110 resultados para Ley 80 de 1993


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Se precisa el régimen de contratación al que el Estado se sujeta al crear o autorizar la creación de un establecimiento de crédito de orden nacional. Para ello, se analizan la normatividad que los regula y algunos de sus manuales de contratación.

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El Principio de Transparencia aplicado a los procesos de selección en la contratación estatal colombiana a través del SECOP es un rito confesional, es decir, debe estar presente tanto y desde la licitación pública como y hasta en la contratación directa, pues ese ‘derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública y la transparencia de la actuación política y administrativa que a través de él se asegura son considerados hoy con toda razón (…) elementos esenciales para la formación de una opinión pública libre y garantías imprescindibles para el buen funcionamiento de las instituciones y para el ejercicio de los derechos fundamentales sobre los que descansa todo sistema democrático’

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El trabajo de grado se estructuró en tres capítulos. El primero constituye un marco teórico sobre el cual se fundamentan los siguientes, pues se realiza un análisis de la cláusula penal en el derecho privado, incluidas las prácticas comerciales internacionales. El segundo capítulo aborda el tema de las multas en la contratación estatal, para lo cual se estudió la normatividad y jurisprudencia pertinente; en esa parte del escrito se incluyó el apartado correspondiente al derecho comparado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formula una propuesta que permite hacer de esta medida coercitiva provisional una herramienta idónea para lograr el correcto y oportuno cumplimiento del contrato.

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El estatuto de contratación administrativa (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) por regla general regula todos los negocios jurídicos que surgen de la actividad de la Administración Pública, pero teniendo en cuenta las actividades que desarrollan algunas entidades del Estado esta regla tiende a presentar excepciones, como es el caso de aquellas Entidades que tienen por objeto la Exploración y Explotación de los Recursos Naturales renovables y no renovables. El principal actor del régimen excepcional de contratación para la exploración y explotación de hidrocarburos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual cuenta con dos reglamentos de contratación especial para la asignación de áreas y de contratación misional, en donde por disposición legal debe dar aplicación a los principios de contratación contemplados en el estatuto General de la Contratación pública (Transparencia, economía, responsabilidad y el deber de selección objetiva), este trabajo de investigación procura realizar una mirada analítica a cada procedimiento para determinar con posterioridad el grado de acatamiento de la orden legal establecida en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 así como sus principales falencias

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En Colombia, mediante la Ley 1508 de 2102, se estableció el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (APP) y con la aprobación de la Ley 1682 de 2013, se regularon los proyectos de infraestructura de transporte. Con la presente tesis se pretende demostrar la figura del Diálogo Competitivo como procedimiento incompleto e insuficiente, apropiado así por nuestro régimen jurídico en la Ley de APP, visto desde la perspectiva de la Unión Europea, especialmente de los modelos español, inglés y francés, porque carece de la mayoría de sus elementos característicos. Posteriormente se realiza una crítica al Diálogo Competitivo colombiano desde la perspectiva de la Unión Europea, ya que se evidencia en la figura interna su precariedad frente a un procedimiento debidamente definido y organizado como el de la Unión Europea. Entre las instituciones jurídicas adoptadas por la Ley de APP, se encuentra el Diálogo Competitivo, que es un procedimiento, verificado en la etapa de estructuración de los contratos APP de iniciativa pública, cuyos antecedentes registran el mayor reconocimiento internacional en la Unión Europea (UE). Ésta introdujo esa figura a su régimen jurídico, a través de la Directiva 2004/18/CE, a su vez derogada por la Directiva 2014/24/UCE. La tesis culmina con una serie de conclusiones y recomendaciones que se estiman útiles para repensar y reestructurar el Diálogo Competitivo en los proyectos de infraestructura vial en Colombia, tarea que le corresponde al Congreso Nacional, pues así lo ha dispuesta la jurisprudencia del Consejo de Estado.

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El tema central de esta monografía, es el ejercicio de construcción discursiva en torno a los Derechos Humanos (DDHH) que tiene lugar en el periodo de 1993 – 2001 con ocasión de la aprobación de la Ley Helms-Burton en los EEUU. Se trata de considerar los elementos en virtud de los cuales los DDHH pueden instrumentalizarse y politizarse con fines de reivindicación que no necesariamente coinciden con la esencia misma que los caracteriza. Ello, empleando como base teórica la proposición metodológica del Análisis Crítico del Discurso y la hegemonía, como concepto de imposición moral, intelectual y politica, de conformidad con la postulación teórica desarrollada por Antonio Gramsci.

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Con sustento en la propuesta de una teoría general de los convenios de la administración, el autor examina esa categoría general, así como sus dos grandes especies: los convenios celebrados entre las mismas entidades públicas (interadministrativos) y los convenios que la administración pública celebra con los particulares (administrativos). Desde ese examen, que identifica los rangos jurídicos de cada una de tales figuras, explora la tipología existente en el derecho positivo en relación con unas y otras. Con base en dicha aproximación, aborda, por ejemplo, el estudio de los convenios y contratos celebrados con organismos de cooperación internacional y con entidades estatales cooperativas, los convenios de organización, el convenio de delegación de funciones, los convenios administrativos de colaboración, los convenios administrativos de interés público y los convenios y contratos regulados por las normas de ciencia y tecnología. El presente trabajo- adelantado con el rigor académico propio de una tesis de maestría en derecho administrativo-, aunque parte necesariamente del derecho de los contratos estatales y sus leyes básicas (80 de 1993 y 1150 de 2007), al considerar que los convenios van más allá de un simple acuerdo de voluntades, desborda ese campo y avanza en el estudio del identificado por el autor como derecho de la organización de la administración pública, que tiene fundamento especial en la Ley 489 de 1998.

