412 resultados para Violencia -- Colombia


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La investigación se centra en analizar la intervención progresiva de los actores externos en los procesos de paz en Colombia. La metodología a desarrollar pasa principalmente por dos momentos, en un primero momento se centra en realizar un acercamiento teórico que incluye varios capítulos del texto y en un segundo momento se requerirá de un ejercicio comparativo entre los procesos de negociación llevados a cabo entre el ELN y el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), así como entre y las FARC-EP en similares periodos de tiempo. Es ahí donde se enmarca la creación y actuación del denominado Grupo de Países Amigos y   2Facilitadores para el proceso Gobierno – ELN, en el año 2000 y de la Comisión de Países Facilitadores para el Proceso de Paz entre el Gobierno y la FARC-EP (abril de 2001). De esta manera el lector encontrará en el documento 4 capítulos. En el primer capítulo se realizará un abordaje teórico donde se hará énfasis en el concepto de las nuevas guerras y la intervención de países en conflictos internos, bajo el lente de las Relaciones Internacionales. Una vez dilucidados tales aspectos, en el capítulo dos se revisarán los principales antecedentes de la participación de países externos dentro de los procesos de paz en Colombia en el período comprendido entre 1982-1998, de la misma manera, en el capítulo tres encontrarán una breve descripción de los procesos de paz entre el gobierno colombiano y los dos grupos guerrilleros. Posteriormente el texto se concentra sobre el periodo del presidente Pastrana (1998-2002) y la creación de las figuras de negociación reseñadas. Finalmente se plantean las conclusiones.

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La presente monografía busca establecer una conexión argumentada entre la expedición de la ley 200 de 1936 y la creación de Autodefensas Campesinas en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Se buscan las razones estructurales por las cuales la sociedad rural se vio abocada a impulsar agrupaciones armadas para defender sus derechos fundamentales, debido a que el Estado demostró ser incapaz de protegerlos mientras que el odio entre clases rurales aumentó conforme se implementaba el capitalismo agrario en el país. Desde la Teoría del Conflicto de Clases Rurales de Jeffery Paige, se explicará la forma en la que se articulan las variables que no permiten una revolución social, pero si propician la aparición de este tipo de grupos campesinos armados e ilegales; que luego se transformarían en “Guerrillas”.

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A partir de un análisis realizado al discurso periodístico del diario El Espectador, en un periodo que abarca del 25 de agosto de 1983 al 2 de septiembre de 1989, del cual se recolectó un corpus textual de noticias, informes especiales, columnas de opinión y editoriales, en este este trabajo de grado se busca demostrar que este diario fue un actor tanto político como social en el conflicto entre las mafias del narcotráfico y el Estado colombiano. Se argumenta que las diferentes acciones realizadas por el periódico, en donde denunciaba y visibilizaba hechos coyunturales del momento, le permitieron convertirse en un grupo de interés que dispuso de toda su variedad y capacidad para influir y alterar el comportamiento de otros actores involucrados en la llamada „guerra contra las drogas‟, durante la década de los años ochenta en Colombia

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a ciencia que estudia los cambios de estado de los sistemas o de los fenómenos es la termodinámica. Este texto hace hincapié en la segunda ley de la termodinámica, que expresa la entropía o el grado de desorden de un sistema. La importancia de esta ley radica en que evidencia la irreversibilidad de los cambios de estado y la naturaleza unidireccional de los procesos termodinámicos, al establecer una línea del tiempo. Este paradigma del conocimiento representa para las ciencias sociales y los estudios políticos un reto en cuanto a la interpretación de fenómenos sociales de alta complejidad, como lo puede ser el desplazamiento forzado y su política pública de atención, pues revela un diálogo entre el paradigma clásico de la ciencia y el paradigma de las ciencias de la complejidad creciente.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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Este libro presenta las tendencias más recientes en políticas de seguridad ciudadana y modernización de la policía en el mundo. El interés por estos temas ha sido escaso entre los académicos en América Latina a pesar de la preocupación creciente de sus ciudadanos por los problemas de inseguridad que los aquejan diariamente. La desproporción entre la enorme producción académica mundial en la materia y el interés puntual de un puñado de investigaciones latinoamericanas resulta, al mismo tiempo, sorprendente y poco halagüeña para poder proponer e implementar en el futuro reformas y cursos de acción efectivos. Por esta razón los autores abren con este libro el abanico de opciones y perspectivas en el estudio de la seguridad ciudadana y la policía, contribuyendo con un análisis comparado internacional. Autoridades nacionales y locales, administradores públicos y asesores gubernamentales; profesionales de la seguridad; miembros de los cuerpos de policía; profesores, investigadores y estudiantes en las diversas ramas de las ciencias sociales, la criminología, la equística y la gestión publica y urbana podrán contar con un panorama amplio de los debates y las transformaciones alrededor de las políticas de seguridad ciudadana y el rol de la policía en su desarrollo e implementación.

