo jurídico para exigir la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, enfocado en las causas de su ineficacia y sus posibles correctivos.

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Al igual que ocurre en los regímenes de responsabilidad Estatal internacional y Regional -SIDH-, donde se hace una distinción entre los hechos ilícitos internacionales y las violaciones a normas Ius cogens, se plantea la posibilidad de aplicar en el régimen interno de responsabilidad estatal la denominada “responsabilidad internacional agravada”, en aquellos casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, dada la necesidad de establecer la aludida distinción frente a la imputación del daño al Estado en ese tipo de casos.

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Miguel Ospina decidió emigrar en 1996 de Colombia por la quiebra de su negocio. Frente a esta realidad y a la imposibilidad de encontrar un empleo donde su sueldo fuera superior al mínimo establecido por la ley, y ante la responsabilidad de tener dos hijos y una esposa que mantener, tomó la decisión de radicarse definitivamente en Israel. Al cabo de unos meses consiguió un trabajo en un pequeño supermercado francés en Tel Aviv, y aunque parecía que su situación económica se estabilizaba, su condición de ilegal lo llenaba de incertidumbre y miedo al pensar en una posible deportación. Hoy, más de diez años después, sigue trabajando duro para enviar dinero a sus hijos y esposa en Colombia y no incumplir su promesa y su responsabilidad de velar por ellos. En este lapso de tiempo no ha podido ver a su familia sino una sola vez. Admite, sin embargo, que no volverá al país, pues dice que el bienestar de su familia es lo primero, y además, tampoco cree estar listo para volver a enfrentar una situación parecida a la que vivió antes de partir.