315 resultados para Política ambiental - Colombia


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Despite a growing body of literature on how environmental degradation can fuel civil war, the reverse effect, namely that of conflict on environmental outcomes, is relatively understudied. From a theoretical point of view this effect is ambiguous, with some forces pointing to pressures for environmental degradation and some pointing in the opposite direction. Hence, the overall effect of conflict on the environment is an empirical question. We study this relationship in the case of Colombia. We combine a detailed satellite-based longitudinal dataset on forest cover across municipalities over the period 1990-2010 with a comprehensive panel of conflict-related violent actions by paramilitary militias. We first provide evidence that paramilitary activity significantly reduces the share of forest cover in a panel specification that includes municipal and time fixed effects. Then we confirm these findings by taking advantage of a quasi-experiment that provides us with an exogenous source of variation for the expansion of the paramilitary. Using the distance to the region of Urab´a, the epicenter of such expansion, we instrument paramilitary activity in each cross-section for which data on forest cover is available. As a falsification exercise, we show that the instrument ceases to be relevant after the paramilitaries largely demobilized following peace negotiations with the government. Further, after the demobilization the deforestation effect of the paramilitaries disappears. We explore a number of potential mechanisms that may explain the conflict-driven deforestation, and show evidence suggesting that paramilitary violence generates large outflows of people in order to secure areas for growing illegal crops, exploit mineral resources, and engage in extensive agriculture. In turn, these activities are associated with deforestation.

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In this paper I evaluate the impact of the 2001 decentralization reform in Colombia. I use data from Colombia's municipalities. I look at the effect of the 2001 reform on enrolment in pre-college schools. While all municipalities received earnmarked national transfers, withthe reform some of then now have more responsabilities to provide education (deeper decen-tralization) than others. Particulary important, the reform entitle the more decentralizedmunicipalities to sign subsidy contracts with private school. Departments (the regional gov-ernments) are entitle to sign this type of contracts for the less decentralized municipalities.Since the rule for municipalities to receive more responsabilities follows and exogenous popu-lation threshold, I can implement Regression Discontinuity Design. Enrolment is measuredthrough two variables: the number of students enroled in public schools and the number of subsidized students enroled in private schools. Results sugest that more decentralized mu-nicipalities subsidize more students in private schools. The difference is significant at all thelevels of pre-college school for the period 2004-2006. In 2005, the difference accounts for20% of enrolment in private schools and 3% of population of school age. Besides, there are not significant differences among municipalities regarding enrolment in public schools.

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El presente documento busca hacer un recuento del surgimiento y utilización de los índices internacionales como un mecanismo para evaluar la eficiencia institucional de los países. Durante la década de los noventa, organismos internacionales, centros académicos y organizaciones no gubernamentales coincidieron en el interés de elaborar índices de desempeño con el fin de caracterizar los países y establecer escalas internacionales comparativas de desempeño. En esta perspectiva, surgen algunos temas de interés como la gobernabilidad, la competitividad, la corrupción y el estado de las libertades civiles y políticas. En este sentido, el documento da una explicación de las razones académicas y coyunturales para el surgimiento de los índices y los temas de interés en calificar. Luego, hace una descripción de los índices de competitividad, gobernabilidad, corrupción y libertades económicas y políticas; se explica su metodología y establece las convergencias y divergencias entre índices del mismo tema. También presenta una revisión de la literatura nacional e internacional sobre los índices. Por último, se presenta el desempeño del país de acuerdo con las escalas internacionales. Al final concluimos que los índices internacionales han permitido una revisión comparada del desempeño institucional. Sin embargo, por problemas de acceso a la información y existencia de estadísticas, estos índices aún son prematuros para permitir una comparación real y objetiva entre los distintos países.

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El artículo presenta nuevas formas de abordar los resultados de estudiantes y colegios en los exámenes de Estado del Icfes. Incorporando las críticas recibidas por diferentes publicaciones, en donde se comparan los colegios de acuerdo con el puntaje promedio obtenido por cada uno de ellos, se propone un análisis de valor agregado, el cual tiene en cuenta de manera explícita las diferencias en el contexto socioeconómico de los estudiantes y sus familias, para abordar de manera más equitativa los resultados académicos. Se muestra la bondad de esta técnica para efectos del diagnóstico y diseño de estrategias de mejoramiento tanto a nivel de los colegios como al interior de ellos, al poder explorar los resultados de cada uno de sus estudiantes.

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We examine the long-run relationship between the parallel and the official exchange rate in Colombia over two regimes; a crawling peg period and a more flexible crawling band one. The short-run adjustment process of the parallel rate is examined both in a linear and a nonlinear context. We find that the change from the crawling peg to the crawling band regime did not affect the long-run relationship between the official and parallel exchange rates, but altered the short-run dynamics. Non-linear adjustment seems appropriate for the first period, mainly due to strict foreign controls that cause distortions in the transition back to equilibrium once disequilibrium occurs

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Este artículo muestra la relación existente entre las políticas de Ciencia y Tecnología (CyT) y los resultados que éstas han producido a través del gasto en CyT, como indicador de insumo, y de las publicaciones, como indicador producto. El documento describe el proceso histórico que ha tenido el sistema a través de la construcción y acumulación de capacidades, éste es dividido en cuatro etapas. Por su parte, el gasto en CyT presenta un aumento de recursos hasta 1996, a partir de allí se da un decrecimiento. Este gasto proviene, en su mayoría, del sector público a través de créditos externos. Las publicaciones muestran un rendimiento sobresaliente de Colombia en términos de crecimiento, aunque los números absolutos sean todavía muy pequeños. Dichas tasas de crecimiento muestran una correspondencia con la financiación de la CyT y con la acumulación de capacidades del sistema de innovación.