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Cuando la violencia es usada de manera prolongada y organizada como medio de expresión y oposición en el contexto complejo de los conflictos de una sociedad, produce micro-efectos sicológicos, sociales y materiales sobre aquel que la infringe y sobre quien es ejercida. Este artículo sugiere que además de estos efectos, la violencia es capaz de producir macro-efectos sobre una sociedad, sobre el estado y, más importante aún, sobre la relación y la capacidad de articulación que existe entre ambos. Estos macro-efectos obligan a ampliar, en el análisis y en la práctica, la noción tradicional de los procesos de reconciliación posconflicto, que se concentran en sanar las heridas producidas por la violencia a nivel micro. Se sugiere que es necesario concebir la reconciliación como un proceso más comprehensivo, capaz de contribuir a la consolidación de nociones positivas y constructivas de paz y de crear espacios seguros para que la no violencia se constituya, por fin, en un medio reiterativo de transformación social.

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La población civil cada vez es más víctima de los conflictos internos armados, no sólo por estar atrapada entre varios fuegos, sino por ser directamente blanco de los ataques. Colombia no es una excepción, por eso la degradación del conflicto armado interno reclama urgentes soluciones políticas, que si bien no eliminan totalmente el conflicto, si pueden atenuar sus efectos, utilizando los instrumentos que le brindan los sistemas internacionales de protección, a los cuales como Estado se ha adherido, especialmente en lo relativo al Derecho Internacional Humanitario. Los cientos de secuestrados, privados de la libertad, los miles de desplazados y en general las víctimas de la confrontación, por lo general inocentes ajenos a las causas políticas que las generan, se imponen como prioridad ética en una sociedad que se proclama democrática y civilizada. Este trabajo procura realizar una aproximación a la acción desplegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el conflicto armado colombiano, mostrando algunos de los desafíos a los que se enfrenta el Comité, y las alternativas que posee para llegar a dar respuesta a los mismos, máxime si se tiene en cuenta que el CICR es una de las pocas organizaciones que presta atención humanitaria de manera coherente en un largo período en los múltiples conflictos armados y en contextos inmediatamente posteriores a las crisis. En este sentido, este trabajo pretende realizar un estudio cualitativo de la dinámica operacional y política del CICR en el conflicto armado colombiano a en los últimos años.

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Este trabajo analiza la representación ofrecida por los principales periódicos colombianos (El Tiempo, El Heraldo, El País y El Espectador) sobre las controvertidas relaciones entre narcotráfico y guerrilla, en un periodo que abarca entre los años 1979 y 2002, tiempo que cubre 12 antecedentes del fenómeno que van desde su nacimiento en la prensa hasta su consolidación con la entrada del Plan Colombia. En el estudio se verificó que el discurso acerca de la ‘narcoguerrilla’ en la prensa es difuso en la medida de que la representación periodística ha variado dependiendo de los actores implicados, las coyunturas políticas del momento, hecho que supone la aparición de contradicciones. El documento argumenta que la prensa legitimó el discurso oficial de la ‘narcoguerrilla’, el cual nació como una estrategia militar y que se mantiene gracias al fortalecimiento de este por una fracción de las Fuerzas Armadas de Colombia, en conjunto con algunos funcionarios del Gobierno Nacional y estadounidense.

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En este artículo se identifican y analizan algunas de las categorías utilizadas por la prensa colombiana para representar a los campesinos, específicamente en los periódicos El Tiempo y Boyacá 7 Días entre los años 1991 y 2008. Me concentro en dos de los temas más sobresalientes en las referencias al campesinado: el conflicto armado y las movilizaciones campesinas. Con base en un análisis de discurso al corpus textual de la muestra, argumento que entre la década de los noventa y los primeros años del 2000, no se ha dado un cambio significativo en los términos que definen y representan al campesinado. Los textos periodísticos oscilan constantemente entre las representaciones de los campesinos como víctimas o como subversivos y victimarios, difundiendo así una construcción discursiva contradictoria y simplista de la heterogénea y compleja población campesina colombiana.

