63 resultados para abuso de substâncias


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La presente investigación aborda el tema de la socialización de género en docentes y su posible interacción con adolescentes víctimas de abuso sexual. La socialización es un proceso de construcción social de la realidad que se desarrolla en diferentes ámbitos y con diferentes agentes; de esta manera, pueden existir procesos de socialización en torno a distintas temáticas que se insertan en la vida social, como por ejemplo, el género, la familia, la escuela o el trabajo. En este trabajo se estudia el proceso de socialización del género de los/las docentes del colegio La Victoria, y de orientadoras-docentes del mismo colegio y del Colegio San Cristóbal. Además de estudiar dichos procesos de socialización (socialización primaria y secundaria), se estudia cómo afecta el proceso de socialización de género en los/las docentes al momento de interactuar con adolescentes víctimas de abuso sexual. Esta investigación se contextualiza dentro del marco legal sobre la protección de los derechos de los/las niños/as y adolescentes. Se parte desde la perspectiva de derechos humanos ya que dentro de esos derechos se encuentran los derechos sexuales y reproductivos (DSR). Estos son derechos humanos, ya que su vulneración es una forma de violentar la dignidad humana y el abuso sexual a menores es una forma de vulnerar los DSR, con el agravante de que la gran mayoría de las víctimas son niños, niñas y adolescentes.

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ResumenEl abuso físico y el abuso psicológico representan un problema de salud pública frecuente en mujeres colombianas. No obstante, pocas investigaciones exploran las variables asociadas en mujeres adultas. Objetivo: establecer variables psicosociales asociadas a abuso físico y psicológico en mujeres de Bogotá (Colombia). Materiales y métodos: se diseñó un estudio analítico transversal. Se solicitó la participación de mujeres adultas con pareja de estrato socioeconómico bajo. Se aplicaron las escalas: Apgar familiar (disfunción familiar), Escala de Rosenberg (autoestima), Cuestionario General de Salud (GHQ-12, trastornos mentales comunes) e Índice de Abuso a la Pareja (Index of Spouse Abuse, ISA-8, ISA-F e ISA-P). Mediante regresión logística se ajustaron la variables psicosociales asociadas al abuso físico y al abuso psicológico. Resultados: participaron 292 mujeres. La media para la edad fue 33,0 años (DE = 9,23). La prevalencia de baja autoestima fue del 29,1%; de disfunción familiar, del 82,5%; de trastornos mentales comunes, del 73,6%; de abuso psicológico, del 68,5% y de abuso físico, del 70,2%. Los trastornos mentales comunes (OR = 4,0; IC 95% 2,2-7,5), baja autoestima (OR = 2,4; IC 95% 1,2-4,7) y disfunción familiar (OR = 2,3; IC 95% 1,1-4,8) se asociaron a abuso psicológico; y baja autoestima (OR = 2,6; IC 95% 1,4-5,0) y trastornos mentales comunes (OR = 2,4; IC 95% 1,4-4,3) a abuso físico. Conclusiones: es alta la frecuencia de maltrato conyugal en mujeres de estrato socioeconómico bajo de Bogotá. El trastorno mental común y la baja autoestima se asocian a abuso psicológico y a abuso físico.

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Examinar el concepto de abuso del derecho, es una tarea extensa, pero imprescindible para los fines que nos ocupan, pues, si no conocemos la figura, mal podríamos derivar sus aplicaciones.

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En este trabajo se estudian las generalidades del contrato de seguro, las cláusulas abusivas en el contrato de adhesión y particularmente el Amparo de Infidelidad de la Póliza Global Bancaria con el objeto de establecer la posibilidad de que en dicho amparo se presenten conductas abusivas.

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El abuso de poder en Venezuela ha sido el principal causante del deterioro de la democracia. A través del uso degenerativo del poder político prácticas antidemocráticas han surgido en la sociedad venezolana caracterizando, desde el presidente Hugo Chávez Frías hasta el presidente Nicolás Maduro, las políticas de gobierno. Como consecuencia de ello, una crisis prolongada en materia de DD.HH., la debilidad institucional, la discriminación política y la represión indiscriminada hacia sectores de oposición por parte del gobierno, son sólo algunos de tantos síntomas que actualmente forman parte de la realidad venezolana y que estarían encaminando al país hacia el surgimiento de un Estado fallido. Los síntomas antidemocráticos representativos de la Venezuela del presidente Nicolás Maduro, ponen en entredicho la existencia de una democracia contitucional en el país y con ello, la precariedad del Estado para cumplir sus funciones básicas para con los ciudadanos. Palabras Clave: Abuso de poder, poder político, Democracia, Democracia Constitucional, Estado Fallido.

