72 resultados para Incentivo económico
Resumo:
La presente investigación busca dilucidar el papel del modelo económico del chaebol en la participación de Corea del Sur en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Las investigaciones en torno al modelo chaebol y sus privilegios en Corea del Sur no han sido enfocadas directamente hacia el ámbito internacional y la influencia que puede tener allí dicho modelo. La investigación busca demostrar que el éxito del modelo económico del chaebol sirvió como incentivo para su entrada y participación activa en la OCDE, consiguiendo de esta forma no solo el establecimiento de una cooperación económica con sus miembros, sino un prestigio y reconocimiento frente a la Comunidad Internacional. Para el desarrollo de esta investigación de tipo cualitativo, se utilizarán fuentes de segundo y tercer grado para llevar a cabo un análisis documental de textos, pertinente para su desarrollo.
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El poder económico, como el político, debe dividirse y limitarse para impedir que, mediante su abuso, las libertades económicas más fundamentales sobre las que se erige nuestro modelo de Estado sean resquebrajadas. La cuestión es, entonces, de qué mecanismos puede valerse legítimamente el Estado para salvaguardar el orden económico como bien jurídico tutelado. Una sociedad como la nuestra, con mayor sensibilidad hacia el riesgo y con mayor conciencia de los peligros que la asechan, parece demandar con mayor intensidad la intervención punitiva para prevenir esas conductas que afectan las libertades económicas, o que limitan la capacidad del Estado para intervenir y dirigir, dentro de los límites que la Constitución le concede, la economía. Los delitos económicos y el derecho penal económico son la respuesta del legislador a ese reclamo de mayor control de los riesgos implícitos en la actividad económica. Sin embargo, principios tradicionales como la lesividad, culpabilidad o legalidad, que desde la Ilustración han servido de contención al desborde del poder punitivo del Estado, parecen oponerse a esta expansión del derecho penal y cuestionan la legitimidad del Estado, para valerse del derecho penal como mecanismo de prevención de las conductas que afectan el orden económico y social.
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Esta obra está dirigida a los estudiosos del derecho de familia, con el propósito de interesarlos en la búsqueda de una necesaria actualización de las normas que, en nuestro ordenamiento jurídico, regulan actualmente el régimen económico del matrimonio. No pretende la autora una reforma del sistema vigente: sociedad conyugal con comunidad de gananciales, puesto que es un sistema ágil y de avanzada en las legislaciones del continente que facilita el acrecimiento de los bienes sociales mediante una administración que opera bajo el reconocimiento de la total igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges ante la ley. Sin embargo, con fundamento en el ejercicio de la función como juez de familia - que permita detectar problemas de aplicación e interpretación de la ley en los casos concretos - la autora plantea la apremiante necesidad de implementar un trabajo legislativo con el que, obtenida una normatividad integral, contextualizada y coherente, se superen los vacíos y las incongruencias generadoras de innecesarios conflictos
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El documento plantea la disfuncionalidad de la organización territorial actual, dentro del nuevo contexto económico y competitivo mundial, haciéndose necesaria una restructuración de los principios rectores del funcionamiento de las entidades territoriales, procurando integrar estos nuevos conceptos -extrajurídicos-, con los de la estructura jurídico política del estado colombiano.
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Este trabajo de investigación contiene un análisis acerca de la concepción de la competitividad en el marco del Foro Económico Mundial y de la realidad empresarial colombiana; se desarrolló teniendo en cuenta la metodología, los enfoques, indicadores y fuentes de información implementados por el Foro Económico Mundial en su Reporte Global de Competitividad para evaluar el nivel productivo de las Naciones del mundo con el fin de ponderar su desempeño en el ranking mundial de competitividad. El primer capítulo contiene el marco teórico, abarca los temas de competitividad y realidad empresarial. El segundo capítulo habla de los antecedentes de competitividad en Colombia; resalta la importancia y trascendencia del informe de la compañía Monitor. El tercer capítulo señala el nivel de competitividad de Colombia y de su realidad empresarial en la actualidad; se realizó un análisis del informe Nacional de Competitividad 2009 emitido por el Consejo Privado de Competitividad. El capítulo final es el encargado de desglosar todos los aspectos relevantes del Reporte Global de Competitividad; sus métodos, enfoques, indicadores y fuentes de información. Las conclusiones comprenden reflexiones del nivel de confiabilidad del Reporte Global de Competitividad, se analiza el impacto de la calificación dada por el FEM para la realidad empresarial colombiana, se estudia el perfil de la economía Colombiana y su comportamiento respecto a años anteriores en materia de competitividad.
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Este documento plantea un modelo teórico de generales traslapadas en el que se resalta la importancia de la educación pública como instrumento para reducir las brechas salariales, asimismo, considera la relación inversa entre la desigualdad en la distribución del ingreso y el crecimiento económico de un país. Por último, resalta la importancia del capital humano como fuente del desarrollo de un país, en la medida que éste es un insumo para la producción y estimula la acumulación de capital físico.