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El desplazamiento forzado en Colombia es una consecuencia del conflicto armado, que afecta el 8% del total de la población, de ésta el 50% son niños y adolescentes. Se han descrito diversas consecuencias de este proceso migratorio, que implican aspectos económicos, sociales y de la salud, especialmente de la salud mental, dado por entidades nosológicas como tal, y respuestas emocionales, que parecen ser más frecuentes. Dichas alteraciones psicológicas, pueden estar alterando el proceso de adaptación (aculturación) de estos sujetos, incrementando el sufrimiento emocional y en los adolescentes además entorpeciendo el proceso de consolidación de la identidad, en el cual es indispensable la identificación con el medio externo y la socialización secundaria, que se realiza en el ámbito escolar. Esta investigación busca determinar los mecanismos psicológicos empleados por los adolescentes en situación de desplazamiento (ASD), dentro del ámbito escolar, para lograr la aculturación. Aspectos metodológicos: participaron 15 ASD y 15 pares receptores, alumnos de IED- Estanislao Zuleta, aplicándose entrevistas a profundidad, transcritas de forma inmediata y analizadas en el programa de análisis cualitativo ATLAS ti, estableciendo categorías y relaciones axiales, que permitieron desarrollar hipótesis y una teoría. Resultados: el proceso migratorio está marcado por alteraciones emocionales, que se incrementan en el lugar de recepción asociado a las consecuencias sociales, económicas y políticas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. La discriminación, que no fue generalizada en este estudio, favorece estas alteraciones, entorpeciendo el proceso de aculturación. Conclusiones: la capacidad de resiliencia, que en gran medida depende del entorno, favorece la adaptación, por lo que no todos los ADS tienen procesos erráticos de aculturación al entorno. En los adolescentes que persisten las alteraciones emocionales, el proceso de aculturación se ve entorpecido, favoreciendo la segregación y marginación.

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A través de la reconstrucción del proyecto “Escuelas que educan y sanan” se plantea una reflexión acerca de cómo las escuelas perciben y afrontan los efectos psicosociales causados por el desplazamiento forzado en niños y jóvenes, y los retos que supone pensar la educación más allá del rol tradicional.

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Este trabajo pretende hacer un análisis inicial sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia a través de los llamados falsos positivos de Soacha, caso que ha tenido una gran repercusión social, política y cultural en el país. El análisis de este caso se aborda desde dos ejes de discusión principales como son la Educación en Derechos Humanos y la participación de actores no estatales en los hechos.A partir de ello se revelan algunas consecuencias políticas para el gobierno colombiano.

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El fenómeno del desplazamiento interno forzado en el mundo representa una problemática de gran envergadura que impacta a aquellas personas que se ven obligadas a migrar dentro del territorio de su país huyendo de las zonas de conflictos y de las persecuciones de los actores armados, debido al contexto de violencia en el que se encuentran y del cual resultan ser las principales víctimas. Así pues, en el caso de Colombia, el desplazamiento forzado interno representa una de las principales consecuencias que ha dejado el contexto de violencia armada sufrido en el país a lo largo de las últimas décadas, lo cual ha llevado a las instancias constitucionales a pronunciarse sobre el accionar del Estado para darle solución a esta problemática. El trabajo se enfoca específicamente en la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional donde se establece que el país atraviesa por un Estado de Cosas Inconstitucional. De manera particular, a lo largo del análisis se realiza una evaluación de la implementación, cumplimiento y alcance de la Sentencia en la Ciudad de Bogotá, durante la Administración de Samuel Moreno Rojas.

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A partir de un análisis comparado, de orden cualitativo, se analiza la existencia de continuidades y rupturas estratégicas entre el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y los Urabeños, con el fin de caracterizar a ambos actores armados. La investigación expone similitudes relevantes entre ambos grupos armados a fin de dilucidar la naturaleza, aun discutida, de las llamadas bandas criminales y su relación con los predecesores bloques paramilitares, además de la incidencia en las actividades económicas, la población civil y el poder político.