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El poder económico, como el político, debe dividirse y limitarse para impedir que, mediante su abuso, las libertades económicas más fundamentales sobre las que se erige nuestro modelo de Estado sean resquebrajadas. La cuestión es, entonces, de qué mecanismos puede valerse legítimamente el Estado para salvaguardar el orden económico como bien jurídico tutelado. Una sociedad como la nuestra, con mayor sensibilidad hacia el riesgo y con mayor conciencia de los peligros que la asechan, parece demandar con mayor intensidad la intervención punitiva para prevenir esas conductas que afectan las libertades económicas, o que limitan la capacidad del Estado para intervenir y dirigir, dentro de los límites que la Constitución le concede, la economía. Los delitos económicos y el derecho penal económico son la respuesta del legislador a ese reclamo de mayor control de los riesgos implícitos en la actividad económica. Sin embargo, principios tradicionales como la lesividad, culpabilidad o legalidad, que desde la Ilustración han servido de contención al desborde del poder punitivo del Estado, parecen oponerse a esta expansión del derecho penal y cuestionan la legitimidad del Estado, para valerse del derecho penal como mecanismo de prevención de las conductas que afectan el orden económico y social.

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Las partes pueden pactar cláusulas de modificación unilateral en los contratos de distribución, puesto que dicha facultad se encuentra fundamentada en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, por medio del cual las partes pueden elegir la manera y la figura mediante la cual van a desarrollar sus relaciones. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta y tiene un límite en el orden público y las buenas costumbres. Particularmente en el contrato de distribución, por ser atípico, esta facultad presenta mayor relevancia pues al analizar sus elementos esenciales, no se puede acudir a la ley, sino que se debe acudir a la costumbre y a la práctica mercantil. Para analizar e interpretar la facultad de modificación unilateral, los tribunales arbitrales parten del principio de buena fe, a través del cual se analiza si el ejercicio de dicha facultad es abusivo, pues se ha establecido que este tipo de cláusulas no son en sí mismas abusivas. El análisis trazado se realiza de acuerdo con el del principio de la buena fe en las diferentes etapas de la negociación, debiendo estar presente a su vez durante toda la negociación y posteriormente durante su ejecución. Así, entonces, los árbitros analizan si la cláusula de modificación unilateral fue pactada, es decir que se revisa la validez de la misma y, en segundo lugar, se analiza si el ejercicio de la cláusula fue abusivo, es decir si conllevó a un abuso del derecho o a un abuso de la posición dominante en el contrato.

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La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes -ESCNNA, comprende diferentes formas de abuso infantil, tales como: Prostitución Infantil, Turismo Sexual Infantil y pornografía Infantil. La cooperación internacional es de vital importancia para lograr un control efectivo a nivel nacional e internacional y poder erradicar la actual problemática, ya que el tema es común en la sociedad internacional por superar las fronteras físicas y políticas de las naciones; como consecuencia de ello, el manejo que cada nación le da a esos temas es de interés de toda la comunicad internacional, además de que en algunos casos la efectividad de cada país en el logro de resultados en algunas de esas áreas solo se da en la medida en que cuenta con el apoyo internacional, no solo de los demás Estados , sino de ONG´s y de organismos internacionales especializados en el manejo de dichos temas como es la ESCNNA.

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FIORELLA, que es una empresa colombiana que vende cuadernos ecológicos con diseños exclusivos y duraderos a través de una plataforma virtual, dirigidos a las niñas bogotanas estrato 5 y 6; y que busca contribuir con una de las problemáticas sociales más grandes que tiene nuestro país (niños víctimas de abuso sexual).

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Los recursos humanos en las organizaciones del Estado son quienes le dan vida a la administración pública, y son los llamados a conducir e innovar los procesos de consolidación de políticas que permitan el eficaz cumplimiento de los compromisos del Estado con la sociedad. Sus cualidades y capacidades son propias de una persona al servicio de un fin público, cuyo objetivo no responde a principios de rentabilidad u ganancia, sino a una vocación un tanto altruista que se soporta en los valores de la igualdad, moralidad, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En Colombia, la manera de conducir y gestionar los recursos humanos dista grandemente de ser lo que la Constitución del 91 había dispuesto que fuese la función pública. Los empleados del Estado, quienes son los encargados de realizar las funciones administrativas en el marco de un régimen laboral, han sido paulatinamente suplantados y desplazados por el uso desmedido de la institución conocida como “contratos de prestación de servicios”, que por su naturaleza puede, legalmente utilizarse solo de manera excepcional para facilitar y contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el abuso de esta forma de contratos de prestación de servicios tomó gran relevancia, dándole una aplicación generalizada, y evadiendo los límites de la excepcionalidad y temporalidad con que fue concebida dicha figura, al punto de hallar que en algunas entidades del Estado el número de contratistas sobrepasó al número de empleos.

