Organización administrativa necesaria para lograr el estado social de derecho

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No el abogado, “mejor el doctor”. La imagen social del profesional en Derecho

Las profesiones tienen unas imágenes y hacen parte de las representaciones sociales. Este artículo muestra los resultados de la investigación sobre el valor social de la profesión y del profesional del derecho, aplicada en población general. De los resultados se destaca la desvalorización social de temas cruciales en el ejercicio de la profesión: ética, solidaridad, honestidad y humildad, situación ambivalente pues los profesionales del derecho gozan de un gran prestigio en cuanto al éxito exaltado y el ropaje como abogados, señalados como elementos esenciales en el ejercicio profesional y que constituyen un entramado natural de significados que dan cuenta de la ostentación del poder de la profesión sobre el control de la vida de las personas. Este estudio mostró, además, la importancia de la calidad de la formación universitaria para el ejercicio de la profesión, y el reto de trabajar por una formación más eficaz y consecuente con las situaciones sociales y personales que debe enfrentar el profesional en el complejo y competido mercado laboral.

BITs y la Constitución Colombiana de 1991: Internacionalización de la Economía dentro de un Estado Social de Derecho

Hablar de los veinte años de la Constitución desde la perspectiva de hoy, implica necesariamente detenerse a analizar  la apertura,  internacionalización e inserción de la economía Colombiana con el mundo y sus efectos en la economía nacional y per se en la sociedad. El presente artículo presenta una aproximación al desarrollo  de los Acuerdos de Promoción y Protección de la Inversión extranjera (APPRI) o Bilateral Investment Treaties (BITs) como son mundialmente conocidos, en la constitución de 1991 y la importancia dada por el estado Colombiano a estos tratados como herramientas para el desarrollo económico, tecnológico y científico. En este sentido, el artículo parte del análisis de estos tratados y su desarrollo en el ámbito internacional, para después centrarse en el estudio de los BITs en Colombia a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. Del  análisis se destaca el estudio de la expropiación de inversiones extranjeras en Colombia bajo la Constitución de 1991, la contradicción existente entre los BITs y la solución dada por el legislador frente a la controversia. Finalmente el artículo realiza una crítica  desde un punto de vista teórico sobre la efectividad y necesidad de estos tratados para  la sociedad Colombiana.

La dimensión cuantitativa de la cláusula del estado social de derecho de Colombia

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Control de constitucionalidad en el estado social de derecho

La importancia del control constitucional, ha sido no sólo subestimada en nuestro país, sino que ha recibido reiterados ataques, hasta de otras ramas del poder publico, que sienten lesionadas sus facultades y su autonomía.

Las pensiones, un paso más hacia la decadencia del Estado Social de Derecho colombiano

Llamado urgente a la reflexión sobre la subvaloración, que la sociedad colombiana ha venido haciendo al tópico social y a las consecuencias negativas que surgen, y que podrían llegar a empeorar con la pérdida de capacidad de acción del Estado

Análisis de la sentencia C-333/99 proferida por la Corte constitucional, su incidencia en el estado social de derecho efectos económicos en el Estado Colombiano. [Análisis de sensibilidad]

Tomando como base la Sentencia No. C-383 del 27 de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, con el ánimo de tratar de aclarar las posiciones originadas, los efectos e impactos económicos surgidos con este pronunciamiento

Las facultades discrecionales en el estado social de derecho colombiano: una aproximación a la discrecionalidad técnica desde la doctrina y la jurisprudencia

En el presente trabajo de grado, se realiza un acopio, valoración y respectivo análisis de la jurisprudencia nacional, la doctrina especializada y la legislación vigente en Colombia en materia de Facultades Administrativas Discrecionales, con el propósito de determinar, si en nuestro ordenamiento existe diferencia de fondo en el tratamiento de la Discrecionalidad Técnica entre la jurisprudencia contencioso administrativa y la constitucional. Así mismo, se resalta que en un Estado Social de Derecho como el nuestro, es necesario que el quehacer administrativo se aproxime cada vez más a los ideales constitucionales de transparencia y justicia social, de forma tal que las decisiones que se adopten, estén siempre sujetas a los principios de legalidad y debido proceso, y en todo caso, propendan por la salvaguarda del bien común y el interés general.

El derecho del trabajo y de la seguridad social: discusiones y debates

La relación entre el Derecho del Trabajo y la economía determina no sólo la génesis de esta disciplina, sino las coyunturas que deben afrontarse para hacer viable la generación de empleo, sin desproteger las condiciones mínimas que garanticen el derecho al trabajo, bajo los parámetros establecidos en la Constitución. Esta obra presentatambién unanálisis del impacto de la crisis económica mundial en materia de derecho individual, colectivo y procesal del trabajo, sin dejar de lado la seguridad social, las reformas y elanálisis que deben adoptarse para afrontarla.

Pluralismo y derechos fundamentales en el estado social de derecho: la situación de las poblaciones indígenas en Colombia en 2014

Este es un estudio sobre la garantía y aplicabilidad de los derechos humanos de las poblaciones indígenas colombianas durante los primeros cuatro años de mandato de la administración Santos. La investigación busca explicar la manera en que las adversas condiciones socio económicas que caracterizan el desarrollo de las poblaciones indígenas, denotan la incapacidad del Estado Social de Derecho para garantizar la protección y aplicabilidad de los derechos fundamentales de estas comunidades. Las disposiciones constitucionales han tenido un desarrollo truncado debido a las escasas medidas proferidas por diferentes gobiernos frente a las necesidades de estos grupos en particular. En razón de lo anterior, el estudio se inscribe dentro del marco teórico referente al neo constitucionalismo debido al alto valor explicativo que ofrecen los postulados de Gustavo Zagrebelsky y Luigi Ferrajoli en relación al fenómeno que se pretende analizar. Se concluye que frente a la persistencia de los factores que afectan el desarrollo de las poblaciones indígenas, el reconocimiento constitucional debe ser complementado por una efectiva normatividad que asegure la aplicabilidad de los derechos fundamentales por parte de las administraciones políticas: no debe existir un desfase entre las nociones de principio y la ley.