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En este documento se plantea un modelo de crecimiento económico con gobierno, agentes heterogéneos y flujos de capital. Los resultados del modelo evidencian que las estructuras fiscales, bien sea distribución de impuestos o tasas impositivas, pueden maximizar el crecimiento económico o reducir la desigualdad. Bajo el contexto de economía abierta se encuentra que bajas tasas de ahorro incentivan la entrada de capitales, la cual tiene un efecto positivo sobre la economía, sobretodo en términos de crecimiento económico.
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Como solución al problema socio-económico de las poblaciones que tienden a la vulnerabilidad en Colombia, se plantea un modelo de empresa sustentable; se trata de partir de una inter-dependencia entre la responsabilidad social empresarial y la cadena de valor, logrando establecer enlaces de integración horizontal y vertical, para así ayudar a crear, fomentar y hacer crecer dentro de estas cadena, a microempresas conformadas por las minorías más vulnerables social y económicamente de nuestro país, aplicándolo en una primera instancia, como modelo piloto, a las personas en proceso de reintegración de los grupos armados ilegales, de manera que el modelo sea viable, soportable y equitativo, y genere cuenta de resultados a futuro para las organizaciones de tipo social, financiero y ambiental.
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En este documento se plantea un modelo de crecimiento económico con gobierno, agentes heterogéneos y flujos de capital. Los resultados del modelo evidencian que las estructuras fiscales, bien sea distribución de impuestos o tasas impositivas, pueden maximizar el crecimiento económico o reducir la desigualdad; pero difícilmente podrán cumplir los dos objetivos al mismo tiempo. Asimismo, bajo el contexto de economía abierta, se obtiene que bajas tasas de impuestos al ahorro incentivan la entrada de capitales, lo cual tiene un efecto positivo sobre la economía, bien sea en niveles o en tasas de crecimiento.
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El trabajo de investigación, es un análisis sobre la cooperación que brindó el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) dentro el municipio de Soacha, Cundinamarca, durante los años 2005 a 2010. Tal análisis está encaminado a demostrar qué tan provechosa fue las ayuda que prestó el PNUD y si gracias a esta ayuda, los beneficiarios pudieron percibir cambios estructurales, que es donde se puede medir si se mejoraron o no los niveles de calidad de vida de la población intervenida. Para tal efecto, se analiza si los proyectos planteados por el PNUD estaban construidos para empoderar a la comunidad con el fin de que se percibiera una mejor calidad de vida en la población intervenida tendiente hacia un mejoramiento en el desarrollo social y económico, y si estos proyectos estaban planeados para una duración de mediano a largo plazo; o si por el contrario tan solo eran proyectos mediáticos, sin causar impactos positivos dentro de la sociedad. El modelo teórico que se utilizó para darle soporte a este estudio de caso es el neoliberalismo institucional y el concepto del poder blando, puesto que explican de una manera clara el comportamiento de los actores involucrados en el proceso de la cooperación.
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A partir de un análisis comparado, de orden cualitativo, se analiza la existencia de continuidades y rupturas estratégicas entre el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y los Urabeños, con el fin de caracterizar a ambos actores armados. La investigación expone similitudes relevantes entre ambos grupos armados a fin de dilucidar la naturaleza, aun discutida, de las llamadas bandas criminales y su relación con los predecesores bloques paramilitares, además de la incidencia en las actividades económicas, la población civil y el poder político.
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Este trabajo plantea un modelo de generaciones traslapadas con expectativa de vida endógena y acumulación de capital físico. Recoge parte de la evidencia empírica acerca de la transición demográfica explicada por Notestein en 1945, donde variaciones en la longevidad de los individuos afectan positivamente el crecimiento económico de un país. El modelo establece que la falta de incentivos para invertir en salud estanca a una economía en una trampa de pobreza, a su vez, muestra que incrementos en la productividad en el sector de producción de capital humano, al igual que cambios tecnológicos sesgados al uso intensivo del capital humano, incrementan el producto de estado estacionario y pueden sacar a una economía de una trampa de pobreza.
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La asociatividad empresarial es un mecanismo mediante el cual las organizaciones unen voluntades, iniciativas y recursos, alrededor de objetivos comunes, con el propósito de ser más competitivas en el mercado global (Rosales, 1997). Como resultado de la implementación de procesos de asociatividad en países de Europa, Asia y América Latina, se ha concluido que las organizaciones que participan en este tipo de procesos obtienen una amplia gama de beneficios. En numerosos textos se ha señalado que los procesos de asociatividad facilitan el surgimiento de economías de escala debido a que cada organización que hace parte del proceso se beneficia como si se hubiese unido a otras organizaciones de manera formal o como si tuviese acceso a una escala mayor (Chang, 2003).
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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.
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Argentina, uno de los países más visitados de América Latina deja al descubierto su marca país " Argentina Late con vos". Un mecanismo de política exterior con el cual el país ha obtenido grandes beneficios económicos.