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El uso de estupefacientes a nivel mundial desde hace más de medio siglo ha aumentado considerablemente a pesar de los esfuerzos intergubernamentales y de la Organización de las Naciones Unidas. Se han llevado a cabo esfuerzos conjuntos para dar solución a esta problemática, pero la situación cada día ha empeorado más, el incremento del consumo, trajo consigo problemas como el aumento de los cultivos ilícitos para la producción, el uso indiscriminado de sustancias químicas para elaborar drogas ilícitas, el aumento de grupos de narcotraficantes encargados de comercializar la droga a nivel mundial, así como redes de receptores que distribuyen los estupefacientes a todos los rincones del mundo. Como respuesta a esta problemática, se han buscado soluciones alternativas a la problemática de los cultivos ilícitos.

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El trabajo constituye en primer lugar, un ejercicio importante de recopilación y sistematización de la regulación existente en materia de competencia, y en especial, de la colusión en licitaciones como una de las prácticas restrictivas de la Competencia. De igual forma, contiene un análisis microeconómico de un cartel, a efectos de explicar las razones que lo promueven y lo desestimulan. Luego de ello, se hace un análisis profundo de las normas específicas en la materia, contenidas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1474 de 2011 y de las acciones que eventualmente podrían iniciarse para combatirla, dependiendo del momento en que se encuentre la licitación y del bien jurídico que pretenda protegerse.

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Este trabajo hace parte del proyecto de investigación de Thanatos Empresarial, el propósito del tema fue seleccionado con el fin de encontrar un factor o patrón común existente entre las empresas del sector minero colombiano, teniendo en cuenta aquellas que hayan sido liquidadas, estén cursando un proceso de liquidación obligatoria o aun estén desarrollando actividades. El trabajo fue dividido en tres partes principales. En la primera expresamos la problemática que cursa el país por la mortalidad prematura de empresas en el país, problemática que en lugar de disminuir sigue aumentando, pese a que desde hace más de cuatro décadas se han venido creando y modernizando leyes que buscan fomentar la creación de empresas sostenibles y de la misma manera ayudar a aquellas que se vean en la necesidad de entrar en un proceso de liquidación. La segunda parte de la investigación esta nutrida de datos recogidos por entidades, principalmente del estado, durante los últimos 15 años, por medio de los cuales se puede ver detalladamente las cifras de empresas que han venido entrando a procesos de liquidación, concordato, reorganización etc. y como pese a las leyes, muy pocas son las que logran sobrevivir a este proceso. Los resultados obtenidos mediante el análisis de estos datos corroboran de manera precisa esta premisa, las leyes existentes no están siendo suficientes para frenar la mortalidad de empresas en lo que respecta al sector minero nacional. Las empresas no toman decisiones por si solas, al mando de ellas están diferentes personas que como capitanes de un barco dirigen el rumbo de la misma, dependiendo de qué decisiones se tomen desde la dirección y la gerencia la empresa lograra recorrer el camino del éxito o del fracaso. Lamentablemente muchos de los emprendedores colombianos deciden dirigir su compañía sin buscar ayuda de algunos estamentos que fueron creados para ayudarlos y evitar la crisis de las empresas, tales como las cámaras de comercio, y por lo mismo debido a su inexperiencia o al abuso de toma de decisiones arriesgadas terminan por echar por la borda la empresa y poniendo en dificultades a todos los que de una u otra forma interactuaban con esta. Esta investigación cobra importancia cuando aquellas personas que desean crear empresa, buscan informarse con anterioridad sobre los problemas pueden cursar cuando entren en el mercado, encontrando en este trabajo una herramienta valiosísima en la gestión de la crisis la cual hace las veces de guía para evitar repetir el patrón que causa la muerte prematura de muchas empresas en el sector minero y en general en la economía Colombiana.

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Trabajo de grado que aborda la problemática de la penalización de la dosis personal de droga en Colombia

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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.