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El presente trabajo de grado tiene como propósito examinar la incidencia de la organización interna de los partidos políticos colombianos sobre el grado de polarización del sistema partidario, durante el periodo 2002-2014. De esta manera, sostiene que la poca disciplina interna determinó el bajo grado de polarización del sistema, facilitando la conformación de coaliciones contradictorias, efímeras e indisciplinadas en el Congreso y en el Ejecutivo a nivel nacional y local. Por ello, se exponen los principales cambios que sufrió el sistema partidario a partir de las reformas implementadas, y se analiza el comportamiento de las coaliciones de gobierno en el Congreso. Finalmente, se examina el comportamiento de la coalición de la Unidad Nacional en las elecciones locales de 2011, utilizando como marco para este trabajo algunos conceptos básicos sobre la teoría de partidos.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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El presente libro, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y territorial, y en los sectores central y descentralizado. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y la jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el lenguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desempeñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública.

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La actividad intelectual tiene la diversidad como condición, muchas perspectivas que se pueden combinar en las mentes de los lectores, así como en la mente del autor, produciendo nuevas perspectivas. Algo indispensable en los estudios de paz, pues el terreno es tan vasto, y el proyecto, la reducción de la violencia y la construcción de relaciones más armónicas, tan difícil. Este libro es un regalo en multiplicidad de perspectivas desde política exterior y estudios internacionales, con el profundo conflicto colombiano como base y con su búsqueda de la paz, hasta los problemas de la gobernabilidad democrática y de la seguridad de los Estados Unidos y Europa.

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Este libro es el resultado del compromiso de la Asociación Colombiana de Universidades, (ASCUN), desde su mesa de Políticas Culturales que lidera la Universidad del Rosario y de las Instituciones de Educación Superior que la integran, con la construcción participativa y consensuada de una política cultural para las Universidades del Distrito Capital. Esta publicación registra los enfoques y posiciones de los expertos académicos que participaron en el foro "¿Por qué una Política Cultural en las Universidades", realizado el 8 de septiembre de 2009. De igual forma se pretende establecer unos lineamientos políticos que sirvan de apoyo a la gestión cultural que se realiza en las universidades e invitar al mayor número de instituciones a que se unan al trabajo que se adelanta desde dicha mesa. La Universidad tiene el carácter de creación cultural y, como lo señala Germán Rey, es uno de los "diversos lugares sociales para la construcción, para el debate social, para la gestión y para la evaluación de las Políticas Culturales".

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El principal objetivo de esta monografía es determinar cómo la legislación ha incidido en la ampliación de los escenarios de participación en las dinámicas políticas y culturales de las comunidades musulmanas en Bogotá, derivadas de la interacción entre las comunidades minoritarias –para este caso, la comunidad musulmana en Bogotá- y la cultura dominante. Desde la Constitución de 1991, se sentaron las bases para la protección de las minorías religiosas y culturales, es por ello, que se aborda desde la perspectiva de los líderes religiosos los problemas referentes a la integración y el reconocimiento de la comunidad, y los desafíos que representa la normatividad. Para el desarrollo de este propósito, se utilizara la teoría de la esfera pública de Iris Marion Young, y la de identidad de Charles Taylor.

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La presente monografía tiene por objeto estudiar y analizar las reacciones generadas en Venezuela, Brasil y Perú ante la implementación de la Política de Seguridad Democrática en Colombia, pues el desarrollo de una política de seguridad nacional termina generando en múltiples ocasiones lo que Robert Jervis denomina un Dilema de Seguridad. Así pues se hará necesario demostrar los resultados de dicha política para la seguridad nacional del Estado colombiano para posteriormente evaluar las implicaciones para la seguridad de los Estados vecinos y finalmente estudiar los mecanismos adoptados por estos con el fin de preservar su seguridad y disminuir la posible amenaza representada por Colombia.

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La presente investigación busca explicar el monto y el uso del crédito público como una palanca financiera para la transformación de las condiciones de vida de los colombianos (2006-2014). En primer lugar, se pretende describir la evolución de la deuda (crédito) y la estrategia de su gestión. En seguida, se analizará un proyecto relevante en educación, salud, vivienda, medio ambiente y familias en acción financiados con recursos de crédito de 2006-2014, y por último, se identificará cómo el gasto público social, unido con recursos del crédito, ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.

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El presente estudio de caso parte analizando el proceso de ocupación y despojo de la tierra en el Caquetá, con el objetivo de mostrar las formas de usurpación histórica legales e ilegales, que han dado paso a la consolidación de una estructura de poder desigual y violento. Sobre este escenario inequitativo y violento se pone de manifiesto como la puesta en marcha de la política minero-energética es el resultado de un proceso de negociación entre empresas y gobernantes, que tiene por objetivo vaciar los territorios para recrear nuevos espacios sobre los cuales sea posible reproducir la dinámica de acumulación capitalista, ahondando de paso, las desigualdades, la marginación de la población campesina y la violencia en los territorios en donde se posa dicha estrategia. Este análisis se enmarca, principalmente, en la perspectiva de Saskia Sassen sobre el Estado Corporativo y la perspectiva de David Harvey sobre las nuevas formas del capitalismo.