Derecho médico-sanitario (I) : actualidad, tendencias y retos

La obra cubre un amplio espectro temático, sobre el cual, gravitan en buena parte, los mayores conflictos y problemas que enfrentan el derecho médico-sanitario en la actualidad. Entre los temas abordados se destacan los siguientes: las condiciones actuales de administración y presentación de servicios de la salud y sus tendencias regulatorias; los distintos enfoques de la salud humana desde la perspectiva de la protección social; las tutelas en salud y sus implicaciones;; las diferentes formas de protección de los usuarios y consumidores productos y servicios de la salud, con especial énfasis en la problemática de los medicamentos; las tendencias en el tratamiento de las responsabilidades indemnizatorias sanitarias en sus diversas clases y matices, el preocupante incremento de estas acciones y su impacto social y económico; los aspectos relevantes en la jurisprudencia tanto de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como en la Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto a responsabilidad indemnizatoria sanitaria tanto civil como patrimonial del Estado y otros temas conexos; la responsabilidad civil por trabajo en equipo y la responsabilidad civil solidaria. Un marco general de distinción de las distintas responsabilidades jurídicas que pueden aplicarse en el sector de la Salud. La necesidad de implementar estrategias para procurar tanto la prevención y gestión de riesgos en dicho sector, como diversos mecanismos de solución tanto ante la justicia formal, como a través de los Métodos Alternativos. El valor jurídico de las historias clínicas, y de la aceptación de riesgos por parte del paciente o de sus representantes: las implicaciones jurídicas que pueden tener los dilemas más presentados acerca del inicio de la vida humana y en momento de su protección; las perspectivas frene a un posible Estatuto del Embrión; los retos generados por las investigaciones sobre biotecnología y sus posibles aplicaciones.

Escritos de Nemesio Camacho Rodríguez : Derecho constitucional y otros temas

El presente libro expone la prolija obra del Doctor Nemesio Camacho Rodríguez, compuesta por una muestra de varios de los artículos de su columna “Ventana Jurídica”, publicada los últimos años de su vida en El Espectador, y por los apuntes de su formidable clase de Teoría del Estado, que impartió durante muchos años en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y que evidencian su pensamiento social, democrático y liberal que hoy se ve muy bien reflejado en la Carta Política de 1991; ya que fue un claro partidario de las líneas de construcción constitucional que hoy inspiran nuestro Estado Social de Derecho, en donde se ven garantizadas las tres generaciones de derechos: los individuales, los sociales y los ecuménicos, y un esquema que permite el desarrollo de la democracia participativa con gran descentralización administrativa.

Estudios de Derecho Penal Económico

El poder económico, como el político, debe dividirse y limitarse para impedir que, mediante su abuso, las libertades económicas más fundamentales sobre las que se erige nuestro modelo de Estado sean resquebrajadas. La cuestión es, entonces, de qué mecanismos puede valerse legítimamente el Estado para salvaguardar el orden económico como bien jurídico tutelado. Una sociedad como la nuestra, con mayor sensibilidad hacia el riesgo y con mayor conciencia de los peligros que la asechan, parece demandar con mayor intensidad la intervención punitiva para prevenir esas conductas que afectan las libertades económicas, o que limitan la capacidad del Estado para intervenir y dirigir, dentro de los límites que la Constitución le concede, la economía. Los delitos económicos y el derecho penal económico son la respuesta del legislador a ese reclamo de mayor control de los riesgos implícitos en la actividad económica. Sin embargo, principios tradicionales como la lesividad, culpabilidad o legalidad, que desde la Ilustración han servido de contención al desborde del poder punitivo del Estado, parecen oponerse a esta expansión del derecho penal y cuestionan la legitimidad del Estado, para valerse del derecho penal como mecanismo de prevención de las conductas que afectan el orden económico y social.

Impacto social de los planes de desarrollo : análisis de la inversión social en Bogotá 1995-2004

Tanto en asuntos económicos como en los que tienen que ver con los aspectos sociales y ambientales, la política del respectivo gobierno debe quedar consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual comprende una parte de inversiones públicas, contentivo de los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Este libro estructura a partir de un estudio de caso que contrasta la ejecución presupuestal de los planes de desarrollo formulados por las administraciones de Bogotá entre 1995 y 2004 con los resultados sociales obtenidos en su implementación, medidos por indicadores de aceptación universal. A partir de las conclusiones de ese cotejo se pueden establecer inferencias sobre la utilidad de la herramienta de planeación como mecanismo para contribuir a consolidar los valores propios del Estado Social de Derecho en materia de aumento de la calidad de vida de los habitantes, reducción de las desigualdades sociales y mejoramiento de la redistribución de la riqueza. Este libro está dirigido, además de autoridades y funcionarios nacionales y territoriales, a los interesados en conocer a fondo los temas de presupuesto y planeación de Bogotá.

Protección constitucional del derecho a la educación y responsabilidad estatal por falla en el servicio de la educación

La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.