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En Colombia, como en muchos países de América Latina, en los años 80 y 90 se hicieron cambios importantes en los regímenes de pensiones. Este trabajo hace un análisis de uno de esos cambios en Colombia. El cambio consistió en aumentar el tiempo de cotización necesario para reclamar los beneficios pensionales y la inclusión del salario dentro de la fórmula del monto de pensiones. Para este propósito se estudia el impacto sobre la oferta laboral de un cambio exógeno en estas condiciones usando un diseño de regresión discontinua. Se encuentra un efecto positivo sobre las horas promedio trabajadas en la semana.

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Este trabajo estudia el efecto del estado de salud sobre la afiliación al Régimen Contributivo y el efecto del seguro público (Régimen Contributivo) y el seguro privado sobre el uso de servicios de salud (Consulta externa).

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Ante lo anterior, este trabajo de investigación está dirigido a plantear los antecedentes en materia de distribución de recursos para la educación a las entidades territoriales, antes y después de expedirse la Ley 715 de 2001, centrado fundamentalmente en la “financiación” de la educación pública en los niveles de preescolar, básica y media. Para ello, compara lo que se venía dando con el Situado Fiscal (SF), los recursos de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN), los recursos del Fondo Educativo de Compensación (FEC), y los propios que invertían los departamentos y municipios, conforme la Ley 60 de 1993 y lo que se presenta actualmente, con la Ley 715 de 2001; y a pesar que resulta prematuro evaluar los avances y limitaciones de ésta última Ley, trata de avizorar algunos de sus elementos positivos y negativos, a la luz de lo que se viene presentando en el Departamento de Boyacá, en cuanto muchos de sus aspectos característicos se presentan en todo el país.

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La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.

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Las reformas del sector salud y la falta de lineamientos sobre el talento humano han generado una disminución de tan importante recurso. Los laboratorios de salud pública -LSP son la fuente primaria de información para la toma de decisiones en Vigilancia en Salud Pública. Este estudio presenta las características del talento humano de los LSP y su directa relación con el desarrollo de sus funciones misionales. Éste es un estudio descriptivo transversal con encuesta auto-diligenciada aplicado a los 33 LSP del país en el año 2014. En los 33 LSP hay 433 profesionales para la vigilancia en salud pública, en el año 2014, con 143 (33%) de planta y 293 (67%) de contrato y 24% (102) hombres y 76% (331) mujeres. El 94% de los LSP cuenta con coordinador de planta, 52% tiene funciones exclusivas. El 51% (17) de los LSP cumplen con el 92% los lineamientos dados. 7 LSP tiene 1 o menos funcionarios de planta. El talento humano es un factor clave para cumplir con la misión de los LSP y Colombia cuenta con 433 profesionales en los 33 LSP. Se cuenta con epidemiólogo (a) en el 82% y líder de calidad en el 76% de los LSP. El 49% (16) de los LSP no cumplen con la Guía para la organización físico – funcional de los LSP. 23 LSP cuentan con cuatro (4) o menos funcionarios de planta, siendo esto una vulnerabilidad para la capacidad de respuesta del país frente a riesgos en salud pública y emergencias sanitarias.

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Este trabajo busca identificar los determinantes de la administración pública, que desencadenaron la cooptación corrupta de la contratación de la calle 26. Usando la teoría sobre corrupción de Klitgaard, se propone que la presencia de un poder de monopolio, una alta discrecionalidad y la poco eficacia del control permitieron que la entidad encargada de la contratación del calle 26 fuera sometida a intereses externos. A través de la metodología de gestión del riesgo se reconstruye el contexto de la entidad para identificar las amenazas y debilidades que explican este sometimiento.

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Las actividades laborales informales presentan situaciones adversas frente a la exposición a riesgos de diferente origen, una de estas actividades que se ha convertido en alternativa de transporte en la ciudad de Bogotá es el bicitaxismo, el cual aporta soluciones a la movilidad de los habitantes. Con el fin de determinar las condiciones de trabajo y las posibles enfermedades que puedan adquirir como consecuencia de su actividad laboral, se realizó un estudio de corte transversal, con una población de 150 bicitaxistas pertenecientes al barrio Toberín de la localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá. Para la recolección de datos se aplicó el Cuestionario Sobre Condiciones De Trabajo Y Salud. Se estimó la proporción de trabajadores con afectación de su estado de salud y se exploraron las posibles asociaciones mediante la prueba Chi cuadrado de Pearson o prueba exacta de Fisher. Se encontró una relación entre la edad y los dolores de espalda (p = 0,007), al igual que entre la edad y los dolores en miembros superiores (p= 0,001), así mismo, se observó una relación entre el estado de las vías (aberturas y huecos) por las que transitan los bicitaxistas, con el dolor de miembros superiores (p= 0,007). El bicitaxismo en una alternativa de trabajo y de transporte para la comunidad, que debido a las condiciones en las que laboran, se están generando dolencias en diferentes segmentos corporales.

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El artículo busca encontrar evidencia empírica de los determinantes de la salud, como una medición de capital salud en un país en desarrollo después de una profunda reforma en el sector salud. Siguiendo el modelo de Grossman (1972) y tomando factores institucionales, además de las variables individuales y socioeconómicas. Se usaron las encuestas de 1997 y 2000 donde se responde subjetivamente sobre el estado de salud y tipo de afiliación al sistema de salud. El proceso de estimación usado es un probit ordenado. Los resultados muestran una importante conexión entre las variables individuales, institucionales y socioeconómicas con el estado de salud. El efecto de tipo de acceso al sistema de salud presiona las inequidades en salud.